El contador Ramón Gallardo, integrante de la comisión pymes de la Unión Industrial Argentina, expuso la preocupación por las implicancias de los dos decretos vinculados con la prórroga del subrégimen industrial y la creación del fondo con aporte de las empresas radicadas. Advirtió que “vamos camino a la pérdida de beneficios” y expresamente se va a asistir a las empresas que no requieran de ningún tipo de exenciones. Ya las textiles están en riesgo, se eliminaron las exenciones para automóviles de alta gama y motos de media, y se suma la competencia de la zona franca de Río Gallegos, por lo que pronto “estaremos comprando allí los automóviles”. Las empresas radicadas están obligadas a adherir para mantener los beneficios y, si bien hay un plazo de seis meses, el 15% de aporte comienza a correr con el año fiscal siguiente, por lo cual si adhieren en marzo, deberán pagar en forma retroactiva a enero, dijo. Habló de “zonas grises”, como la situación de las empresas que exportan al continente productos con materia prima fueguina y agregado extra zona y hasta ahora gozaban de los mismos beneficios impositivos, y también la situación de las recicladoras que, según su criterio, no deberían aportar ni adherir.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la comisión pymes de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Cámara de la Madera, analizó por Radio Universidad 93.5 los decretos vinculados con la prórroga del subrégimen industrial y la creación del fondo con aportes de las empresas radicadas, y expresó preocupación por el recorte de beneficios.
“Hay situaciones no resueltas en el decreto y otras que asustan, porque dicen que van a tener que sacar resoluciones aclaratorias. Para el caso de las textiles, directamente dice que la vigencia de los beneficios llega hasta el 31 de diciembre de 2023 y después dice que será la autoridad de aplicación la que verá si prorroga o no determinados productos plurianualmente. Las empresas radicadas tienen un plazo de seis meses para adherir, y quien adhiera va a tener la prórroga por 15 años hasta el 31 de diciembre de 2038. Dos años antes, aquellos que hayan cumplido con el aporte al fondo, podrán pedir la prórroga por 15 años más. El fondo se crea con el aporte del 15% de la alícuota del IVA, pero las empresas podrán destinar hasta el 40% de ese monto a proyectos productivos propios y mejora de su competitividad. Por el decreto 725 se creó el fondo de ampliación de la matriz productiva fueguina, y va a estar dirigido por un comité integrado por tres directores. Va a tener un consejo asesor de cinco integrantes, pero sus decisiones no son vinculantes. A los que deciden los elige el Poder Ejecutivo Nacional”, subrayó.
“Se crea la figura del fideicomiso, donde el fiduciante es el Estado nacional y el fiduciario va a administrar una parte de ese fondo con el 15% de lo que facturan de IVA las empresas. Del total, el 60% va a estar destinado a la ampliación de la matriz productiva de la provincia y va a estar manejado por estas tres personas elegidas por el Ejecutivo nacional. Los cinco integrantes del consejo asesor son el gobierno, las municipalidades de Ushuaia y Río Grande, un representante de la UIA y uno de la UOM”, mencionó, si bien en este caso no tendrán poder de decisión.
Recorte de beneficios
El contador advirtió que “vamos al camino de quedarnos sin beneficios. El artículo 12 habla de la comercialización de automóviles y les quitan todos los beneficios de IVA, impuestos internos y aranceles internos, superado determinado valor. El anexo II menciona automóviles, motocicletas, embarcaciones, aviones. Si no sale una aclaración no tendría sentido tener afectados los vehículos tres años o cinco años –para los importados-, porque no van a tener beneficios”, sostuvo.
Barajó que “esto puede tener una cierta relación con la inauguración de la zona franca de Río Gallegos, porque vamos a estar en las mismas condiciones que en Buenos Aires. Uno puede comprar un auto en Río Gallegos, tenerlo un plazo afectado a la provincia y después llevárselo”.
“Cabe aclarar que en el artículo 4° se exceptúa de aporte obligatorio del 15% a la fabricación de autopartes cuyo destino final sea la exportación a terceros países. Además existe un reintegro adicional para las exportaciones a terceros países, equivalente al 5% del valor FOB, con excepción de las que tengan una nomenclatura común con el Mercosur. También es importante decir que las empresas que adhieran a la prórroga tienen la obligación de empezar a aportar a partir de enero de 2022. Si bien tienen seis meses, si adhieren en marzo van a tener que hacer el aporte retroactivo del 15%, es decir que durante todo 2022 ya se va a empezar a recaudar por este concepto. Para adherir van a tener que hacer una renuncia expresa a todo reclamo administrativo y judicial contra el gobierno nacional y provincial”, aseguró.
