El Dr. Javier Da Fonseca, abogado de Luís Fernando Matic Chanceaulme, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones al ratificar el fallo de primera instancia que habilitó al peticionante a traer su familia de Chile. Afirmó que el decreto presidencial “en los hechos viola derechos y garantías constitucionales”, al impedir que la familia ingrese al país. Resaltó que la justicia le ha puesto un coto al avance del Ejecutivo y el demandante ya está en condiciones de reunirse con su esposa y sus hijos menores. Además opinó sobre la responsabilidad del presidente al violar la norma que él mismo dictó, con el festejo del cumpleaños de su esposa. Consideró que la Cámara de Diputados tiene que dar inicio al juicio político por mal desempeño del cargo e inhabilidad moral de Alberto Fernández, quien debería ser destituido, según su criterio. También avizoró una posibilidad de que el propio pueblo dicte su veredicto en las elecciones del 12 de septiembre.
Río Grande.- El abogado Javier Da Fonseca, representante legal de Luis Fernando Matic Chanceaulme, explicó por Radio Universidad 93.5 los alcances de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ratificó el fallo de primera instancia, habilitando al demandante a traer a su familia al país.
“Se trata de un ciudadano de nacionalidad chilena radicado formalmente en Río Grande, que se desempeña como administrador de una estancia. Tomó la decisión de mudarse de país y luego sucedió la cuarentena por el COVID-19. Un decreto del Poder Ejecutivo y una decisión administrativa del Jefe de Gabinete le impidieron traer a su familia de la república de Chile. Pidió por escrito una excepción a la Dirección Nacional de Migraciones, porque la decisión de Cafiero tenía excepciones, y nunca le contestaron”, relató de los antecedentes.
“Mi cliente, con mi patrocinio, recurrió en amparo al juez federal de Río Grande y obtuvimos una sentencia favorable que le dio 72 horas a la Dirección Nacional de Migraciones para que arbitre los medios para que ingresen su esposa y sus dos hijos. No lo hizo, apeló la sentencia, y el viernes pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de la jueza Borruto. Ahora el Poder Ejecutivo debe cumplir con la sentencia judicial, que ya está en condiciones de instrumentarse. Hicimos esta acción de amparo porque entendimos que había una violación al derecho constitucional de entrar y salir libremente del país. Este derecho se conserva para todos los habitantes de la Nación, sean argentinos o extranjeros”, subrayó.
“Pedimos que se decrete la inconstitucionalidad de la norma que dispone esto, pero tanto la jueza como la Cámara se remitieron a las excepciones a la norma, y no se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad, como yo pedía. Como abogado le di a la justicia la posibilidad de que decida cuál es la norma a aplicar, porque a la vez que pedí amparo, pedí habeas corpus. La ley de habeas corpus establece que la justicia debe hacer cesar cualquier restricción que disponga el Poder Ejecutivo a la libertad ambulatoria, y acá se trata de la libertad ambulatoria”, sostuvo.
“El cauce legal que utilizó tanto la jueza como la Cámara Federal de Apelaciones es la acción de amparo, pero en definitiva terminó dándonos la razón”, manifestó.
Luis Fernando Matic Chanceaulme tiene su esposa y dos hijos menores, una niña y un niño, que “están esperando hace mucho tiempo poder estar con su padre y que se termine de unificar la familia. Es un derecho constitucional velar por la familia y también fue conculcado por esa decisión. Lo que me parece importante resaltar es que el Poder Judicial, la jueza federal y luego la Cámara de Apelaciones, le han puesto un coto al avance del Poder Ejecutivo, con una decisión que en los hechos viola derechos y garantías constitucionales. Lamentablemente en los últimos tiempos tenemos a gente con responsabilidades políticas importantes que dice que este sistema no sirve más, que el gobierno a través de la división de poderes es un instrumento arcaico. Esta división de poderes no es una mera teoría, sino que tiene un sentido práctico, y es un sistema de gobierno que rompe con el absolutismo, con aquel que se cree dueño de todo. Acá hay una clara violación del Poder Ejecutivo que va en contra de la Constitución Nacional, que no tiene derecho a actuar como lo hizo. Está prohibido por las normas dictar ese tipo de decretos. El hecho de que sean parte del gobierno no los autoriza a violar la ley, y gracias a que hay un tribunal independiente esto se pone de manifiesto”, expresó.
