Rubén Darío Maldonado acusó a funcionarios provinciales de frenar la participación de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton en la mesa de trabajo para una futura ley de bosques nativos, pese a ser la que más extensión de bosques nativos, humedales y turbales posee en el corazón de la isla. “Se están violando todos nuestros derechos y se está dejando a la comunidad fuera de toda participación; queremos que cuando se vuelva a tratar la ley de bosques, que ya tuvo dos intenciones de tratarla en la Legislatura, se nos convoque”, exigió.
Río Grande.- Pese a la diferentes notas que presentó ante el Gobierno y a distintas instancias, la Comunidad Indígena Rafaela Ishton aún no fue convocada a debatir la ley de bosques que por su intermedio ante el Fiscal de Estado, pasó ya dos veces a comisión en el parlamento provincial.
Su presidente, Rubén Darío Maldonado, salió a la palestra para reclamar y exigir participación de esta comunidad en la discusión.
Recordó que “durante la campaña charlamos con gente de Gustavo (Melella) y había una llegada en que supuestamente nos iban a dar una mano grande, nos iban a acompañar en lo que necesitemos e inclusive nos iban a tener en cuenta para designar para la Secretaría de Pueblos Originarios de la provincia a una persona de la comunidad (Rafaela Ishton) a través de una consulta que se iba a hacer en el seno de la misma para ver si estábamos de acuerdo. Hasta ahí todo bien”.
En ese sentido comentó que designaron como secretaria del área de Pueblos Originarios a su sobrina, Vanina Ojeda “una chica que tiene muchas ganas y mucho interés en trabajar, pero lamentablemente no la dejan”, dijo y apuntó contra las ministros Sonia Castiglione y Adriana Chapperón, además de otros funcionarios a quienes mencionó como que “están muy en contra de la comunidad como la licenciada María Eugenia Álvarez y también están involucrados Emiliano Olmedo y los ingenieros forestales Collado y Parodi”, agregó.
Confió que “nosotros hemos tenido varias discusiones con ellos e inclusive le han faltado el respeto a algunos integrantes de la comunidad, como por ejemplo, tratarnos de que somos una ‘banda’ y de ignorantes”.
“Nos quieren dejar afuera de todo”
Rubén Darío Maldonado aseguró que una vez promulgada una ley de bosques nativos, “la Nación debe coparticipar fondos a la Provincia que beneficiará a todos los que tengan bosques nativos, pero a nosotros nos quieren dejar afuera de todo”, acusó.
Explicó que “nosotros tenemos 35.999 hectáreas en propiedad comunitaria que está completamente dentro del ejido urbano de Tolhuin y por eso nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que se aprobara la ley de ampliación de dicho ejido urbano porque la comunidad Rafaela Ishton es la única con título de propiedad a nivel nacional y nosotros le dijimos al intendente (Daniel) Harrington cuando él era legislador provincial de que no estábamos de acuerdo y que queríamos participar en la mesa de trabajo de ordenamiento territorial del nuevo ejido urbano de Tolhuin y no nos dejaron participar”.
Por otra parte acusó que “se está armando un terrible negocio inmobiliario e incluso hemos visto que ya se están otorgando, no dentro de la propiedad de la comunidad, pero sí dentro del nuevo ejido urbano de Tolhuin, tierras tanto para viviendas como para chacras, granjas y predios para actividades industriales y va a llegar un momento en que nos invadirán y va a ser un futuro conflicto que hay que tener en cuenta para ir abriendo el paraguas e ir comentándolo para que este negocio inmobiliario que piensan armar, tanto provincial como municipal con las tierras de Tolhuin y de la comunidad, va a afectar gravemente las tierras de la comunidad indígena que está protegida por la Constitución nacional”.
