El todavía vicepresidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa lleva varios meses intentando averiguar el destino del 60% de los fondos que debían enviarse a los asociados para capacitación. No hubo respuestas a los pedidos verbales ni a las cartas documento posteriores, y la denuncia terminó en la IGJ. En medio hubo un intento de realizar una asamblea para renovar autoridades, que se logró frenar. Para Navarro, buscan desplazarlo por estos cuestionamientos a los manejos del presidente Gerardo Díaz Beltrán, que cuenta con el acompañamiento de la mayoría de los consejeros. “Yo quiero tener mi conciencia tranquila de haber hecho las cosas como corresponde”, dijo, y ya dejó en manos de un estudio de abogados la situación.
Río Grande.- El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, explicó por Radio Universidad 93.5 el conflicto generado dentro de la entidad y aseguró que pretenden desplazarlo como autoridad para aprobar un balance en el que falta la rendición de cientos de millones recibidos.
“Ya dije hace un tiempo que estaba planteando ante la IGJ la información que tenían sobre el balance del 2019, y estamos teniendo inconvenientes porque no nos la están dando. Hice presentaciones y la IGJ ha obrado en consecuencia suspendiendo la asamblea de cambio de autoridades porque no estaba aprobado el balance ni están mandando la información”, sostuvo.
“Por un tema de pandemia se prorrogaron los plazos hasta fin de año de las autoridades de todas las entidades, que tendría que haber sido en abril. En medio de eso yo estaba pidiendo la información concretamente sobre fondos que recibe CAME de INACAP. Es un fondo del Instituto Argentino de Capacitación que pagamos todos los empleadores de comercio de todo el país –y equivale al 0,5% por empleado-. Eso se tenía que repartir a cada una de las jurisdicciones para la capacitación. Si bien se hacen capacitaciones, cuando vi el balance advertí que de los fondos recibidos habían mandado la rendición del 40% y solicité la información sobre el otro 60%, para saber si esos fondos habían sido afectados a capacitación o a qué. Esto lo vengo pidiendo desde marzo y se negaron a dar la información”, relató.
“En agosto quisieron avanzar con la aprobación del balance sin haber enviado la información y ahí hice el primer planteo a la IGJ, que suspendió esto. Luego quisieron avanzar con un cambio de autoridades sin aprobación del balance, para correrme como autoridad y poder aprobar el balance posteriormente”, aseguró.
Por la presentación realizada ante el ente de control se logró suspender la asamblea para elegir autoridades, pero el costo para Navarro sería enfrentar al Tribunal de Ética de la entidad. “Hay un artículo del estatuto que analiza la ética de cada funcionario de CAME y en función de esto me solicitan que vaya al Tribunal de Ética para ver si incurro en alguna falta. Ellos pueden decir lo que quieran, pero la legalidad exige que para aprobar un balance tiene que haber rendición de cuentas”, remarcó.
“Yo sé que es una utopía en la Argentina pedir rendición de cuentas, pero si no, no funcionamos. Yo no digo que estén mal gastados, pero la rendición de cuentas tiene que ver con el respeto y con los deberes de quienes son autoridades. El pedido de rendición, como en cualquier institución, se hace al presidente –Díaz Beltrán- y al secretario general. La primera etapa hice los pedidos verbalmente, luego mandé carta documento y finalmente recurrí a la IGJ, que es el organismo de control”, contó de este periplo y aseguró que “estamos hablando de cientos de millones de pesos. No voy a dar el dato exacto por una cuestión de respeto a la entidad, pero lo que puedo decir es que en el balance de recursos específicos recibidos figuran 800 millones. De eso estoy solicitando la rendición de cuentas de un 60%”, precisó, con lo cual el dinero sin rendir ronda los 480 millones.
“Hay gastos injustificados todavía porque no los han rendido, y no estoy diciendo que haya corrupción, pero llevo cerca de 11 meses solicitando esto y algo raro tiene que haber por esta forma de manejarse. Además después el mismo presidente pide una cuestión ética por lo que estoy haciendo”, planteó.
