El ex presidente de la DPOSS y presidente de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, informó que está analizando una presentación penal contra la dirección y el gobierno por incumplimiento del fallo judicial que obligó al saneamiento del vertido de cloacas en Ushuaia. Reconoció que la mitad de la ciudad está “en condiciones óptimas”, con la puesta en marcha de la planta de Bahía Golondrina, pero en la otra mitad hay vertido de cloaca cruda porque, “por falta de pago”, se paralizó la planta de Arroyo Grande, que tenía un 80% de avance. Para Worman no hay justificativo dado que la obra tenía respaldo de los bonos y además el gobierno está anunciando en forma permanente el envío de dinero para obras desde la gestión de Alberto Fernández. También fue crítico del “tarifazo de agua”, que calificó como “voraz”, con un incremento del 200% en lo que va de la gestión Melella.
Río Grande.- El presidente de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, ex presidente de la DPOSS en la gestión Bertone, adelantó por Radio Universidad 93.5 la presentación de una denuncia penal por incumplimiento de la sentencia judicial que obligó a resolver el vertido de aguas servidas sin tratar. Recordó que “cuando terminó la gestión de la gobernadora Bertone estaba terminada la planta Bahía Golondrina, ubicada en el ingreso del aeropuerto Malvinas Argentinas. La gestión del gobernador Gustavo Melella puso en marcha esa planta y está funcionando adecuadamente. Esa planta brinda el sistema de pre tratamiento para toda la zona ubicada desde el Monte Susana hasta la base naval Ushuaia. Ese sector es más del 50% de la ciudad y tiene un tratamiento adecuado. Eso ha generado una mejora notable sobre todo en la Bahía Encerrada. Ha mejorado notablemente la calidad del agua, a tal punto que han ingresado lobos marinos a nadar y jugar en la bahía”, indicó.
“Siendo objetivo, prácticamente la mitad de Ushuaia tiene un tratamiento óptimo, pero el problema está ubicado en la otra mitad. Desde la base naval Ushuaia hasta el ingreso de la ciudad hay otra planta, Arroyo Grande, que tenía un 75% de avance en la gestión Bertone. En mayo del año pasado llegó al 80% pero fue paralizada la obra porque dejaron de pagarle a la empresa”, afirmó.
“Las dos plantas se hicieron con licitación pública. Esta planta Arroyo Grande es igual a la que está construyendo en la margen sur la empresa Cóccaro Hermanos. La empezó a construir la empresa Dos Arroyos, pero teniendo un avance del 80% el gobierno discontinuó la cadena de pagos y la obra se paralizó. Todos los usuarios que generan aguas residuales en esa zona están conectados a las redes, porque se hizo una serie importante de troncales pero, como la planta no funciona, esos residuos terminan yendo a cuatro grandes caños: dos van al Arroyo Grande y están tirando cloacas crudas. Ahí hay una zona muy sensible, que es el estuario que se forma en la desembocadura del Arroyo Grande en el Canal de Beagle, y además hay vecinos, porque al lado de la central termoeléctrica hay un barrio. Los otros dos caños están al lado de una urbanización, que son dos barrios costeros y funcionan como by pass. Como la planta está paralizada el vertido sale crudo a las aguas del canal, a metros de las viviendas”, describió.
Consideró que “hay como una compulsión por anunciar obras en todos los barrios y están diciendo que van a tener agua y cloacas, lo que es una buena noticia, pero la preocupación es adónde van a ir las cloacas de estas obras nuevas que están anunciando. Hacer una obra aislada no soluciona la situación porque esto es un sistema integrado. Están anunciando obras sobre todo en barrios que están arriba de la planta paralizada, y lo que van a provocar es más volcado de cloaca cruda en las aguas del Canal de Beagle”, advirtió.
Apuntó que “con la prohibición de la salmonicultura, la dirigencia política provincial asumió un compromiso, le dijo no a la contaminación del Canal de Beagle, pero no solamente cuidamos nuestras aguas si no hay producción de salmónidos, sino que no las cuidamos si tiramos cloacas crudas. La coherencia pasa por tener una política ambiental integrada, que incluya particularmente el tratamiento de las aguas residuales, conocidas como aguas negras”, subrayó.
Fallo incumplido
Respecto de la sentencia incumplida, indicó que “en octubre de 2014 la ONG Participación Ciudadana logró un fallo favorable que no fue apelado y terminó condenado el gobierno provincial, la DPOSS y el Municipio de Ushuaia a sanear distintos lugares. En Ushuaia estaba como intendente el actual legislador Federico Sciurano y recayó sobre él la responsabilidad de sanear los turbales frente a Monte Gallinero, pero por sobre todo la Bahía Encerrada, porque el juzgado decidió dividir las responsabilidades”.
“El Gobierno, a través de la DPOSS, quedó obligado a realizar las nuevas obras, que era rehabilitar el viejo sistema sanitario de la ciudad que quedó abandonado, además de hacer nuevas obras. Ese fallo está vigente y es un delito el no cumplimiento. Por estas horas se está analizando hacer una presentación en el Ministerio Público del distrito sur, para poner en conocimiento de los fiscales que hay una sentencia firme que se había empezado a cumplir y que la obra está paralizada por incumplimiento de pago. Eso es información oficial, no una versión, porque durante el año se pidió información a la DPOSS, y respondió esto, que está documentado”, aseveró.
