El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luís Iglesias comparó el escenario actual de restricciones con el año pasado, cuando regía la ley que impedía aumentar alquileres y había ayuda del Estado nacional con los ATP. Ambos paliativos ya no están y se ven obligados desde este fin de semana a cerrar a las 18 horas. Se suma la “proliferación de la venta online, de comercios ilegales”, sin controles de parte del Estado, por lo cual pidió que “nos controlen a todos o no controlen a nadie”. Mostró preocupación porque “hay que pagar los sueldos pero si no vendemos no podemos afrontar la masa monetaria”, y expuso demoras en las tramitaciones ante el Ministerio de la Producción para acceder o renovar subsidios. También opinó sobre el pedido de la Bancaria de modificar el horario de atención al público, y consideró que no es momento para dar un debate de fondo sobre el tema.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, expuso las complicaciones que genera el nuevo DNU nacional, en un contexto de falta de liquidez, comercios endeudados, sin asistencia para salarios con los ATP y sin alquileres congelados como ocurría el año pasado.
Iglesias participó de la reunión el viernes pasado con el COE, cuando todavía no estaba publicado el decreto, donde fueron informados de “la disposición de cierre a las 18 horas. Nosotros no tenemos un buen antecedente por la relación entre población y casos de COVID, más fallecimientos”, dijo, si bien el año pasado era más compleja la situación epidemiológica.
“Estamos mejor que hace tres meses porque los casos de fallecidos mayores de 60 años han disminuido, pero la realidad indica que el virus se propaga con nuevas variantes de circulación importante que hace que los contagios sean más grandes. El COE tomó la determinación de que podamos trabajar hasta las 18 horas y restringir la circulación al mínimo, con la posibilidad de take-away y delivery. Estamos viendo cómo podemos transcurrir este lapso hasta el 30 de mayo en la mejor situación posible y contener la pandemia”, expresó a Radio Universidad 93.5.
“La atención es hasta las 18 horas pero luego de ese horario se pueden retirar pedidos, como es el caso de las rotiserías. Hay situaciones particulares de personas que tienen que trasladarse a Ushuaia a hacerse diálisis y necesitan un permiso, seguramente van a ser casos contemplados dentro de las excepciones. No tenemos clara la situación de las fábricas, porque si terminan a las 18 se supone que debe ingresar el grupo de desinfección. Esperamos una normativa clara y precisa”, manifestó.
Aclaró que “los protocolos de trabajo son los mismos pero la atención al público se reduce hasta las 18 horas”, con la diferencia de que esta vez no hay asistencia ni freno a los costos de los alquileres.
Cabe recordar que el secretario general del CEC Eusebio Barrios había dado cuenta de un aumento de la cantidad de afiliados y de empresas, pero no es la realidad del comercio: “Hay que ver en qué tipo de rubros pudo haber aumentado, porque si las fábricas empezaron a funcionar evidentemente tuvieron necesidad de tomar gente para limpieza. Por ahí los convenios son con nuevas empresas que toman nuevo personal. Si hablamos de los comercios, no tengo conocimiento de que hayan tomado personal, y tienen problemas para pagar los salarios”, aseguró.
Todos endeudados y sin asistencia
“La AFIP ha extendido la posibilidad de financiar deudas, pero se incrementa el endeudamiento. Si analizamos el 2019 y lo comparamos con 2021, el comercio en general ha aumentado en forma importante el nivel de endeudamiento y ha incrementado la cantidad de cuotas para afrontar la deuda impositiva y el 931 –aportes patronales-. La caída de facturación se ha tenido que compensar con endeudamiento y en moneda constante con respecto a abril de 2019 estamos en un 26% menos. Es lógico por el contexto de pandemia esta reducción”, observó.
Asimismo, cuestionó la “proliferación de la venta online, de comercios ilegales. Hay comercios que cambiaron de modalidad y uno ve los locales vacíos”, dado que están vendiendo desde su casa.
