La diputada nacional del Frente de Todos, Mabel Caparrós, lamentó la publicación de un importante medio nacional que señalaba que se quiere sacar a los productores del Consejo Directivo del INTA. El proyecto de Caparrós y su par del FdT Alcira Figueroa pretende dar mayor poder al Estado en la ‘mesa chica’ del Instituto bajo una perspectiva de género, esto es que las mujeres también lo integren en forma proporcional; y a la par crear un consejo asesor donde no solo estén las grandes asociaciones y universidades -hoy dentro de la dirección- sino también a la agricultura familiar y cooperativas, que representan a más de dos millones de argentinos y, asimismo, con una mirada sobre la cuestión ambiental.
Río Grande.- La diputada nacional Mabel Caparrós explicó que “nosotros presentamos un proyecto de ley que es modificatorio del Decreto Ley 21.680 dictado en 1956; en el mundo y en el país han pasado muchas cosas desde esa época hasta al el momento y que han ido variando la mirada sobre la producción agropecuaria, la protección ambiental e inclusive en la cuestión de género”.
Todo esto en relación a la modificación que proyectan las diputadas nacionales Alcira Figueroa y la propia Mabel Caparrós, a la composición del Consejo Directivo del INTA.
Agregó la representante parlamentaria fueguina que “lo que nosotros estamos presentando es una propuesta de inclusión de otros actores muy importantes y no merecíamos esa nota en el diario; en todo caso nos hubiésemos podido reunir con todos estos representantes de las asociaciones rurales ‘grandes’ y haber conversado”, lamentó.
Aseguró que “nosotros no queremos excluir a nadie con la modificación del artículo sexto del Consejo Directivo, sino todo lo contrario. Es al revés: nosotros queremos incorporar lo que es agricultura familiar, la cuestión ambiental y la perspectiva de género dentro del Consejo Directivo. No pensamos una modificación como para excluirlas, lo que sucede es que estas asociaciones fueron incorporadas al INTA mediante DNU, a través de herramientas legislativas posteriores al mencionado Decreto Ley y quedaron allí siendo representantes. Ni siquiera decimos que porque estén presentes o sean una mayoría importante del sector privado -CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)-, el INTA funcione mal. Al contrario, el INTA funciona maravillosamente, es uno de los institutos más importantes que tiene la Nación, con presencia en todo el país, con investigadores prestigiosos; es decir, un ente fundamental de la Argentina en lo que hace a la economía, a la investigación, a la innovación y a la búsqueda de nuevas tecnologías para la producción”.
Sobre la nota entendió que “esto sucedió, se enojaron y nosotros no queremos excluir a nadie -insistió- sino todo lo contrario, queremos incluir a la agricultura familiar que es un componente muy importante en el esquema productivo, la cuestión ambiental y asimismo incluir una perspectiva de género en la conformación del Consejo Directivo del INTA”.
En este sentido observó la Diputada Nacional que “para no hacer un consejo directivo tan grande e inmanejable, pensamos en un consejo asesor donde estuvieran, ahí sí, las universidades, las cooperativas de productores, la asociación de productores; pero todo esto está sujeto a discusión, nosotros partimos de la idea de incorporar otras miradas dentro de lo que es el INTA y no perder miradas dentro de este organismo”.
Entendió que “esto de ir a salir a los medios nacionales me parece que es por un temor a perder espacios de poder y en realidad no queremos que pierdan espacios de poder porque además la producción agropecuaria es una de las más importantes que tiene la Argentina que nosotros debemos proteger, debemos cuidar porque hace mucho por la economía de la Nación”, valoró.
Sin embargo, “esto no amerita que no pueda modificarse ni que se pueda incorporar nuevos elementos que además quedarían legitimados por una ley y no por un simple DNU”, reparó Caparrós.
Por otra parte, y siempre ateniéndose a la versión periodística, “acá se habla de kirchnerismo, de Alberto Fernández y no tienen nada que ver. Nosotros como diputadas nacionales lo que observamos es que están faltando estas miradas dentro de lo que es el INTA y que creemos que es bueno incorporarlas”.
También Caparrós animó a tomar el desafío de debatirlo en las comisiones con todos los actores “y si se incorporan estos nuevos conceptos y colectivos, hasta les puede servir a los que están en el Consejo Directivo. Yo no tengo nada que decir sobre ellas y no voy a opinar. Simplemente presentamos un proyecto de ley para que estas asociaciones y universidades puedan ser incorporadas y que tengan voz para asesorar al Consejo Directivo”.
Caparrós desmiente que se le saque tierras al INTA
En otro orden, también la diputada fueguina desmintió categóricamente que el proyecto presentado quiera quitarle tierras al organismo. “No se nos ocurriría tocar al INTA, salvo para ampliar esta mirada que es adecuarla a los tiempos que corren, como por ejemplo incluir a la agricultura familiar, que es un conjunto de más de dos millones de productores que tengan voz y que puedan opinar dentro del Consejo Directivo a través de este consejo asesor”.
El proyecto de ley
ARTÍCULO 1. Modifíquese el Artículo 6° del Decreto-Ley 21.680, texto ordenado por Resolución 567/61, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 6º. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estará integrado por una (1) persona presidente, una (1) persona vicepresidente y seis (6) personas vocales: un (1) vocal en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; un vocal (1) en representación del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); un vocal (1) en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; un vocal (1) en representación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y dos (2) vocales en representación de las provincias.
Las personas presidente y vice-presidente serán designadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durán en sus cargos por cuatro (4) años, no pudiendo ser reelegidos. Su remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Las personas vocales durarán en sus cargos cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por una única vez. Su remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Directorio deberá conformarse con paridad de género, estableciéndose un cupo de 4 (cuatro) personas pertenecientes el género femenino y 4 (cuatro) personas pertenecientes al género masculino. La persona presidente y vice-presidente no podrán pertenecer al mismo género.
Las personas integrantes del Directorio deberán ser argentinas nativas o naturalizadas. Deberán poseer título universitario de carreras afines con una duración mínima de cuatro (4) años.
Quedan excluidas del Directorio:
- a) Aquellas personas que se encuentren comprendidas en los impedimentos de ingreso establecidos en la Ley Nacional 25.164 (Marco de Regulación del Empleo Público Nacional). b) Aquellas personas que se encuentren en situación de incompatibilidad y conflicto de interés previsto por la Ley Nacional 25.188 (Ética en el Ejercicio de la Función Pública). c) Aquellas personas que hayan sido denunciadas por violencia de género en virtud de la Ley Nacional 26.485 (Protección Integral a las Mujeres). d) Aquellas personas que hayan sido denunciadas por actos discriminatorios en virtud de la Ley Nacional 23.592 (Actos Discriminatorios).
El Directorio funcionará con un quórum de seis (6) miembros como mínimo, incluidos, las personas que ejercen las funciones de presidente y de vice-presidente. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes.
La persona presidente tendrá doble voto en caso de empate en una votación de sus integrantes. La persona vicepresidente integrará el Directorio en carácter de vocal, asumiendo las funciones de la persona presidente en caso de enfermedad, muerte, renuncia, ausencia, de vacancia del titular, con todas las atribuciones inherentes al cargo”.
ARTÍCULO 2. Incorpórese el Art. 6 bis al Decreto-Ley 21.680, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 6 bis. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estará asistido por un Consejo Asesor conformado por los siguientes representantes: dos (2) representantes de las Facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias o Ciencias Naturales de las Universidades Nacionales; un (1) representante de las cooperativas de productores; un (1) representante de las asociaciones de productores; y dos (2) representantes de las organizaciones de agricultores familiares”.
