El ex convencional constituyente Demetrio Martinelli advirtió sobre la falta de claridad sobre los motivos de la ampliación del Superior Tribunal. Reconoció a la Corte fueguina la facultad institucional de tener la iniciativa de presentar el proyecto, que la Legislatura puede “aprobar, rechazar o modificar”. Mientras no esté clara la razón, consideró que hay riesgo de politización en las designaciones. “No me gusta que las cuestiones institucionales se manejen con intereses particulares, partidarios o sectoriales”, sostuvo. También se refirió al número de asesores de Presidencia, la deuda de la Legislatura en la reglamentación de varios artículos de la Constitución y la necesidad de rever la composición del Consejo de la Magistratura.
Río Grande.- El Dr. Demetrio Martinelli, ex convencional constituyente, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el debate abierto sobre la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y el rol de Consejo de la Magistratura, que deberá designar dos ministros en caso de aprobarse el proyecto.
“Siempre me preocupó la independencia del Poder Judicial, tanto la independencia política como la autarquía económico-financiera. Mi trabajo estuvo centrado en tratar de conseguir una justicia distinta de la que venía viendo desde que me recibí en el ’74. He peleado mucho con los otros bloques, discutimos fuerte con Rabassa, intercambiamos opiniones con Augsburger, que planteaba que los jueces había que elegirlos por el voto popular. En el Consejo de la Magistratura la participación popular a mi entender estaba representada por los abogados de los distritos judiciales norte y sur, que son los que representan a la gente ante los estrados, y me parecía equilibrado que el Poder Ejecutivo tuviera un ministro, que el Fiscal de Estado como defensor de los intereses de la provincia estuviera presente, y que el Poder Judicial tuviera una representación a través del presidente del Superior Tribunal, y tener también representado al Poder Legislativo con dos legisladores de distintos bloques políticos”, señaló.
“Uno suponía que esto tenía que dar un equilibrio y las cosas tendrían que andar bien. Al principio creo que anduvo bien y ahora habría cosas para cambiar. La Constitución no es intocable y con el tiempo uno se va dando cuenta de que hay cosas que habría que flexibilizar, mejorar o ampliar. Por ejemplo, hacer un diferente reparto en el Consejo de la Magistratura, porque hoy está un poco desbalanceado, dado que los jueces están representados por dos lados, a través de los abogados que pueden elegir en ambos distritos judiciales y por el integrante del Superior Tribunal. Habría que ver de manera diferente la Legislatura, que sea más racional el tema de los juicios políticos. Hay cosas para hacer si uno se pone a analizar con mucho detenimiento. El tema de la violencia, de los menores, de la protección de los grupos más débiles, deberían tener una mayor protección del Estado. El Estado debería tener otro sistema de selección de los oferentes para la adjudicación de licitaciones de obras, de compras y suministros. Hay muchos temas para ver, e implica aceitar el engranaje general. Pero hay algunos valores inconmovibles dentro de la Constitución a los que tenemos que aferrarnos”, manifestó.
“Lo que no me parece bien es proponer reformar sin conocer mucho los antecedentes, como nos ha pasado con el anterior gobierno provincial, donde se había generado una iniciativa para modificar la Constitución e incluir con nombre y apellido las Islas Malvinas dentro de nuestro territorio, cuando se ignoró por qué motivo no lo pusimos ex profeso los convencionales constituyentes. Sabíamos por qué lo hacíamos y hay una cantidad de razones de orden geopolítico que nos permiten pasarla mejor del punto de vista de cómo estamos con los reclamos, que haciendo los cambios. Un gobernador antes de tomar una decisión que puede ser un poco demagógica o sonar bien a los oídos de la gente, tiene que ver cuáles son las consecuencias internacionales que pueden suceder de un reconocimiento de pactos que son posteriores a reclamos congelados, con lo que podemos perder el reclamo congelado y no valdría el reclamo nuevo a nivel internacional”, advirtió.
Las facultades de la ampliación
Dado que el Dr. Raúl Aciar dijo que no solamente el Superior Tribunal puede proponer el proyecto de modificación de la Corte sino también los legisladores, Martinelli indicó que “hay temas que no se discuten. La autonomía normativa que nosotros le dimos al Poder Judicial tiene que ver con la iniciativa exclusiva de leyes que hacen a su propia organización. Si hay que modificar el número de miembros del Superior Tribunal, la iniciativa para esa modificación tiene que ser presentada por el Superior Tribunal. Después es la Legislatura la que rechaza, aprueba, o modifica. Pero la iniciativa de tratamiento es del Superior Tribunal de Justicia y de eso no hay ninguna duda”.
“Nosotros buscamos un Poder Judicial que fuera independiente, que no pudiera ser penetrado por otros poderes, que fuera autárquico del punto de vista económico, que los jueces pudieran establecer sus remuneraciones y no ser rehenes de otros poderes para obligarlos a renunciar poniéndoles una remuneración que no estuviera acorde con la responsabilidad. La autonomía normativa tiene que ver con esto. Todos los códigos procesales fueron iniciativa del Superior. La ley 110 de organización de la justicia fue iniciativa del Superior, pero iniciativa no quiere decir que son los que dictan la ley, sino que son los que proponen una modificación y decide la Legislatura a través de los representantes de todos los sectores políticos. Puede aceptarla, rechazarla o modificarla”, aclaró.
