La norma permite a los familiares poder visitar a pacientes terminales o en estado crítico, no sólo por patología COVID, pero el Gobierno provincial impide su cumplimiento. Hoy podría conocerse la sentencia de la Cámara de Apelaciones, luego de la decisión de apelar el fallo favorable al reclamo de Pablo Torres de poder visitar a su esposa internada por COVID. El juez de primera instancia falló a favor de la familia e intimó al Ejecutivo a cumplir en 48 horas con esta obligación, pero la decisión fue dilatar la situación derivando la causa a la Cámara, y negar a los familiares el contacto mínimo que están pidiendo. Para Torres el Gobierno no quiere que se cumpla esta norma, a pesar de que la promulgó, mientras tanto no puede ver a su esposa desde el 1 de octubre.
Río Grande.- El vecino de esta ciudad Pablo Torres dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación que está atravesando ante el impedimento del Gobierno para que pueda visitar a su esposa internada por COVID en el hospital, tal como lo dispone la ley 1.323 aprobada por unanimidad y promulgada el 2 de octubre.
Ante la negativa de acceso a su derecho, decidió presentar un recurso de amparo y obtuvo un fallo favorable en primera instancia, que incluía una intimación al Gobierno a cumplir con la norma en 48 horas, pero la decisión del Ejecutivo fue apelar y dilatar la respuesta, que ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones.
“En ningún momento tuve respuesta ni del Ministerio de Salud ni del COE ni del hospital, y nos vimos en la necesidad de hacer un recurso de amparo por la situación en que se encuentra mi esposa”, explicó, recordando que lo que reclama es que se cumpla “la ley de protocolo de asistencia humanizada, dirigida a pacientes terminales y, como dice el artículo 4°, a pacientes críticos internados por COVID-19 entre otras patologías. Establece que el COE debe generar un protocolo, que el Ministerio de Salud debe garantizar el derecho de asistencia al acompañante y paciente crítico, brindando el material, la ropa que se utiliza para ingresar en terapia, pero no dieron cumplimiento en ningún momento. El Ejecutivo tenía 10 días para reglamentar la ley y no lo hizo”, señaló.
“Esta ley fue aprobada por unanimidad de la Legislatura. Si el Ejecutivo no estaba de acuerdo, la hubiese vetado, porque era facultad del gobernador, pero la promulgó por un decreto del 2 de octubre. Esta ley permite acompañar a los pacientes terminales y pacientes críticos internados por COVID-19, poder ingresar, poder hablarles. Está comprobado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que, cuando hay pacientes que están dormidos farmacológicamente, que es la única manera de ponerlos en el respirador, si un pariente les habla o les roza la mano, esos pocos minutos generan sentimiento de seguridad y ayudan a su evolución”, planteó.
“Esto no es algo nuevo y es importante poder estar con la gente que ingresa a Terapia Intensiva, que sabe que la duermen para colocarle el respirador y queda aislada totalmente de sus seres queridos. Muchos de ellos no saben si van a volver a abrir los ojos. Ese es el derecho que les asiste y que les reconoce esta ley. Tanto el COE como el Ministerio de Salud tenían que arbitrar los medios para que se cumpla la ley”, remarcó.
“Entendemos que está saturado el personal de salud, que muchas veces desborda la situación que estamos viviendo, pero no vamos a entorpecer la tarea que desarrollan médicos, enfermeros y demás personal de salud. Queremos un espacio de diez minutos, y eso lo va a definir la gente del hospital, porque es un derecho que nos asiste. No me pueden coartar este derecho reconocido por ley”, pidió.
Casi un mes sin contacto
Torres recordó que su esposa fue internada en el hospital el 1° de octubre “y fue la última vez que la vimos, cuando salió de casa. Desde el gobierno apelaron el fallo judicial del juez de primera instancia, el Dr. López Tilli, porque el 16 de octubre el juez emplazó al gobierno a establecer en 48 horas el protocolo, y que en el mismo lapso debían comunicárnoslo para poder acceder a la visita. El domingo 18 vencía el plazo y, en lugar de cumplir con el fallo, presentaron una apelación ante la Cámara, vía correo electrónico, porque estaba cerrado el juzgado; y el lunes formalizaron la presentación”, indicó.
