Columna de opinión de Daniel Ferreyra (*)
Comúnmente, cuando los abogados solemos hablar de una constitución nos referimos a ella como “Ley Suprema” o, también, como “Ley de Leyes”. Los abogados hablan de la constitución de un pueblo como aquella norma jurídica que está en la cima de un sistema jurídico, que, en caso de conflicto con una norma jurídica inferior, la constitución prevalece sobre aquella. En síntesis, este es el significado de la constitución de un pueblo para la teoría legal.
Pero el significado de la constitución de un pueblo para la teoría política es otro. La constitución de un pueblo para la teoría política es un “contrato social”. La tradición de pensamiento político que equipara la constitución de un pueblo con un contrato social se denomina “contractualismo”.
La constitución, entonces, es un contrato, pero no es un contrato cualquiera en el que dos o más personas intercambian un bien por otro bien, sino, más bien, un contrato mediante el cual todos los ciudadanos de un pueblo deciden crear el Estado y quedar obligados ante él.
Jean Jacques Rousseau, uno de los pensadores más asociados al contractualismo, se refería a las personas que integran un Estado como “ciudadanos”, categoría a la que atribuía la cualidad de ser soberano, porque participan de la autoridad soberana al decidir crear el Estado, sus instituciones públicas y sus leyes, a la vez que los considera también súbditos, porque voluntariamente se sometían a la autoridad del Estado, que previamente habían decidido crear.
Los propósitos y valores sociales del Estado creado mediante un contrato social pueden ser diferentes. Para John Locke, uno de los padres del liberalismo inglés, y que influyera en el pensamiento político angloamericano posterior, el Estado debía asegurar la libertad individual. En tanto que para Jean Jacques Rousseau, de pensamiento igualitario, el Estado debía buscar la igualdad de sus miembros.
A pesar de esta diferencia en cuanto a los principios políticos y valores sociales que debía asegurar el Estado, la mayoría de los pensadores contractualistas, sino todos, creían en la necesidad del Estado como cuerpo político único creado voluntariamente mediante contrato, para que los ciudadanos se procuraran aquellas cosas que necesitan para vivir.
De ahí la caracterización que hiciera Aristóteles del hombre como “animal político”. El hombre, pensaba el filósofo de la antigüedad, necesariamente vive en sociedad, vinculado y asociado con sus semejantes. Aristóteles dirá que aquel que vive sólo, aislado, que no necesita de los demás, es “un bruto o un Dios”. Pero nadie es lo suficientemente bruto como para no saber vivir con los demás, y sólo Dios es autosuficiente. Al ser humano sólo le queda vivir en sociedad. El hombre necesita lazos o vínculos sociales que le hagan posible su existencia.
(*) Daniel Ferreyra es abogado del foro local de Río Grande.
