La ministra Sonia Castiglione coincidió con varias críticas al contenido de los decretos de prórroga del subrégimen industrial y admitió que la sorprendió tanto la quita de beneficios para los automóviles como la eliminación de exenciones para las textiles. También prevé mantener una reunión junto al gobernador con autoridades nacionales para analizar una modificación al manejo de los fondos del fideicomiso, entendiendo que “en las decisiones de desarrollo territorial claramente tiene que tener participación la provincia. Esto es clave y tiene que ver con el federalismo. Hay que dar participación en las decisiones al territorio y ese rol está un poco desdibujado”, expresó.
Río Grande.- La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, hizo su evaluación por Radio Nacional Ushuaia de la prórroga del subrégimen industrial, distante del borrador que habían consensuado con el gobierno nacional. El decreto se conoció pasada la medianoche del viernes, cinco días después del anuncio político en el acto encabezado por el presidente, y trajo sorpresas para propios y ajenos. Ante todo la ministra recordó que “la autoridad de aplicación es el gobierno nacional y en ese rol siempre dijeron que tienen que hacer un análisis completo de todo el país para la aplicación de esta norma en la provincia. Nosotros trabajamos más de un año y medio con Nación, escribimos un proyecto de decreto con la postura de la provincia en función de lo que veníamos hablando, algunas cosas se tomaron y otras fueron sorpresivas para nosotros”, señaló.
Puntualmente mencionó entre las sorpresas a “la eliminación de los beneficios para los vehículos y el tratamiento diferencial de las textiles. Siempre trabajamos con el gobierno nacional en la reevaluación de procesos en el sector textil, porque hay algunos cuestionados desde hace años y la Nación le puso un límite a ese tipo de procesos –en 2015-, que las empresas judicializaron. Nos sorprendió el formato y es un tratamiento diferencial donde claramente la Nación está diciendo que necesita conocer qué van a hacer las empresas, con qué inversión, a cuantos años, con cuántos puestos de trabajo, y en ese contexto aprobar el proyecto. No era lo que nosotros habíamos trabajado y nos sorprendió”, reiteró la funcionaria.
“El tema de los vehículos lo hablamos con el ministro Kulfas y había tenido una mirada bastante crítica por lo que él entendía como privilegios para el territorio. Una cosa son las normas que otorgan beneficios para desarrollos productivos y otra que den privilegios por sobre otros habitantes del país”, diferenció.
Sin embargo estos “privilegios” se aprobaron para la zona franca de Santa Cruz, por lo cual “yo voy a hablar con Silvina Córdoba, la ministra de Santa Cruz, para conocer el sistema de la zona franca para el tema de automóviles. Lo que nos sorprendió fue el monto de 35 mil dólares, porque me parece muy bajo. Se habla del valor FOB, que es más bajo”, subrayó, dado que se calcula a dólar oficial y serían tres millones y medio de pesos.
“En realidad los autos van a tener el valor del continente y creo que esto es una cuestión esencialmente de mercado. No tiene que ver con los números puntuales ni de logística, ni de traslado, ni de transporte, porque eso lo termina pagando el que compra el auto cuando lo va a retirar. La Nación tiene la obligación de ver el país como un todo y supuestamente los vehículos de alta gama, embarcaciones, aeronaves, lo consideran de alta gama, pero me sorprendió porque no pensé que estaba dentro de las posibilidades. Luego de la publicación del decreto no hablé con el ministro Kulfas, seguramente lo haré esta semana para ver hacer algunas apreciaciones”, adelantó.
Como positivo, destacó “la ampliación de beneficios para el reintegro a las exportaciones a terceros países con un 5% del valor FOB del producto exportado. Eso abre la posibilidad a las empresas de romper las estacionalidades que tienen y poder fabricar productos que puedan ser exportados. Es un incentivo a la exportación de algunos productos y esto viene de la mano de la apertura a nuevos proyectos industriales y readecuación de los que ya están y tienen que ver con tecnología, para poder generar productos de exportación a terceros países. A lo mejor no será el leit motiv de las empresas pero es una oportunidad para romper la estacionalidad de productos como los equipos de aire acondicionado, que hacen que fluctúe la demanda laboral”, manifestó.
