El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina, evaluó las resoluciones que reglamentan los decretos de prórroga y consideró que las textiles, en función de la omisión total en esta reglamentación, estarían perdiendo los beneficios promocionales a fines de diciembre de 2023. Barajó que “los lobbies” del continente funcionaron y hay riesgo de perder una importante cantidad de puestos de trabajo. Dio a conocer los fondos multimillonarios que se van a recaudar por el aporte de las fábricas promocionadas, que tienen plazo para adherir hasta el 24 de este mes y deberán renunciar a cualquier reclamo judicial o desistir de los que tengan contra el Estado. Lamentó la falta de participación de la provincia y los municipios en la toma de decisiones sobre el financiamiento de proyectos para ampliar la matriz productiva, porque las va a tomar en Buenos Aires un comité ejecutivo.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina, fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la reglamentación de los decretos de prórroga del subrégimen industrial, donde no hubo participación del gobierno de la provincia. El gobernador había solicitado una reunión con el ministro de Producción Matías Kulfas, pero no tuvo eco, y tampoco tendrían decisión sobre el destino de los fondos para financiar proyectos de ampliación de la matriz productiva en la provincia.
“Son dos resoluciones, la 228, que reglamenta el decreto 727, y la 225, que reglamenta el decreto 725, que crea el fondo para la ampliación de la matriz productiva. Yo soy asesor contable y hago acreditación contable de algunas textiles, y lo que más preocupa es la omisión total en la resolución 228, que reglamenta el decreto 727. El decreto establecía que las textiles específicamente cesaban en su actividad el 31 de diciembre de 2023. Luego decía que la Secretaría de Industria iba a disponer la extensión de forma plurianual mediante resoluciones fundadas, previa verificación del cumplimiento de la ley. Uno estaba muy esperanzado de que se hablara más en el decreto reglamentario sobre este punto, pero se hizo caso omiso y hoy rige lo que dice el decreto. No dice nada más y esperemos que llegado diciembre del 2023 la autoridad de aplicación disponga la extensión, pero uno estaba esperando que dijeran en qué se va a fundamentar la extensión, porque las textiles están cumpliendo, tienen su personal, están sacando sus productos, tienen inversiones, y están haciendo las cosas como les permite la legislación”, afirmó.
Respecto de la resolución 228 en el punto de la constitución del fondo, recordó que “dice que las empresas que contaban con proyectos vigentes al 31 de octubre tienen que presentar su solicitud de adhesión y tienen plazo hasta el 24 de abril. Lo van a hacer mediante un trámite a distancia en la plataforma de AFIP, tienen que completar declaraciones juradas, entre las cuales deben tener el cumplimiento normal de aportes, contribuciones, indemnizaciones, sueldos y demás; también tienen que prestar su consentimiento expreso de que no van a efectuar ningún tipo de reclamo judicial y van a desistir de los que tienen contra el gobierno nacional y provincial. Después tienen que indicar si harán uso del artículo 6 del decreto 727 que prevé reinvertir el 40% de sus aportes en nuevos proyectos”.
“La resolución trae una novedad con respecto a nuevos proyectos industriales o readecuación de los que tengan en la parte electrónica. Se va a hacer una especie de convocatoria de la autoridad de aplicación y deberán presentar esto mediante el trámite a distancia. Acá va a intervenir el INTI para evaluar los proyectos y hay unos días de plazo para hacerlo. Todo es muy contrarreloj, porque la presentación de proyectos toma su tiempo. Si bien no tienen incidencia, se va a consultar a las cámaras y los sindicatos sobre los nuevos proyectos, que no son de ampliación de la matriz productiva, sino que están referidos a los que ya tienen. Tienen 30 días para eso y pueden presentar proyectos para fabricar productos que no tengan competencia en el continente”, señaló.
Aportes al fondo
En cuanto a la recaudación del fondo, indicó que será el equivalente “al 15% del IVA que facturan las firmas que van a adherir. Se estimaba una recaudación de 10 mil millones anuales y, si hablamos de una prórroga de 15 años, serían 150 mil millones a valor nominal, sin ajustar por inflación. A eso hay que restar un 30% porque se crea un fondo para el financiamiento del fideicomiso, y el decreto 725 dice que se va a tener que manejar con un tope del 3% de lo que se recauda, o sea que estamos hablando de 300 millones anuales para manejarse operativamente. Si restamos esto, queda un neto para distribuir de 9.700 millones anuales, o 145 mil millones si hablamos de los 15 años”, precisó.
