El fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano R. Moreno Calderón, en busca de lograr que el proyecto que presentó en 2020 en la Legislatura fueguina no pierda estado parlamentario sin ser tratado, entrevistó al ex Viceanciller argentino Roberto García Moritán para saber su opinión y con ella tratar de seguir impulsando el debate en el seno del cuerpo deliberativo provincial fueguino.
Río Grande.- En una entrevista que le realizó al ex vice canciller Roberto García Moritán para hablar sobre el desastroso impacto que tendrá en la «Cuestión Malvinas» el que gracias a las gestiones de España y Francia el producto de la sobrepesca depredatoria ilegal en nuestras islas Malvinas comience nuevamente a ingresar en el Unión Europea con 0% de arancel, tal cual sucedía antes del Brexit, Luciano R. Moreno Calderón le consultó su opinión acerca del proyecto que el propio Calderón presentó en la Legislatura provincial fueguina el 7 de julio del 2020, “en el que propongo la creación por ley de un Comité de especialistas para realizar un estudio científico acerca del perjuicio continuado para nuestra provincia que significa la pesca ilegal en Malvinas, para determinar un monto preciso y denunciar supletoria y solidariamente, a todas las empresas extranjeras que capturaron recursos pesqueros en el área citada, por la explotación de los recursos naturales, y su impacto en todo el ecosistema de las islas y el Mar Argentino”.
-RGM:
Para estos temas estratégicos de enorme contenido geopolítico se necesita una enorme experiencia, ya Jorge Argüello me parecía una persona de poca formación para ejercer la situación pero por lo menos tenía una experiencia previa. Si la Argentina va a seguir manejando de esta forma, con nombramientos de naturaleza política un tema tan sensible para el interés nacional creo que vamos por mal camino.
Hay una sola institución capaz de hacer esa evaluación, que es el INIDEP. Es la única institución argentina que tiene solidez científica capaz de hacer una evaluación, porque el ecosistema del archipiélago es algo muy particular y dentro del INIDEP hay gente extraordinariamente capaz, con idoneidad y larga trayectoria en estos temas, y las evaluaciones que hace el INIDEP son de una calidad muy buena y muy respetada en el mundo entero. Y ese es el otro punto importante: en este tipo de cosas vos tenés que tener instituciones de evaluación que tengan el reconocimiento internacional de sus pares. De lo contrario, lo que produzca, puede tener cierta debilidad.
La idea me encanta, me parece bueno el ejercicio, pero tengo ciertas dudas desde el punto de vista táctico, porque si uno no tiene un resultado anterior de cuál va a ser el resultado análisis técnico, puede ser como un boomerang, ya que el estudio puede no ser favorable a lo propuesto. Antes de largar la idea, me gustaría saber si el resultado es el que nosotros queremos. Sin perjuicio de que quizás es bueno que exista un análisis de carácter permanente.
– ¿Podría ser un camino, el que los legisladores provinciales, en reunión de comisión hagan un pedido para convocar a profesionales del INIDEP, antes de crear la ley propuesta, para consultarle la factibilidad de esta propuesta por medio de la realización de un estudio, para por lo menos avanzar en el análisis de la propuesta?
Ese paso previo me parece sensato, y nos permite saber si, de acuerdo a la información que nosotros disponemos, existen elementos que nos permitan presumir que -la pesca ilegal- puede tener una incidencia negativa. Si la respuesta es sí, aunque sea un «si» débil, ya eso es una base suficiente para meternos. Pero si la respuesta es no, entonces hay que repensar la iniciativa.
Que Tierra del Fuego AeiAS tenga mayor incidencia y exija un montón de cuestiones me parece fantástico.
Acá hay otro elemento del que es importante que se tome nota: las islas contrató una consultora británica llamada MacAlister Elliott and Partners Limited (MEP), ¿Y qué dice MEP? En primer término, que hay sobrepesca. Segundo, que han otorgado licencias en exceso, siendo un ejemplo las 78 mil toneladas de calamar en la temporada del año pasado y una cifra similar esta. El informe resalta otra cosa más: que la política pesquera de las islas ha sido «desastrosa» para el ecosistema, y usa esa palabra, con lo cual, las incidencias medioambientales son enormes. Yo sé, por ejemplo, de la muerte monstruosa de pingüinos* que se alimentaban de los recursos de las aguas, y que con motivo de la sobrepesca se afectada su población.
