El ministro de Trabajo Marcelo Romero habló de la situación de la provincia y de la baja del índice del 22% de desocupados que se había registrado a mediados del año pasado. Igualmente aclaró que hay una incidencia importante de los contratos en la industria para suplir personal de riesgo que no puede ir a trabajar, y cuando se estabilice la situación se van a “sincerar” los números. El sector más golpeado es el minorista, que representa “el 50%” de los tres mil empleadores que hay en Tierra del Fuego. Hubo fuertes críticas por el manejo de la obra social estatal, con una crisis que no se ha superado “luego de 15 meses de gestión”. Sostuvo que su rol es defender al gobernador y la vicegobernadora y apeló a la necesidad de diálogo de algunos funcionarios con empleados y representantes sindicales. Confirmó la decisión de avanzar con dos edificios propios, uno en Tolhuin y otro en Río Grande, y está a la espera de respuestas del Ministerio de Obras Públicas, dado que el presupuesto está aprobado y se presentaron los proyectos. Observó que en inspecciones sorpresivas han detectado en la zona centro trabajadores en negro e incluso trabajo infantil, lo que hace necesaria una presencia permanente.
Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y ofreció un panorama de la situación laboral en la provincia. “Después de un 22% de desocupación, estamos como al inicio de la pandemia, con un 12.8%. El pico fue en junio y julio de 2020. Ahora se analiza por conglomerado urbano y estamos en cuarto o quinto lugar, al momento del pico del 22% estábamos en segundo lugar después de Mar del Plata, que había sido azotada como todas las zonas turísticas”, dijo.
“En el comercio minorista en general y en el sector del turismo está la gran cantidad de los desocupados”, puntualizó, y particularmente habló del sector turístico como “el más castigado, por la pandemia y por las restricciones sanitarias que se dieron desde el principio. Hotelería, gastronomía, logística de transporte, guías de turismo y centros invernales, no funcionaron prácticamente durante todo el invierno o funcionaron unos pocos días. En esto tuvo que ver el cierre del aeropuerto de Río Grande, la cancelación de vuelos a la provincia y de la llegada de cruceros”.
“En el verano de 2019-2020 había alrededor de 80 mil turistas extranjeros, que los perdimos. En este último verano tuvimos 45 mil turistas nacionales, pero no es suficiente. Si bien la temporada alta sigue siendo el verano, es importante mantener la temporada de invierno”, planteó.
Asistencia estatal
Romero destacó que “hubo mucha asistencia a trabajadores agrupados por sus gremios, como el gastronómico. El gobierno nacional estuvo entregando los ATP y luego a través del INFUETUR logramos la asistencia del Ministerio de Trabajo nacional y del Ministerio de Turismo nacional, para algunos trabajadores de hotelería y gastronomía, que no satisfizo pero llevó cierta tranquilidad. Hay una herramienta muy importante que nos delegó el Ministerio de Trabajo de Nación que son los acuerdos de reducción salarial. Esto permitió mantener las fuentes de trabajo, de todas formas el trabajador sufrió mucho esta situación porque hubo altos índices inflacionarios además de un salario reducido”.
Actividad petrolera
En el sector petrolero la actividad “se vio postergada por las restricciones sanitarias, pero luego se logró que Total, YPF y Roch tuvieran distintos protocolos nacionales bastante efectivos. Hubo responsabilidad de las empresas y de los trabajadores, porque participaron los gremios, y se pudo llevar adelante la producción. Salvo alguna situación confusa no hubo contagios en el área del petróleo”, aseguró.
“Estamos en la etapa de trabajar en el cumplimiento del acuerdo marco con Total, que a junio de este año debe quedar con un 75% de trabajadores radicados en la provincia. Para marzo de 2022 debe llegar al 85%. Hay trabajadores especializados que quedarían fuera pero algunos puntos se están cumpliendo. Creo que se va a poner difícil llegar al 85% en marzo de 2022 pero, meses más o meses menos, podemos llegar a esa situación. La idea es que esto se aplique para los que se van incorporando y luego está el personal que ya se viene desempeñando, con oficios específicos del orden técnico, y las empresas consideran que ese profesional debe rotar entre todos los establecimientos que tienen”, explicó.