“De ese total, el 60% es para financiar nuevos proyectos productivos que tiendan a la ampliación de la matriz productiva. Hablamos de 5.820 millones anuales u 87.300 millones en 15 años. Esto lo puede presentar cualquier persona física o jurídica que esté radicada en la provincia. Estos proyectos se pueden aplicar a agricultura, ganadería y pesca, actividades industriales conexas, la madera, actividades agroindustriales, turismo, actividades logísticas vinculadas con la Antártida, hidrocarburos y sus derivados, incluida la petroquímica, economía del conocimiento y otros que apruebe el comité ejecutivo. El 40% restante es para inversiones en obras de infraestructura y hablaríamos de 3.880 millones anuales o 58.200 millones en 15 años. Pueden presentar proyectos los que firmaron el decreto: el gobierno de la provincia, la municipalidad de Río Grande y la municipalidad de Ushuaia. El decreto dice que no pueden destinarlos a gastos corrientes sino al desarrollo productivo de la provincia, el desarrollo del polo logístico, y yo siempre hablo del puerto en la zona norte, también para mejorar infraestructura productiva. La municipalidad de Tolhuin tendrá que depender del gobierno de la provincia”, observó, dado que no fue incluida.
Teniendo en cuenta que los aportes de las empresas promocionadas tienen que ser retroactivos a enero de este año, Gallardo estimó que “ya tendrán los fondos guardados hasta que les digan dónde los tienen que depositar”.
El triunfo del lobby
Volviendo sobre las textiles, Gallardo indicó que “hasta el 31 de diciembre de 2023 nadie las puede tocar, pero el 24 de abril vence el plazo para adherirse y las textiles jamás se pueden adherir porque no se les da la posibilidad. Simplemente el decreto dice que la autoridad competente evaluará. En principio finaliza la promoción en diciembre de 2023. Podrán evaluar si cumplieron con lo que dice la 19640 pero queda la incertidumbre. Realmente parece que los beneficios ya se los sacaron y los lobbies funcionaron al pie de la letra”, lamentó.
“Yo escuché los comentarios de los políticos de turno que decían que esto se estaba discutiendo, pero la resolución que reglamenta el decreto 727 hizo caso omiso. Quedó un subrégimen industrial acotado y ya no se puede incorporar nadie más. Hay proyectos aprobados que no habían iniciado actividad y creo que todo eso se cae. Como tienen que tener todo al día, incluidas las indemnizaciones, va a haber una decantación y no creo que queden más que 5 ó 7 empresas, que son las que pueden crecer porque además pueden invertir el 40% del aporte al fondo para sur propios proyectos”, barajó, previendo una concentración en las grandes empresas radicadas.
Convidados de piedra
Si bien el fondo al que aportarán las empresas “implica una cantidad sideral de dinero y lo que puede quedar para la ampliación de la matriz productiva es muy interesante”, no tendrán posibilidad de definir nada los representantes de la provincia.
“Ahora queda en las autoridades que gobiernan que reaccionen, porque no estamos en condiciones de perder empleo. A nivel nacional jamás se respetó la actividad privada y se la viene coaccionando metiendo tributos, impuestos y cargas sociales, que hacen que nadie quiera tomar empleados. De alguna manera tienen que darse cuenta, más vale tarde que nunca, de que la gente no quiere subsidios sino un trabajo digno. Todo lo que es para ampliación de la matriz productiva depende de tres personas que están en Capital Federal y estas dos resoluciones les dan toda la autoridad. Pueden dar préstamos a tasa subsidiada, préstamos no reembolsables, asociarse a alguna empresa donde el Estado forme parte, y todo eso pasa por estas tres personas. Es decir que acá en la isla no decidimos nada con respecto a la ampliación de la matriz productiva”, cuestionó.
Barajó que “se van a priorizar los proyectos que estén en igualdad de condiciones con Buenos Aires, y no van a tener los beneficios de la promoción. Quieren que sea competitivo un emprendimiento a 3 mil kilómetros de Buenos Aires. Además hablan de fondos para la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego y eso no significa que el dueño de una empresa desarrolle algo acá y tenga asiento en Buenos Aires u otro lugar. La resolución dice que no pueden dar préstamos o subsidios a familiares de las personas que van a manejar el comité ejecutivo, pero yo todavía no conozco los que han sido designados y si esto se hizo. De entrada, el gobierno y los municipios deberían tener oficinas especializadas en estos decretos para evacuar todas las consultas de cualquiera que quiera hacer un proyecto de inversión. El comité va a evaluar los proyectos y después los va a mandar a una entidad financiera para que evalúe el riesgo de la persona, que tiene que tener solvencia, las cargas al día, y hay una serie de requisitos para cumplir y tener acceso a un préstamo o un aporte no reembolsable”, concluyó.
