La jueza e integrante del consejo consultivo para la reforma judicial destacó como “un punto de partida” el informe con recomendaciones que se elevó al Gobierno nacional. “Creo que se trata de un compendio de propuestas y de ideas motivadoras destinadas a fortalecer el servicio de justicia», explicó.
Ushuaia.- La jueza María del Carmen Battaini, una de las integrantes del consejo consultivo para la reforma judicial destacó como “un punto de partida” el informe con recomendaciones que se elevó al presidente Alberto Fernández, al considerar que contribuye al objetivo de «lograr una justicia “más cercana a la gente, federal e inclusiva”, reflejada también en el proyecto de ley que trata el Congreso Nacional.
“Creo que se trata de un compendio de propuestas y de ideas motivadoras destinadas a fortalecer el servicio de justicia, pero es solo el comienzo. Hace falta profundizar ese trabajo para conseguir el objetivo de una justicia más cercana a la gente, más federal y más inclusiva”, aseveró Battaini, actual presidente del Consejo de la Magistratura fueguino.
Battaini integró el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” creado por el Presidente en julio de este año, con la misión de analizar cinco temas vinculados a las grandes modificaciones que precisa el funcionamiento del sistema judicial.
El resultado de ese trabajo fue un informe de cuatro capítulos, tres anexos con documentación respaldatoria y más de 1.000 páginas de extensión que fue entregado oficialmente al Jefe de Estado durante un acto en Casa Rosada, el pasado jueves 10.
La magistrada destacó que el Presidente se mostró “muy complacido” con el dictamen, y valoró que sea “completo y diverso” porque “cada uno de los integrantes del Consejo emitió sus propias opiniones.
En algunos casos, dijo, con puntos de consenso, y en otros con diferencias, pero siempre con fundamentos”.
En esa línea, Battaini refirió que Fernández les confió haber leído “detenidamente” el informe, y estar satisfecho con “la intensidad, la profundidad y la multiplicidad de los aportes realizados en cada uno de los cinco temas propuestos en el decreto de creación del organismo”.
La jueza de Tierra del Fuego aludió a la metodología con que se desempeñó el comité de expertos, desde su primera reunión del 18 de agosto y hasta el 18 de noviembre, y reconoció que la tarea resultó “compleja, no solamente durante los encuentros virtuales» que mantuvieron, sino también «entre cada reunión para poder investigar y poder dar respuesta a tantos temas y en un tiempo tan breve”.
En términos personales, la magistrada fueguina admitió que la convocatoria a integrar el consejo resultó “una sorpresa” aunque también “una responsabilidad muy grande y un desafío”.
“Representar a la provincia es una gran responsabilidad. Y más aún si se trata de aconsejar al Presidente en asuntos de tanta relevancia y complejidad. Primero fue emocionante y después todo se transformó en una sucesión de jornadas agotadoras pero de un aprendizaje enriquecedor”, resumió la jueza que acumula 18 años de experiencia en la justicia de la provincia y 48 dentro del sistema judicial.
Según Battaini, la mejor parte del debate consistió en tratar con otros juristas de renombre que “muchas veces pueden tener otras opiniones pero que siempre han sido respetuosos de las posturas ajenas».
Para la integrante de la comisión de especialistas que también mantuvo 25 reuniones con representantes de entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, el informe debe ser interpretado como una motivación para generar gran cambio.
“Creo en un servicio de justicia que debe superarse, porque las sociedades van cambiando y sus necesidades también. Creo en una Justicia regida por los principios de independencia e imparcialidad, y pienso que todo eso es posible de conseguir”, concluyó la magistrada.
El consejo consultivo creado por el decreto 635 de este año se abocó a realizar una «descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa», según dispuso la norma de conformación del organismo.
Asimismo, el Consejo analizó el «sistema de juicios por jurados» y el «modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones» al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
Además de Battaini, los miembros del comité académico fueron Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, Marisa Herrera, Inés Einberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Carlos Arslanián y Enrique Bacigalupo.
En forma paralela a estas reformas para el mejoramiento de la justicia que analizó el consejo consultivo, el Poder Ejecutivo redactó un proyecto de ley para la creación de la Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados para descentralizar las decisiones que hoy toman un puñado de jueces en Comodoro Py.
También apunta a la unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales y plantea la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
Incluye asimismo la unificación de los fueros civil y comercial con el contencioso administrativo, el fortalecimiento de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías, y reglas de actuación para garantizar la independencia de los jueces y evitar presiones de grupos de poder.
El proyecto se encuentra en el Congreso en tratamiento y es parte de los compromisos de gestión del presidente Alberto Fernández.