Más ocupación en la industria
Una incidencia importante en la baja del desempleo está dada por la industria. “Es la que mejor ha estado posicionada laboralmente. Tuvimos un 8% de crecimiento de trabajo registrado en el país y quedamos colocados como la primera provincia. Hay que ser sincero porque esas incorporaciones en la industria electrónica, textil y plástica obedecieron a que había trabajadores con factores de riesgo que no podían ir a trabajar y fueron reemplazados mediante contratos. Cuando volvamos a la normalidad, vacuna mediante, seguramente esos índices van a cambiar”, aventuró.
“Hubo una especie de verano económico por las restricciones, porque la gente no se podía volcar al dólar por las restricciones, tampoco viajar al exterior, y esos fondos fueron a parar a bienes suntuosos, como celulares y televisores. Esto permitió aumentar la producción y el trabajo. Tuvimos un logro importante con el acuerdo UOM-AFARTE en Río Grande, que volcó alrededor de 4 mil trabajadores y nos permitió mantener esas fuentes de trabajo. Si bien nuestro ministerio no tenía competencia, fue idea del gobernador involucrarnos. Una vez acordado esto, se lo enviamos al Ministerio de Trabajo de Nación”, recordó.
El ministro habló de una “relación excelente tanto con el Ministro de Trabajo de Nación como con el Secretario de Empleo y la Delegación local. Siempre estamos en contacto para dar soluciones en este tiempo de pandemia para que los trabajadores estén contenidos”.
Insistió en que “el sector comercial es el más golpeado, sobre todo el minorista, desde el almacén de barrio al taxista, el remisero, el cuentapropista, gasistas, electricistas, que son monotributistas. Debemos andar en tres mil empleadores en la provincia, desde una industria con mil trabajadores hasta un comercio minorista que puede ser un emprendimiento familiar. De ese total el comercio minorista es el 50%, porque en cada barrio hay un almacén, un taxista, un remisero, y son los que mantienen muchas fuentes laborales en la provincia. Muchos de ellos no estaban en el circuito financiero y fueron asistidos por el programa PROGRESO con subsidios. Los que tenían posibilidades, fueron asistidos por el banco de la provincia con tasas preferenciales y también por el banco Nación; también por los ATP nacionales”, apuntó.
Edificio propio
Consultado sobre la decisión de construir un edificio propio, indicó que cuando estuvo en la Legislatura al momento de tratarse el presupuesto “dije que esto no era una gestión propia sino que era un anhelo de los ministros anteriores, porque hay necesidad de que el edificio del Ministerio sea un ejemplo. La población ha crecido y también la conflictividad laboral. Tenemos dos juzgados laborales en Río Grande y otros dos en Ushuaia. El edificio de Río Grande fue remendado en todas las gestiones y hay una obra adherida que no deja de ser una gamela de Educación de los años ’80. Esto se suspendió por las irregularidades detectadas por el Ministerio de Obras Públicas y no hay perspectiva de que continúe. En la Legislatura comenté que necesitábamos una nueva delegación y nos dieron la posibilidad de incorporar un gasto de 200 millones de pesos para construir en un terreno ya prácticamente cedido por la Dirección Provincial de Puertos, en la zona del AGP. Ya está delimitado y falta la formalización”, dijo.
Trabajo en negro en Tolhuin
“Empezamos a hacer inspecciones sorpresivas en Tolhuin porque parece que los fines de semana está todo bien, pero durante la semana hemos encontrado situaciones penosas en aserraderos y zona de explotación de la turba, como trabajo en negro, trabajo infantil, trabajo adolescente. Hemos hablado con el intendente Daniel Harrington, con quien tenemos una excelente relación, porque estaba muy preocupado. Mucha gente llega del norte para la temporada y quedan varados en la ciudad. Luego recurren al municipio por alojamiento, alimentos o algún pasaje. Esto genera un problema social”, subrayó.
