La directora por los activos Soledad De Fabio expuso una situación crítica de la obra social estatal, en función de “una política” que tiende a favorecer al sector privado. Aseguró que el déficit mensual es de 50 millones pero se están pagando a farmacias privadas sumas que triplican el valor de lo que costarían los medicamentos adquiridos en laboratorios. “En enero se pagaron 15 millones de pesos a una farmacia sola, que equivale a abastecer de insulina a toda la provincia si fuera por la farmacia propia”, comparó y agregó que “son decisiones que toman las autoridades y no solamente está derivado a una farmacia, porque hay una en Río Grande y otra en Ushuaia que cobran facturas abultadas por lo que proveen. Es mucho más caro comprar así. Por ejemplo, si la farmacia propia compra la insulina, cuesta 5 mil pesos, y comprada a una farmacia privada, el precio de venta al público está a 17 mil pesos ahora. Se paga tres veces más por no comprar en laboratorios”.
Río Grande.- La directora por los activos de la obra social estatal, Soledad De Fabio, expuso por Radio Provincia la situación crítica que atraviesa la obra social estatal, y se ha ido agravando en el último tiempo, en función de “una política de direccionamiento de fondos al sector privado”, dijo.
“El estado es cada vez más crítico y la situación es la misma que cuando arrancamos la gestión, agravado porque los costos subieron y las decisiones políticas está ceñidas a la presiente y al vicepresidente. Con mi compañera del sector pasivo hemos hecho informes a los gremios y les hemos pedido unidad en la defensa de la obra social de los trabajadores, porque ha sido vapuleada a lo largo de muchos años por distintas gestiones”, señaló, teniendo en cuenta que ayer los gremios convocaron a conferencia de prensa para hacer un reclamo público a las autoridades.
“Antes de la pandemia y nuevamente ahora hemos pedido una reunión con el gobernador, a quien también le exigimos respuestas, porque tanto la presidente como el vice son representantes del gobernador, que avala lo que hacen. Estamos viendo un montón de desmanejos intencionados, con las farmacias totalmente desabastecidas. Se mantienen al día los pagos con las clínicas pero en farmacia se está tercerizando todo. En enero se pagaron 15 millones de pesos a una farmacia sola, que equivale a abastecer de insulina a toda la provincia si fuera por la farmacia propia”, comparó.
“Son decisiones que toman las autoridades y no solamente está derivado a una farmacia, porque hay una en Río Grande y otra en Ushuaia que cobran facturas abultadas por lo que proveen. Es mucho más caro comprar así. Por ejemplo, si la farmacia propia compra la insulina, cuesta 5 mil pesos, y comprada a una farmacia privada, el precio de venta al público está a 17 mil pesos ahora. Se paga tres veces más por no comprar en laboratorios. Pasa lo mismo con la óptica y en Río Grande hace tres años que no funciona la máquina biseladora. Solamente falta hacerle un service y hay decisiones políticas para tomar”, remarcó.
Consideró que “la pandemia no puede justificar todo y en el directorio la discusión del Ejecutivo pasa por una saña con los trabajadores. En Río Grande están trabajando 20 personas para 23 mil afiliados y no se da abasto. Esto se suma a las decisiones políticas que no se toman. Con justa razón los afiliados se enojan”, enfatizó.
Apuntó contra “el Gobierno y la Legislatura, que tiene su cuota de responsabilidad. Cuando se aprobó la ley de fibrosis quística, el mes pasado se compraron los medicamentos y fueron 50 mil dólares. Es plata de los trabajadores que tiene que poner la obra social, como pasa en coberturas de las que se tiene que hacer cargo el gobierno, como las pensiones RUPE. El gobierno nos tiene que devolver la plata y hay atrasos de 2017 de deudas de RUPE. Es un servicio que la obra social presta porque no se puede hacer abandono de persona”, planteó.
La herencia y más
Lo cierto es que la situación se agravó, por la herencia recibida y por las decisiones que ya competen a esta gestión: “Cuando asumimos se debían 90 millones a los laboratorios, otro tanto a los proveedores, pero también había deuda de los Ejecutivos con nosotros, tanto de la provincia como de los municipios. Hay deudas consolidadas y se hicieron planes de pago en algunas y en otras no. Además se incorporó un nuevo sistema al gobierno, con los expedientes electrónicos. El gobierno decidió ya el año pasado que para el pago de los expedientes la obra social debía tener el mismo sistema y los expedientes tenían que estar digitalizados de la misma manera. La obra social tuvo que contratar a la empresa proveedora, esto salió 10 millones de pesos, para estar en el mismo sistema y facturarle los expedientes al gobierno. Estas fueron excusas para hacer más largo el pago”, disparó.