“Lo que tenía una rápida implementación que ahora no tenemos son los ATP, que se recibían de acuerdo a la nómina salarial. Los costos más grandes que tenemos son los salarios, los aportes y los alquileres. El año pasado hubo una ley que morigeraba los alquileres y esto influyó, pero en este momento no existe. Hay un aumento de alquileres y una obligatoriedad de pago”, subrayó.
Respecto de la ayuda del gobierno provincial, es acotada en cuanto a montos que cubren un mínimo porcentaje de la masa salarial y además “con el Ministerio de la Producción estamos viendo cómo se instrumenta la asistencia, la demanda de documentación, los controles de verificación, porque se hace un poco problemática la renovación de los pedidos”, sostuvo.
“Es importante que la persona que evalúe conteste en tiempo y forma, y toda comunicación en tiempos de pandemia se ve ralentizada. Lo que se hacía en dos días con papeles ahora tal vez demora quince días y aparte la documentación exigible es difícil tenerla prontamente y presentarla a los estudios contables. A veces funciona mal el correo o la persona encargada está aislada por contacto estrecho. Son todas situaciones que vivimos en la pandemia y hacen que las cosas que parecerían simples no lo sean tanto”, dijo.
“La rentabilidad se ve menguada y estamos tratando de sostener los puestos de trabajo. Hay que pagar los sueldos, pero si no vendemos no podemos afrontar la masa monetaria. Tomar un nuevo endeudamiento a las tasas que dan la nación o la provincia dentro de todo permite seguir estando, pero si caemos a tasas del 53% a los tres meses hay un problema serio porque la rentabilidad no lo soporta. Ningún negocio tiene la misma facturación que tenía hace dos años”, remarcó.
También hizo una observación sobre el comercio ilegal, que implica una competencia desleal y ante las exigencias que existen para los habilitados correctamente, pidió que “nos controlen a todos o que no controlen a nadie, si no, estamos en una anomia. En la emergencia en que estamos todos tratan de sobrevivir, alguno no de la mejor forma, pero hay necesidad de las familias y esto hay que tenerlo en cuenta”.
La herramienta bancaria
Por otra parte destacó el rol del Banco Tierra del Fuego como motor de la economía, aun alicaída. “En el caso del pago en tres cuotas, el costo lo tiene que absorber el comercio en general. El plan de 12 cuotas no lo tienen todos los comercios y es más o menos un 11,4% lo que tienen de recargo. El banco Tierra del Fuego tiene planes propios para la Tarjeta Fueguina, que ha sido una herramienta que hay que reconocer. Es el mejor producto que tenemos y está sirviendo para la emergencia contar con una herramienta financiera como es el banco propio”, valoró.
Cambio de horario bancario
Por último se lo consultó sobre la pretensión del gremio bancario de modificar el horario de atención al público, para que sea de 8 a 13 horas. “El proyecto está en la comisión 1 y han pedido que se expidan las cámaras. Hay distintos puntos de vista, para algunos parece que es mejor, otros plantean cuestiones técnicas. No creo que sea el mejor momento para tratar esto, porque los bancos atienden por turnos que se sacan online. No es la oportunidad más favorable para dar un debate a fondo. Hay que tener cuenta el invierno y no es lo mismo hacer cola a las 8 de la mañana que a las 10”, observó.
“Nosotros no estamos en contra pero tenemos nuestros reparos por determinadas situaciones. Hay muchas tareas que se pueden realizar en todos los horarios y no se necesita ir al banco, pero hay trámites que requieren la presencialidad. Como presidente de la cámara tengo la obligación de llevar la voz de todos los asociados y sería mejor esperar un tiempo para implementar un cambio de horario. Siempre los debates enriquecen y se conocen todas las problemáticas. La posición de los bancarios es respetable y me parece que tienen argumentos sólidos, pero también son respetables las opiniones de las otras cámaras, como la de Turismo. Los legisladores son los que tienen la responsabilidad de aprobar esto o no, tienen que escuchar a todos e imponer el criterio que sea más beneficioso para toda la sociedad”, concluyó.