“Hasta ahora no se ha expedido la Cámara, solicitó informes al hospital, al Dr. Tejedor y a la Dra. Müller, con cinco puntos para que puedan explicar la situación y luego resolver si ratifican el fallo judicial o le dan la razón al Ejecutivo en su afán de que esta ley no se lleve a cabo. El 23 de octubre el Dr. Löffler, juez de la Cámara de Apelaciones, hizo un proveído a los directores del hospital para que respondan acerca de si cuentan con el recurso humano suficiente para atender esta requisitoria, si esta ley de asistencia humanitaria pone en riesgo a los pacientes internados en Terapia Intensiva, si el hospital cuenta con suficiente material sanitario de bioseguridad, y también consulta sobre el estado de la paciente, que es mi señora. El punto cinco es todo otro dato de interés que se pueda aportar a la causa”, detalló.
“Respecto del punto uno, sabemos que el recurso humano está a full, y lo viene diciendo el Dr. Tejedor en distintas notas. Mi señora se fue al periférico y de ahí la llevaron en ambulancia al hospital por las dificultades respiratorias que tenía, y les llevó cinco minutos colocarle la bata, el barbijo, las botas, los guantes. Yo estuve presenciando cómo le colocaban la ropa de seguridad para poder viajar en la ambulancia. No sé qué tanto personal necesitan por diez minutos diarios, que es lo que estamos pidiendo. No pretendemos instalarnos allí, sino poder verla diez minutos diarios en el horario que ellos dispongan”, subrayó.
“La Ministra de Salud dijo en una nota que son los médicos de terapia los que no quieren que ingrese nadie, porque no son salas individuales sino que hay varias camas en una sala”, observó, si bien quien tiene que hacer cumplir la ley es el propio ministerio.
“Con respecto al punto dos, referido a si existe alto riesgo de bioseguridad para los internados, yo he hablado con cardiólogos que han estado en terapia intensiva del CEMEP y me dicen que el riesgo mayor es para el visitante, para el acompañante, no para la gente que está allí, por la carga viral que hay en el hospital. En mi caso yo también fui COVID positivo junto con mi señora, y tengo el alta desde el 5 de octubre”, dijo, por cuanto tiene una carga antiviral.
“Me molesta mucho cuando hablan del estado de mi señora, porque dicen que se encuentra estable, con alguna de las fallas orgánicas que tenía en leve mejoría, y que estamos haciendo videollamadas diarias. Eso es mentira, porque no hay videollamadas. Se hicieron un par y la mayoría están entrecortadas por la baja calidad de internet, dicho por los propios terapistas. Todas las veces que no hubo llamada es porque dijeron que no tenían internet, que se corta y es imposible. Mi esposa sigue conectada al respirador, la situación crítica sigue estando, y lo que pido es que dejen de mentir. Le dicen a la Cámara de Apelaciones que hay videollamadas diarias a mi celular y eso es mentira”, enfatizó.
La expectativa de Torres es que “hoy se expida la Cámara en función de este informe. Creo en las instituciones, en la división de poderes, en la justicia, y espero que puedan hacer lugar a lo que uno está reclamando, que es el cumplimiento de una ley. Yo no tengo nada que decir de los médicos del hospital, los he tratado con todo respeto, valoro la tarea que están haciendo y que están sobrepasados de trabajo. El problema es que el gobierno no quiere que se cumpla esta ley. El COE tendría que haber hecho el protocolo, el Ministerio de Salud tendría que garantizar el cumplimiento, pero desde el primer momento la abogada de Legal y Técnica del gobierno no aceptó el fallo que salió a favor nuestro y apeló. Desde el 16 de octubre que salió el fallo todavía no tenemos novedades y acá no está en juego algo monetario, sino poder estar al lado de un familiar que nos necesita, amparados bajo una ley provincial”, concluyó.
