La legisladora del bloque UCR consideró que “la caja no tendría necesidad de recurrir al gobierno si le envían los fondos como corresponde” y afirmó que la deuda actual llega a los 500 millones, por la demora del envío de la recaudación de AREF, que pasa por el Ministerio de Economía previamente. La norma sancionada en la última sesión dispone que esos fondos sean girados directamente a la caja, y Martínez Allende espera que no sea vetada por el Ejecutivo. Otro proyecto aprobado donde corren rumores de veto se relaciona con el protocolo de actos públicos, si bien la legisladora aseveró que fue consensuado con Ceremonial de gobierno, participaron las áreas protocolares de distintos poderes públicos e incluso de las fuerzas de seguridad. Advirtió que, ante el acompañamiento unánime en este caso, puede ser insistida como ocurrió con el veto a los barbijos inclusivos. La semana próxima está prevista la presencia de los ministros de Finanzas Públicas y Jefatura de Gabinete, para dar inicio al debate del proyecto de presupuesto 2022. Serán consultados sobre la deuda de coparticipación con los municipios, dado que no hay reclamos, por lo que barajó que se normalizaron los giros o bien se debe a la campaña electoral encarada en conjunto. Se continúa con la discusión en comisión de la reforma del directorio de la OSEF presentada con el aval de 14 gremios. Para la legisladora el problema pasa por la falta de fondos, que demoran derivaciones, operaciones y compras de elementos que requieren los afiliados.
Río Grande.- La legisladora radical Liliana Martínez Allende dio a conocer por FM La Isla una deuda de 500 millones del gobierno de la provincia con la caja de previsión, que dio origen a la ley sancionada en la última sesión, para que directamente el porcentaje de Ingresos Brutos que recauda AREF sea girado a la institución, sin la intermediación actual del Ministerio de Economía. “Nosotros votamos un proyecto en la sesión anterior y le estamos pidiendo al Ejecutivo que los fondos de Ingresos Brutos que tienen que ir a la caja directamente, no vayan al Ministerio de Economía sino que directamente vayan a la caja. Sabemos que hay varios meses en que esos fondos no han ido a la caja y hay una deuda del Ejecutivo de cerca de 500 millones de pesos”, manifestó.
“Esperamos que no sea vetada, pero tenemos la posibilidad de insistir el veto. El gobierno debe enviar estos fondos adonde corresponde, sobre todo si estamos hablando de la seguridad social. No hay lugar para que haya un atraso de 500 millones de pesos. Es mucho dinero y, si bien el gobierno se hace cargo del pago de todas las jubilaciones y pensiones, es necesario que cada cosa esté en su lugar. El gobierno no necesitaría hacerse cargo de gastos que puede cubrir la caja con los fondos que tiene, si no se los retacean o no se quedan en el Ministerio de Economía, y la caja no tendría necesidad de recurrir al gobierno si le envían los fondos como corresponde”, sentenció.
Será uno de los temas a profundizar con el ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, quien “seguramente la semana que viene” va a ser invitado a la comisión de presupuesto junto con el ministro jefe de gabinete para dar inicio al debate del proyecto de presupuesto 2022. “Vamos a comenzar la discusión la semana que viene, luego de los festejos por el aniversario de Ushuaia. Vamos a analizar el presupuesto de cada área con mucha responsabilidad, porque hablamos de números muy grandes en todas las instituciones y eso preocupa. Por eso necesitamos antes que nada la visita del Ministro de Finanzas de la provincia. Todavía no está armado el cronograma pero seguramente va a ser el primero en ser citado junto con el ministro jefe de gabinete. Ellos hablarán sobre todos los temas y después iremos a lo particular. Primero tenemos que trabajar con ellos para ver su opinión y luego con cada sector, para ver lo ejecutado este año y lo que pretenden para el año próximo. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los ministerios, entes autárquicos, y con la justicia. Es un presupuesto muy grande y tenemos que ser muy responsables con el gasto”, subrayó.
