El contador Gabriel Clementino consideró que con diez actores reunidos en una mesa se puede acordar una hoja de ruta para hacer un reclamo unificado al gobierno nacional por la extensión del subrégimen. Remarcó que, desde el punto de vista político, no debería faltar coordinación porque no sólo hay un compromiso firmado por el presidente Alberto Fernández, sino una mayoría en la provincia y legisladores nacionales alineada con el gobierno nacional. Para Clementino hay “inacción” y la situación no se puede resolver “sobre el límite de tiempo”, dijo, admitiendo preocupación por un efecto rebote del retiro de Brightstar. Aseguró que el gobierno anterior estaba dispuesto a firmar la prórroga y desde AFARTE se decidió esperar a la definición del gobierno electo. Apuntó contra la falta de reacción de los sectores sindicales también, en particular de la UOM, que ha perdido trabajadores y afiliados. “La aparición de la pandemia debería haber potenciado esto, porque apareció un producto nuevo cuando Mirgor sacó los respiradores, y el rubro tecnología médica es uno de los rubros a incorporar”, sostuvo.
Río Grande.- El contador Gabriel Clementino planteó por Radio Universidad 93.5 la necesidad de unificar criterios en la provincia para llevar un reclamo al gobierno nacional de cumplimiento del compromiso de prorrogar el subrégimen.
En principio se lo consultó sobre el proyecto del senador Matías Rodríguez para la ampliación del subrégimen de la 19.640 mediante una ley, y lo consideró “peligroso”. “Están bien todas las intenciones que tengan que ver con solucionar el problema que impera resolver, porque nos quedan poco más de dos años para el vencimiento del subrégimen. Esto no se puede resolver sobre el límite del tiempo. Hace cinco o seis años que venimos con el tema de la ampliación, y las gestiones comenzaron en 2013, diez años antes de que se venza, cuando estaba en el gobierno Cristina Kirchner”, recordó.
“Después vino un nuevo gobierno, donde se tomaron decisiones que nos afectaron mucho. Comenzaron con las notebooks y el ex ministro Cabrera dijo que importándolas iba a haber puestos de trabajo y que iban a bajar los precios. Después de eso siguieron escaladas en contra del régimen que no pudieron ser resueltas. Esta situación de caída de la producción viene desde fines de 2014, con la devaluación. Durante todo el 2015 también cayó, y en los cuatro años de la gestión anterior hubo una serie de medidas desafortunadas. Todos pensaban que el acuerdo político que había entre el gobernador electo y el candidato en ese entonces a presidente, que fue el acta de Rosario, iba a traer un marco de previsibilidad. Es más, estaba listo el gobierno anterior para la prórroga en plenas elecciones, para el mes de septiembre u octubre”, aseguró.
“Hubo un criterio discutible de AFARTE de no avanzar en las negociaciones, porque ya lo tenían hablado para que se prorrogue con el nuevo gobierno. Tomándolo desde la buena fe, creo que no lo quisieron politizar en plena campaña, y dejaron que quien ganara tomara la responsabilidad de hacer la prórroga”, barajó.
“La verdad es que el gobierno anterior lo quería prorrogar. Llegó este gobierno y se escuchan los mismos argumentos que tenían funcionarios del gobierno de Macri, que había que cambiar la matriz productiva, que tenemos los recursos naturales para explotar antes que el régimen. El tema geopolítico queda muy de lado, siendo que es central por la situación en que está la Argentina, el Cono Sur, el tema antártico y la importancia geopolítica que tiene Tierra del Fuego en el esquema de población, de producción y desarrollo”, dijo.
Comparó “los argumentos del ministro Kulfas, que son los mismos que daba Cabrera hace tres o cuatro años, pero no tenemos que reclamar por lo que digan los ministros, sino reclamar la inacción nuestra”, enfatizó.
