El ex titular de la DPOSS en la gestión Bertone y director de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, aseguró que los funcionarios del gobierno pueden ser penalmente responsables por incumplir la sentencia de 2014, al haber paralizado los pagos de la planta Arroyo Grande, que está provocando el volcamiento de cloaca cruda del 30% de la ciudad de Ushuaia. La obra tiene los fondos garantizados y no hay justificativos más allá de una posición política de no pagar los contratos que se hicieron en gestiones anteriores, barajó. La planta tenía un avance del 80% pero los pagos se suspendieron en marzo del año pasado y la situación ya fue informada por el perito designado por el Poder Judicial.
Río Grande.- El ex presidente de la DPOSS, actual titular de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, volvió a criticar por Radio Universidad 93.5 la demora del gobierno provincial en finalizar la planta que dejó pendiente la gestión Bertone, para canalizar los efluentes cloacales de un 30% de la ciudad de Ushuaia.
Se trata de la planta Arroyo Grande, que “está paralizada y en marzo del año pasado tenía el 80% de avance de obra –dijo-. La actual gestión interrumpió la cadena de pagos y esa obra la ganó la empresa Dos Arroyos. Esa planta debe tratar el 30% de la producción cloacal de Ushuaia y ya tendría que estar terminada. Al no estar funcionando, las cloacas del sector Este, desde la base naval hasta el Olivia, se vuelcan en forma cruda”.
Como novedad, informó que “a finales de agosto el ingeniero Francisco Troilo, que es el perito designado por el Poder Judicial, informó al juez de la causa que la planta se paralizó y que la falta de puesta en marcha genera que se vuelquen las cloacas crudas. Esto fue informado al juzgado civil y comercial N°1 donde tramita la causa y ahora el juez va a tener que tomar una decisión. Ya hay una sentencia firme desde octubre de 2014 y las actuales autoridades provinciales la están incumpliendo”, dijo, si bien el incumplimiento abarca el final de la gestión de Fabiana Ríos y toda la gestión de Rosana Bertone, en la que Worman estuvo a cargo de la DPOSS.
“El Ministerio del Interior a través de Recursos Hídricos firmó convenios con la gobernadora Rosana Bertone, estuvieron desembolsando prácticamente hasta el final de la gestión, y la provincia aportaba una parte con los bonos. La ley 1.235 autorizó a colocar los dólares y se estableció que el excedente se debía reinyectar en las obras para blindar el financiamiento, en caso de que la nación se demorara con los envíos. La ley permitía usar los bonos provinciales para pagar la parte que la nación no aportara”, recordó.
Cabe mencionar que la ley 1.235 fue publicada en el boletín oficial el 23 de agosto de 2018, cuando todavía restaba un año y medio de la gestión Bertone y la de Worman al frente de la DPOSS. Por decreto emitido en enero de 2017 la ex gobernadora Bertone había promulgado la ley 1.142, que autorizó la toma de endeudamiento para obras, sin embargo los fondos se mantuvieron paralizados por años, habiendo una sentencia firme que marcaba estas obras de saneamiento como prioritarias.
El ex funcionario no explicó los motivos de la demora en la ejecución y pago durante su mandato, teniendo el financiamiento asegurado un año y medio antes de finalizar la gestión, pero cargó contra “el actual gobierno, que no tiene justificación para decir que no tiene fondos para pagar la obra, porque los fondos están depositados en el Banco Tierra del Fuego, y hay más de cien millones de dólares para afrontar esta y otras obras”, dijo.
“No hay derecho a contaminar en ningún lugar del mundo y Ushuaia es una ciudad turística. Es un agravante contaminar espacios y tirar de manera indiscriminada un volumen incontable de metros cúbicos de cloaca diarios. La salud de la población está por encima de cualquier otro derecho. Además hay un fallo firme y las autoridades tienen que cumplirlo”, sentenció.
Denuncia penal
Worman advirtió que “si en los próximos días el gobierno no toma una definición concreta con respecto a esta obra que fue paralizada, Participación Ciudadana va a pedir que se cumpla con el fallo judicial. El no cumplir con la sentencia es un delito de desacato y las autoridades provinciales están expuestas a recibir una denuncia por incumplir una sentencia firme. No es una contravención sino un delito que está tipificado en el código penal y tiene consecuencias mucho más graves que una multa”, aseveró.
Observó que “el gobierno anunció que llamó a licitación para ampliar la planta potabilizadora 4 de Ushuaia y que va a hacer una planta sanitaria con fondos nacionales en Río Grande. No puede aducir que no tiene financiamiento nacional para terminar la planta Arroyo Grande, y por otro lado está anunciando que va a hacer dos obras más grandes todavía con fondos del propio Estado nacional. Lo que se le debe a la empresa que hizo la planta Arroyo Grande es mucho menos, y entiendo que el titular de la DPOSS y la Ministra Gabriela Castillo van a tener que encontrar rápidamente una solución, o van a terminar rindiendo cuentas en el foro penal por violentar una sentencia que está firme desde octubre de 2014. Es una situación crítica que van a tener que resolver”, subrayó.
Una decisión política
Consultado sobre los motivos para no terminar esta obra, dijo que “llamativamente este gobierno está negándose a pagar obras que no adjudicó. Nunca sucedió algo así con gobiernos anteriores, porque Bertone terminó de pagar obras que comenzó a contratar Ríos, y Ríos hizo lo mismo con las obras del gobierno anterior. Este gobierno está pagando únicamente lo que contrata, es decir los arreglos que hace con las empresas en su gestión, y está incumpliendo en la gran mayoría de los casos los contratos que recibió de las gestiones anteriores, tanto de Ríos como de Bertone. Yo diría que es un tema político. Hay otro tema muy complicado, que tiene que ver con el criterio de administración de la obra pública en la gestión de la ministra Castillo. Estando la plata, hay funcionarios que cajonean los pagos, y llamativamente los que están cajoneados son los contratos que no hizo la actual gestión. A medida que pasa el tiempo empieza a tener tintes de una presunta irregularidad. Hay empresarios que manifiestan dificultades para cobrar en la actual gestión básicamente porque no firmaron los contratos con la gestión de obra pública que encabeza la ministra Castillo”, expuso.
Costo del agua
Por otra parte Worman cuestionó el aumento de la tarifa del agua y habló de una propuesta elevada a la Legislatura para congelar la tarifa. “Lo único que hizo el gobierno fue postergar el último tramo del aumento a enero, que llegaba al 200%, por lo tanto el aumento aplicado es del 140% y a partir de enero de 2022 se va a incrementar casi un 70% la tarifa. El costo del agua de Ushuaia y Tolhuin seguramente está entre los más altos de Argentina, donde los aumentos no llegaron a más del 60%”, concluyó.
