El ministro de Trabajo Marcelo Romero detalló la situación de los trabajadores de distintas empresas de la provincia que atraviesan por conflictos en el ámbito administrativo y judicial. Son alrededor de 700 en total, y equivalen al 1% de la población económica activa, con distinto grado de avance en las negociaciones e intimaciones de la cartera laboral para el pago de salarios. También expuso una característica en el sector privado en plena pandemia, y es la reactivación que se produce de forma inmediata a la flexibilización de medidas, con la incorporación de mano de obra sobre todo en las fábricas, y el efecto contrario de retroceso ante cada cierre. Aseguró que “la relación es directamente proporcional”.
Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre los distintos conflictos en fábricas de la provincia y el aumento de la conflictividad laboral en general, que se acrecienta con cada medida de restricción en la pandemia.
“Está habiendo conflictividad laboral en la provincia y algunos obedecen a factores externos a la pandemia. En Río Chico han despedido a tres trabajadores y, según dicen ellos, fue con justa causa. Estuvieron en una audiencia las partes el jueves y la empresa desistió de rever el despido, dado que los trabajadores iniciaron una demanda judicial. Declinaron la vía administrativa y no tiene sentido seguir en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Esta cuestión se va a dirimir en los estrados judiciales de Río Grande. Hubo algunas manifestaciones de solidaridad para con los trabajadores, fue en un marco de respeto y esto continuará en el ámbito laboral de la justicia”, dijo.
En el caso de Digital Fueguina, estimó que afecta a unos 300 trabajadores y todavía no hay solución. “Como saben ha cambiado de dueño y ya antes había conflictividad. Entre febrero y marzo pudimos llegar a un acuerdo entre las partes, porque los empleados se habían encontrado las persianas cerradas con el 50% del sueldo depositado antes de las vacaciones. Hubo varias audiencias, la empresa revió la situación pero parte de los acuerdos no fueron cumplidos. Se mantiene una situación de incertidumbre y la posición es muy rígida. Hay un compromiso de entregar productos de la empresa con un fasón con Newsan pero no se puede hacer porque los trabajadores están preservando su fuente de trabajo. Hay mucha angustia porque las familias tienen que atender cuestiones económicas. El gobierno de la provincia ha brindado contención aunque sabemos que no es suficiente”, expresó.
“Esto tiene una conflictividad del orden nacional que involucra al grupo Garbarino, que es la parte comercial o boca de expendio, donde hay cerca de 4 mil empleados en todo el país. A nosotros nos interesa la planta de Río Grande y el local comercial que está en el centro de la ciudad, donde no se han abonado los pagos. La empresa alude falta de liquidez y ha recurrido a entidades crediticias, entre ellas el Banco Tierra del Fuego. Ha manifestado la intención de cambiar el rubro y convertir en puntos de entrega a las bocas de expendio. La empresa no fabrica productos propios y en este momento les está fabricando Newsan mediante el fasón”, explicó.
Sin estadísticas propias
Consultado sobre las estadísticas del ministerio en materia de despidos, aclaró que no existen: “La provincia no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de empleados despedidos. Ese dato lo tiene el gobierno nacional a partir de la presentación del formulario 931, al que no tienen acceso las provincias. Esto lo hemos pedido para tener acceso a esa base de datos. Hay un compromiso de hacer gestiones ante la AFIP y nosotros nos manejamos con algunas estadísticas del gobierno nacional”.
Barajó que “la población económicamente activa ronda las 75 mil personas y un 40% responden a la administración pública provincial y municipal; y el resto es el sector privado. En porcentaje está creciendo cada vez más el empleo privado y esto es halagüeño, porque habla de la contención del gasto del sector público. Cuando iniciamos la gestión el índice de desocupación era del 12.4%, en plena pandemia llegamos a tener un 22%, pero igualmente Tierra del Fuego sigue siendo la provincia con mayor registro de trabajo privado. Se ha incrementado el trabajo privado a pesar de la pandemia y esto está dado en gran medida por el sector industrial, porque hubo una especie de verano económico, dado que ante la imposibilidad de comprar dólares, muchos se han inclinado a la compra de bienes suntuosos. Eso permitió a las empresas mantener la producción y en algún momento aumentar la planta contratada. Tuvimos un aumento del 8,6% interanual mientras en Misiones y Córdoba hubo entre un 0,8 y un 0,3% de trabajo registrado. Sin embargo hemos perdido alrededor de mil puestos de trabajo en el comercio minorista, que ha sido el más afectado, sobre todo si sumamos en turismo en Ushuaia”, manifestó.