“Políticamente no debería haber ningún tipo de descoordinación, porque un gobernador electo firmó con el candidato a presidente el compromiso, están los diputados y senadores, los tres intendentes del mismo color político, pero no se ven resultados cuando hoy tendríamos que tener una certeza”, cuestionó.
Incluso consideró que lejos de desplazar el tema de la agenda, “la aparición de la pandemia debería haber potenciado esto, porque apareció un producto nuevo cuando Mirgor sacó los respiradores, y el rubro tecnología médica es uno de los rubros a incorporar. Hace dos años hizo un seminario de desarrollo en el tema tecnológico la gente de Panasonic, porque querían instalar líneas de producción y asociar algunas de las fábricas para tecnología médica. Es un rubro muy importante hoy”, manifestó.
“El reclamo que hay que hacer no es desde lo partidario. Todos conocen mi afiliación y hubo errores en el gobierno actual y en los anteriores. Nosotros como fueguinos, los representantes de los sectores productivos, los representantes políticos e institucionales, debemos tener una hoja de ruta. Debe haber un reclamo al gobierno para consensuar una hoja de ruta, un esquema unificado, para ir a Buenos Aires y tener todos un mismo discurso”, planteó.
Para Clementino, “el hecho de que el senador Matías Rodríguez presente un proyecto de ley por su cuenta para modificar la 19.640 es una estrategia un poco peligrosa. No me parece que tenga que ir por una ley. El subrégimen es un convenio entre la provincia y la nación, que tiene un marco a través de un decreto. No hace falta mucho más, si está la voluntad política. No es necesaria una ley del Congreso donde estemos mirando la 19.640”, dijo.
“Era obvio que estaban todos alineados para poder hacer esta prórroga. Los que reclamaron por el proceso de desindustrialización que hubo en los cuatro años anteriores, son los mismos que hoy no reclaman con la misma vehemencia poder acordar algo. El tiempo se nos está consumiendo y hay que ver lo que pasa con Brightstar, que se retira del país según publican los trabajadores que vamos a perder”, alertó.
“Debe haber una definición del marco del régimen con pautas claras, no solamente del punto de vista de los empresarios sino del punto de vista del Estado, del costo fiscal que va a tener esto, y del punto de vista gremial. Hay que tomar en cuenta el tema gremial donde también hay un silencio ensordecedor, tanto de parte de la UOM como del resto de los sindicatos conexos al subrégimen. Pero la UOM es el principal y el que más perdió empleados y afiliados”, remarcó.
“Este es un reclamo que hay que hacer para que el gobierno convoque urgente a unificar una hoja de ruta, fuera del tema político, de las elecciones que van a venir. Esto es un tema de política de Estado”, sentenció.
Sin grandes consejos
Se le preguntó si sería adecuado convocar al Consejo Económico y Social por este tema. “Es una figura muy interesante en la medida que tenga jerarquía institucional. Se la da la Constitución de la provincia pero no se ha puesto en práctica. No hacen falta grandes estructuras burocráticas ni grandes pompas. Son diez personas las que se tienen que juntar en la mesa, que hoy están alineadas con el gobierno nacional: hablamos del gobierno provincial, los tres intendentes, y preponderantemente el intendente de Río Grande, que es donde más incide el sector industrial; los legisladores nacionales, diputados y senadores. Como invitados puede estar AFARTE, la UOM y todos los actores de los sectores productivos. Más que hablar de convocar al Consejo Económico y Social, la reunión es mucho más simple y debe ser más diligente”, propició.
“Los tiempos son ya, porque debemos darle previsibilidad a las fábricas que hoy están funcionando a media máquina, o a un cuarto de máquina. No nos puede pasar lo de Brightstar y que siga un efecto reflejo en otras fábricas. Esto va más allá de los problemas que tiene el gobierno nacional con respecto al tema dólar. El tema del dólar es un punto crucial, también lo es el marco económico, la pandemia nos ha pegado en medio de una negociación de la deuda y un reordenamiento fiscal que necesitaba hacer este gobierno. Lo agarró mal parado y a eso hay que agregarle otros condimentos de coyuntura económica y de una política que va en contra de la generación de consensos”, observó.
