José Martínez, uno de los 17 docentes que fueron exonerados por un procedimiento comenzado en la gestión de Fabiana Ríos y concluido en la de Rosana Bertone, podrá volver a las aulas. Es porque transcurrieron cinco años de dicha resolución y la misma queda sin efecto. “No descansaremos hasta que cada uno recupere su fuente laboral, que le corresponde como docente argentino”, dijeron desde el SUTEF.
Río Grande. – El SUTEF confirmó la vuelta a las aulas del docente José Martínez, con un documento titulado: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Allí destacan que, al poder presentarse al acto público por vencimiento de los plazos, “nuestro compañero José Antonio Martínez pudo volver a la Escuela Pública”.
Después manifiestan desde el sindicato docente que “hoy nuestro compañero José Antonio Martínez pudo volver a la Escuela Pública. Esa, la que desprecian, atacan y empobrecen, aún en pandemia”.
El texto repasa luego que “Fabiana Ríos y Rosana Bertone utilizando un decreto de la dictadura militar exoneraron a 16 compañeros y una compañera por llevar adelante un reclamo salarial. Intentaron silenciarnos, intentaron disciplinarnos, intentaron doblegarnos, no pudieron”.
En el mismo sentido señalaron desde el SUTEF que “sobre todo quisieron que dejemos de ser docentes y sacarnos de las aulas. ¡Sepan que nunca vamos a dejar de ser lo que somos, docentes, militantes de la escuela pública, popular, democrática, laica y diversa!”
Finalmente dicen “Hoy es José, no descansaremos hasta que cada uno recupere su fuente laboral que le corresponde como docente argentino. No todo se compra, no todo se vende. ¡Felicitaciones compañero José!”, concluye el comunicado.
Anticipando esta posibilidad, desde el SUTEF comunicaron hace algunas semanas que “de acuerdo a la ley aplicable, se ha realizado el pedido del cese de los efectos inhabilitantes para tomar cargos y horas para los 16 compañeros exonerados y la compañera exonerada por Fabiana Ríos en su último día de mandato, mediante Decreto Provincial Nº 3004/15, ratificado por Rosana Bertone”.
Indicaron que “Cumplidos los 5 años que estipula la Ley, no verán alterada ni modificada su relación de empleo actual los y la docente cuya sanción no se ha hecho aún efectiva, ya que al haberse agotado dicho plazo, la administración pierde acción para hacer efectiva la sanción. Por otro lado, los cinco docentes cuya exoneración sí se hizo efectiva, pueden volver a tomar cargos y horas, es decir, no recuperan automáticamente los cargos que tenían previamente a la exoneración, pero pueden nuevamente concursar en los actos públicos ya que se encuentran legalmente sin inhabilitación”.
“Estos efectos son institutos propios del régimen disciplinario público vigente, independientes de cualquier discrecionalidad política”, aclararon desde el propio sindicato docente.
Luego señalaron que “Cada provincia dicta su propia ley de empleo público. En el caso de Tierra del Fuego, al momento de comenzar a ser provincia en el año 1991, continuaron rigiendo las leyes nacionales que se aplicaban en el territorio. En 29 años, la Legislatura no ha sancionado ninguna ley de empleo público, de modo que en la actualidad la ley aplicable que establece la regulación de sanciones y el sistema de reingreso a la administración pública es la Ley Nacional 22.140 junto a los decretos reglamentarios vigentes a la fecha de la provincialización. Dicha Ley deja entendida la posibilidad del reingreso de trabajadores/as cesanteados/as o exonerados/as. El decreto 1797/80 establece la forma en que debe darse la rehabilitación de quienes fueron exonerados o exoneradas «a pedido del interesado, una vez transcurridos cinco (5) años de notificada la sanción»”.
Advirtieron que “Las exoneraciones a docentes fueron la máxima expresión de la criminalización de la protesta social y una persecución política y sindical sin precedentes en la Provincia efectuada por Ríos y Bertone. Se realizaron en un contexto en el que el Estado aplicaba a la docencia , entre otras cosas, suspensiones y sanciones sobre las supervisoras, cargos “rompehuelga”, policías dentro de los establecimientos educativos, los legajos abiertos impidiendo titularizaciones, la prohibición de realización de asambleas y de conversar en los recreos en sala de docentes, amenazas y coacción sobre docentes en general y equipos directivos, descuentos ilegítimos a toda la docencia, al cuerpo de delegados y delegadas y a la conducción gremial bajo excusas inaplicables”, remarcaron desde el sindicato docente.