Consideró que “este es un tema medular, no solamente un caso judicial, porque clarifica el estado de cosas que se están viviendo en la Argentina” y aseguró que la sentencia es definitiva porque “no creo que el Poder Ejecutivo vaya a la Corte Suprema por esto, que sería el siguiente paso. Ya está en condiciones de instrumentarse la sentencia porque ni siquiera el recurso extraordinario impide la ejecución de la medida que ya dispuso una jueza federal y el tribunal de apelaciones. Mi defendido ya puede traer a su familia, con todos los protocolos establecidos, pero ya está en condiciones de instrumentarse la sentencia. Si mañana alguien de la Dirección Nacional de Migraciones pone obstáculos para que la familia Matic pueda ingresar al territorio de la república, sería pasible de ser denunciado por desobediencia judicial”, advirtió.
Cumpleaños infeliz
Por otra parte se le pidió opinión sobre la causa que involucra al presidente Alberto Fernández, por violar la norma que él mismo dictó durante el festejo del cumpleaños de su esposa, en plena cuarentena. El presidente ofreció un descuento del 50% del sueldo para cubrir el delito cometido y Da Fonseca lo equiparó a una probation, que está prohibida para funcionarios públicos, convencido de que debe avanzar el juicio político. “Yo considero que el presidente ya está en condiciones de ser sometido a juicio político por inhabilidad moral y mal desempeño de su cargo. El presidente actúa como un vulgar abogado saca presos, cree que por una cuestión leguleya penal puede zafar de semejante responsabilidad. Esto demuestra que el presidente no está en condiciones de ejercer el cargo y que es imperativo que la oposición formalice el juicio político. El presidente nos está mintiendo y nos está destrozando como sociedad y como nación”, manifestó.
“Él dice que no es delito, o que en todo caso es un delito culposo, que no hay dolo y es un delito imprudente, lo que es una ridiculez. Se dice profesor de la UBA pero no ha dado siquiera un examen o un concurso. Yo creo que los demás profesores de la universidad deberían estar ofendidos porque este tipo de autoproclama profesor de la UBA y no es más que un profesor interino. Fernández tiene que ser ya acusado en la Cámara de Diputados por mal desempeño en el ejercicio del cargo, porque el hecho de violar la propia norma que él dictó y el artilugio que está poniendo de manifiesto para zafar de la causa penal, demuestran absolutamente la inhabilidad moral de este señor”, expuso.
“Es el peor presidente y creo que se lo puede comparar con Raúl Lastiri o con Héctor Cámpora. Es un hombre que se ha colocado prácticamente en la clandestinidad del ejercicio del cargo y es una vergüenza que nos represente como presidente de la República ante los ojos del mundo. Hay un fiscal que ya formuló un requerimiento de instrucción y produjo un dictamen donde se lo imputa claramente. No puedo aseverar qué va a hacer el juez y, si bien no es una probation, tiene todas las características de una probation la medida que él inició. La ley dice que la probation no es apta para funcionarios públicos. No sé qué hará el juez, pero este hombre actúa como un vulgar penalista saca presos, y en este caso trata de sacarse a él mismo de una situación incómoda”, dijo.
“Más allá de si hay o no números en el Senado para una eventual condena y destitución del presidente, la oposición tiene que acusar, y el pueblo tiene que saber apreciar quién es quién en el Congreso de la Nación. Aunque tenga una mayoría la fuerza política gobernante, el ciudadano tiene que ver que, si el juicio no prospera, es porque hay una mayoría que lo protege. Eso tiene que pesar a la hora de votar. Felizmente esto se produce en vísperas de las elecciones y creo que el mejor juicio político va a ser el 12 de septiembre, cuando el pueblo va a poder dictar su veredicto”, enfatizó.
Se le preguntó en qué situación quedan las 40 mil personas con causas federales por infringir la ley. “Ese es otro tema, porque si mañana el juez Casanello terminara sobreseyendo al presidente porque el decreto en base al cual se hace la imputación es inconstitucional, caería absolutamente todo el andamiaje puesto en marcha para procesar estos casos y todo el mundo tendría que ser sobreseído. Nos pondría de manifiesto que todo lo que se hizo estuvo mal hecho, no sólo del punto de vista jurídico y legal sino del punto de vista práctico”, señaló.
“Nos han encerrado durante un año y medio, han paralizado el país, han destruido su economía y se han multiplicado las muertes por COVID. Por donde se la mire es una pésima gestión. Cuando el gerente de una fábrica produce una pérdida enorme a la empresa, es despedido, y acá claramente tiene que haber un responsable. Este es el único país donde los que cometen las peores faltas no pagan sus errores, y los errores los tenemos que pagar el resto de los ciudadanos. Por eso creo que el 12 de septiembre es el día indicado para que la gente emita su veredicto. Realmente la situación a la que nos ha llevado la administración de los Fernández tiene que hacerse valer en las próximas elecciones. Es la manera de encontrar el sosiego que necesitamos como comunidad, porque nos han faltado el respeto, nos han humillado, nos han mentido y han quebrado nuestro pacto de confianza”, concluyó.
