El senador de Juntos por el Cambio cargó contra el decreto de prórroga del subrégimen industrial por avasallar facultades garantizadas por la ley 19640 con la quita de beneficios impositivos a algunos sectores. Advirtió que un decreto no puede ir por sobre una ley, por lo que se esperan acciones judiciales. Cuestionó la discriminación hacia el sector textil, que está radicado en la provincia “antes que las electrónicas”, también la eliminación de la Cámara de Comercio y la representación de la Legislatura en la comisión del Área Aduanera Especial, y sobre todo el manejo de los fondos que aportarán las empresas, que queda en mano de las autoridades nacionales. Ni el gobierno ni los municipios tienen una opinión vinculante en la forma en que se decidirá invertir esa recaudación. Para el senador fue un anuncio político, al que no se invitó a ningún representante institucional que no comulgue con el Frente de Todos, y afirmó que muchos que acompañan al kirchnerismo no hubieran estado presentes de haber conocido la letra del decreto.
Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco hizo una primera evaluación por Radio Universidad 93.5 del decreto que finalmente se conoció pasada la medianoche del viernes y fue publicado en el boletín oficial del sábado, cinco días después del anuncio político en el que todo el arco político, empresario y sindical festejaba la prórroga del subrégimen industrial.
La letra chica trajo sorpresas y dejó atrapado a gobierno y municipios que aplaudieron de antemano un contenido que no conocían y que no se corresponde con el borrador presentado. “Yo recibí el decreto el viernes pasada la medianoche y hay algunas cosas que me preocupan”, dijo Blanco en una primera lectura.
“Es una prórroga por 15 años, con posibilidad de otros 15 años y por ese lado no me parece mal. Lo que sí me parece mal es la situación del sector textil, que está quedando afuera, y me preocupa la quita de algunos beneficios, sobre todo en automotores, motos, aeronaves y embarcaciones”, señaló.
“Hay una modificación del área aduanera especial que, si bien tenía una conformación bastante antigua, no veo con buenos ojos haber dejado afuera a la Cámara de Comercio y al Poder Legislativo. Me parece que aportaba la participación de esos dos sectores dentro de la comisión. La participación de los municipios no me parece mal, porque esencialmente las ciudades es donde están radicadas las industrias al amparo de la 19640”, opinó.
Por decreto se modifica una ley
En cuanto a los aspectos jurídicos del decreto, el senador cuestionó que se esté modificando la ley 19640, “con la quita de beneficios que nada tienen que ver con el subrégimen sino con la ley en su integridad. Esta quita de beneficios por decreto no corresponde y cualquier cambio de una ley se tiene que hacer por otra ley”, subrayó.
“Hay un artículo de la 19640, que es el nro. 32, por el cual autoriza al Poder Ejecutivo a hacer modificaciones con quita de beneficios por decreto, pero dice que esto puede ser solamente si contribuye a un mejor desenvolvimiento económico de la región. Bajo ningún punto de vista esto se está dando y la modificación con respecto a automóviles, motos o lanchas debería ser por ley, más cuando se trata de modificaciones impositivas. Esto está en el artículo 12 anexo II del decreto. Por lo que estuve averiguando con algunas concesionarias es un monto elevado, porque es valor FOB, y la quita de beneficios alcanzaría a vehículos de muy alta gama. Igualmente es un avance sobre beneficios que tiene la provincia y, si se deja sentado como precedente que se puede hacer por decreto, mañana puede salir otro que diga que se re impone el pago del IVA o cualquier impuesto nacional”, advirtió.
Competencia de la zona franca
Se le preguntó si con este recorte de beneficios Tierra del Fuego queda en desventaja con la recientemente inaugurada zona franca de Río Gallegos. “No tengo muy claro los beneficios que tienen en los automóviles en el caso de Santa Cruz. Tengo entendido que en algunos casos ellos tendrían mejores beneficios, por lo que me comentó un concesionario radicado en Tierra del Fuego. Para los automóviles son 35 mil dólares valor FOB y 5 mil dólares para las motos, a partir del cual quedan sin beneficio. No son los valores de venta al público sino de salida de fábrica. Para las motos es un monto bastante bajo y alcanza a gran cantidad de mediana gama. Por supuesto que aquellos que no tengan el beneficio de la ley van a estar en las mismas condiciones que el continente y les va a convenir comprar las unidades en el continente”, sentenció.
Desconocimiento del gobierno
Apagados los aplausos del lunes, se le preguntó si los festejos del gobierno provincial y de las municipalidades luego del anuncio político hubieran sido tales de haberse conocido el contenido de lo que estaban celebrando. “Yo hice las consultas y hasta el viernes desde el gobierno no tenían conocimiento de la letra chica porque el decreto no había sido publicado. Esto hay que analizarlo con detenimiento, punto por punto, para hablar con mayor propiedad, pero estas son las primeras cosas que saltan a la vista. El manejo del fondo compuesto por el 15% del aporte de las empresas, si es que quieren seguir gozando de beneficios impositivos, se va a realizar de acuerdo a lo que decida la nación, por lo tanto se avanza sobre el federalismo que tanto dicen defender. La opinión de los cinco representantes de sectores de la provincia es a título enunciativo porque ninguna es vinculante y en definitiva se va a hacer lo que decidan las autoridades nacionales o el presidente de la nación que va a poner a sus representantes”, sostuvo.
“Nosotros vamos a sentar una posición y desde ya no corresponde que por decreto modifiquen prerrogativas de la ley. Esto no beneficia a la actividad comercial y seguramente habrá más opiniones luego de un análisis profundo. Además haber dejado afuera al sector textil tiene una implicancia directa sobre la mano de obra y es un sector viene trabajando desde el inicio, incluso antes de las electrónicas”, remarcó.
“La ley 19640 no estaba en discusión, y esto fue como dar algo pero quitar otra cosa. Con esto se están modificando los beneficios de la 19640 más allá del sector industrial, porque al ciudadano común se le están cambiando las reglas de juego. Eso no estaba en discusión. Seguramente habrá presentaciones judiciales para que no avance este avasallamiento, porque por decreto no se puede modificar una ley, y menos en temas impositivos. Eso está terminantemente prohibido por la Constitución”, enfatizó Blanco.
“El decreto debió salir el mismo lunes, cuando todos estuvieron festejando la prórroga. Ahora quienes participaron deberán dar las explicaciones sobre estos temas, porque no hubo ninguna invitación a ningún sector con pensamiento distinto del Frente de Todos. Solamente participaron los que adhieren al Frente de Todos, y no hubo invitación ni a senadores ni a diputados nacionales de otro espacio, ni a los legisladores de otro espacio. A algunos los invitó la provincia, a otros el Estado nacional y a otros los municipios. Evidentemente fue un acto político en el marco de la campaña y ni siquiera sabían qué se había anunciado, porque algunos hablaban de una prórroga de 15 años, otros de 30, de 50, y no conocían la letra chica del decreto. Ahora que se conoce, estoy seguro de que muchos de los que participaron no están conformes con lo que salió”, concluyó.
