El secretario de Energía Moisés Solorza estimó que el aumento del gas para la tarifa residencial podría rondar entre el 20 y el 23%, y no habrá suba para la tarifa social. En el caso de la tarifa eléctrica, se espera conocer los parámetros del gobierno nacional, pero como novedad adelantó que se va a implementar también una tarifa social, que no existía en Tierra del Fuego, tanto desde la DPE como desde la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Recordó que hace dos años no hay una actualización y es necesaria para no desfinanciar a la dirección, teniendo en cuenta las inversiones que se deben hacer para que el servicio sea más eficiente. Se prevé la incorporación de nuevo equipamiento, teniendo en cuenta el crecimiento económico. Habrá una segmentación para que progresivamente se elimine el subsidio a los que puede costear la tarifa plena, previo estudio de la situación en la provincia, para contemplar la situación de la industria y sobre todo de las pymes.
Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el impacto en Tierra del Fuego de los aumentos tarifarios anunciados por el gobierno nacional, que ya fijó fecha para las audiencias públicas.
Indicó que en el consejo federal de energía eléctrica “se está viendo cómo va a impactar en cada una de las jurisdicciones este nuevo llamado a audiencias públicas, que tiene que ver con energía eléctrica y gas natural por red. Van a ser el 10, 11 y 12 de mayo, y luego veremos cómo se traduce esta nueva composición. De acuerdo a lo que se votó a nivel nacional y en el marco del cumplimiento de los objetivos del FMI, hubo un llamado para intentar recomponer tarifas en el orden del 20% para los segmentos de mayor poder adquisitivo, de acuerdo a lo que está planteando el gobierno nacional”.
Solorza asumió como secretario de la comisión de asuntos técnicos del Consejo Federal de Energía Eléctrica y en ese ámbito se están haciendo “simulaciones que tienen que ver con el estudio de la segmentación que está pidiendo el Estado nacional para que sea un aporte solidario del que más tiene, con una quita del subsidio de manera progresiva, porque las arcas públicas sostienen las tarifas sociales y diferenciadas. Esto ayuda a esquemas como el de Tierra del Fuego, que en diciembre de 2020 ingresó al mercado mayorista argentino. Esto nos llevó a tener una recomposición y un reconocimiento de deuda del sistema eléctrico fueguino, que estaba en el orden de los 3.500 millones de pesos. Gracias a la incorporación en este esquema pudimos dejar en cero la deuda que tenía con CAMMESA la Dirección Provincial de Energía y reducir en 2.550 millones de pesos la deuda de la Cooperativa Eléctrica con el ente nacional”, recordó.
“Este nuevo escenario nos pone en alerta de cómo va a impactar el precio estacional de la energía, porque ahora viene el invierno, y cómo se podrá traducir en las distintas jurisdicciones, para que sea de la manera más razonable para todos los segmentos. En nuestra provincia la mayor cantidad de tarifa subsidiada está distribuida en el segmento residencial”, precisó.
“En Ushuaia, después de dos años, no hubo incremento de tarifas, salvo el llamado pass through, ese pasamanos del precio estacional, no hubo incrementos en Ushuaia justamente para acompañar la recomposición de la actividad económica después de la pandemia, como también la recomposición salarial. Esa decisión la tomó el Estado para acompañar la recomposición económica, pero ahora es necesario actualizar las tarifas para no desfinanciar a la Dirección Provincial de Energía. A su vez tenemos que asumir con nación los compromisos del pago de la energía eléctrica generada del gas que ya provee CAMMESA, y se tiene que pagar en la medida que se genera”, señaló.
Segmentación necesaria
Solorza apoyó la decisión del gobierno nacional de avanzar con una segmentación en todo el país y “nosotros debemos trabajar en ese sentido, para ver cuál es nuestra composición de grandes usuarios, de los que necesitan una tarifa social, y la vamos a instrumentar como pedido del Ejecutivo provincial. Es decir que la Cooperativa Eléctrica y la DPE tendrán esa tarifa para no quedar en desigualdad de condiciones con otras jurisdicciones del país. Nosotros no tenemos implementada una tarifa social eléctrica y debemos avanzar para asistir al que más necesite de los subsidios, y de manera solidaria iremos traduciendo tarifas más plenas a los segmentos de mayor poder adquisitivo que pueden afrontar una tarifa mayor”, anticipó.
