El Dr. Raúl Aciar advirtió que no es cierto que la ampliación del Superior Tribunal sea una facultad conferida por la Constitución ni por la ley orgánica a la Corte, y aseguró que cualquier legislador podría haber presentado otra iniciativa y es “ciertamente llamativo” que no haya ocurrido. “Para ser honestos, ya está casi resuelto, porque no hay oposición en la Legislatura”, observó, pese a que “no es momento oportuno de aumentar el gasto”, y además deben poder concursar los abogados de todo el país, dijo. Si se avanza en la selección en este marco, por la falta de conectividad sólo podrían postularse aspirantes de la provincia.
Río Grande.- El Dr. Raúl Aciar fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el debate del proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, que se está llevando adelante en la Legislatura, mientras el eje de atención de toda la población fueguina está puesto en el rebrote de contagios.
“Es la primera vez que se postula el aumento del número de jueces del Superior Tribunal. La provincia tiene 29 años y es la primera vez que se intenta el cambio del número –afirmó-. La Constitución dice que el número será de tres jueces y no podrá reducirse, pero sí ampliarse. El Poder Judicial tiene la ley 110, que ordena cómo se va a estructurar la justicia. Esta decisión de aumentar el número de jueces no está dentro de esta ley orgánica”, advirtió.
“Acá se ha entendido que quien tiene la facultad exclusiva de peticionar ante la Legislatura es el Poder Judicial, porque así lo establece la ley orgánica, pero esto no es así, porque la ley orgánica no es para modificar el número de jueces del Superior Tribunal, sino para armar la estructura del Poder Judicial”, aclaró.
“El número de miembros del Superior Tribunal es una cuestión de poder. Este es un precedente y queda dicho que el único que puede modificar esto es el Superior Tribunal y no es así. Esto no es una norma, es una postura. Es lógico que después de un tiempo las instituciones requieran algún tipo de modificación, pero esta es una provincia muy chica, y existen provincias más grandes que tienen el mismo número de jueces”, manifestó.
“Además hay cuestiones de oportunidad y de cómo se trata en un momento crítico como el actual. Probablemente este no sería el momento oportuno. El miércoles estuvieron convocados los gremios judiciales en la Legislatura y expresaron más o menos lo mismo, que no es oportuno. También corresponde apuntar al gasto, porque estamos muy cerca del quebranto, y esto no es una frase, es una realidad. No es el momento para generar más gasto”, subrayó.
La selección acotada
También tuvo en cuenta que, de llevarse adelante el proceso de selección en este contexto, quedaría acotado a los postulantes de la provincia. “Sin duda el proceso de selección de los jueces lo hace el Consejo de la Magistratura. En este momento hay un descrédito muy grande de toda la actividad del Consejo. Esto es independiente de lo que se resuelva con relación al número de los jueces que, para ser honestos, ya está casi resuelto, porque no hay oposición en la Legislatura. A nadie se le ocurrió decir que esto no era iniciativa exclusiva del Superior Tribunal y presentar alguna otra propuesta, que es ciertamente llamativo”, expresó.
“El punto es cómo va a ser el procedimiento de selección y es un tema delicado, porque existe una serie de cuestionamientos históricos a la tarea del Consejo de la Magistratura, que tiene casi la misma cantidad de años que la provincia, porque comenzó a funcionar dos años después. El llamado a concurso debe ser abierto, y deben poder presentarse abogados de todo el país, y en este momento tenemos un problema de conectividad, de acceso y de posibilidad de que los candidatos lleguen a la provincia, porque también son necesarias las entrevistas personales y la cuestión presencial. Esto fue dicho por el presidente del Superior Tribunal en la Legislatura, refiriéndose a que esta convocatoria debiera realizarse una vez que se normalice la situación de conectividad de la isla. Así que habría que esperar a que esto se normalice para hablar de cómo será el llamado a concurso”, planteó.
“Ciertamente si se produce un concurso donde solamente puedan presentarse los abogados de la provincia, esto no es lo más esperable, porque debiera ser abierto, como fue siempre y como lo es con todos los jueces. Tienen derecho a aspirar a los cargos vacantes todos los abogados del país que reúnan las condiciones. Incluso pueden participar abogados extranjeros, porque esto es abierto. Tienen un requisito de residencia, pero se puede cumplir si están transitoriamente en el país”, apuntó.
Para Aciar esta ampliación “según mi parecer particular, no es necesaria. Esto tiene relación con la cantidad de habitantes, con la cantidad de procesos y de juzgados. Por supuesto mi parecer puede ser distinto a otros”.
Digitalización en la justicia
Por otra parte se le preguntó sobre el funcionamiento de la modalidad implementada en la justicia provincial para trámites digitales. “Ofrece una serie de inconvenientes porque se hizo a las apuradas y no hubo una etapa de prueba, como hubo en todas las jurisdicciones en las que se pasó del papel a la cuestión digital. Esto genera problemas, pero es una solución en una época en la que hay una restricción a la actuación presencial del abogado. Estamos con imposibilidad de aglomeraciones, con restricción de transitabilidad. Lo ideal no está. El objetivo final de la puesta en funcionamiento de esta plataforma informática todavía no está logrado, y requiere afinar ciertas cuestiones. No hubo período de prueba, se puso de un día para el otro, y además se terminó de hacer de un día para otro. La programación informática es como un reloj, comprende una serie de partes y, si no anda una sola, el todo tampoco funciona. Eso es lo que está pasando y nos tiene a los abogados con angustias diarias, por los horarios, porque un día funcionan determinados módulos y otro día no. Digamos que está en proceso de afinación”, describió.
Comparado con el sistema del juzgado federal, dijo que “el juzgado federal funciona con otra plataforma, que ya tiene unos años de implementación y está más cercana al punto óptimo que se requiere. Es cierto que con motivo de la pandemia y de la imposibilidad presencial del abogado en el juzgado, también ha tenido algunas modificaciones y se han incorporado algunas novedades. Pero el sistema ya está más probado, tiene más funcionalidad y ofrece mejor respuesta”.