Justamente trajo a colación que el artículo 75, inciso 17 establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
En este punto observó que la ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin “es inconstitucional porque lamentablemente no se hizo la consulta previamente, libre y formada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por la República Argentina a través de la Ley Nacional N° 24.071 (de 1992). Esta ley aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y que la Provincia de Tierra del Fuego adhirió mediante la Ley Provincial N° 235”.
Maldonado entendió que “esta situación a nosotros realmente esta situación nos perjudica porque vimos con el Gobierno de la provincia hoy de que hay una negociación y una negación de derechos constitucionales y legales que están comprendidos dentro del artículo 22 de la Constitución nacional que habla de los derechos fundamentales del hombre; de los derechos humanos y de los tratados internacionales que Argentina adhirió”.
Asimismo acusó que “hay un interés del Gobierno de la provincia para que no participemos de la mesa de trabajo que se formó para tratar el tema del bosque nativo para que la Comunidad Indígena Rafaela Ishton quede afuera de la discusión y por ende fuera de los beneficios que reportarán los recursos naturales a través de lo que son la protección del bosque nativo y la protección de los humedales ya que todos los que tienen tierras en propiedad y dentro de ellas bosque nativos y humedales (turbales), el Gobierno nacional les va a reportar recursos para que no se trabajen estos recursos, se constituya un área protegida y siendo estos recursos tutelados por el Gobierno nacional, va a bajar fondos a la provincia para que se puedan hacer otros tipos de emprendimientos y proyectos para no tocar ni los bosques ni los humedales”.
El presidente de la comunidad Rafaela Ishton aseguró que tienen en propiedad “23 mil hectáreas de bosques nativos; somos los que más extensión de bosque nativo tenemos en la zona de Tolhuin y lo propio con siete mil hectáreas de spagnum (turba)”.
“Confunden federalismo con feudalismo”
Maldonado cargó contra los mencionados funcionarios provinciales a los que acusa de frenar proyectos productivos familiares y sustentables dentro de la comunidad indigenistas. “Nos han tratado de ignorantes y nos dicen que mientras ellos estén nosotros no podremos tocar siquiera un palo, se están haciendo dueños de la cosa pública y realmente quieren hacer lo que quieren con lo que realmente le pertenece a la comunidad, manejando los intereses del Gobierno provincial y seguramente con algún capitalista que debe estar atrás de todo esto asesorándolos”.
Aclaró que “para la Constitución nacional, nosotros somos una comunidad indígena y no un pueblo originario, porque originarios somos todos, los chinos lo son de China, los suecos de Suecia y los japoneses de Japón. Tampoco somos una ONG ni una asociación civil o cooperativa. Somos una comunidad con derechos. El Gobierno provincial no quiere habilitar ningún permiso ni quiso aceptar las condiciones que nosotros les planteamos en algún momento y lo que busca es dividirnos cada vez más, creando situaciones de conflicto”.
Aseguró que desde los dos años que asumió el gobierno actual, “no hemos podido sentarnos a trabajar y esta situación nos está ocasionando un perjuicio y daño enormes; nuestra situación económica como social es gravísima en la comunidad por falta de puestos de trabajo, pero nosotros no queremos ir a golpear las puertas del gobierno para que nos den puestos de trabajo, tampoco queremos una bolsa comunitaria ni que nos vengan con subsidios, tampoco créditos o préstamos a través de Nación para destinarlo a alguna producción porque sabemos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INADI) no tiene presupuesto ni para pagar los sueldos de sus empleados y menos va a tener plata para repartirle a los indígenas”.
“Toda esta situación a nosotros nos está produciendo un desgaste muy perjudicial en la parte económica y en la parte social en el sentido de que este problema nos está dividiendo cada vez más”, dijo.
Reveló que “la comunidad Rafaela Ishton tiene 600 integrantes y activos que trabajan no habrá más de cien. Retrocedimos a 1886, no tenemos las comodidades de una ciudad. Estamos considerando que hoy el Gobierno de la provincia no nos reconoce como personas porque no respetan nuestros derechos que están dentro de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes”.