En este contexto interpretó la postura de la Ministra de Gobierno ante el proyecto. “La Dra. Chapperón conoce la Constitución, sabe que es iniciativa del Poder Judicial y con mucho criterio determina que es el autor de la iniciativa”, dijo.
Deuda de legisladores
Por otra parte, se refirió a la deuda de los legisladores con la sociedad, ante varios artículos sin reglamentar de la Constitución. “Es una vergüenza que después de tantos años no tengamos reglamentada la iniciativa popular de las leyes, entre otras situaciones. Esto ha dado lugar a ciertos fallos judiciales en algún momento, cuando alguien ha querido plantear una norma. Hay fallos de primera instancia ratificados por Cámara que dijeron que en ese caso había que aplicar normas de otras provincias que fueran análogas, dado que nuestra Legislatura no había hecho nada por la revocatoria de mandatos ni por la iniciativa popular”, repasó.
Lo mismo sostuvo respecto del Consejo de Planificación, que nunca se puso en marcha, ni aun aprobada la ley: “Nosotros lo pusimos en la Constitución, porque vimos que a Neuquén le había ido muy bien con el Consejo de Planificación. Después cada funcionario que asume la gran magistratura no quiere compartir el poder. Como el Consejo de Planificación establece lineamientos generales que de alguna manera coartan la posibilidad de que el Ejecutivo pueda impulsar determinadas políticas, tiene que consensuarlas y eso es lo bueno: que todos los funcionarios electos y designados puedan estar trabajando en conjunto, buscando puntos de coincidencia. Como eso coartaba de alguna manera el poder, se fue postergando y es una lástima, porque hay muchas cosas que se llevaron adelante con circunstanciales mayorías políticas que después no representaron los verdaderos intereses”, señaló.
Empresa de hidrocarburos
Se le pidió opinión sobre la creación de Terra Ignis y dijo que “es un tema para tratar con cuidado. Nosotros habíamos puesto en la Constitución que los recursos naturales no renovables tenían que ser aprovechados e ir a un fondo que pueda generar nuevas alternativas económicas para cuando no los tengamos más. Los recursos pesqueros, los recursos petroleros y gasíferos se van agotando, lo mismo los minerales, y todo lo que se va obteniendo de ellos debe estar orientado a generar nuevas riquezas”, planteó.
Aumento sin razones claras
Yendo al punto esencial de la ampliación de la Corte, consideró que “el problema no es que son pocos jueces. Hay muchas provincias que tienen mucha más población que nosotros y no tienen más de tres jueces. Creo que es una cuestión de organización, de optimización de recursos, quizás de modificación de algunas leyes procesales para que no se arme en el Superior el cuello de botella que a veces hay”.
“La pregunta es para qué. Si me dicen que hay un motivo y me lo explican, yo lo analizo. Mientras no sepa para qué, tener más jueces es correr el riesgo de que las designaciones se politicen, de que las cosas sirvan nada más que para aumentar presupuestos, cargos, secretarías. No estamos en condiciones de aumentar porque sí. Es lo mismo que plantear aumentar el número de legisladores. En la situación en que estamos, creo que 15 son bastantes, alguien podrá proponer 20 porque quedó 16 en la última elección y no entró”, barajó.
“No me gusta que las cuestiones institucionales se manejen con intereses particulares, partidarios o sectoriales”, sentenció el abogado.
Los asesores de Presidencia
Finalmente se le preguntó sobre los 74 asesores que dependen de Presidencia. “En mi época el presidente tenía un par de asesores y pertenecía a un bloque que ayudaba a las cuestiones de presidencia. Yo nunca tuve un asesor. Para tener un asesor, tiene que saber más que uno en determinados temas, pero tener asesores para cubrir compromisos políticos es malo para todos, para la institución, para el propio legislador que delega en gente que por ahí no tiene todos los conocimientos cosas que debería resolver él; es malo para la provincia porque significa ampliar un presupuesto que ya hoy no tiene cómo ser cubierto. Personalmente no tuve ningún asesor, salvo dos meses que tuve una persona que me dio una mano en un tema específico. Cuando necesitaba algo de medio ambiente, me iba al bloque radical; cuando necesitaba algo del tema social lo iba a ver a Osvaldo Pizarro que era presidente del bloque del PJ. No tenía problemas en intercambiar con quien sabía más que yo. Habiendo 15 legisladores, hay gente de distintas extracciones, con diferentes preparaciones y estudios, y eso ayuda a que se comprometan personalmente en cada cosa y no le pierdan el rastro a los diferentes proyectos”, entendió.
Además observó el giro que tomó la actividad legislativa, y cómo fue menguando: “En aquel momento nosotros sesionábamos todos los jueves del año legislativo, teníamos reuniones de comisión lunes, martes y jueves, el jueves era la sesión, el miércoles la labor parlamentaria, y el viernes no teníamos actividad institucional porque la gente de Río Grande tenía que volverse. Trabajando así nos permitió sacar más de 200 leyes en dos años. Las leyes no eran solamente declaraciones de interés o pensiones no contributivas, sino leyes fundacionales. Conformamos el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial, y armamos la provincia en una palabra, en dos años y medio”, concluyó.
