La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo dio detalles de la denuncia penal radicada el viernes pasado, con el fin de que la justicia investigue a funcionarios de la gestión anterior por el pago total de una compra de elementos que nunca fueron entregados. El monto involucrado es de “un poco más de dos millones de pesos”, dijo, y aseguró que hubo varias intimaciones previas antes de llegar a esta instancia. Explicó que se derivó a la justicia, además de iniciar un sumario administrativo interno en la DPE, por recomendación de la Secretaría Legal y Técnica, luego de analizar las observaciones del Tribunal de Cuentas. También dio a conocer la importante cancelación de “deudas históricas” con las contratistas de obra
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