Coparticipación olvidada
Otro tema de debate con el ministro será la deuda con los municipios, que aparentemente se habría evaporado: “Vamos a escuchar al Ministro de Economía cuando vaya a la Legislatura para ver en qué situación están los municipios. No ha habido ninguna queja y estimo que deben estar al día. Hace unos días sé que Mónica Urquiza, que estaba a cargo del Ejecutivo, firmó los decretos de definitivos para los municipios. Se ve que esa situación ha mejorado, no sé si están totalmente al día, y espero que esa sea la respuesta porque no hubo ninguna queja más. No sé si será porque se juntaron para la elección, y espero que no sea así, porque las instituciones hay que defenderlas en todo momento”, advirtió.
Consultada sobre la posibilidad de avanzar con una ley de goteo, en caso de no haber deuda, planteó que “nosotros no podemos desfinanciar al gobierno de la provincia y el goteo diario puede provocar eso, pero no lo descartamos. Nos manejamos con la prudencia del caso, viendo que a los municipios no les retaceen los fondos que les corresponden, sin desfinanciar al gobierno”.
OSEF sin fondos
Por otra parte continúan las reuniones de comisión para abordar la situación de la obra social estatal, ante la presentación de un proyecto de reforma de la composición del directorio por parte de sectores sindicales. El miércoles 6 está previsto un nuevo encuentro, dado que “los gremios presentaron un proyecto de modificación del directorio, para aumentar la representación de los activos y pasivos. Son 14 gremios y, por la pandemia, el presidente de la comisión 1, que es el legislador Greve, decidió hacer reuniones de a tres o cuatro gremios, para que tengan posibilidad de explayarse y participar todos. Si bien son seis los legisladores de la comisión, por lo general participan más que no la integran. Lo que más preocupa en el funcionamiento de la obra social es la falta de fondos, porque se ven resentidas las prestaciones que tiene que dar, demoran las derivaciones, las operaciones, la compra de elementos que son importados y no se consiguen o a veces no hay fondos. Hay muchos temas que tienen que ver con el funcionamiento y la falta de fondos”, señaló como eje del problema.
Actos públicos y pingüinos distraídos
La legisladora hizo mención a otra ley aprobada donde circulan rumores de veto, mediante la cual se estableció el protocolo para actos públicos, un tema que parecía poco trascendente hasta que se empezó a analizar en profundidad el impacto en la situación epidemiológica. “Esta es la segunda provincia que cuenta con esta ley y es importante, porque cuando uno va a los actos siempre hay conflicto. La idea era que esto se organizara mediante un proyecto de ley, que se aprobó por unanimidad. El proyecto contemplaba un trabajo sobre el escudo de la provincia y los atributos, pero eso lo desglosamos porque la creación del escudo fue por ley separada y tenemos que analizar esa ley. Tenemos la particularidad de que nuestro escudo tiene a los pingüinos mirando para afuera”, dijo, y es tal el mensaje a la sociedad fueguina de esa imagen que se volvió un dicho popular calificar como “pingüino del escudo” a todo aquel que se hace el distraído frente a la realidad.
“La idea es cambiarlo y vamos a trabajar específicamente en eso, por eso lo desglosamos del proyecto original. Se aprobó la parte relacionada con lo protocolar. Es obviamente un protocolo provincial y, si viniera el presidente de la nación, nos tendremos que regir por el protocolo nacional, que no está establecido por ley sino por decreto. Este proyecto fue muy trabajado con el protocolo de la justicia, el de los municipios, las fuerzas armadas y de seguridad, y con el gobierno de la provincia por supuesto. Todos participaron y lo estuvo revisando quien tiene a cargo el protocolo nacional, para darle el visto bueno. Creo que ha salido un buen proyecto y ojalá no se vete, para poder tenerlo en funcionamiento. Ya nos vetaron los barbijos inclusivos y a la sesión siguiente lo insistimos y salió con los 15 votos. Fue un error el veto porque fue consensuado con el Poder Ejecutivo. En este caso el protocolo también fue consensuado con el área de Ceremonial del Poder Ejecutivo, no nos mandamos solos, y yo particularmente le pedí a Andrea Barra, de Protocolo de gobierno, que consultara con el gobernador y no terminara en un veto. Entiendo que tiene el visto bueno de todos los sectores”, concluyó.
