El Secretario de Industria Juan Ignacio García restó importancia al avance del Poder Ejecutivo sobre la Ley 19.640 con la eliminación de beneficios por decreto, y adelantó que el Gobierno de la provincia no va a cuestionar esa medida. Consideró que los vehículos “no son importantes para el desarrollo” y que en todo caso la provincia está resignando mucho menos de lo que recibe. Solamente está prevista una mesa de discusión para abordar el tratamiento de las textiles y barajó que también serán invitadas a participar las empresas del continente. Reconoció que cuando iniciaron las negociaciones, hace más de un año, ya estaban “en el ojo de la tormenta”, y desde la provincia propusieron la renuncia a los litigios contra el Estado como condición suficiente para seguir gozando de las exenciones. “Evidentemente no fue así para el gobierno nacional y además los empresarios del resto del país tienen un poder de lobby muy fuerte; también están defendiendo puestos de trabajo y cada uno presiona para tener un mayor desarrollo, a veces a costa del otro”, justificó.
Río Grande.- El secretario de Industria Juan Ignacio García confirmó la decisión del Gobierno provincial de no cuestionar el avance sobre beneficios de la Ley 19.640 con el dictado del decreto de prórroga del subrégimen industrial, si bien reconoció que se corre riesgo de que en el futuro se sigan eliminando bienes o actividades, como ya sucedió durante la presidencia de Cristina Fernández con el sector de hidrocarburos.
Por Radio Nacional Ushuaia aclaró que “desde el punto de vista técnico debió requerir otro abordaje, pero hay mucha discusión en términos técnicos de lo que son atribuciones del Ejecutivo. El decreto de 2012 que avanzó sobre los hidrocarburos inició la controversia sobre las facultades del presidente, que tiene facultades amplias. El tecnicismo no me parece lo importante y lo políticamente importante es ver si corresponde o no seguir teniendo ciertos beneficios”, priorizó, relativizando aspectos legales frente a decisiones políticas.
“En Buenos Aires hay una mirada crítica y se interpreta más como un régimen de privilegios y no de beneficios. En este caso no vemos que se perjudique a un sector con claridad, si bien nos encantaría sostener los beneficios de manera eterna”, sostuvo, aun a costa de sentar un precedente peligroso.
Consultado sobre la posibilidad de que se avance más allá de los automóviles, concedió que “ese es un riesgo, pero ese riesgo está en la 19640, que en el artículo 32 plantea que después de diez años de vigencia del régimen en Poder Ejecutivo tiene la facultad de reducir o eliminar beneficios. Eso pasó con el decreto 751 –cuando la ex presidente Cristina Fernández quitó los beneficios a la actividad hidrocarburífera- y pasó ahora con este nuevo decreto”.
Debate cerrado
Lo cierto es que para el gobierno el avance sobre la 19640 es tema cerrado. “Nosotros acompañamos que el Ejecutivo tenga esta injerencia porque básicamente permite que nos prorrogue los beneficios. No queremos discutir nada de esto en Nación. La 19640 ha sido una ley muy importante para Tierra del Fuego pero no es la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a que se convierta más en una herramienta para el desarrollo de la provincia y que focalice los incentivos a estimular nuevas inversiones donde hace falta, y no tanto recurso en sostener algunos privilegios (sic) que no son necesarios para el desarrollo”, expresó.
Definitivamente “no va a ser tema de discusión y como regla general nosotros acompañamos que algunos beneficios comiencen a reducirse. No es que lo impulsamos, pero lo aceptamos, porque lo que estamos recibiendo es muchísimo más de lo que se está sacrificando, que es un privilegio contra una política de desarrollo. Nos parece razonable la señal que necesita dar el Ejecutivo nacional de que no es todo para Tierra del Fuego y que nosotros seguimos recibiendo cosas cuando el resto del país lo necesita”, argumentó el funcionario.
Rescate de textiles
Lo que tiene previsto el Gobierno es acompañar gestiones de las textiles y “defender los puestos de trabajo”, pese a la ambigüedad de las definiciones de García sobre el tema. “Se va a enviar una nota a Nación para generar un espacio de trabajo con el sector textil. Hubiera preferido que esto se pudiera saldar antes de que saliera el decreto y que pudiéramos tener una solución en ese momento, para tener certezas hoy sobre el futuro del sector textil. Lamentablemente no pasó y el Ejecutivo nacional a último momento decidió incluir el artículo 2, pero dejó abierta la ventana para que haya una continuidad del sector. Eso me parece una buena señal, porque podría no haberlo hecho”, dijo.
“Hay dos factores presentes, el lobby del continente que se apoya en las debilidades nuestras, y nuestra debilidad es tener algún proceso productivo que no sea lo suficientemente integrador. Apoyados en eso, ellos cargan contra toda la industria. Efectivamente hay procesos que permiten a las empresas fueguinas procesar volúmenes de tela muy importantes con muy poco empleo y no es algo bueno. En 2015 se avanzó en una mayor integración y en definiciones más claras, porque hay alguna empresa que aprovecha definiciones poco claras para plantear que con lo poco que hace cumple con un proceso de integración”, criticó.
Advirtió que “siempre el sector textil estuvo en el ojo de la tormenta, independientemente de los procesos, porque compite con otras provincias, con empresarios del resto del país que tienen un poder de lobby muy fuerte y también están defendiendo puestos de trabajo. Cada uno presiona para tener un mayor desarrollo, a veces a costa del otro”.
“Cuando comenzaron las primeras mesas de trabajo el sector textil era uno de los interrogantes. La posición de la provincia fue acompañar y planteamos una cláusula para que las empresas que quisieran acogerse al nuevo esquema renunciaran a los litigios. Para nosotros eso era suficiente pero evidentemente no lo fue para el gobierno nacional. Hoy son dos empresas textiles que están judicializando los procesos productivos”, aclaró, aunque cayeron todas en el cambio de condiciones.
“Ahora hay una mesa de trabajo que está planteando el gobierno nacional y me imagino que también tendrá en consideración los planteos de los productores del continente. Nosotros vamos a defender la continuidad de la actividad de la provincia, que es fundamental para sostenerlos 870 puestos de trabajo que tenemos”, aseveró.
Sin poder de decisión
Finalmente se refirió a la conformación del comité y el consejo consultivo, donde participará la provincia pero sin poder de decisión del destino de los fondos del fideicomiso que se volcarán a procesos de desarrollo e infraestructura. “En el proyecto de la provincia claramente había otra representación. Es muy importante que la provincia pueda tener injerencia directa, tener voz y voto en definiciones que impactan en la política productiva de Tierra del Fuego”, concluyó.
