El legislador del MPF expresó su rechazo al llamado a la convención constituyente para reformar la carta orgánica, si bien el partido prevé participar para oponerse a varias modificaciones sustanciales que, según dijo, buscan no sólo habilitar un tercer mandato de Walter Vuoto sino “concentrar el poder” del intendente. Criticó que, ante la crisis sanitaria, económica y social de la que todavía no sale la provincia, se vayan a destinar millones del presupuesto municipal para el funcionamiento de la convención. Mencionó varios artículos que se pretenden modificar y encienden el alerta, como la eliminación de mayorías agravadas, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y el Concejo, la relevancia que se le confiere al turismo, el valor del patrimonio cultural, y los derechos y garantías de los empleados municipales. “El poder del ámbito municipal se debe limitar y no es poca cosa lo que se pretende cambiar en esta reforma”, sentenció, advirtiendo sobre un intento de modificar el techo del 25% para endeudamiento y el fin específico para obra pública. También cuestionó algunos artículos del presupuesto provincial y, si bien tuvo acompañamiento en la sesión de ayer, para Villegas se debía considerar el impacto de no tener presupuesto nacional y la incertidumbre que esto genera. No prosperó la reforma de la OSEF, frente a una movilización sindical por rumores de un ingreso sobre tablas, pero el legislador cargó contra el Ejecutivo que, en dos años, “no elevó ninguna propuesta” para dar una solución.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas, ex convencional constituyente, fue consultado por Radio Provincia sobre el llamado a elecciones de convencionales para la reforma de la carta orgánica de Ushuaia, y expresó una visión crítica, entendiendo que responde a una agenda política que busca no sólo un tercer mandato de Walter Vuoto sino además una concentración de poder del intendente.
“El partido no se ha manifestado de manera orgánica, pero a título personal y como ex convencional, lo primero que se viene a la cabeza es el rechazo a esta pretensión de modificación, por distintas circunstancias. Primero, por el contexto histórico en que se convoca a esta elección: todos sabemos que Ushuaia, nuestra provincia y todo el país todavía están viviendo la mayor de las crisis sanitaria, económica y social de la que tengamos conocimiento. Esto se ha traducido no solamente en la pérdida física de familiares, amigos, conocidos y vecinos, sino en una caída estrepitosa de la actividad económica”, planteó.
“Hay mayor desempleo, mayores necesidades sociales, y frente a este escenario me parece una incongruencia total convocar a un proceso electoral de estas características, que va a tener un costo millonario”, aseguró, y sostuvo que “por más que algún artículo de la ordenanza de convocatoria diga que el trabajo de los convencionales puede ser ad honorem, una vez que se constituye la convención, tiene autonomía, y la ejecución del trabajo durante 90 días va a significar gastos muy importantes”.
“Frente a la situación sanitaria, económica y social que conocemos todos, esos recursos deberían ser afectados a satisfacer esa demanda social y estructural de los vecinos de Ushuaia”, manifestó.
El trasfondo de la reforma
Para Villegas hay que indagar “por qué y para qué” se hace la convocatoria. “Por más eufemismos que se utilicen y por más mascarón de proa que se quiera poner, sobre un municipio de desarrollo sostenible y la perspectiva de género, lo cierto es que detrás de eso se incluye la modificación sustancial de las reglas de juego de la organización del poder en el ámbito municipal”, afirmó.
“Hay datos concretos, porque son 108 artículos los que se pretenden modificar según la ordenanza, y el 70% se refiere a la parte orgánica de la carta orgánica municipal. Es una Constitución de tercer grado, tiene una parte dogmática donde habla de derechos, garantías, principios de las políticas públicas; y una parte orgánica que se refiere a la organización del poder, y es lo que determina las atribuciones del Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo, es decir del intendente, de los órganos de contralor, del sistema de participación democrática, etc. El 70% de los artículos tienen que ver con esa parte y además se le pretende meter mano a un sinnúmero de artículos que tienen que ver con el patrimonio cultural de los vecinos, por ejemplo el escudo”, dijo.