Puntualmente para los hidrocarburos “no hay incentivos taxativamente en la letra de la ley. Está contenido y seguramente sigue igual. Si hay interés privado en generar inversiones con agregado de valor, los productos van a tener buen destino, pero hay una serie de subproductos que quedan ajenos a estos beneficios”, lamentó.
Ayer hubo una reunión del gobernador y la ministra con los sindicatos, la UIF y los empresarios textiles para hablar de los decretos de prórroga. Más allá de las sorpresas, afirmó que “los puestos de trabajo están garantizados y la actividad también, si bien suena brusco que cae el régimen a fines de 2023 en el caso de las textiles. Tendrán que presentar un proyecto plurianual que tiene que ser evaluado y aprobado por Nación. Lo que tienen de diferente las textiles respecto de las otras es que hay producción en el continente y, en función de los beneficios, le pedirán a las empresas mayor inversión o recomponer algún proceso productivo”.
“En el mundo textil hay muchos procesos productivos que se pueden realizar y algunos han sido cuestionados históricamente, porque son absolutamente pobres para la cantidad de beneficios que reciben, y además tienen competencia en el continente. La industria textil tiene mucho para dar y esta obligación que se plantea a partir de ahora para poder gozar de los beneficios a todas las empresas es la primera vez que se hace. Si no cumplen, no van a tener los beneficios”, sentenció.
No obstante confió en que “la ampliación de las capacidades de las empresas seguramente es posible. No sé el nivel de eficiencia que va a pretender Nación pero la industria textil en el mundo tiene muchas cosas para dar y hay procesos que no se están dando en el continente y se pueden dar en Tierra del Fuego. Tendrán que ampliar los procesos a otros que no están en la Argentina”, sostuvo como única salida.
Aportes de las empresas
Respecto del aporte del 15% del IVA que están obligadas a realizar las empresas para gozar de los beneficios y quiénes tomarán la decisión de las inversiones, dado que la provincia no tendrá una postura vinculante, aclaró que “ese no es el formato que veníamos hablando con Nación, pero es la autoridad de aplicación. En las decisiones de desarrollo territorial claramente tiene que tener participación la provincia. Esto es clave y estuvimos hablando con el gobernador sobre algún tipo de modificación de esto, porque tiene que ver con el federalismo y hay que dar participación en las decisiones al territorio. Ese rol está un poco desdibujado y lo vamos a plantear en alguna reunión del gobernador con autoridades nacionales”, aseguró.
La ministra estuvo de acuerdo con la distribución del fondo, de un 60% para nuevos proyectos y de un 40% para infraestructura. “Lo que se necesita es traccionar inversiones privadas con capacidad empresarial y nos parece que está ajustado a las necesidades del territorio. Hay mucha infraestructura productiva que le hace falta a la provincia y estimamos que ese 40% va a ser suficiente”, barajó.
En cuanto a la modificación por decreto de beneficios que tiene la ley 19640, para el caso de los vehículos, que para algunos analistas sienta un precedente peligroso, observó que “a pesar de no tocar la norma en el gobierno anterior se destruyó la industria local y cayeron ocho mil puestos de trabajo. Está bien que haya críticas pero más que las especulaciones –por el precedente- me da miedo que vuelvan ese tipo de políticas”, dijo.
Apuntó a los críticos que “vienen de una gestión que destruyó el subrégimen y por lo pronto sería más prudente. Esto de los autos tiene que ver con una mirada federal y de justicia en la distribución de algunos beneficios. Roza más los privilegios que los beneficios”, opinó.
“Lo importante es que el presidente cumplió con la palabra de sancionar la prórroga. En los últimos años se había hablado de diez años y esta vez es por quince, con una ampliación automática en función del cumplimiento de los objetivos. Es una norma que tiene que tener ese rigor de cumplimiento de objetivos para no terminar donde estamos hoy. En quince años veremos cómo estamos y todos queremos que esto salga adelante. Tenemos la posibilidad de tener quince años más y nos están dando treinta años, cumpliendo los objetivos. No tenemos que perder de vista esa condición que fue absolutamente distinta de lo que se venía planteando en años anteriores con una extensión por diez años. Es un montón de dinero en beneficios que la Nación deja de percibir y el subrégimen tiene que transformarse en un motor de desarrollo del territorio”, concluyó Castiglione.