“El trabajo en negro genera inconvenientes primero para la persona, porque no tiene obra social, ni seguro, ni ART, ni salario digno, y luego es un problema para el Estado porque van al hospital público si se accidentan. El Estado no ha controlado en todo este tiempo y empezaron a aparecer estas cuestiones. Surgió la necesidad de tener una delegación en Tolhuin, porque hoy nos presta un espacio la Casa de Justicia pero necesitamos establecernos ahí. Para eso la Legislatura nos destinó 25 millones, pero cuando se sancionó la ley de presupuesto parecía que esa plata iba a salir de la Caja de Previsión. Eso se lo aclaré al presidente, a los jubilados, y el jueves había un compromiso de la Legislatura de modificar esto, así que cambió el artículo 30 y quedó saldado este error involuntario”, informó.
“Yo le envié una nota a la Ministra de Obras Públicas por los dos edificios, donde manifesté la disposición de gasto, los anteproyectos y me puse a disposición para los requerimientos. Todavía no he tenido respuesta del bien inmueble de Tolhuin, que se destinó a una guardería, y estamos a la espera de esta situación”, señaló.
Paritarias estatales
Por otra parte habló de las negociaciones con los gremios estatales. “Si sumamos toda la administración central, entes, policías y docentes rondan los 23 mil empleados. Cuando asumí no había contratados pero sí había cooperativas o se había tercerizado el servicio de limpieza. Quedaron los famosos planes PEL, que ya no se llaman más así. Algunos tenían hasta 15 años y más que un plan de entrenamiento laboral pasó a ser una asistencia social. El monto es ínfimo, de 4 mil pesos, pero en algunos casos tiene una carga horaria de tres o cuatro horas. También se puede suplir esa carga horaria para terminar estudios primarios, secundarios o terciarios. Eso se ha tergiversado y hay mucha gente que está porque seguramente desde la política o algún gremio les han dicho que es el paso previo para ingresar a la administración pública. A pesar de habérseles ofrecido mejoras salariales en otro trabajo, siguen firmes ahí. Son alrededor de 275 personas en toda la provincia, no son muchos, porque hemos ido restringiendo los ingresos”, manifestó.
“En el Ministerio de Trabajo tenemos el plan PROCEL, que queremos que se transforme en un plan provincial. El beneficiario se entrena por cuatro meses en el lugar de trabajo, la provincia aporta 7 mil pesos y el privado 8 mil más el seguro. Cumplen una carga horaria de cuatro horas diarias. Después de cuatro meses, el empleador lo puede registrar pero el Estado sigue aportando por ocho meses los 7 mil pesos. En este momento tenemos alrededor de 70 personas y antes de la finalización de los cuatro meses de entrenamiento laboral en Vinisa Fueguina ya registraron dos trabajadores. Nosotros no tenemos injerencia en la selección, porque cuando una empresa hace el pedido, enviamos cinco currículums y elige la empresa. Nos ha pasado que la empresa pidió otros cinco más y la decisión es de la empresa”, remarcó.
Críticas a la conducción de la OSEF
Romero fue crítico de la gestión de la obra social estatal, que no se ha resuelto desde el inicio. “Tenemos inconvenientes en la obra social y en la caja, por faltante de dinero y algunas normas que debieran aplicarse. En la OSEF, a 15 meses de iniciada la gestión, que es un 30% del mandato, no veo una definición clara de lo que vinimos a hacer”, fustigó.
“Yo no estuve en el armado de la coalición, ni estuve en la campaña. Voté a este gobierno por mi partido y el proyecto que había, me invitaron a participar cuatro días antes de asumir. En este proyecto político creo que estamos fallando en la OSEF. Yo pertenezco al MPF que forma parte de esta coalición y hemos contribuido al triunfo de este proyecto político, pero en la OSEF hemos fallado”, reiteró.