“Vivimos dentro de un país que tiene normas y hay que cumplirlas. La rendición de cuentas es una norma no sólo nacional sino internacional, y forma parte de la relación social entre las autoridades y los administrados”, recordó Navarro.
Accesoriamente, algunos referentes de CAME estarían asociando a Navarro con La Cámpora, dado que la cúpula está identificada con Cambiemos. “Todo el mundo tiene derecho a tener identidad política y militar en el partido que quiera, pero a CAME tampoco la está recibiendo el gobierno. Si uno ve las reuniones con las distintas entidades, CAME no aparece. El presidente tiene una historia de haber estado muy ligado a Cambiemos. La gente me conoce y sabe que he practicado en mi vida la responsabilidad, y mi responsabilidad en este caso es de una gestión empresaria en función de los fondos que depositan los empleadores de comercio para contar con estos recursos. Lo que quiero es que en el país y por supuesto en Río Grande recibamos los fondos con una proporción más adecuada a lo que aportamos. Solamente quiero ver cómo han sido administrados los fondos”, expuso.
Mayoría en contra
Consultado acerca de si tiene apoyo de las autoridades o están todos alineados con el presidente, dijo que “en general los 90 consejeros tienen una relación muy de dependencia, porque a su vez dependen de organizaciones que reciben parte de ese 40%. Hay organizaciones que pueden tener algún resquemor de sufrir algún tipo de condicionamiento. Lo desconozco pero puede pasar”.
“Llama la atención la reacción, porque esto es para bien de todos. Yo tengo una condición especial porque estoy segundo en la línea de poder, pero sobre 90 acompañaron al presidente unas 62 ó 63 personas, y uno advierte que hay un condicionamiento. Lo lógico sería preguntarse por qué en 11 meses no se pudieron mostrar los números”, manifestó.
Por denunciar, Navarro ahora está obligado a defenderse y señaló que tiene “un estudio de abogados contratado en Buenos Aires por esta circunstancia y ya se ha elevado a la IGJ esta situación”.
Respecto de si cree que puede haber otro intento de cambiar las autoridades, consideró que “puede pasar cualquier cosa. Están tratando de correrme como autoridad. Es la sensación que tengo porque no muestran ningún papel y estaban intentando hacer una asamblea de autoridades sin analizar el balance. Lo que están queriendo hacer es correrme como autoridad para después aprobar el balance. Con 60 voluntades sobre 90 seguramente lo van a poder aprobar”, concedió.
“Uno tiene los valores con los que se formó y hay cosas que no se negocian. Las cosas que no se hacen bien, de acuerdo a los principios y valores, después generan enfermedades, y yo no las quiero tener. Yo quiero tener mi conciencia tranquila de haber hecho las cosas como corresponde”, concluyó.
Varios puntos oscuros
La CAME no solamente fue denunciada internamente por Diego Navarro, sino que en función de las “inconsistencias” en el manejo de los fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap), hubo una presentación de la Cámara de Autoservicios, Supermercados, Propiedad de Residentes Chinos (Casrech), entre otras asociaciones, con pedido de auditorías para saber el destino del dinero.
El fondo del INACAP se conforma con el aporte de las patronales por el equivalente al 0,5 por ciento de los sueldos de trabajadores formales que están bajo la órbita del convenio mercantil, por cuanto suman cientos de millones por año.
El manejo de estos fondos estaba a cargo del presidente Díaz Beltrán, el ex secretario general José Bereciartúa –que presentó la renuncia- y el secretario de Hacienda José Luis Valdés, pero también hay en curso una investigación sobre empresas controladas por CAME como Pymetic SA, para el manejo de CAME Pagos, que es propiedad de las firmas Teipesa S.A. y Feentech S.A. El 50% de lo recaudado, en lugar de retornar a los socios quedaría en poder de Feentech S.A., en cuyo directorio esta la esposa de Carlos Grosso, Alejandra Alonso Piñeiro. Pese a los reclamos de los consejeros Vodanovich, Diego Navarro y Nicolás Morelli, entre otros, la “cúpula” de CAME se negó a la auditoría de estas empresas.