“Probablemente se hará una presentación en la fiscalía penal para que la justicia haga cumplir el fallo y, en caso de que no se cumpla, esperamos que penalmente persiga a los responsables del incumplimiento. La Municipalidad resolvió las responsabilidades que le tocaban en este fallo y no tiene la gestión del sistema sanitario de la ciudad. Eso le corresponde totalmente a la DPOSS y habrá que ver si la justicia entiende que la responsabilidad es exclusiva del presidente de la DPOSS, que es el ingeniero Cristian Pereyra, o si hay responsabilidad conjunta del gobierno provincial”, señaló.
“Entiendo que en este caso puntual, donde hay abandono de una obra que está en cabeza de la DPOSS, seguramente le pedirán explicaciones a la dirección y quizás se le pregunte a la autoridad ambiental de la provincia qué ha hecho en este tiempo con el volcamiento de cloacas crudas. A mí no me consta que el gobierno esté haciendo el monitoreo que se hizo en la gestión anterior, porque al menos semestralmente se tomaban muestras de calidad de agua y se difundían los valores, que permitían evaluar si las obras estaban dando resultado o no. Yo no he visto publicaciones de análisis de calidad de agua en la desembocadura de los arroyos. La provincia tiene un laboratorio de aguas y no he visto la difusión de estos dispositivos de control ambiental”, observó.
La presentación
La justicia destinó un perito, “y sé que está en conocimiento de esta situación y se está evaluando hacer una denuncia penal por incumplimiento de un fallo que está firme”, dijo Worman.
Más allá del posible accionar de oficio de la justicia, como presidente de Participación Ciudadana confirmó que “estamos evaluando cuál es la acción judicial, si vamos a ir primero a la Fiscalía de Estado o concretamente vamos a la fiscalía para que el juez investigue la responsabilidad penal de quien no está cumpliendo el fallo, porque esa planta debería haber estado terminada a finales de 2020. Esta gestión está tirando cloaca cruda, teniendo una planta para terminar”, fustigó.
Fondos suficientes
Asimismo, expuso que no hay excusas para no terminar la obra porque hay fondos de sobra. “La obra de la planta de Arroyo Grande, que está paralizada, tenía respaldo de los bonos que estaban depositados en el Banco Tierra del Fuego. Además el gobierno permanentemente está anunciando que la nación está enviando fondos para hacer obras en toda la provincia. Le dieron casi 800 millones de pesos para ampliar la planta potabilizadora nro. 4, y no sé por qué no están gestionando fondos para terminar esta obra, o usando los fondos de los bonos. Son explicaciones que le van a tener que dar al fiscal o al juez. Con la plata de los bonos sobran fondos para terminar esta planta y otras tantas obras más”, afirmó.
“El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez ha denunciado públicamente que las empresas han tenido que despedir gente porque la ministra Castillo promete que les van a pagar pero no les pagan. Es un problema generalizado que está teniendo esta gestión de falta de pago a las empresas constructoras, y eso genera desempleo en los trabajadores de la construcción, además tampoco mueven el mercado interno. Son empresas grandes, muy valiosas para la provincia, porque contratan mano de obra y generan empleo. Están perjudicando a empresas locales, que invierten en la provincia, y el Estado tiene la obligación de cuidarlas”, sostuvo.
Tarifa de agua
Por otra parte, cargó contra el “tarifazo de agua” de la gestión Melella. “Cuando esta gestión asumió, en Ushuaia hizo un aumento del 30%, después del 35%, y a los dos meses del último aumento metió un tarifazo histórico del 140%. En mayo aumentaron casi un 100% y ahora iban a aumentar el 40% más. Es una locura porque en un año y medio aumentaron el 200% la tarifa. Ahora que estamos a días de las PASO postergaron hasta diciembre la aplicación, pero no dijeron que no van a aplicar este 40%, que seguramente van a cobrar a partir de enero. La tarifa del agua se disparó no solamente para los comercios sino para los vecinos en general”, manifestó.
Cabe recordar que Alejandro Vernet informó a este medio que en su comercio pagaba una factura de 10 mil pesos y pasó a 48 mil. “Hace poco me trajeron el ejemplo de un estudio jurídico, que tiene un baño con un lavamanos y un inodoro solamente. Usan el lavamanos para sacar agua para el café o el mate, y el uso del inodoro es mínimo, además no tiene ducha, pero pagan por mes casi 4.500 pesos. Estoy hablando de un estudio jurídico chico, así que lo que dijo Alejandro Vernet es absolutamente cierto. La tarifa de agua de Ushuaia es voraz y en ningún lugar de la Argentina se cobra una tarifa como acá. Tampoco hay un incremento tan abrupto y violento como lo que sucedió desde marzo del año pasado hasta ahora”, concluyó.
