El presidente de la Asociación Civil Conservación Península Mitre, Adolfo Imbert, planteó la importancia de contar con la ley que sigue en comisión en la Legislatura. Desde hace casi 30 años se vienen impulsando proyectos similares para declarar área protegida a la península, pero fueron perdiendo estado parlamentario y la Legislatura actual demora el tratamiento. Advirtió sobre el riesgo del desembarco de la asociación Rewilding Argentina, que tiene “una visión empresarial” y bajo distintos nombres ha ido adquiriendo tierras con la promesa de crear sitios protegidos pero luego se convierten en lugares de explotación para turismo de alta gama, además de generar una pérdida de soberanía sobre el territorio. Si bien existe un decreto provincial, no se han establecido pasos de servidumbre y sobre todo en el acceso norte, los propietarios de estancia María Luisa han puesto trabas y existen denuncias por amenazas e intimidaciones, afirmó. Imbert reclamó la aprobación de la ley para avanzar en cuestiones de fondo, como el plan de manejo, la gestión del área, “para que el lugar esté a disposición de manera ordenada y se garantice la conservación”.
Río Grande.- Adolfo Imbert, presidente de la Asociación Civil Conservación Península Mitre, reclamó por Radio Universidad 93.5 la aprobación del proyecto que declara área protegida a Península Mitre, y que sigue estancado en la Legislatura.
Recordó que “el proyecto se propuso hace casi 30 años y perdió estado parlamentario en varias oportunidades. Hoy continúa en la comisión 3 y el último fue presentado por dos asociaciones de Tierra del Fuego. Lo tomaron las legisladoras Myriam Martínez y Laura Colazo y está siendo analizado. El proceso es muy largo, con intervención no solamente de las organizaciones de la provincia sino de técnicos, científicos, profesionales del turismo, que han hecho aportes y han consensuado este proyecto. Tenemos la esperanza de que algún día se convierta en ley para tener una protección efectiva en un área muy importante de la provincia”.
La península involucra “300 mil hectáreas de territorio terrestre y el resto es área marina. Todo está dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego. Hay una propuesta de diferentes categorías, tal cual lo dice la ley 272 de la provincia, que rige la creación de áreas naturales protegidas. Cada categoría especifica las posibilidades de uso y sobre eso se ha venido trabajando”, explicó.
El riesgo de Rewilding Argentina
Imbert advirtió sobre intereses empresariales con capitales extranjeros que pretenderían ir por la zona. “Hace cuatro años desembarcó en Tierra del Fuego un grupo de personas en representación de una organización internacional. Su origen es la fundación del ya desaparecido empresario Tompkins. Han cambiado de nombres, primero fue Flora y Fauna, después se conoció como CLT y últimamente usan el nombre de Rewilding Argentina. Se presentaron con intención de colaborar, algunos les comentamos sobre este proyecto de protección de la Península Mitre, pero a poco de andar demostraron un interés importante sobre esto y prácticamente han tomado como propio el proyecto que está en la Legislatura, que es la construcción de toda una comunidad de la provincia”, dijo.
“Realmente se encienden muchas alarmas porque hemos investigado a este tipo de organizaciones, que son un modelo absolutamente diferente, de protección ambiental empresarial y tratan de involucrarse en las comunidades con algún proyecto local. Ellos están en Iberá, crearon Parque Patagonia, también trabajaron fuertemente en Chile, y este señor Tompkins lo que hace es comprar tierra privada y luego donarla para que se transforme en parques nacionales. Hasta ahí suena muy lindo y altruista, pero en la práctica empezamos a descubrir un modelo que trabaja para sus propios intereses. Generalmente desplazan a las comunidades donde intervienen y eso lo pudimos ver en Corrientes. No toda la tierra que compraron la donaron, sino solamente algunos lugares, y se quedaron con propiedades estratégicas que son trabajadas para el turismo de alta gama. Nos entrevistamos con pobladores locales que nos han contado su experiencia y en algunos casos estuvieron a punto de perder sus tierras”, afirmó.
“Entran en las comunidades con el cuento de la protección ambiental y poco a poco van interviniendo con un alto riesgo de pérdida de la soberanía territorial. Las decisiones ya no se toman de manera local sino a nivel nacional o con la intervención de estas organizaciones”, sostuvo.
“Nosotros estamos muy preocupados y estamos participando entre siete y ocho organizaciones locales, que fuimos convocadas por la autoridad de aplicación en su momento para trabajar de manera planificada sobre las propuestas. Esto es lo que quedó finalmente en la Legislatura, y en ningún momento estas organizaciones con formato empresarial fueron aceptadas en este proceso. Ellos de manera arbitraria tomaron como propio el proyecto de Península Mitre y, con un gran poder mediático y económico, hacen campañas y lo presentan como un proyecto propio, además recaudan dinero para un proyecto que no les pertenece”, aseveró.
“Tienen un presupuesto propio que les permite trabajar en las comunidades, tienen empleados que son de Tierra del Fuego y todas las personas que trabajan en esta organización cobran un sueldo para hacerlo, a diferencia de las organizaciones locales que son absolutamente voluntarios. De esa manera van haciendo un trabajo de lobby. Ellos gestionan los fondos a través de donaciones de empresas que aportan para los proyectos que ellos proponen y con el dinero que recaudan gestionan su funcionamiento. Por supuesto nosotros no tenemos la espalda ni el recurso económico para hacerles frente de igual a igual, pero estamos seguros de lo que pretendemos para nuestra provincia”, sentenció.