Comisión del área aduanera especial
En cuanto al cambio en la conformación de la comisión del área aduanera, reconoció que “estaba desactualizada la composición, porque había representantes de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Prefectura”, sin embargo no estuvo de acuerdo con la eliminación de algunos representantes. “Ahora son siete y antes desde la Cámara de la Madera estábamos autorizados a participar con voz pero sin voto, lo mismo los comerciantes. Ahora están las municipalidades, el gobierno provincial, la UOM, la AFIP, el Ministerio de Producción, la UIF. El banco nación tenía representante, la cámara de comercio también, y ya no están”, dijo.
Aclaró que “son dos los decretos, el 727 que habla de la prórroga y el 725 que habla del fideicomiso. Kulfas habló de una recaudación de 15 mil millones anuales pero las empresas tienen que adherir y el plazo vence en abril del año próximo, además de allanarse a no reclamar nada respecto de los beneficios que tenían. Si no se allanan vencen los beneficios el 31 de diciembre de 2023. Hasta esa fecha las electrónicas pueden presentar nuevos proyectos, pero siempre que se trate de bienes que no estén fabricándose ni en Tierra del Fuego ni en el continente. Hay situaciones que quedaron en una zona gris, porque nosotros teníamos la resolución 418 de la Secretaría de Industria de Nación, que había dado iguales beneficios a la explotación de recursos naturales. Este decreto de prórroga menciona muy por arriba el tema de recursos naturales y sí los menciona el decreto 725 que crea el fondo y destina el 60% a préstamos no reembolsables, compra de acciones de proyectos innovadores. Habla del petróleo, los recursos naturales, la ganadería, la pesca, el agua. El 40% restante va a ser destinado a infraestructura y Tierra del Fuego debería estar apuntando al puerto. Si hablamos de diez mil millones anuales, cuatro mil millones serían para infraestructura, caminos, puentes, logística. Ya que tanto reclamamos el puerto para Río Grande ahora ya no habría excusas porque los fondos van a estar”, planteó.
“Debería clarificarse la situación de determinadas empresas que son colaterales a un proyecto industrial, como las recicladoras. Hay empresas que tienen un proyecto radicado hace tiempo, presentan un proceso productivo, una acreditación de origen, y sacan su producto. Están reciclando insumos de las fábricas y, como esos insumos están bajo los beneficios de la ley, se les da el beneficio como si fueran originarios de la provincia. Eso no está claro cómo queda y no se sabe si también van a tener que aportar el 15% a este fondo o de lo contrario van a perder los beneficios”, observó.
Posible fuga de empresas
Se le preguntó si, con menos ventajas comparativas y la obligación de ceder buena parte de la rentabilidad, hay riesgo de que las empresas radicadas decidan irse de la provincia. “Ya las textiles estarían en riesgo –alertó-. Los beneficios que tienen los ciudadanos de Tierra del Fuego son intocables porque los establece una ley, que es la 19640. Sin embargo los autos a partir de 35 mil dólares de valor FOB y las motos a partir de los 5 mil dólares, pierden los beneficios. Esperemos que no suceda, pero creo que en pocos años vamos a estar comprando los autos en Río Gallegos”.
“Cuando hablan de la ampliación de la matriz productiva con el decreto 725, en un párrafo dice que pueden dar préstamos no reintegrables, asistencia para capital de trabajo, la posibilidad de participar en los nuevos proyectos, que tiene que aprobar el comité, pero la prioridad va a ser para aquellos que se sustenten sin ningún tipo de beneficio o exenciones, es decir que tienen que estar en igualdad de condiciones que el continente. Se está creando un fondo que va a apoyar todo aquello que no requiera de ninguna exención”, enfatizó.
“Seguramente en los próximos días va a estar sobre el tapete la logística, porque el costo de vida está ligado al transporte, y esperemos que con este 40% destinado a infraestructura de una vez por todas se haga el bendito puerto que hace rato estamos solicitando”, insistió el contador.
“Yo veo que hay puntos oscuros, me gustaría ver qué pasa con las recicladoras, qué pasa con el agregado de valor a recursos naturales con material extra zona que gozaba de beneficios impositivos, y todo lo que no es industrial. Seguramente en el caso de las textiles hubo presiones de distinto tipo”, expresó ante rumores de lobby empresario en el continente para que no fueran incluidas en la prórroga.
