El Dr. Paulino Rossi, contador y abogado, informó sobre la etapa de adhesión de la demanda colectiva contra el fideicomiso integrado por la caja previsional de la policía provincial junto a otras empresas, y cargó contra la “estafa” a las 60 familias que representa, de los 126 lotes en total que se pusieron en venta. Apuntó contra la responsabilidad de la fuerza policial de velar por la seguridad, cuyos directivos y ex directivos que estuvieron al frente de la caja se encontrarían involucrados en lo que califica como “un desfalco”. Afirmó que los vecinos pagaron los terrenos que debieron entregarse entre 2017 y 2018, y no tienen ninguna novedad, tampoco se han instalado los servicios. Las oficinas del fideicomiso están cerradas y “nadie responde las cartas documento”. Si bien la operatoria se llevó adelante en la gestión Bertone, consideró “una paradoja” que el gobernador Melella por decreto haya establecido pautas claras para los proyectos inmobiliarios, mientras que “la cúpula del personal policial que tiene que velar por la seguridad de los fondos de los jubilados de la policía sean los que lleven adelante este tipo de desfalco”. Afirmó que “todos los que integran la caja han sido miembros de la cúpula de la policía provincial” y hasta ahora no ha logrado ningún encuentro formal ni intención de dar respuesta a los damnificados.
Río Grande.- El Dr. Paulino Rossi, contador, abogado y ex concejal de la ciudad, explicó por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la estafa de la que fueron víctimas varias familias riograndenses y que involucra a directivos de la cúpula policial. El letrado está patrocinando a 60 de las familias estafadas en el marco de una demanda colectiva, que todavía está en la etapa de adhesiones.
“Es una situación bastante particular porque los principales responsables son los que deberían velar por la seguridad de la provincia. Estamos hablando de distintas autoridades de la cúpula provincial que han sido designadas en la caja previsional que administra los fondos de las jubilaciones de todo el personal de la policía provincial. Hicieron un negociado que se está investigando con una empresa muy reconocida de la provincia y otro empresario local que era administrador del fideicomiso”, afirmó.
Detalló que entre las partes llevaron adelante un proyecto inmobiliario “y le vendieron a más de 60 familias unos terrenos en la zona norte de la ciudad con un compromiso de entrega de hace varios años atrás. Por un problema interno entre los que conformaron este negocio inmobiliario, que está en un juicio que ha sido impulsado entre ellos, se ha trasladado esta problemática a los compradores de los terrenos cuando no tiene por qué ser así. Ellos han sido defraudados en su confianza, por eso iniciamos una demanda colectiva, de características similares a la que hicimos contra TV Fuego. Todos los damnificados en este loteo están representados en esta demanda y tienen la opción de adherir. Vamos a defender los derechos colectivos de este grupo de familias que han sido estafadas directamente, porque pagaron la totalidad del terreno y no han sido entregados. Hasta hoy no hay ninguna intención de solucionar esto de parte de las autoridades y responsables del proyecto”, expuso.
Los responsables
Respecto de los integrantes de este fideicomiso, precisó que se trata de “Altos de la Patagonia, que está conformado por la caja previsional de la policía de Tierra del Fuego; Financar S.A., de Walter Agra, que tiene otras empresas en Río Grande y Ushuaia -entre ellas el Hard Rock Café-; y el administrador del fideicomiso era Darío Prieto. Ellos fueron los que llevaron adelante este proyecto inmobiliario de 126 lotes para construcción de viviendas unifamiliares, y un lote más grande que iba destinado a un shopping o paseo de compras”.
“Sé que hay denuncias cruzadas entre Agra y la caja compensadora por otros emprendimientos que llevaron adelante. Es importante aclarar que están en juego los fondos de los aportes jubilatorios de todo el personal de la policía de la provincia”, alertó, previendo que al momento de indemnizar a los damnificados podrían verse afectados los intereses del personal policial, por decisiones que en su momento tomó la cúpula.
“Con esos fondos de las jubilaciones hicieron distintas inversiones y nosotros puntualmente estamos con este caso, pero sé que hubo otras denuncias cruzadas. Nosotros representamos a 60 familias que ya pagaron su terreno y no tienen solución ni intención de que se resuelva. Las oficinas están cerradas y hay un total desinterés y desidia en el cumplimiento de sus obligaciones”, manifestó el Dr. Rossi.
Cinco años de espera
El letrado estimó que “la mayoría de las ventas son de 2017”, si bien el fideicomiso se habría constituido algunos años antes. Lo cierto que hasta ahora no hay respuesta formal: “Tuve charlas informales con algunas autoridades de la caja de la policía provincial, pero es imposible contactarse con algún responsable del fideicomiso, porque cerraron las puertas, no responden ninguna carta documento, y están totalmente desaparecidos. Intenté contactarme al menos informalmente con las autoridades, pero no tuve un contacto oficial. De hecho, el fideicomiso hoy en día no tiene un lugar físico donde contactarlo”, señaló.
“Como hay juicios cruzados entre los miembros del fideicomiso, esperar la resolución de esos juicios puede tardar años hasta ver si van a tomar alguna acción concreta para resolver la situación”, sostuvo, instando a adherir a todos los damnificados para reclamar por sus derechos.
El doble estándar
También expuso un doble estándar por la exigencia al sector privado de que cumpla determinadas reglas cuando formaliza un emprendimiento inmobiliario, mientras la cúpula policial no da respuesta. “Es irónico que el gobernador haya tenido que firmar un decreto para que no sucedan estas cosas con las inversiones privadas, mientras que los fondos públicos de la cúpula del personal policial que tiene que velar por la seguridad de los fondos de los jubilados de la policía sean los que lleven adelante este tipo de desfalco -disparó-. Es paradójico que haya sucedido esto, porque no dejan de ser policías que tienen que velar por la seguridad, por más que estén jubilados. Todos los que integran la caja han sido miembros de la cúpula de la policía provincial. La presidente actual ha sido jefa de la policía y todos son personas reconocidas dentro de la fuerza”, subrayó.
Si bien la operatoria se llevó adelante en la gestión de Bertone, remarcó que “todos los que han pasado por esos cargos han sido altos directivos de la fuerza”.
Las etapas del proceso
Por el momento la demanda está en instancia de adhesión. “La justicia nos ordenó que publiquemos los edictos judiciales y se van a publicitar en el canal de televisión para darle difusión a la demanda de clase, invitando a adherir a todos los damnificados. Una vez que termine la etapa de adhesión pasaremos a la etapa de traslado de la demanda para que hagan la contestación correspondiente”, concluyó.
Los inicios
Según información de los propios vecinos, el emprendimiento Altos de la Patagonia comenzó en 2014, a partir de la conformación de un fideicomiso entre la Caja de Previsión de la Policía Provincial y los empresarios Walter Darío Prieto y Walter Agra. El período de duración del fideicomiso se estableció en cuatro años, es decir que vencía en 2018, cuando ya deberían haber sido entregado los terrenos con sus correspondientes servicios.
Sin embargo, la Caja Previsional del Personal Policial y Penitenciario fue demandada por la empresa Financar S.A. de Walter Agra por la suma de 13 millones de dólares, y existe un pedido del empresario para resolver el fideicomiso en caso de que no se pague esa suma en concepto de multa económica. En medio, muchos vecinos llegaron a pagar el total del terreno y otros, al conocer la existencia de una demanda entre las partes, optaron por cesar con los pagos.
La operatoria atraviesa ya tres gestiones de gobierno y ninguna administración se hizo cargo.
