El titular de la Clínica San Jorge se defendió de las acusaciones de un grupo de obras sociales sindicales que planteó en una solicitada “maniobras extorsivas”. Aseguró que se trata de “un problema político” y que los dirigentes sindicales no quieren que la gente vaya a la clínica, compare servicios y decida optar por una prepaga, como ya ocurrió con algunos empleados de fábricas. “Hubo casos de urgencias y los atendimos igual; en algunos casos se les pide depósito y, si no lo pagan se atiende igual, hemos tenido cesáreas de urgencia y no las hemos cobrado. Nunca ningún representante de la obra social se sentó a dialogar conmigo para llegar a un entendimiento”, dijo.
Río Grande.- El Dr. Clemente Vidal Oliver, abogado de OSECAC, la obra social de empleados de comercio y una de las firmantes de la solicitada en contra de la Clínica San Jorge, aseguró ayer por Radio Provincia que en otras obras sociales ocurre lo mismo y denunció maniobras extorsivas por el costo que pide el sanatorio, en comparación con el hospital. “Con el hospital público incendiado, encontramos diferencias y sobreprecios de la Clínica San Jorge y estimamos que no son los precios que deben cobrar. Creo que es específico con las obras sociales que no tienen contrato con la Clínica. Aparentemente tienen una contratación directa con cada obra social y no quiere trabajar con gerenciadoras. Nos encontramos en una situación de cuasi-monopolio, al menos hasta que comience a funcionar el hospital público”, dijo.
“Tuvimos el caso de una afiliada que necesitaba dos cirugías que se iban a hacer en el hospital, se la derivó a la Clínica San Jorge y la obra social tenía que pagar por lo menos seis veces de lo que cobraba el hospital público. Ofrecimos evacuar a esta señora en un avión sanitario a un centro de Buenos Aires, pero los médicos de la Clínica San Jorge dijeron que era imposible el traslado”, citó como ejemplo.
Informó que se están haciendo gestiones con el Ministerio de Salud para garantizar la atención, “porque los centros de salud son de atención primaria; pero si hay que internar a un paciente o requiere de un nivel de complejidad, aspiramos a que se los pueda trasladar a Río Grande o a otro centro en otra ciudad”.
“Además en la clínica hay que pagar por adelantado, y si lo multiplicamos por los afiliados que tenemos, de esta manera desfinanciamos toda la obra social. No es tan lineal pedir el pago por adelantado para después operar. Hay precios de referencia y está el nomenclador nacional de prestaciones. En general las obras sociales negocian sus prestaciones en base a eso. Cuando se negocia por cápita, se le paga una cantidad equis por cada afiliado a la gerenciadora, y la gerenciadora contrata”, explicó.
La réplica de Sánchez Posleman
El titular de la Clínica se defendió de las acusaciones por el mismo medio, y expuso que “Nativus es la gerenciadora que representa a estos gremios y no tiene un convenio firmado con el hospital, sino una lista de precios de 2018 que no fue actualizada. Además tiene una deuda bastante importante con el hospital público. Cuando sucedió el incendio tomamos la decisión de atender a todo el mundo, se atienden todas las urgencias y emergencias, sea la obra social que tenga”.
Respecto del caso citado, aclaró que “la familia hizo un recurso de amparo y nosotros hicimos un presupuesto de la práctica según los honorarios que manejan los médicos y los gastos sanatoriales, teniendo en cuenta lo que cuesta un día de terapia intensiva. La justicia intimó al pago en 48 horas a la obra social, pero no hicieron caso a la justicia. Pagaron lo que creían que tenían que pagar y nosotros operamos a la paciente igual. No me enriquecido absolutamente en nada. Al contrario, dimos la prestación y como ocurrió en este caso se dio con otras obras sociales. Hubo otros casos de urgencias y los atendimos igual. En algunos casos se les pide depósito y, si no lo pagan se atiende igual, hemos tenido cesáreas de urgencia y no las hemos cobrado. Nunca ningún representante de la obra social se sentó a dialogar conmigo para llegar a un entendimiento”, cuestionó.
“Ellos dicen que yo lucro, pero la gerenciadora cobra todos los meses y no le paga al hospital ni paga los servicios. El que lucra es el sindicato y Claudio Ponce, que recibe la plata todos los meses”, disparó.
Consultado sobre los motivos de fondo de esta solicitada, consideró que las obras sociales “se encuentran en una situación muy complicada porque quieren derivar a todos los pacientes, pero muchos no pueden ser derivados porque corren riesgo. Esta solicitada que no tiene firma es a modo de apriete, y es la conducta que tienen los sindicatos y Claudio Ponce. La nota tiene varios logos pero no sabemos quién la escribe”.
“Es un problema político. La UOM está haciendo su propio sanatorio, tiene su propio centro ambulatorio, OSECAC también, y no quieren que la gente vaya a la clínica para que no compare los servicios y la posibilidad de tratamiento que tiene en un lado y otro. Como la gente tiene posibilidad de elegir la obra social, tienen miedo de que los que puedan tener recursos o sueldos altos, como ha sucedido en las fábricas, se pasen a OSDE como ya ha ocurrido, porque no ven reflejados en servicios los aportes que hacen”, planteó.
“No tienen contacto conmigo hace años y no están dentro de nuestros clientes porque son malos pagadores –fustigó-. Si no me pueden pagar no tengo obligación de atenderlos y nadie puede decirme cuál debe ser el costo de mi servicio. Yo sé la tecnología que pongo al alcance de la gente y todo el desarrollo que hemos implementado en la clínica. Hoy no necesitamos ningún Lear Jet para evacuar gente de la provincia porque los podemos atender acá”, concluyó.