Decreto y paso vedado
Imbert dio cuenta del trabajo que se estuvo realizando en esta gestión con la autoridad de aplicación provincial, “que ha dictado un decreto, mientras se sigue discutiendo la ley en la Legislatura. El decreto provincial declara de interés turístico, cultural, natural e histórico a la Península Mitre, y el objetivo final que tenemos es que la Península se empiece a cuidar y regular”.
Pese a la existencia del decreto, el acceso norte es prácticamente imposible. “Hoy hay que pasar por propiedad privada para llegar al lugar. Lamentablemente el acceso norte se complicó en los últimos tiempos y personalmente estoy dando esta discusión porque el acceso público es un derecho de toda la comunidad de Tierra del Fuego. Hoy hay que transitar cinco mil metros por tierra privada, de la estancia María Luisa, que era de la familia Prada Villa. Con ellos nunca tuvimos inconvenientes y la huella que está marcada fue de uso histórico para todos los que transitamos durante años. El nuevo propietario de la estancia es la familia Vargas y han empezado a restringir el acceso. Han puesto un candado, para poder pasar hay que avisar, completar una declaración jurada en una página del gobierno, y mandar por mail la autorización a la estancia para poder entrar. Realmente es engorroso porque no siempre responden en tiempo y forma, y no puede estar en manos de un privado el acceso a un área pública tan grande e importante como Península Mitre”, cuestionó.
La situación fue judicializada no sólo por el impedimento de acceso sino por amenazas e intimidaciones: “Hemos recurrido a la justicia para que esto se pueda resolver y le estamos reclamando a la provincia que garantice el acceso público, porque debería haber un paso de servidumbre, para que todas las personas que quieran visitar el lugar lo puedan hacer sin dificultad y sin tanto riesgo, porque han sucedido cosas graves, hubo amenazas incluso, y la provincia tiene que estar al frente de esto. Personalmente tuve situaciones de amenazas con armas, intimidación permanente por parte del personal de la estancia, y eso se está tramitando por la vía judicial”, indicó.
“Como organización civil hemos puesto cartelería que indica el ingreso al área protegida, porque existe un decreto provincial. La cartelería fue vandalizada en el acceso norte, en proximidades del Río Irigoyen, donde hay otra discusión por el uso de un coto de pesca en las cercanías, fuera de la propiedad de la estancia. Esas son tierras fiscales, públicas, y ese coto no está habilitado. Hemos pedido información al INFUETUR y a autoridades de la provincia y se nos informó que ese coto no está habilitado por el órgano de contralor. Ese coto estaría dentro del área natural protegida que se está proponiendo por ley”, señaló.
Marcó diferencias con los propietarios de Moat, que es el acceso por la costa sur. “Hoy no tenemos inconvenientes, pero a futuro eso también puede ser una propiedad privada y hay que garantizar el acceso público para todos los habitantes de la provincia para que todos puedan disfrutar de esta área inmensa de 300 mil hectáreas terrestres”, pidió.
Actividades permitidas
En cuanto a las actividades que se pueden realizar hoy, dijo que “se pueden hacer actividades recreativas, hay mucha gente que visita la Península por la costa norte de manera motorizada, cada verano hay muchos caminantes que dan toda la vuelta a la península, saliendo por la costa sur y volviendo por la costa norte. Hay una actividad turística menor, que es la visita guiada a través de grupos, también hay cabalgatas habilitadas por el INFUETUR, y mucha visita con sobrevuelos en helicóptero, además hay visitas por la vía marítima a través de veleros sobre toda la costa sur. La costa norte tiene una tradición de visitas más terrestres y la costa sur tiene una tradición más marítima, porque el acceso terrestre es más complejo”.
Apuntó que el proyecto que presentaron “tiene cinco categorías de uso que van a garantizar que la población pueda seguir disponiendo de un lugar tan importante, principalmente para la conservación. Queda mucho por hacer en investigación científica. Como asociación civil impulsamos la investigación y cada verano participamos de campañas arqueológicas, de biología, de geología, y esa información es fundamental para conocer lo que queremos proteger. Ese territorio organizado va a servir para servicios turísticos inclusivos y desarrollo sustentable de recursos. Es fundamental la construcción colectiva que se ha hecho hasta el momento”, destacó.
Reiteró que “el riesgo más grande se presenta con esta organización –Rewilding Argentina-, que tiene una visión empresarial. Los servicios turísticos que ellos generan en otros lugares son solamente para un turismo de altísima gama, accesible para unos pocos, y el riesgo más grande es la pérdida de soberanía territorial en la gestión de las áreas, que no van a permitir la recreación ni el uso de recursos que pertenecen a la comunidad fueguina”.
“Por alguna razón la ley se sigue demorando y es muy importante tenerla para trabajar en cuestiones de fondo. Después de la ley hay que trabajar en un plan de manejo, en la gestión del área, y la autoridad de aplicación necesita del acompañamiento de todos para tener las herramientas necesarias para que el lugar esté a disposición de manera ordenada y se garantice la conservación”, concluyó.
