Un grupo de vecinos presentó a la Legislatura provincial un documento donde piden a los parlamentarios a que exijan al Ministerio de Salud de la provincia y al Gobierno provincial determinadas medidas probatorias sobre las verdaderas causas de muerte y asimismo arremetieron contra las medidas sanitarias y de control por considerarlas anticonstitucionales y violatorias de los derechos ciudadanos.
Río Grande.- Gerónimo Ruiz, uno de los críticos contra la vacunación y las medidas restrictivas, informó que se presentó en la Legislatura provincial “un pedido de ‘debate público sanitario’, frente al control social que ejerce el Gobierno mediante las restricciones de derechos, los protocolos antidemocráticos y las pérdidas de los derechos individuales por medio del pase sanitario, sin conciencia”, dijo.
Para estos vecinos, “la humanidad está sufriendo un ataque fratricida y los gobiernos por acción u omisión, no defiende al pueblo”.
“El gobierno nacional, provincial y municipal no saben explicar científicamente lo que está administrando, ni publican por medios oficiales la realidad que acontece”, aseguró el vecino.
En ese sentido, dijo que “estamos cansado de soportar toda violación a los derechos y garantías constitucionales que impone la agenda 2030 de la ONU, que gerencia el foro económico mundial con los gobiernos vende patria que negocian a espalda del pueblo, mediante endeudamientos y pobreza. El pueblo quiere saber de que se trata”.
“Los argentinos que defienden sus derechos, se encuentran en un estado de indefensión frente a las causas, efectos y consecuencia de un relato llamado virus, inexistente, y de ‘vacunas’ que son experimentos y la exigencia de un pase sanitario para controlar la sociedad que gerencia el gobierno de los Fernández, los Melella y los Pérez. Con ellos queremos debatir la verdad, a dos años del relato, el miedo y la pobreza que se agudiza, mientras la política mira para otro lado”, desafió Gerónimo Ruiz.
El petitorio
Los vecinos piden a los legisladores provinciales, a que “hagan un alto en sus vacaciones y exijan al Ministerio de Salud de la provincia y al Gobierno provincial, que se lleven a cabo autopsias sobre todos los casos de muertes dudosas, para poder diferenciar quienes fallecieron como consecuencia de un virus, como consecuencia de una enfermedad preexistente o como consecuencia de las inyecciones experimentales, que ha recibido una gran parte de la población”.
“Así también exijan que los fiscales intervengan en los vacunatorios en lo que están violando las disposiciones legales, no existe médicos responsables, no se hacen historias clínicas, no se indica la inoculación mediante un certificado médico firmado y sellado por un médico responsable, no se firma consentimiento informado ni se hace un
seguimiento personal y profesional de la persona que se sometió al experimento, lo que tipifica delitos del código penal como ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado. Téngalo en cuenta”.
“Todos los ciudadanos somos responsables, en el caso de ocultar información y no defender y ayudar a defender nuestros derechos y el derecho de todos, a ser sometidos a los juicios por crímenes de lesa humanidad por cada uno de los ciudadanos que pierda la vida o la condición de salud que poseía, a causa del sometimiento encubierto a la sustancia transgénica potencialmente mortal que el Ministerio ofreció a la población como vacuna”.
