La justicia dispuso un plazo de cinco días para el pago de más de 28 millones de pesos a los 40 trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman sus indemnizaciones. El abogado patrocinante, Mauricio Neubauer, observó que desde el inicio de la crisis en la empresa hubo una inacción del Estado para evitar el conflicto en puerta: el enfrentamiento entre trabajadores y cooperativistas que siguen en la planta, dado que de no efectivizarse el pago iniciarán el proceso de remate del edificio, con el consecuente desalojo. Todos los acreedores terminarían “cobrando migajas”, advirtió, por lo que propone una mesa con todas las partes, incluido el Estado. Afirmó que hace tiempo Audivic no solicitaba permisos de exportación ni de ingreso de insumos, sin reacción del Ministerio de Industria; hubo un acuerdo con la UOM para un preventivo de crisis que no se cumplió y no fue homologado ante el Ministerio de Trabajo, que tampoco intervino, y ahora surge la encrucijada. “Mi consejo a mis representados sería dejar que la empresa se reactive, que trabaje, y generar la posibilidad de un acuerdo de pago para que no termine de quebrar; pero obligatoriamente necesitamos una mesa seria de discusión”, sentenció.
Río Grande.- Mauricio Neubauer, representante de los trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman el pago de indemnizaciones, se refirió por Radio Universidad 93.5 a la ratificación de la Cámara de Apelaciones de la sentencia condenatoria contra la empresa, que implica además el pago de una suma superior a los 28 millones de pesos a los empleados. El fallo fue dictado hace un par de meses y “este martes nos notificaron que aprobaron la liquidación del proceso judicial total, así que estamos en instancia de ejecución. Lamentablemente durante los últimos meses del proceso judicial no tuvimos una participación activa de parte de la empresa, y es muy probable que la firma pretenda no hacerse cargo de las obligaciones que le corresponden y no acatar el fallo judicial. Esto obligaría a avanzar contra el inmueble”, señaló.
Con los responsables de la firma ausentes, podrían quedar enfrentados trabajadores contra trabajadores, dado que por un lado hay alrededor de 40 que ganaron el juicio y tienen todo el aval legal para ejecutar el pago o pedir el remate; y por otro se constituyó una cooperativa que sigue produciendo en la planta con el grupo que optó por no judicializar.
“Desde el principio del proceso, a mediados de 2018, dispusimos un embargo del edificio y ya notificamos la necesidad de que se cancele este monto en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de ejecución. Se trata de casi 40 empleados y la suma entre capital e intereses, dado que se debía pagar en marzo de 2018, está estimada en 28 millones 400 mil pesos. Es una empresa que nunca se dio de baja en AFIP; ha tenido presentaciones de concurso preventivo de crisis y quiebra, que están todavía en trámite; y también tienen deudas con AFIP. La familia Sonsino fue la última que se presentó en el expediente, pero hubo una posición compleja porque renunció el patrocinante de la firma y nunca lo reemplazaron. Terminamos litigando solos en el proceso”, aseguró.
“Es como que los dueños de la empresa se entregaron, entendiendo que iban a ser condenados, esperaron a que concluyan los plazos judiciales hasta llegar al día de hoy. Hoy la empresa está manejada por una cooperativa de trabajadores y nos hemos puesto a disposición con el grupo que realizó la demanda para comentarles cuál es la situación. No se han comunicado con nosotros y esperamos que lo hagan en las próximas horas, porque la idea no es ir contra el trabajo de nadie, sino garantizar que los trabajadores que representamos puedan percibir los montos que no se abonaron desde 2018”, sostuvo.
Indicó que “la empresa tenía un concurso previo pero los procesos no fueron cumplidos y hay una situación de incertidumbre con respecto a la firma. Sabemos que tienen una hipoteca, que tienen deudas con AFIP, además de varios embargos. Hay que dilucidar cómo se cierra esta situación, principalmente por los trabajadores de la cooperativa que hoy están en el edificio”, subrayó.
“La firma debe regularizar su situación, ya sea en el marco de un concurso o de una quiebra, pero debe satisfacer el derecho de los trabajadores a percibir su pronto pago. En el marco de un concurso o quiebra, los trabajadores tienen preferencia respecto de otros acreedores y eso estamos buscando, porque tenemos una sentencia firme, ratificada en segunda instancia y con una liquidación aprobada”, enfatizó.
Sin controles
Lo cierto es que a la inacción de la empresa, que abandonó la batalla judicial y no volvió a dar señales de vida, se sumó una sucesión de ausencias del Estado desde sus distintas áreas, para evitar que se llegara a esta encrucijada. “El derecho de los trabajadores representados por nuestro estudio tiene preferencia, y ahora veremos cuáles son los bienes a rematar, la posición de la empresa y de la cooperativa que está trabajando. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar con todas las partes, pero los que integran la firma tienen que presentarse y dar la cara. Desde el Ministerio de Industria extraoficialmente nos manifestaron que desde hace varios años no hay presentaciones de los representantes de la empresa ante el Ministerio. La persona que se presentó en su momento, Marcelo Sonsino, aparecía en los registros como propietario y tiene conocimiento de la sentencia firme y de la liquidación aprobada”, afirmó.
“Cuando tuvimos la sentencia de primera instancia le pasamos la documentación a la cooperativa, informamos que íbamos a apelar algunos ítems que no habían sido otorgados en primera instancia por la Dra. Cristiano, y nos pusimos a disposición para charlar. Ellos no se han comunicado y no conocemos el staff que está ocupando el inmueble, ni tampoco si puede haber algún tipo de acuerdo con los dueños de la empresa. Entendemos que es necesaria una mesa integrada por los dueños del edificio, la cooperativa y el grupo de trabajadores que representamos para ver la forma de cancelación de los montos”, insistió.