“Hablamos del problema de desabastecimiento tanto de la farmacia como de la óptica, y no se ha presentado ningún proyecto. Son cuestiones que se manejan desde lo administrativo hasta ahora. Es cierto que recibimos todos los institutos con deuda y en la medida que las arcas provinciales lo permitió se fueron cancelando. Yo no soy experto en salud, pero si la OSEF compra directamente un remedio a la droguería le sale 100 pesos, pero si derivan a la farmacia privada sale 200 pesos. Es una cuestión de sentido común y hay que abastecer la OSEF para que sea el aportador prioritario del afiliado. Además por cantidad se puede bajar más todavía el costo del medicamento. Llevamos 15 meses, conozco desde muy joven a la presidente actual, sé de su buena fe, pero también conozco a los paritarios de OSEF y son muy buena gente. Muchos de ellos seguramente nos votaron para que estemos acá y hay que escuchar esas críticas. Está faltando la acción política para convocar a esa gente y no quedarse con el discurso en los medios públicos, porque dependemos mucho de la gente que realmente trabaja”, enfatizó.
“El gobernador en su primer discurso habló de la defensa del trabajo como elemento dignificante del ser humano y dijo que tenía que volver el diálogo laboral en la provincia. También habló de paritarias libres y recomposición salarial, que se fueron dando, aunque la inflación no ayuda pero se está cumpliendo. El 5 de febrero con la Ministra de Educación, por segundo año consecutivo, abrimos la paritaria docente y con mucho orgullo, porque durante cuatro años no hubo paritarias. Hay puntos del gobierno que se están cumpliendo muy bien, y yo tengo que defenderlos a Melella y a Urquiza, pero algunos no entienden, no reciben a la gente, y hay que sacudirlos un poco para que empiecen a mejorar. Le estamos errando en la OSEF porque no es lo que vinimos a hacer”, cuestionó.
Consideró que “no hay que tener miedo a decir estas cosas porque otro elemento que tenemos como coalición es la libertad de expresión del dirigente sindical, del opositor, y también desde adentro. Yo voy a Ushuaia, Tolhuin y Río Grande todas las semanas y recepto las críticas de todos los sectores, de propios y extraños. Estas declaraciones parecen duras pero mucha gente de FORJA se ha comunicado conmigo diciendo que están de acuerdo. Es lo que queremos hacer: la defensa de esta gestión de gobierno. Venimos hablando en reuniones partidarias y les he explicado lo que estoy viendo, cada dos meses me reúno con la vicegobernadora y salen las cuestiones de la provincia”, dijo.
“Para mí el mejor momento de la obra social fue cuando la manejaban los trabajadores de la administración pública, en particular Atilio Aguirre, el ‘Chaco’ Almirón y del lado del gobierno ‘Chiquito’ Pacheco. Las cosas funcionaban. Nosotros queremos cambiar radicalmente la situación”, sentenció.
Buena comunicación
El ministro rescató la importancia de la comunicación con todos los gremios de parte de su cartera. “Hoy me pone contento que no hay ningún dirigente gremial que no tenga el teléfono del Ministro de Trabajo. No hay ninguno que haya pedido audiencia y no lo hayamos recibido, siempre estamos en contacto. El Ministerio está para defender al trabajador, no para asesorar a ninguna empresa. La mediación y la conciliación es una tarea muy importante”, valoró.
Finalmente se refirió a la situación de Ambassador donde hay “57 empleados, muchos están trabajando por un convenio con el grupo Newsan, y 7 no pueden ir por factores de riesgo. El resto que son unas 25 personas más están en la planta. No podría hablar de ocupación porque incluso lo dijo una decisión judicial. Ahora estamos en un impasse y eso lo maneja el Ministerio de Producción y el gobernador, nos hemos retirado por el momento hasta que sea solicitada una audiencia”, concluyó.