Remarcó que “el crecimiento tiene que ver mucho con las restricciones sanitarias y estas últimas que se dieron volvieron para atrás el incipiente crecimiento que teníamos. No hay ninguna duda de que a medida de que las restricciones sanitarias se flexibilizan vuelve la actividad comercial, y el registro del trabajo privado. Es una relación directamente proporcional”, aseveró.
Australtex
También hizo referencia a la situación de Australtex. “Hace varias semanas que tenemos audiencias laborales, porque luego del incendio del 22 de abril tienen que volver a levantar la planta y la idea es contener a sus trabajadores; pero empezamos a tener conflictividad por el pago de salarios. En este caso se plantea la misma dificultad que con Digital Fueguina y varias empresas, por no tener radicadas en la provincia a gente con poder de decisión. Casi siempre hay que recurrir a ámbitos nacionales porque las audiencias quedan en suspenso hasta ver qué opinan los dueños. En el caso de Australtex el propietario no pudo venir a la provincia por cuestiones sanitarias pero participó en forma virtual. El resultado de la audiencia no fue favorable y fue un tanto ríspida. No hubo posibilidad de lograr un mejoramiento del pago a los trabajadores y el Ministerio intimó a pagar el 100% de los sueldos”, informó.
“Mientras no haya un acuerdo de reducción salarial acordado entre las partes y ratificado en el Ministerio de Trabajo de la provincia o la nación, rige la disposición legal de pago total del salario. Por eso intimamos a la empresa a que en cinco días hábiles realice el pago, que se cumple esta semana y luego habrá seguramente una audiencia laboral. Igualmente continuamos con charlas telefónicas en busca de un acuerdo que satisfaga a las partes. 230 empleados”, dijo
Ambassador
Respecto de esta planta las perspectivas no son nada buenas. “Las negociaciones llevan alrededor de 15 meses y las lleva adelante la Ministra de Producción. El gobernador también ha encabezado algunas charlas y el Estado provincial está asistiendo a los trabajadores, que han contratado un patrocinio letrado que está llevando adelante un juicio laboral en jurisdicción de CABA. Son 57 trabajadores involucrados”, recordó.
Entre todas las plantas con algún grado de conflicto, suman “alrededor de 700 trabajadores, que representan el 1% de la población económica activa”, señaló el ministro.
Sindicatos reconocidos
Por otra parte se le preguntó cuántos sindicatos hay reconocidos en el sector público, y aclaró que “por la ley 23551, de asociaciones sindicales, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación y el único que puede dar reconocimiento para participar en paritarias. En el sector público tienen reconocimiento ATE, UPCN y ATSA en el escalafón seco y húmedo; en el ámbito de la educación el SUTEF tiene representación única y además está AMET, que involucra a los docentes de las escuelas técnicas; luego está SADOP por el sector privado. En la paritaria docente tenemos a ATE y UPCN, en Vialidad está el gremio local con única participación, en el puerto hay tres gremios nacionales. Deben ser no más de 10 entidades sindicales en total y el Estado provincial no tiene facultad de reconocer entidades sindicales”, subrayó.
“Esta discusión se dio durante el gobierno de Fabiana Ríos, que creó un registro provincial rayano con la ilegalidad y fue derogado por la gestión de Bertone. El único que dice qué gremio está encuadrado para participar en paritarias es el Ministerio de Nación. La provincia deja actuar a quienes están encuadrados debidamente”, sostuvo.
“Por ejemplo en el caso de SIPROSA que nuclea a los profesionales de la salud, le falta acreditar las autoridades porque conformaron una comisión fundadora pero deben elegir autoridades. En la pandemia se prohibieron las asambleas y muchos gremios quedaron atrapados por esta situación. Nosotros hemos hablado con los Dres. Carmassi y Zapponi, que no tienen constituidas las autoridades y no lo pueden hacer por el momento. La Ministra de Salud y el gobernador hablan con ellos pero formalmente no participan de ninguna paritaria”, dijo.
En cuanto al sector privado, consideró que “debe haber entre 40 y 45 entidades gremiales participando. La UOM tiene una inmensa cantidad de trabajadores, lo mismo los gremios del sector plástico o del petróleo, o los empleados de comercio. En caso de conflicto buscamos soluciones para que los trabajadores puedan ser contenidos y hemos tenido una herramienta fundamental, que es la delegación del Ministerio de Nación a las provincias para hacer acuerdos de suspensión y reducción salarial, sin que pierdan la fuente de trabajo”, concluyó.