“No nos interesa dejar sin trabajo a nadie ni ir contra una cooperativa de trabajadores que está llevando el sustento a sus hogares, pero representamos a un grupo de trabajadores y la justicia en dos oportunidades les dio la razón y ordenó el pago de sumas considerables. En todo momento la gente de la cooperativa estuvo en conocimiento de este proceso y ahora estamos esperando que se contacten con nosotros”, dijo.
Gremio y Estado
Puntualmente sobre otros actores que deberían haber controlado o denunciado, el letrado mencionó que “hubo un presunto acuerdo con la UOM, porque la empresa había sido cooperativa hace varios años, intentó retomar como empresa y en ese marco firmaron un convenio con la UOM para un preventivo de crisis, por lo que quedaban habilitados a no abonar las cargas sociales y liquidar un salario menor al que cobraban los operarios. Cuando nos llega el caso, vimos que el convenio no estaba homologado y no cumplía con ninguna prerrogativa de la ley. Ni siquiera se había hecho la presentación ante el Ministerio de Trabajo”, cuestionó.
“No había denuncias del gremio, tampoco desde el área de Trabajo se había controlado la situación y esto conllevó a que se agrave”, dijo, sin excusas de desconocimiento dado que era de dominio público el conflicto en Audivic.
“En lo que respecta al Ministerio de Industria, entiendo que actúa a requerimiento de las empresas cuando exportan y en el ámbito de la comisión del área aduanera especial. Sabíamos que no habían hecho peticiones al Ministerio de Industria sobre producciones a exportar ni sobre insumos a traer”, manifestó, pero tampoco hubo una actitud proactiva de la dependencia estatal.
“No dar una solución real ante las crisis es lo que genera estos problemas. Tampoco tenemos mucho conocimiento de cómo fabrican los materiales desde la cooperativa que funciona en la planta, si tienen un fasón o no de otra firma, porque hay una responsabilidad solidaria en caso de intervenir otra firma. Esto lo único que hace es sostener una fuente de trabajo en un tiempo muy corto, y no termina de ser una fuente regular y genuina que dé solución a los trabajadores cooperativistas. Ante esta situación desregulada, con el paso del tiempo lo único que se consigue son sentencias que en definitiva van a terminar destruyendo la fuente de trabajo”, aseveró.
“En 2018 cuando se dejó la gente afuera y se cerró la fábrica, debió haber una intervención más severa”, remarcó sobre un hecho que no pasó desapercibido para nadie. “Se debieron analizar las deudas, la materia prima, los trabajadores disponibles, la posible absorción de otra empresa, porque hay una capacidad productiva que hoy está ociosa. La gente está trabajando sin la posibilidad de exportar. Si están produciendo, de alguna forma están comercializando esos bienes, y si esto se mantiene sin una regulación y un control adecuado del Ministerio de Industria y del Ministerio de Trabajo, es muy probable que en pocos meses pase lo mismo con esta o con otra firma”, anticipó, teniendo en cuenta que Ambassador se encuentra “en la misma situación”.
Además recordó el caso de IFSA, donde fue abogado también y logró que cobraran 140 trabajadores tras haber demandado también a BGH. “La gente de Audivic se contactó con nosotros tras ese fallo de IFSA, una empresa que desapareció de la provincia y tuvo que hacerse cargo BGH porque integraba el grupo económico. En este caso Audivic no está conformado como un grupo económico y, si no sentamos a todos los actores en la mesa para ver cómo resolvemos la situación de los trabajadores despedidos, de la cooperativa, de la deuda que tiene que abonar, en dos meses la noticia va a ser el inicio de un proceso de remate de la fábrica. No vamos a saber qué hacer con los cooperativistas ni con la gente que tiene que cobrar sus indemnizaciones. Este emprendimiento productivo hoy está agarrado con pinzas”, planteó el abogado.
Seguir produciendo para pagar
Habría voluntad de los demandantes de permitir que la fábrica siga produciendo para que pueda pagar las indemnizaciones. “Hoy hay créditos, situaciones de rescate y varias posturas que se pueden adoptar. El problema acá es no caer en la inacción, ni pensar que el tiempo lo va a solucionar. Si en cinco días la firma no abona los 28 millones de pesos, tenemos que iniciar un proceso de ejecución y de remate del inmueble. Yo no quiero generar temor en los cooperativistas que están trabajando adentro, pero es muy probable que cuando lleguemos al remate empiecen a aparecer todos los acreedores con preferencia. Estamos en un momento en que buscamos retomar la actividad productiva de la provincia y es un llamado de atención este proceso y el posible remate del edificio para que cobren migajas todos los que se encuentran involucrados. Por eso es importante una mesa seria para que los trabajadores puedan tener trabajo genuino, puedan volver a su tarea quienes están en la cooperativa y empezar a producir para pagar las indemnizaciones que se deben. Es la única forma de que esto llegue a buen puerto”, consideró.
“Mi consejo a mis representados sería dejar que la empresa se reactive, que trabaje y generar la posibilidad de un acuerdo de pago para que no termine de quebrar; pero obligatoriamente necesitamos una mesa seria de discusión con la cooperativa, los dueños de la empresa y el Ministerio de Industria, que debe tomar conocimiento de la situación. La intención es avanzar en una solución para todos los actores en este proceso”, concluyó.
