En esta fecha se conmemora la sanción de la ley nacional 9.143: fue la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Tierra del Fuego se encuentra entre las provincias, donde se produjeron rescates en lo que va del 2020.
Río Grande.- Desde el inicio del 2020 y hasta el último día de agosto, se rescataron y asistieron a 446 personas en situación de trata y la Línea 145 recibió 1.082 denuncias en ese mismo período, según datos oficiales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, a cargo del Ministerio de Justicia.
Los datos fueron difundidos en concordancia con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre. El desglose del informe expone que del total de las personas rescatadas este año, 198 son mujeres y 5 son trans; y que la mayoría era víctima de trata laboral. En tanto, 12 de las que fueron asistidas por el dispositivo oficial, conviven con una discapacidad.
Los rescates se dieron mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires (300) y el resto ocurrieron en Mendoza, Salta, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro, Chaco, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, Córdoba, Tierra del Fuego, y Misiones.
Además, del mismo informe se desprende que la Línea 145 -nacional y gratuita para denuncias por trata y explotación sexual- recibió entre el 1 de enero y el 31 de agosto, 1082 llamados. Un dato significativo reside en que, durante la cuarentena, hubo un aumento en la proporción de denuncias realizadas por las víctimas, que constituyeron un 32 por ciento del total. En el mismo periodo, pero del 2019, de las 1.340 denuncias que ingresaron a la línea, solo el 26 por ciento habían sido realizadas por los propios damnificados.
«Hay un incremento significativo de los llamados realizados por las víctimas que se explica exclusivamente por la pandemia, ya que años anteriores, el grueso de las denuncias fue realizado por la ciudadanía y otras instituciones», sostuvo Norma Mazzeo, integrante del equipo de coordinación del Programa de Rescate y Acompañamiento a víctimas.
“El mismo aislamiento social hace que ande menos gente en la calle y se dificulte la percepción de situaciones por parte de terceros que podrían denunciar”, agregó.
Desde su creación en 2012 y hasta el último día de agosto de este año, el 145 recibió 17.412 llamados, que fueron atendidos por operadores especializados (psicólogas y trabajadoras sociales con formación en la temática) y según su origen fueron derivadas a otros organismos oficiales, tales como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, o la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, también dependiente del Ministerio de Justicia.
Desde 2008, año de la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas de y asistencia a sus víctimas, los rescates suman 15.420 personas. Según se comprobó, esas víctimas eran sometidas a distintos regímenes de explotación sexual y laboral.
Día Contra la Explotación y la Trata
Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas para recordar la fecha en que se promulgó en Argentina la Ley 9.143, la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual.
Conocida también como «Ley Palacios» (por Alfredo Palacios, diputado socialista, impulsor de la norma) esta reglamentación marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavitud de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución.
“Se ha marcado a nuestra gran capital, de que tan orgullosos nos mostramos (…) como el campo de acción más lucrativo de esos personajes dedicados a la venta de esclavas blancas (…) que los gobiernos que dictaron leyes de residencia para los obreros que proclaman ideas avanzadas, toleran en nuestro suelo”, sostuvo Palacios en la sesión de diputados del 27 de mayo de 1907, al defender la primera versión de la ley.
La presión internacional, cristalizada años más tarde en el Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Blancas (1910), apuró la sanción de la ley. Y así, Argentina se convirtió en el país pionero en tener una legislación antitrata. En este logro también se debe reconocer la intervención de un pequeño -pero muy fuerte- movimiento de mujeres feministas que empezaron a luchar por sus derechos de manera integral, no sólo por el divorcio sino también por los derechos civiles y políticos. En esa lucha por la igualdad se incluyó la problemática de la trata.
La Ley Palacios penó la promoción o facilitación de la prostitución y la corrupción de menores “aunque medie el consentimiento de la víctima”, con penas que iban de los 3 a 15 años, según su edad. Posteriormente, en 1936 se promulgó la Ley de Profilaxis (12.331) que prohibió los prostíbulos y está vigente hasta hoy aunque “es sistemáticamente violada”.
Pero no fue hasta bien entrado el siglo XXI que Argentina no tuvo una ley antitrata adaptada a los tratados internacionales, la 26.842 sancionada en 2012 puso fin a una legislación que era insuficiente porque “bastaba que una mujer mayor 18 se retractara para que se archivara la denuncia”.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la trata de personas es un delito, que afecta a todos los países del mundo ya sea como países de origen, de tránsito o de destino de las víctimas”. Representa una grave violación a los derechos humanos y constituye el tercer delito en importancia mundial, detrás del tráfico de armas y de drogas.
100 acciones contra la trata
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 26.842, el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, presentará este miércoles el proyecto del Plan Bienal 2020-2022 a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, que actualmente tiene bajo su competencia la convocatoria al Consejo Federal.
Este Comité- que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y está integrado por representantes de cinco ministerios- coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas.
En ese sentido, el nuevo Plan Bienal incluye 100 acciones de prevención, asistencia a las víctimas, persecución a las redes delictivas y fortalecimiento y articulación institucional en la que participan 44 organismos nacionales, internacionales, provinciales y municipales.
Se estima que el proyecto será aprobado por el Consejo Federal durante el mes de octubre.