Proyectos aprobados sin iniciar
Por otra parte se le preguntó qué va a ocurrir con las empresas que tenían proyectos productivos aprobados pero no los habían iniciado, y aparentemente quedarían fuera de los beneficios. “Las condiciones son claras y hablan de proyectos vigentes, que no hayan sido dados de baja por Nación, y la segunda condición es que ya hayan iniciado actividades. Esto significa que el proyecto que nunca inició la actividad ya cayó con este decreto. Ahora hay que ver qué pasa con el que inició actividades y por distintos motivos cerró, está concursado o declaró la quiebra pero a lo mejor estuvo mucho tiempo trabajando. Estimo que van a poder adherir a este fondo que les va a sacar el 15% del IVA, pero tendrá que resolver sus problemas. Si una empresa ya está golpeada, estuvo cerrada o debe salarios, perfectamente se podría pelear con AFIP que exista un plan especial para reactivarla. Es muy fácil decirles que se pongan al día e inicien las actividades, pero si no les dan una posibilidad no van a poder hacerlo. Las empresas en quiebra están contempladas, pero el tema es cómo hacen para adherirse si no tienen los fondos”, manifestó.
Visión centralista
Gallardo volvió sobre los que tendrán poder de decisión, cuando se esperaba otro protagonismo de la provincia. “Los que tienen voz y voto son los tres representantes que designa el Ejecutivo. Ellos van a administrar este fondo conformado por el aporte del 15% y podrán poner el dinero a plazo fijo, analizarán los proyectos de ampliación de la matriz productiva y le van a dar prioridad a los que no necesiten de un apoyo del Estado. El fondo lo va a manejar el fideicomiso con este comité ejecutivo de tres directores. El cuerpo de asesores. donde está el gobierno y las municipalidades, entre otros, puede tomar decisiones o emitir dictámenes, pero no son vinculantes, es decir que no van a ser de cumplimiento obligatorio”, señaló.
En el caso de la producción de alimentos, dado que uno de los objetivos de la provincia y los municipios es la soberanía alimentaria, advirtió que “va a depender del origen de la materia prima, y va a tener que ser genuino de la isla, porque si se trae del continente no va a tener los beneficios”.
“Dentro de todo fue prorrogado el subrégimen, que es fundamental. Esto salió recién y ahora habrá que analizar los decretos con mayor profundidad para resolver todas las incógnitas que se plantean, y también habrá que ver si la provincia va a poder participar en la administración del fondo, al menos en la parte destinada a infraestructura del gobierno y los municipios”, apuntó.
Agregados extra zona y recicladoras
Finalmente expresó que no queda claro qué va a ocurrir con los beneficios a las empresas que, por ejemplo, exportaban muebles al continente con materia prima de la isla y un agregado de insumos extra zona, como los herrajes. “El decreto es una norma superior a la resolución de la Secretaría de Industria que salió en la época de Macri. Hoy se están exportando puertas de lenga, el agua de Tolhuin, las mantas para las turbas. La resolución permitía un agregado de hasta el 50% de productos extra zona y le daba los mismos beneficios de la electrónica. No queda claro en qué situación quedan esas empresas, porque el decreto habla de proyectos industriales a nivel nacional y esto no tiene proyecto productivo aprobado, sino que se generaron como consecuencia de esta resolución. Si bien la resolución no tiene fecha de vigencia, no sabemos dónde quedó este sector, si van a poder adherir o si se les van a quitar los beneficios después del 2023”, se preguntó.
Planteó la necesidad de distinguir entre los bienes que son “Producidos en el Área Aduanera Especial” y otros que son “Íntegramente Producidos en el Área Aduanera Especial”, porque “para gozar de los beneficios impositivos los bienes que son ‘Producidos en el Área Aduanera Especial’ requieren de un proyecto productivo que debe contar con la expresa autorización por parte de la autoridad competente. En cambio los que son ‘Íntegramente Producidos en el Área Aduanera Especial’ son los que provienen de los recursos originarios de la provincia, como la pesca, la madera, la turba, el petróleo, el gas, y en este caso NO requieren de un proyecto para la obtención de los beneficios impositivos”.
“En el artículo 22 de la ley 19640 dice que se considerarán ‘Producidos íntegramente en el área franca o en el área aduanera especial’ a las mercaderías que hubieran sido ‘extraídas’, para productos minerales; ‘cosechadas o recolectadas’, para productos del reino vegetal; ‘nacidos y criados’, para animales vivos; ‘recolectados’, para productos provenientes de los animales vivos; ‘cazados o pescados’, para los productos que en el área se cacen o pesquen; y ‘obtenidos’ en el estado en que fuere para las mercaderías mencionadas o sus derivados. El artículo 23 de la ley 19640 incluye a los desperdicios y desechos, por lo tanto en mi opinión quedan afuera del Decreto 727 y no requieren adhesión alguna ni tributar el 15% al fondo, salvo que surja alguna norma o aclaración que diga lo contrario”, concluyó.
