De un total de 7.500 trabajadores empleados, podría verse afectado alrededor del 30%, dado que prácticamente la mitad están dedicados a la fabricación de celulares. Sin financiamiento, se limita la posibilidad de adquirir productos que tienen un valor que oscila entre los 20 mil y los 140 mil pesos, según datos del presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer. Planteó la contradicción que existe en el gobierno nacional al considerar de bien público el servicio de internet y de la telefonía, pero por otro lado impedir el acceso a quienes quieran comprar un aparato, en un contexto de pandemia en el que se han vuelto imprescindibles para la conectividad. Planteó la necesidad de ser cautos y confió en que “vaya a tener alguna resolución positiva. Si no la tuviera, esperamos que el impacto en la demanda sea el menor posible, porque esa va a ser la medida para evaluar el impacto en la producción y el empleo”, dijo.
Río Grande.- El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 las gestiones que se siguen realizando para revertir la exclusión del plan Ahora 12 y Ahora 18 de los teléfonos celulares, en función del impacto que tendrá esto en la caída de demanda, y por ende en la producción y el empleo.
“Estuvimos haciendo gestiones al respecto, sin resultado positivo todavía pero no perdemos la esperanza. El gobierno sacó la resolución la semana pasada sobre el nuevo formato del programa Ahora 12, con un plazo de gracia de tres meses. El celular es un producto que, por su valor, necesita de esta herramienta financiera. Hemos tenido una reunión con el Ministro de Desarrollo Productivo, y confiamos en que se encuentre alguna alternativa para que el impacto en la demanda sea el menor posible”, indicó.
Consultado sobre las razones del gobierno nacional para no incluir a los celulares, dijo que “los argumentos que nos dieron fueron muy escasos. Dicen que los recursos del programa Ahora 12 son finitos, el gobierno quiso incluir algunas categorías que no estaban, principalmente locaciones de servicio, reparaciones, servicios técnicos, algunas cuestiones vinculadas con la construcción, peluquerías, entre otras. Como consecuencia tuvieron que sacrificar algo, pero la verdad no tiene mucho sentido merituar esto, porque acá no hablamos de una asignación de recursos. El programa Ahora 12 surge de una negociación que el gobierno lleva adelante con el sector bancario. No fue del todo satisfactoria la explicación que nos dieron”, evaluó.
En cuanto al impacto que puede llegar a tener, “no lo sabemos con precisión, pero tenemos claro que va a haber impacto. Si desaparecen las herramientas financieras para comprar productos cuyo precio de venta al público oscila entre los 20 y los 140 mil pesos, evidentemente la venta se va a retraer. Eso va a traer consecuencias sobre la producción y el empleo”, alertó.
Respecto de si es cierto que podría afectar entre 1.500 y 2.000 trabajadores, recordó que “en este momento tenemos trabajando 7.500 personas en las electrónicas de manera directa, en la línea de producción y más o menos la mitad está dedicada a la fabricación de celulares, con lo cual hablamos de entre 3.500 y 3.700 personas. De haber un impacto en la demanda del 30%, estaríamos dentro de esa cifra de 1.500 a 2.000 trabajadores”, estimó.
También se le preguntó si esta exclusión tiene relación con el resguardo de divisas, pero observó que “hay productos que están dentro del Ahora 12, como las motocicletas, que también tienen un trabajo de ensamble y son aún más demandantes porcentualmente en cuanto a insumos importados que los celulares”, y a la vez marcó una contradicción ideológica del gobierno central, al no tener en cuenta que “en medio hay gente involucrada, porque hablamos de trabajadores que agregan valor a esos productos”.
“Nosotros no tenemos a todas las empresas en la Cámara, pero entre las 29 empresas electrónicas dentro de Tierra del Fuego en este momento la mano de obra directa es de 7.500 personas y, haciendo un promedio muy burdo, la mitad de esa gente está dedicada a la fabricación de celulares. Después hay que considerar los empleos indirectos de servicio de limpieza, logística, entre otros”, agregó, ampliando la cantidad de posibles afectados.
“Tenemos que ser cautos y esperar el resultado de estas gestiones que se han iniciado. Va a haber una nueva reunión después de propuestas que hemos hecho nosotros y la Cámara Argentina de Comercio entre otros sectores. Confiamos en que vaya a tener alguna resolución positiva. Si no la tuviera, esperamos que el impacto en la demanda sea el menor posible, porque esa va a ser la medida para evaluar el impacto en la producción y el empleo”, sostuvo.
Calificó de “arbitraria” la medida “por sus consecuencias en la producción, teniendo en cuenta el uso intensivo que se le está dando a los celulares. Hay una contradicción, porque por un lado establecen que los servicios de internet y telefonía celular son públicos y de particular importancia en el contexto actual; y uno de los artículos con los que accedemos a esos servicios es el teléfono celular, que debieran tener la misma importancia”.
Gestiones del gobierno
En cuanto a la actitud de gobierno provincial, afirmó que también está haciendo gestiones. “El gobierno provincial fue advertido de esta posibilidad a principios de septiembre, se movilizó e hizo llegar la postura contraria a la medida al gobierno nacional. Desde el Senado también se impulsó un proyecto de declaración que cuestiona la eficacia de esta medida, instando a revertir la decisión”, dijo, y expresó que “quitar una herramienta financiera de alguna manera es penalizar el consumo de un producto que emplea una importante cantidad de gente que le agrega valor en el proceso de fabricación”.
El peor año
Por otra parte se le preguntó sobre los niveles de producción, si bien falta para que finalice el 2020, pero se prevé que serán peores que en 2019, cuando la caída fue histórica. “La producción en general está en un momento complicado. Tuvimos un primer parate de 50/60 días, después en Río Grande casi no se fabricó en agosto y ahora no se está fabricando en Ushuaia. Estos parates tuvieron un gran impacto dentro de la programación. A su vez fabricamos para un mercado interno que está golpeado por la crisis económica, y eso hace que la demanda se reduzca. Con los protocolos la fabricación es mucho más ineficiente porque hay un montón de gente que no se puede incorporar a las líneas de producción porque pertenece a los grupos de riesgo, y los que están fabricando tienen un montón de pautas que enlentecen mucho el proceso productivo”, señaló.
“En el mercado hay una incertidumbre importante de cuándo se podrá ver una dinámica en la demanda. Estamos capeando el temporal mientras tanto. Los efectos son parejos para los productos. La fabricación de televisores venía de un año muy malo, porque el 2019 fue pésimo y se fabricó solamente un millón ochocientas mil unidades, cuando el mercado anual era de tres millones. Obviamente en estas condiciones no se va a poder recuperar volumen este año. En 2019 en celulares se fabricó un poco menos de siete millones, unos 800 mil equipos acondicionadores de aire, unos 160 mil hornos microondas y unos 150 mil autorradios. Fueron pisos históricos en los últimos diez años”, remarcó.
Contratos eventuales
Finalmente se le consultó sobre la modalidad del contrato eventual, cuya legalidad defendió, indicando que los PPD “se van a reducir a la mitad”, en función del acuerdo con el gremio. “Los contratos a plazo fijo pueden ser por 30, 60, 90 días y recientemente apareció otro formato que es el contrato eventual, y es una modalidad completamente legal”, aseveró.
“Los PPD en Río Grande aproximadamente al 30 de junio cuando se firmó el acuerdo, eran 440 trabajadores. Con el programa de conversión a lo largo de once meses se van a efectivizar unos 220 trabajadores”, concluyó.