“Se pretende cambiar un artículo muy importante que define a la actividad turística como genuina y de cardinal importancia para el desarrollo socioeconómico de la ciudad; la declaración como patrimonio económico y cultural del slogan Ushuaia Puerta de Entrada a la Antártida y Ciudad Más Austral del Mundo. Se pretende cambiar los artículos 108 y 109, que hablan de las convenciones colectivas de trabajo, de los derechos y mecanismos de negociación colectiva de las condiciones laborales de los trabajadores”, agregó.
“También se pretenden cambiar las reglas previstas en la carta orgánica sobre la concesión de los servicios públicos. Se quieren cambiar las mayorías agravadas, previstas para decisiones trascendentales. Se trata de quitar lo que dice la carta orgánica sobre la obligatoriedad de que sea sometido a referéndum popular cuando se otorgan concesiones de servicios públicos por más de diez años. Es un sistema de participación democrática de los vecinos que termina de legitimar una decisión de tamaña trascendencia en la vida de la ciudad”, expresó.
“Se tratan de modificar las atribuciones del Concejo Deliberante, las atribuciones del intendente. Esta reforma responde a la agenda de algunos políticos que quieren habilitar un tercer mandato para el intendente y algunos concejales, y está muy alejado de la agenda de la gente, o de solucionar los problemas de la ciudad, como el tema ambiental o de la basura”, cuestionó.
“Esta pretendida reforma de la parte orgánica de la carta habilita una concentración de poder en el intendente”, alertó Villegas, y anticipó que “desde el MPF participamos en la discusión y sanción tanto de la carta orgánica como de la Constitución de la provincia, y nos vamos a oponer a esta pretensión de concentración de poder. Vamos a defender los principios y valores que siempre nos han identificado, el patrimonio económico y cultural de la ciudad, y también el futuro de Ushuaia, honrando nuestra historia como partido provincial, con una fuerte identidad municipal”.
Remarcó que “el poder del ámbito municipal se debe limitar y no es poca cosa lo que se pretende cambiar en esta reforma. Por ejemplo, en el caso de endeudamiento público, la carta orgánica prevé que no se pueda afectar más del 25% de los recursos totales y tiene que tener la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante, y además tiene que ser afectado a obra pública. Esto se pretende cambiar y no veo cuál es la razón para cambiarlo. No sé si se busca endeudar al municipio por diez o veinte años, como ocurrió en el ámbito provincial. La única razón para tomar deuda es generar soluciones estructurales a nuestros vecinos y estos artículos ameritan una posición crítica”.
Candidaturas y proyectos
Ratificó que “el MPF va a salir a jugar en esta elección, que no ha sido querida por nosotros, pero lo impone el escenario electoral, para defender nuestras banderas, principios y valores, y nuestro modo de entender cómo se debe organizar y limitar el poder de la ciudad”.
Consultado acerca de si va a ser candidato, dijo que “es un tema que no lo tengo decidido en términos personales ni partidarios, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Aspiro primero a debatir dentro del ámbito MPF no solamente quiénes pueden llegar a participar en una boleta sino cuáles son las propuestas y proyectos que vamos a poner a consideración de los vecinos”, priorizó.
“La carta orgánica vigente tuvo que ver con una decisión estratégica de Jorge Garramuño cuando era intendente, y representó un salto cualitativo en términos institucionales para la ciudad. Nosotros vamos a defender lo que entendemos que es conveniente a la identidad política, ideológica y cultural que ha venido defendiendo el MPF desde hace muchos años”, sentenció.
Presupuesto provincial
Ayer resultó aprobado el presupuesto provincial, con demoras y modificaciones. La sesión estaba prevista a las 9 y demoró largas horas en dar inicio, con una fuerte presencia gremial que truncó los rumores de una presentación del proyecto de reforma de la OSEF que aumentaba los aportes personales.
Villegas destacó la importancia de la ratificación de convenios que significan ingresos para la provincia, “como el firmado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ante el censo previsto para el año que viene y son más de siete millones de pesos; el convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por 15 millones de pesos; el convenio con la empresa Argentina de Soluciones Satelitales –ARSAT- por la red provincial de la fibra óptica; el Fideicomiso Austral, que representa la posibilidad de más de mil millones de pesos para la provincia. También hay un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la refacción del puente en Bella Vista de más de 290 millones de pesos”, enumeró.
