Luís Raña, hoy jubilado, reclamó “un plan integral de salud que incluya a las obras sociales y que no tenga nada que ver con un aumento de la cápita en la OSEF” y aseguró que “el problema de la obra social no es de plata, sino de gestión”. Entendió que el aumento de la cápita es inconducente y no soluciona el problema de fondo. Propuso en tono irónico que el gobernador Gustavo Melella “ponga de presidente de la OSEF a Sánchez Posleman ya que es partidario del aumento”. Aseguró que no existe un sistema de salud provincial y esto hace que el afiliado opte por las clínicas privadas. También, observó que “nadie sabe que se hicieron los 200 millones de dólares que la ex gobernadora Rosana Bertone tomó para colocación de bonos. Dijo que según la Cuenta de Inversión del presupuesto provincial 2020, la deuda flotante de OSEF era de alrededor de 484 millones de pesos.
Río Grande.- En el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad 93.5, Luís Raña, trabajador de la salud y actualmente jubilado de la provincia, se refirió a la situación de la OSEF.
“La situación no es de ahora, no le vamos a echar de ninguna manera la responsabilidad a este gobernador, tiene que ver con la política, más que nada a un adagio, a un refrán que dice que el mejor cliente del privado, es el Estado; es al revés de cómo debería ser; no hay ninguna duda con ello. Esto fue así, es así y si no se corta, seguirá siendo así”, postuló.
Raña entiende que aumentando la cápita de la obra social “no se soluciona la situación porque es un problema estructural” y esgrimió la Cuenta de Inversión del último ejercicio presupuestario (de 2020) que hizo el Tribunal de Cuentas Provincial donde el organismo contralor “dio cuenta de una deuda flotante de la obra social del orden de los 484 millones de pesos. Estamos hablando de finales del 2020, todavía falta la del 2021; pero sí sabemos que hubo problemas este año donde la OSEF le debía alrededor de 230 millones a la clínica CEMEP de Río Grande y también le debía a la Clínica San Jorge de Ushuaia y a raíz de una investigación que hicimos posteriormente descubrimos con los presupuestos que la obra social tiene presupuestado para este año, ‘pagarle’ y lo digo entre comillas porque no lo vamos a saber hasta que no se haga efectivo, 273 millones de pesos al Hospital Regional Ushuaia y unos 151 millones de pesos al Hospital Regional Río Grande”, reveló.
Sin embargo hizo la salvedad de que “hubo algunos pagos a cuenta, pero obviamente nunca llegaron a esa cantidad por lo que habrá que descontar”.
“Independientemente de esto, lo políticamente incorrecto acá, es que creo que el Gobernador miente”, porque según Raña “la información se la dieron a todo el mundo”.
“Hace décadas que viene este problema, desde la provincialización y qué casualidad que la farmacia de la obra social esté desabastecida permanentemente y que entonces aparecen los convenios con las farmacias privadas, por eso reitero que el mejor cliente del privado, es el Estado. Las farmacias sociales, como el caso de la Obra Social del Estado Fueguino, deben comprar los medicamentos a los laboratorios o droguerías con un porcentaje que llega hasta el 30 por ciento, sin embargo, cuando un afiliado debe recurrir a una farmacia común, termina pagando el valor al público y creo que en principio ahí hay un perjuicio fiscal”.
“Lo ridículo, lo que no se puede entender, es que pierdan plata o tenga desabastecimiento y no es un problema de plata, sino un problema de gestión porque si se compra medicamentos para los próximos tres meses, por ejemplo, se los trae inmediatamente y se los vende. Entonces el proceso no está aceitado a propósito, porque si se compra para tres o seis meses e inmediatamente se lo vende, ya se puede ir a comprar de nuevo para mantener el stock, pero en la OSEF no sucede eso”.
Raña reconoció que el valor de los medicamentos “está por las nubes y no alcanza, además OSEF tiene una cobertura del cien por ciento a pacientes con patologías complicadas, como afiliados con diabetes o pacientes oncológicos, por eso no digo nada del gasto y ese no es el problema, sino que es de gestión”, insistió.
Agregó que “con el resto de la prestación médica, es exactamente igual. Por años, salvo algún período donde fue ejemplo, la salud pública ha transitado por el camino de la absoluta indigencia, por decirlo de alguna manera. Hoy el sistema sanitario público tiene médicos mal pagos, personal (técnicos, enfermeros, agentes sanitarios, mucamas, etc.) también mal pagado; carece de tecnología, no tiene inversión edilicia; el sistema de salud no existe”, resumió.