Presupuesto provincial
Por otra parte, se refirió al presupuesto de la provincia y el alto déficit proyectado, diez veces mayor al que dejó Bertone. “Un presupuesto como este amerita una explicación de parte de los funcionarios. En noviembre va a comenzar el debate en comisión, postergado a pedido del gobierno de la provincia y no entiendo bien los fundamentos. Un nivel de déficit del orden de los 15 mil millones de pesos para el año que viene es una situación muy problemática. Habrá que ver cómo van a hacer para bajar este nivel de déficit”, sostuvo.
“Por la ejecución presupuestaria, la situación no ha empeorado. Había una situación muy mala al mes de mayo, con 2.600 millones de déficit. El año pasado el gobierno anterior terminó con 1.500 millones de déficit, y a mayo teníamos 2.600 millones. Pero esta situación se ha ido revirtiendo. En el mes de septiembre el déficit fue de 1.940 millones. No hay ejecución de obra pública y el Estado está todo abocado a cubrir el problema de la pandemia. Es muy alto el nivel de asistencia y de beneficiarios que se proyectan para el año que viene. Todos estamos esperando que lo funcionarios den las explicaciones para ver si podemos bajar ese déficit que es 10 veces el que se tuvo el año pasado”, dijo.
“Del punto de vista del gasto en personal, entre todos los conceptos ha subido en el orden de 300 millones de pesos por mes, del año pasado a este. Va a estar terminando el año con un 12 ó 15% de aumento del gasto en personal con respecto al año pasado. Con respecto a los recursos, no habría grandes problemas, porque los gastos en personal estarían en el orden del 55 ó 57%, tomando en cuenta todas las áreas”, indicó.
Clementino aseguró que “el gobierno se está financiando en parte con los fondos de los bonos”, a costa de una subejecución de obra pública. “Calculo que la utilización debe estar en el orden de los 95 ó 100 millones, según la estimación que hago, y esto lo tendrá que decir el Tesorero o el Ministro de Economía. Esos fondos estaban para obras, algunas se suspendieron, y la ejecución de obras está en los 400 millones, así que es muy baja. Ese es el devengado que tienen en la ejecución presupuestaria. Hay que esperar que el Ministro de Economía informe sobre esta situación y cuál es el nivel de financiamiento con estas colocaciones financieras, y los niveles de deuda”, expresó.
Reiteró que “el gobierno anterior terminó con 1.500 millones de pesos de deuda, entre ingresos y egresos. Eso está en la cuenta general del ejercicio que está en el Tribunal de Cuentas”.
Situación del comercio
Finalmente se refirió al rubro al que pertenece, además de su trayectoria política. “El rubro nuestro tuvo la posibilidad de poder abrir. El nivel de caída en las ventas ha sido muy grande pero hemos abierto. Cuando empezó la pandemia estábamos trabajando al 50%. Hay un rubro de la parte gastronomía que tenemos que está cerrado, que es la parte de cafetería, la confitería. Así y todo estamos en el 75% de lo que deberíamos estar facturando. Somos privilegiados en esta situación porque hay gente que tuvo cerrado mucho tiempo, el 80% de la pandemia, y la situación es muy difícil. Esto repercute en los empleados, en el circulante en la ciudad, y es muy preocupante”, dijo.
“Esto hay que resolverlo de una forma consensuada, escuchando, como los comerciantes tienen que escuchar lo que dicen los funcionarios. Hoy el tema salud está en la matriz de pensamiento de un comerciante, cuando antes no estaba, pero del otro lado también deben escuchar al pequeño, mediano y gran comerciante, porque tienen mucho para aportar. Salud versus economía es una discusión muy espinosa”, concluyó.