Desde el MPF habían presentado un plan de “regularización y condonación de intereses y multas para comerciantes, emprendedores y los que trabajan todos los días en la actividad privada, sobre distintos impuestos provinciales. Es un aporte colaborativo para los que tuvieron que cerrar sus negocios en pandemia y el Estado tiene que seguir auxiliándolos para que puedan seguir con su actividad comercial. Son generadores de empleo importantes en el ámbito provincial”, dijo.
También se presentó una modificación de la ley 911, que establece la licencia especial para lactancia. “Desde hace tiempo venimos destacando la importancia de promover la lactancia materna y la ley está prevista para una familia tipo, para una mamá que tiene un solo hijo, y lo estamos ampliando para madres que tienen partos múltiples, de mellizos, trillizos, quintillizos, etc.”, explicó.
Asimismo, fue crítico de algunos artículos como la modificación a la ley de becas, que significa “un acompañamiento concreto a los menores más vulnerables que no pueden acceder a la escuela pública. El Estado tiene un sistema de becas con un financiamiento genuino y concreto, y hay que garantizar esta herramienta para las familias que no puedan cubrir los gastos de mandar a un hijo al colegio. En la ley de presupuesto estaba previsto derogar la afectación de estos recursos que durante mucho tiempo trabajamos y era meterle un balazo al corazón de la ley, si no tiene garantizado el financiamiento. Esto va a contramano de lo que siempre hemos propuesto, porque esta pandemia además de generar una crisis sanitaria, generó una crisis económica, que ha expuesto de manera muy cruda las desigualdades sociales que hay en la provincia. El Estado debe reconocer esas desigualdades y abordarlas con los recursos financieros correspondientes”, subrayó.
Sin presupuesto nacional
En cuanto a la incidencia de no contar con presupuesto nacional, el legislador reflexionó sobre la conveniencia o no de haber aprobado una herramienta en un escenario de total incertidumbre. “Lo que sucedió el viernes en la Cámara de Diputados repercute en la provincia y ameritó evaluar si correspondía debatir y sancionar el presupuesto provincial, y si era conveniente para los intereses de los fueguinos tener una herramienta de estas características ahora, frente al grado de incertidumbre que hay a nivel nacional. Además, el debate del presupuesto no se dio en los tiempos y modos que uno hubiera querido. No es casualidad que el constituyente haya establecido la elevación del proyecto a fines de agosto, para que durante un tiempo importante se pueda hablar la propuesta del Ejecutivo y demás poderes del Estado, para analizar lo que pasó el año anterior, ver el ejecutado, y esto no se dio”, cuestionó.
La reforma de la OSEF
Sobre la movilización de gremios que truncó la reforma para aumentar los aportes personales, Villegas expresó que “en la obra social hay problemas de gestión y de recursos financieros. Durante dos años lamentablemente el Poder Ejecutivo no elevó ninguna iniciativa legislativa tendiente a reparar esa situación, que se traduce en graves problemas para los afiliados”.
La decisión del MPF era “aportar una herramienta para solucionar algunos problemas que tiene la OSEF”, ante la inacción del Ejecutivo. “No vi ningún proyecto en particular y en esto no hay que tener ningún tipo de especulación política, porque es no reconocer la situación. La dirigencia política tiene que aceptar los costos políticos que haya que aceptar para mejorar las condiciones de la obra social. Uno sabe que cuando se presenta de candidato a legislador y está en el ejercicio de la función pública, tiene que tomar decisiones que afectan intereses y no son todas bienvenidas, pero son importantes para resolver los problemas de la gente”, expresó.
“La única verdad es la realidad y la realidad indica que en estos dos años no hubo una sola iniciativa del Ejecutivo provincial en este tema. No tuvimos oportunidad de debatir en comisión algún proyecto que tienda a reparar y corregir algunas situaciones en el ámbito de la OSEF. Es necesario generar el debate y rediscutir algunas cuestiones. Las prestaciones de salud han cambiado sustancialmente y tenemos una obra social que cubre prestaciones que no tienen otras prepagas y eso tiene su costo. Hay que reconocerlo y diferenciar la paja del trigo. No creo que todos tengamos que pagar por igual. No es lo mismo un empleado de más de 20 años a uno de más de 50, porque las prestaciones que requiere de la obra social son distintas”, concluyó sobre la pretensión de aportes diferenciados, que finalmente no se trató.
