La directora por los activos de la obra social estatal, Soledad De Fabio, confirmó el corte de prestaciones de dos farmacias por falta de pago, y problemas con otras porque falta la autorización para ser proveedores del Estado. La semana pasada recibieron una nota de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge con una nueva advertencia de corte de prestaciones por deudas acumuladas, más un pedido de actualización de valores. Lamentó la falta de acompañamiento de los afiliados al proyecto de reforma del directorio, y afirmó que hoy la obra social “la maneja el gobernador con el Ministro de Economía”, porque el directorio es “una formalidad”. Con cuatro integrantes, dos por el Ejecutivo y uno de ellos con doble voto, las resoluciones terminan aprobadas y según De Fabio ni siquiera se discuten: llegan ya firmadas ad referéndum para su ratificación, hasta uno o dos meses después. Además, cuestionó las prioridades porque no se han liberado pagos para comprar medicamentos pero sí para pagar a alguna clínica. Respecto de los rumores de un proyecto que plantearía la vuelta al gerenciamiento, no lo descartó pero remarcó que, si no hay dinero, con gerenciamiento, sistema de convenios o contrataciones, los problemas van a continuar.
Río Grande.- La directora por los activos de la OSEF, Soledad De Fabio, fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre el corte de prestaciones de farmacias convenidas y confirmó que “hay farmacias que han levantado la prestación de medicamentos, por falta de pago en algunos casos, pero también hay dos farmacias, una en Río Grande y otra en Ushuaia, donde está faltando la autorización del PRO TDF para ser proveedores del Estado. Al no tener este certificado no pueden brindar el servicio ni facturar a la obra social”, dijo.
“En la provincia hay alrededor de 14 farmacias y hay 2 que cortaron el servicio, pero esto es fluctuante, porque también es una forma de ejercer presión y según el atraso toman la decisión. Puede haber atrasos de pago de un mes, de dos o de tres meses, y ocurre lo mismo con los profesionales. Hay una notificación de la Asociación de Profesionales Médicos de la Clínica San Jorge, que pide que se regularicen los pagos, de lo contrario también van a cortar el servicio, y también están pidiendo una actualización. Esto por supuesto afecta la atención de los afiliados”, señaló.
Proyecto de gerenciamiento
En cuanto a los rumores de un proyecto del gobierno para volver al gerenciamiento, indicó que “como vocales no tenemos ningún conocimiento al respecto. Hay muchos rumores todo el tiempo y de esto se viene hablando ya hace un tiempo, desde la tercerización de las prestaciones en el servicio de óptica, y el servicio odontológico que hemos perdido en Ushuaia. Con las ópticas se hizo convenio y ya está tercerizado, así que no me extrañaría que haya tercerización de las prestaciones médicas, pero el problema siguen siendo los pagos. Ya sea con gerenciamiento, con tercerización o contratación, los servicios se van a seguir cortando si no se pagan”, sentenció.
“No tenemos capacidad en la salud pública para dar respuesta a los afiliados, y cualquier empresa por fuera va a intentar a hacer negocios. La discusión es que, si se hace un acuerdo por cápita, los afiliados terminan logrando un turno con mucha demora, y si no es por cápita hay una disputa permanente sobre los costos y actualizaciones. Todo termina afectando a los afiliados, porque se resiente la atención por cortes de servicio o por falta de turnos”, alertó.
Definió a la OSEF como “una obra social muy grande con una cantidad de afiliados impresionante y una capacidad de pago muy amplia, porque se están pagando alrededor de 50 millones de pesos por mes a cada clínica, pero siempre terminamos como afiliados de segunda al momento de la atención”.
Reconoció que si bien se pagan estos 50 millones, en varios casos “hay varios meses de atraso. Hay un problema financiero y esto tiene que ver con el gobierno y la retención de los fondos. Ahora se están modificando los procedimientos de contratación y pago, porque se estaban haciendo mal en teoría, pero la realidad es que el dinero lo concentra el gobierno provincial y la OSEF ha dejado de ser un ente autárquico al momento de los pagos, porque no tiene decisión propia. El dinero lo administra el Ejecutivo y con esto juegan al momento de tener que hacer los pagos. El Ministerio de Economía es el que autoriza si se paga o no, si sale o no el expediente, y si libera los fondos tal día o no. Esto lo maneja el Ministro de Economía y la presidenta o el vicepresidente de OSEF”, enfatizó.
“Muchas veces hay un cúmulo de expedientes, más allá del circuito administrativo o que hay retrasos en ese circuito. Existen expedientes que están para pagar pero hay que pedir autorización y ver si liberan 5 millones, 10 millones, si lo hacen hoy, mañana o pasado. Esto lo hace estrictamente el Ejecutivo y no sabemos exactamente si el problema es económico o de administración de los fondos, y si están yendo a otro destino”, planteó.
Directorio “pintado”
De Fabio afirmó que en materia de dependencia del Ejecutivo “desde el inicio de esta gestión siempre fue así. En gestiones anteriores había cierta dependencia pero no era tan fuerte. Ni siquiera se tienen en cuenta algunas prioridades, porque se ha pedido la liberación de 3 millones de pesos para la compra de un medicamento y no se ha autorizado, pero sí se autorizaron 5 millones para pagar a determinada clínica. No hay autonomía de parte de la obra social y la presidencia tampoco puede decir qué paga en base a los fondos que hay”, afirmó.
“Habría que preguntarle al Ministro de Economía cuánto tiene la obra social para disponer, porque no hay números certeros y no se quiere que se conozcan. Yo calculo que por los aumentos de sueldo, los ingresos son mayores para la obra social, además los empleadores tienen la obligación de hacer los aportes personales pero también pueden bicicletear los patronales, y ahí entendemos que hay una bicicleta. No hay tanto atraso con los aportes pero la plata no entra toda junta y es difícil saber lo que entra para tener la certeza de lo que sale”, expuso.
Lo cierto es que “después del 2016 los laburantes hemos perdido –por el cambio en la conformación del directorio-. La representación de activos y pasivos es una formalidad, porque no podemos decidir. Aunque nosotros nos neguemos y pataleemos, se puede aprobar con el voto del vicepresidente y el doble voto de presidencia por mayoría. Hay un directorio totalmente distinto del que conocíamos, antes el directorio discutía, hasta era un lugar mucho más amplio. Hoy las reuniones se hacen en la oficina de presidencia donde apenas entramos los cuatro integrantes. No entra la secretaria y es un lugar muy reducido. Durante la pandemia hemos hecho reuniones de directorio por Zoom, pero al momento de votar los funcionarios designados por el Ejecutivo tienen la mayoría. Sinceramente no nos reunimos a resolver, sino que nos estamos reuniendo para aprobar o desaprobar las decisiones que ya tomó la presidencia, ad referéndum del directorio. Tiene tanto poder por la ley, que la presidencia toma todas las decisiones y el directorio las rubrica a veces uno o dos meses después, y lo que se aprueban son compras de medicamentos, contrataciones de profesionales y algún convenio que hace presidencia”, manifestó.
“Lo que se trata en directorio son rúbricas de resoluciones de presidencia ad referéndum del directorio y, si no están de acuerdo los representantes de activos y pasivos, igual se aprueba por mayoría. Estamos muy complicados y lamento que los trabajadores y trabajadoras no se movilicen cuando hay una iniciativa para pedir la modificación del directorio para que el Ejecutivo no pueda seguir haciendo lo que quiere. Hoy la obra social la maneja el gobernador a través del Ministerio de Economía y tiene sus dos representantes en la obra social”, concluyó.
