Con la firma del secretario General, Luís Bechis, desde la UEJN emitieron un comunicado donde le reclaman al gobernador Gustavo Melella que “ejerza su facultad de veto frente a la sanción de la Ley de ampliación del Superior Tribunal de Justicia”. Aseguran que dicha reforma “en esta instancia resulta inoportuna por la enorme crisis socio-económica que padece la provincia y porque las prioridades hoy deben ser otras además de invertir en salud y trabajo”. Proponen reformar la estructura judicial “luego de un amplio debate sobre la base de un estudio estadístico cierto”.
Río Grande.- Luís Bechis dirigió una nota al gobernador Gustavo Melella, dónde señala que en su carácter “de secretario Adjunto Nacional y secretario General de la Seccional N° 1, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en representación de los trabajadores de la justicia”, le pide al primer Mandatario provincial que “ejerza su facultad de veto frente a la sanción de la Ley de ampliación del Superior Tribunal de Justicia”.
Luego se refiere a “la necesidad de que dicha reforma (que propiciamos) pero que en esta instancia resulta inoportuna por la enorme crisis socio-económica que padece la provincia y porque las prioridades hoy deben ser otras además de invertir en salud y trabajo, pretendemos que sea luego de un amplio debate sobre la base de un estudio estadístico cierto”.
Bechis advierte que en ese debate “deben estar los números, cuantas causas, por fuero, personal, recursos humanos y de infraestructura. Escuchar a los que están en la trinchera de cara a la ciudadanía que concurre a los tribunales, fiscalías y defensorías con las angustias que acarrean quienes tienen problemas legales, donde está en juego el patrimonio, los derechos humanos fundamentales, o la misma libertad. Estamos haciendo una reforma entre gallos y medianoche por una Legislatura que no está a la altura de las circunstancias, que está aislada de las necesidades del pueblo y que fundamentalmente desconoce de las penurias que a diario padecen los juzgados y ministerios públicos de primera instancia, esos que la yugan de manera cotidiana, lejos de los lujos, desaprensión y prebendas del STJ”, repasa el dirigente judicial en su escrito.
Más adelante señala que “tres elementos centrales fundan la petición, dos ellos, incluso, postulados por usted durante el presente año: En primer lugar, promulgar la ley de ampliación con el actual sistema de selección de jueces y magistrados implica convalidar lo que usted mismo cuestionó en febrero del presente año, al afirmar que debía avanzarse en ¨una idea de reforma judicial donde se democratice y se establezcan parámetros claros en la elección y designación de jueces, como así también en un análisis pormenorizado en lo que refiere al Consejo de la Magistratura”, sostuvo por entonces. A mes siguiente dijo que “en la selección de jueces, la idoneidad de la persona tiene que ser el criterio máximo a tener en cuenta y no si es amigo del gobernador, del ministro o cualquier otra persona”. Además, explicó que “tenemos que poner sobre la mesa el mismo criterio de autonomía, el mismo criterio de transparencia, que quizás muchas provincias lo han plasmado en sus procesos, siento que en nuestra provincias tenemos que dar ese paso de transparencia” agregó, entendiendo que “por ahí la persona que es elegida juez, es una persona capaz, transparente, pero por los procesos a veces queda la duda establecida, y no está bueno que eso suceda, por lo tanto debemos avanzar en esa discusión”. Sin embargo, no avanzó ningún tipo de proyecto para democratizar el Consejo de la Magistratura, pero sí para ampliar la Corte provincial con el tan cuestionado método de selección”, cuestiona el titular de la UEJN.
Indicando después que “El segundo argumento se funda en otra posición por usted compartida: El escenario de crisis que ha llevado al 22% de desempleo en Tierra del Fuego y que debe tener como prioridad presupuestaria el fortalecimiento de los servicios esenciales. Nótese que la masa salarial del Poder Judicial, sin el incremento que implicará ampliar el Superior Tribunal en un 66%, ya es superior al gasto en personal del Ministerio de Salud para el ejercicio 2021. El 10 junio, usted declaró que ¨hoy vivimos momentos muy críticos desde lo económico¨, haciendo referencia al impacto que tendría la sanción del proyecto de Ley cuyo veto hoy solicitamos. Por entonces no se había producido ningún fallecimiento (a la fecha superan las 60 personas) ni se habían conocido los alarmantes índices de desocupación”.
Expresa Bechis que “la tercera cuestión a tener en cuenta tiene que ver con la perspectiva de género y la paridad. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) refleja que nuestra Provincia es la que mayor infra representación de mujeres juezas tiene en el país. Solo el 18% de las mujeres son juezas. 8 sobre 43 cargos. El proyecto sancionado no hace ningún tipo de referencia a una temática directamente vinculada con el cumplimiento de los derechos humanos y la no discriminación”.
En otro tramo asegura que “Más allá de esto, la dirigencia política fueguina es consciente de que no se trata, simplemente, de agregarle dos jueces a la Corte. La ley tiene nombre y apellido. Ya se sabe antes de que se sancione, quien resultará el ganador del concurso que aún no se ha hecho. La constatación de lo obvio pondrá a Ud. –de permitirlo- en el lugar que elija frente a uno de los atropellos institucionales más groseros”.
El representante de los empleados judiciales remarca que “Ninguna modificación de estructuras institucionales por cuestiones personales ha dejado un saldo a favor en temas comunitarios. La adaptación del sistema a la medida del que lo pretende, tarde o temprano termina en un fracaso. La gravedad del caso es que, en el supuesto del Poder Judicial, el costo se cobrará con arbitrariedades, con patrimonio y con libertad. El poder político de Tierra del Fuego ha resignado gran parte de su legitimidad, al intentar erigir un líder político vitalicio con funciones judiciales. Que la familia esté primero, no es una buena medida para establecer en las relaciones institucionales”, advierte Bechis.
Alegando que “se trata entonces, de la máxima concesión de la clase dirigente fueguina en favor de sectores de tinte feudal que, de concretarse sus propósitos, se quedarán con la última palabra en cualquier conflicto que involucre los derechos, la libertad y el patrimonio de los fueguinos. Por otra parte, la posibilidad de que la ampliación del máximo Tribunal local forme parte de un acuerdo electoral que traiga beneficios personales en determinadas causas, habla de la necesidad de extremar los recaudos en la observación, ante la posibilidad de existencia de un gravísimo hecho de corrupción”, asegura la nota.
El texto se arriesga a definir que “Nunca en Tierra del Fuego existió una crisis como la que estamos atravesando”. Menciona que “La desocupación y subocupación se encuentra arriba del 25 % de la población, la tasa más alta desde la provincialización, con los sectores productivos completamente paralizados y un horizonte incierto. Más de sesenta muertos en poco más de dos meses. Utilizar este momento de zozobra e incertidumbre social, para que pase desapercibida la aprobación de un proyecto de una gravedad institucional sin precedentes, se constituye en una afrenta. Están burlándose del padecimiento de los enfermos, del sufrimiento de los necesitados y de la memoria de los muertos”, puntualiza Bechis.
Finalmente dice que “Parece difícil encontrar un momento en que hayan sido tan visibles las enormes distancias entre las prioridades de la dirigencia y las necesidades de nuestro pueblo. Está ahora en sus manos la posibilidad de achicarlas. Donde ponga su firma pondrá su lugar en la historia. Las tragedias marcan a los pueblos, y nadie olvidará lo que hacían sus dirigentes en ese momento”.