“En mi caso, trabajé como enfermero en el hospital por más de 30 años. Desde que ingresé hasta que me jubilé -incluso hoy mismo porque sigo frecuentando el hospital- veo que no hay normas; si entrás a trabajar de tal hora a tal hora, lo hacés por una cuestión de inercia, porque algún jefe te manda o porque más o menos se sabe como se arman los turnos, pero no porque haya un decreto o un organigrama. No existe eso, entonces la mejor manera de manejarse en esto es en el medio del caos. Así funciona el hospital y como al afiliado no le sirve esto, recurre al sector privado que tiene un poco más. Ahora, ese poco más es una cuestión comercial también, no es una cuestión académica, porque no es que acá las súper luminarias porque después terminamos todos en Buenos Aires”, ironizó ya agregó que “los problemas de acá hay que solucionarlos acá y no esperar el avión sanitario o a Aerolíneas”.
Además, puso de relieve la problemática de los derivados y todo lo que ello implica para la familia. Consultado sobre cuál sería la solución, expuso que “acá el Gobernador tiene que arreglar el problema que no arregla o decirle a (Carlos) Sánchez Posleman que se haga cargo de la presidencia de la obra social”. Justamente el titular de la Clínica San Jorge había propuesto que se aumente la cápita de la OSEF “y después eso lo tomó el Gobernador y se hizo eco y si es así, entonces que lo ponga como presidente de la obras social y lo blanquee directamente”, volvió a ironizar.
Resumió que “lo que debería hacer el Gobierno es tener un programa integral de la salud en el que esté incluido el tema de la obra social y que hoy no lo tiene; incluso no tiene ni siquiera con quién discutir”.
Poder Judicial con prerrogativas
Consultado sobre los funcionarios de entes autárquicos e incluso del propio Poder Judicial que contratan prepagas al sector privado, como OSDE, y cuando se jubilan lo hacen a través de la Caja provincial, Luís Raña admitió que “los estamos investigando, es un tema muy engorroso y hay que tomar de alguna manera el toro por las astas y solucionarlo. En el Poder Judicial se pueden inscribir en otra obra social, porque así lo dictaminó en su momento el propio Poder Judicial, pero no le permite hacer lo mismo al resto de los empleados estatales. Entiendo que es para no desequilibrar las arcas de la obra social y todo eso”, concedió, pero contrapuso que “es muy discriminatorio”.
Raña refirió al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria. “La Caja, adhirió a un régimen con la ANSES y que hoy, para que eso no suceda y venga un paracaidista con diez años de aportes a la provincia porque así se puede jubilar y de hecho se jubilaron y está el fallo de la justicia en el ‘Caso Boschero’ y así se jubiló (Carlos) Manfredotti, (Mabel) Caparrós. Todo el mundo se jubiló así”.
“Lo que tiene que hacer la Caja y no lo hace -lo dijimos un millón de veces- es denunciar ese sistema de reciprocidad, que no se jubile más alguien del norte con nuestra caja. Una persona se tiene que jubilar porque trabajó en Tierra del Fuego, no por trabajar en otro lugar. Eso se hizo para unificar y estuvo bien en ese tiempo”, entendió, sin embargo derivó en que “vinieron muchos jueces a trabajar, laburaron poco tiempo -Hutchinson por ejemplo- y ganan fortunas”.
Recordó que “el Estado provincial le debe a la caja 208 millones de dólares, reconocida en pesos por el Tribunal de Cuentas de la provincia y sobre la cual todavía no se ha hecho nada”.
“Nadie sabe que se hicieron los 200 millones de dólares”
Asimismo reflejó que “según el Ejecutado (la Cuenta de Inversión del 2020 mencionada más arriba), el artículo 17 de la Ley Provincial N° 1191 autoriza adicionalmente al Poder Ejecutivo Provincial a la emisión y colocación de bonos consolidación de deuda de la seguridad social por el valor de 200 millones de dólares, esto fue en la época de (Rosana) Bertone. El Tribunal de Cuentas Provincial señala al respecto que ‘la Contaduría General de la Provincia ha informado que no se efectuaron las operaciones’. O sea, que no se hizo nada con esa plata o bien desapareció, nadie lo sabe y son cosas a las que hay responder porque tiene mucho que ver porque con ese dinero se puede buscar que la Caja se capitalice pagándole la deuda o gran parte de ella”.
