El secretario general de ASIMRA espera que este lunes o martes el Ministerio de Trabajo convoque a audiencia, tras la presentación de una denuncia el pasado miércoles por la aparición de contratos eventuales. Explicó que hasta ahora no existía esta modalidad para el sector y que el trabajador que se retira, por la razón que fuere, “no va a tener liquidación ni se lo va a acompañar económicamente”, aun si contrajera COVID. Además expuso que por decisión de las empresas, habilitadas por el gobierno, “de un día para otro hay trabajadores de riesgo que dejaron de serlo y fueron llamados”. Cuestionó la falta de convocatoria al gremio para participar en la toma de decisiones, dado que al habilitar el 50% de la capacidad instalada, no el 50% del personal, están “en las mismas condiciones que en marzo”, cuando en Río Grande hoy existe transmisión comunitaria.
Río Grande.- El secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, expuso por FM La Isla la situación de los trabajadores que han sido contratados como eventuales con la reapertura de actividades de la industria en Río Grande, lo que los deja sin ningún tipo de cobertura.
En principio cuestionó la falta de convocatoria del gobierno para coordinar la reapertura de la actividad. “No fuimos convocados aunque somos parte. Esta solicitud al gobierno provincial de poder participar viene desde hace meses. Le he pedido en forma personal al gobernador que me incluya y que por lo menos escuchen la voz de los representantes de los trabajadores, y esto es importante en todos los ámbitos. Entiendo que la parte de Salud debe estar a la altura pero se le están escapando algunas cosas y lo hemos marcado como sindicato. No estuvimos de acuerdo en la manera en que se habilitó el inicio de las actividades”, manifestó.
Explicó que “el gobierno habilitó a la industria de Río Grande a arrancar con el 50% de su capacidad productiva. La industria hace dos años que viene trabajando en un promedio de un 47 y un 48% de su capacidad. Esto significa que las empresas no sólo arrancaron con su planta de efectivos sino que en muchos casos han tomado una cantidad de contratados. Habilitados por el gobierno provincial, con estos contratos hacen abuso del trabajo eventual, como si hacer celulares o aire acondicionado fuera lo mismo que armar un recital”, cuestionó.
Aclaró que no se habilitó a trabajar con el 50% del personal que lo venía haciendo sino con el 50% de la capacidad productiva y, para suplir al personal que no concurre por diferentes razones, entre ellas por ser de riesgo, se tomaron empleados bajo la modalidad de contratos eventuales. “Los cuerpos de delegados de IATEC nos han hecho llegar la denuncia que presentaron contra la empresa y nosotros automáticamente hicimos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Cuando se habló del 50% se generó una confusión, y para nosotros fue un maquillaje de la situación como mensaje a la sociedad, porque en realidad no era el 50% de la dotación. Viendo que existe un contagio comunitario, están entrando todos de la misma manera que en marzo y no nos parece lógico”, planteó.
“Le hemos hecho llegar nuestra disconformidad a los ministerios, pero más que eso no se puede hacer porque obviamente la última palabra la tiene el gobernador de la provincia. Hasta el momento no explicaron por qué lo decidieron así. No se explica y tampoco nos convocan. Entendemos que esta decisión es de los funcionarios de Salud y del gobierno. Obviamente AFARTE debe hacer el pedido y calculamos que la UOM debe participar, pero al no estar nosotros, no lo sabemos. No estamos participando porque no somos invitados”, reiteró.
“Lamentablemente no tenemos el amparo legal para decir que no nos presentamos a trabajar, porque tenemos que estar cubiertos. Nos queda estar atentos y recomendar a cada compañero que se cuide el doble, porque desconocemos con qué vara se toma esta decisión. Esta pregunta también se la hicimos al Ministro de Trabajo, y le pedimos a la Ministra de Industria que diga por qué se habilita de esta manera y cuáles son las garantías. Tal vez esta pregunta incomoda y no nos invitan”, barajó.
“Nosotros no tenemos la modalidad PPD y tenemos 15 compañeros supervisores que han entrado con este contrato de trabajo eventual, con el que no estamos de acuerdo. Desconozco cuántos trabajadores de la UOM están con esta modalidad, nosotros sí porque nos llegaron las copias y se elevó la denuncia. Estamos a la espera de una audiencia, y nos extraña la demora, porque la denuncia se presentó el miércoles y ya nos tendrían que haber convocado. Con esta modalidad de contrato está desprotegido el trabajador o trabajadora. En uno de sus artículos dice que el trabajador, cualquiera que fuere el caso, no tiene su liquidación si se retira. Si le dio positivo COVID, no va a tener liquidación, ni se le va a cubrir ningún costo ni se lo va a acompañar económicamente. Es una modalidad muy injusta, porque se lo reemplaza con otro trabajador. De esta manera los trabajadores terminan siendo descartables ante una situación tan crítica como la que vivimos”, alertó.
“Por eso esta denuncia se eleva en el ámbito administrativo, dado que también tiene que tener la aprobación del Ministerio de Trabajo y del sindicato para estos casos eventuales. La figura más clara es la de la esquila, la cosecha de naranjas, que son temporales y eventuales, o trabajo golondrina. La industria no es un trabajo golondrina y es un abuso lo que están haciendo”, enfatizó.
Sin reacción del Ministerio de Trabajo
Escobar dijo estar a la espera “para ver si entre lunes o martes nos convoca el Ministerio de Trabajo para pedir todas las pruebas de por qué se generó esta modalidad de contrato eventual y obviamente pedir el cambio de modalidad. No estamos en contra de los trabajadores, que tienen una necesidad enorme de trabajo, por eso se sigue la vía administrativa, que es la que corresponde, y estaremos a la espera de la convocatoria del Ministerio”, señaló.
Consultado acerca de si hubo diálogo con las empresas, indicó que “por el momento la patronal lo que hizo fue una llamada telefónica al cuerpo de delegados para decirles que es una decisión tomada desde la empresa a nivel nacional, bajo esta nueva modalidad que nunca tuvimos”.
“Hoy la prioridad es la salud y por eso pedimos participación. Si bien los protocolos de la industria están aprobados, no se están viendo los movimientos internos. Hay un montón de temas que hay que ir trabajando y no entendemos por qué no se convoca a una de las partes. Nos parece ilógico, porque la situación amerita que estemos todos juntos”, remarcó.
“En este momento están todos los supervisores trabajando, salvo el personal de riesgo, pero hay personas que antes eran de riesgo, porque tenían principio de diabetes por ejemplo, y por una autorización provincial se los llamó y dejaron de ser de riesgo. Irónicamente dejaron de ser de riesgo de un día para el otro. Uno no está en contra del gobierno pero están pasando cosas que dejan a la vista una situación precarizada que se vive en estas situaciones puntuales. Hasta el día de hoy tampoco hay un informe concreto sobre la cantidad de contagios que hubo dentro de la industria. Esto fue pedido pero no está, y uno cree que estas preguntas generan molestia y no somos invitados por esta situación, pero necesitamos participar para saber en qué situación estamos parados”, sostuvo.
Consideró que “tendría que haber una audiencia inmediata por esto, no porque lo denunciamos sino porque el Ministerio de Trabajo también puede salir a hacer una inspección ante una apertura de la industria para ver qué modalidades de trabajo están aplicando. El Ministerio no tiene que actuar por una denuncia sino en forma independiente hacer inspecciones, porque está dentro de sus facultades. Es una tarea del Estado”, concluyó.