– Una de las personas con las que conversé y apoyan la iniciativa, el Dr. Cesar Lerena,. que es especialista en el tema pesca en el Atlántico Sur, me comentaba que como todo es parte de una misma biomasa y es, como vos decís, un ambiente complejo es muy seguro que exista una vinculación, y que esa vinculación tenga más que ver con la cuestión de la biomasa y como afecta todo el ecosistema, aún más que tratar de determinar si alguien pesca mas allá o más acá de las 12 millas. Como la provincia tiene una regencia ambiental de esos territorios.
En materia ambiental pueden haber muchos más argumentos también, porque además, la base, puede ser el estudio MacAlister Elliott and Partners Limited (MEP) que creo que va a ser público en algún momento, que nos puede dar una pauta de la gravedad de la situación. Cuando esta consultora utiliza la palabra desastrosa en un informe, y lo hace público, pone en evidencia que acá hay una situación de una gravedad enorme. La palabra «desastrosa» no se usa así nomás. Hay mucho material para rascar porque la situación debe ser compleja, y muy preocupante.
El doble objeto de consultar al prestigioso y experimentado diplomático argentino sobre la iniciativa que presentara el 7 de julio de 2020 en la mesa de entrada de presidencia de la legislatura provincial fueguina, es que dicho proyecto, que tomó estado parlamentario gracias al Partido Verde el pasado 2020 como Asunto Nº379* e ingresara a la Comisión Nº7 de «Malvinas, Atlántico Sur y Antártida», fue, en principio, fomentar su debate y que no pierda el estado parlamentario por su falta de tratamiento en 2021. Otro motivo, no menos y quizás aún más importante, fue exponer un camino de acción al cuerpo deliberativo fueguino, que el propio ex vice canciller me había expresado en una de las charlas mantenidas con él sobre el tema.
Es importante destacar que con anterioridad, para mostrar la importancia de realizar una actividad denunciatoria como la propuesta, sobre todo por impulso del cuerpo político más representativo de la provincia, también le realicé entrevistas a otros especialistas sobre este mismo proyecto, los cuales no solo mostraron su apoyo sino también los fundamentos de ese aval desde diferentes aspectos, según su rama de especialización.
Para saber si era cuantificable el impacto, entrevisté al especialista en pesca, Malvinas y Atlántico Sur (con más de 20 libros escritos sobre el tema) Dr. Cesar Augusto Lerena, quien textualmente dijo que no solo «es absolutamente cuantificable a partir de informes oficiales británicos» sino que «una denuncia por la pesca ilegal en Malvinas es el peor escenario para el RU y los empresarios».
Para averiguar sobre la subsistencia jurídica de una denuncia fueguina al RU en este sentido, consulté al constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat*, quien dijo que «la denuncia fueguina al RU por la pesca ilegal en Malvinas es viable y totalmente perseguible en un tribunal internacional».
Al especialista en derechos Internacional y escritor de varios libros sobre la cuestión Malvinas, y magister en relaciones internacionales, Carlos A. Biangardi Delgado, le consulté sobre la conveniencia de la iniciativa y sostuvo que «de no comenzar a afectar intereses del RU la situación continuará en el mismo punto muerto», destacando la importancia que la iniciativa surja de un cuerpo político plural y representativo como lo es la legislatura provincial y no desde el ejecutivo, ya que esto «denotaría una política de Estado provincial, que se prolongaría mas allá de una administración determinada».
Teniendo presente todos estos elementos voy a solicitar a la legislatura provincial fueguina que en el marco de tratar el proyecto referenciado, se convoque a especialistas del INIDEP para que emitan un informe sobre (1) si existe un impacto económico negativo para la provincia el otorgamiento de ilegítimas licencias para llevar adelante la sobrepesca en Malvinas, y (2) si existe un impacto ecosistémico negativo producto de esa misma actividad en las islas actualmente bajo dominio colonial que pueda ser pecuniariamente cuantificado. Si la respuesta es afirmativa, esto debe de servir como fundamento y puntapié a la creación por ley del comité propuesto para realizar la pertinente demanda al RU y las empresas por cualquier daño causado a la provincia, producto de su depredatorio y criminal proceder colonial.
Hay que terminar con la política pseudo malvinera de realizar declaraciones altisonantes sin tomar medidas concretas, efectivas y consensuadas, que deterioren el posicionamiento británico actual, y que rompan con la endeble manera actual de actuar, solo consistente en repudiar mediáticamente para luego mantener los mismos modos y silencios que terminan consolidando una colonia en nuestro territorio, que, para quedarse, no escatima en recurrir a los más criminales métodos.