Se le preguntó si han evaluado formular alguna denuncia, pero aclaró que “la denuncia correspondería si hay un delito” y en este caso se trata de la política de Estado que se aplica. “Nosotros hemos hablado, hemos pedido informes y nos hemos respaldado en las organizaciones de base, pidiéndoles intervención, porque somos dos solas ahí adentro, votamos por la negativa y perdemos siempre, por el doble voto del presidente. El vicepresidente no se hace presente nunca, son todas reuniones por Zoom o Whatsapp y ante nuestra negativa nos ha llegado a pedir que renunciemos”, expuso.
“Esperamos que los trabajadores y trabajadoras tomen conciencia de defender nuestra obra social y que las decisiones pasan por el gobernador y sus representantes, que no ha puesto palabra desde que asumió”, fustigó.
Déficit en aumento
“La obra social está muy complicada financieramente, porque se gasta más de lo que se percibe, pero también hay problemas de organización. Todos los meses tenemos un déficit de alrededor de 50 millones de pesos. En el presupuesto nuestro se había aprobado el adelanto de algunas cuotas de la deuda del gobierno de la provincia, pero lo rechazaron y se tuvo que rehacer. Por la deuda consolidada, las cuotas son de 10 millones de pesos, en 180 pagos, cuando a una sola farmacia se le pagan 15 millones. Se ha pedido el adelanto de 30 cuotas para hacer un piso, porque hay que saldar deudas para normalizar el servicio, y debe haber una decisión política de abastecer la farmacia propia”, reclamó.}
Por otra parte, advirtió que sin refuerzo de profesionales tampoco se sale adelante. “Hay un solo farmacéutico y en Río Grande hay un solo óptico, que cuando se enferma o se toma vacaciones, directamente cierra. Esto, independientemente de que poco se hace en la óptica porque las máquinas no han tenido un service. Así pasa en todas las áreas y hay circuitos administrativos que se demoran porque el personal estuvo con COVID, o porque se tomó vacaciones. Hay malestar dentro de la obra social por la prepotencia en el trato y decisiones que no tienden a fortalecer a la obra social sino aparentemente a hacer negocios”, aseveró.
Confió en que “con voluntad y trabajo se puede solucionar, pero no hay trabajo en equipo. La presidente firma todo ad referéndum del directorio y nosotras nos enteramos cuando vemos las resoluciones publicadas en el sistema. Se intenta justificar a partir del caos el gerenciamiento de la obra social y pensamos que por esta situación vamos a ese camino. Se está haciendo un gran favorecimiento a los negocios privados”, reiteró.
El “monopolio” privado
De Fabio agregó que “hoy se le paga por mes a las dos principales clínicas de Río Grande y Ushuaia entre 100 y 120 millones por mes, y eso es plata de los afiliados. En Ushuaia la clínica está reclamando un co-seguro extra para pacientes con COVID y saltó una deuda de varios millones de hace un par de años, no sabemos en concepto de qué. Es un juego macabro”, definió, en función de la dependencia del Estado del privado, por no contar con equipamiento y profesionales. Mencionó como ejemplo que “en Río Grande la máquina del centro de imágenes del CEMEP se rompió, estaba en reparación y el hospital no tiene capacidad ni gente para hacer resonancia, así que se derivaba a Ushuaia. A principios de este año propusieron subir de 9 a 17 mil la resonancia. La obra social no estaba de acuerdo pero, si no pagan, cortan el servicio, además le sale más caro derivar a Buenos Aires. Hay un monopolio en salud y los hospitales no dan abasto con los especialistas. En Río Grande hay un solo neurólogo para dar cobertura a una población de 140 mil habitantes, y no están a disposición de una sola obra social. Con el resto de las especialidades los servicios están complejos. Río Grande tampoco tiene convenio con psicólogos”, apuntó.
Finalmente recordó que hoy la OSEF “le da cobertura a 90 mil personas, contando los grupos familiares, porque de afiliados directos tenemos 30 mil, entre jubilados y activos. Estos 30 mil afiliados directos tienen familia que también necesita atención. Yo veo fantástico que el arco gremial se ponga a la cabeza de la defensa de nuestra obra social, porque nuestra consigna en la campaña fue la recuperación de nuestra obra social y del directorio”, concluyó.