“Además tenemos debilidad en nuestro equipamiento y problemas que heredamos no solamente de deudas sino de obsolescencia de equipamientos para generación. Con el crecimiento de la actividad económica vamos a necesitar ampliar nuestro parque de generación”, sostuvo.
¿Doble aumento?
Se lo consultó si habrá un doble aumento, de gas y de luz, dado que se usa el gas para la generación eléctrica, pero aseguró que no será igual el impacto. “Si bien la generación eléctrica es a base de gas, ese segmento está desacoplado. No es lo mismo la tarifa diferencial que tiene el segmento de gas natural por redes y el gas para generación eléctrica, porque lo administra CAMMESA. En este caso CAMMESA pone un valor estacional del precio de generación y ese costo lo asume cada una de las distribuidoras, es decir que no se traslada al costo final de la tarifa. En la distribución del gas por redes el aumento es directamente proporcional. Cualquier medida que se tome de variación de precios desde ENARGAS va directamente a la distribuidora, que es CAMUZZI en el caso de Tierra del Fuego, y CAMUZZI traslada el precio que se da en la audiencia pública directamente al usuario, dependiendo de cada segmento. Con la electricidad no sucede lo mismo, sino que el costo va al precio estacional para generación eléctrica y luego se agregan otras cuestiones más técnicas, como el valor agregado de la distribución, que sí altera la tarifa final. Es una situación indirecta, muy técnica, pero no es que, así como aumenta la tarifa de gas, va a aumentar la de luz”, manifestó.
Jurisdicción provincial
El funcionario expuso la defensa de la autonomía de cada provincia, que podrá definir sus propios cuadros tarifarios más allá del porcentaje de aumento estimado por el gobierno nacional. “Los cuadros tarifarios de la electricidad dependen de jurisdicción provincial. Al estar incluidos dentro del mercado eléctrico mayorista tenemos esa referencia y va a impactar de manera indirecta. Para no desfinanciar, seguir haciendo los mantenimientos y generando electricidad, es necesario reacomodar el cuadro tarifario, que está desfasado en dos años. Esto no quiere decir que vaya a aplicarse de manera plena ese aumento. Por lo menos por el lineamiento político que tengo eso está descartado de pleno, pero hay que hacer un estudio de la recomposición tarifaria que necesita nuestra provincia y diagramar de manera autónoma nuestro propio esquema tarifario, que acompañe al crecimiento industrial, a las pymes, y que sea solidario con esta segmentación que se pretende a nivel nacional y hay que trasladarla a la provincia como política pública”, dijo.
“Por un lado se va a acompañar a los sectores más vulnerables, generando una tarifa social eléctrica, y se va a trabajar en la segmentación pedida a nivel nacional. Es una herramienta que nos va a permitir saber dónde estamos parados para que el subsidio le llegue al que más lo necesita, en lugar de ir a la criptominería, por ejemplo. Los sectores más necesitados hay que atenderlos, pero las criptomineras recibían el mismo subsidio cuando no agregan ningún tipo de valor”, cuestionó.
“Tenemos que hacer una revisión integral tarifaria y debe avanzar tanto la Cooperativa Eléctrica como la DPE, porque no solamente es incremento de tarifas sino eficiencia, con una estructura de costos acorde a lo que necesita nuestra provincia, ver cómo se traslada esa eficiencia en una mejor calidad de servicio a los vecinos, y ver cómo acompañamos a las pymes. Esto implica un estudio para tener una composición representativa de la estructura productiva de la isla, y que eso se traduzca en tarifas justas y razonables para todos los segmentos, en este objetivo de optimizar los subsidios que se otorgan a la energía. Hace mucho tiempo que no se hace una revisión integral de nuestra estructura productiva, de cuántas son las familias que necesitan una tarifa social, de qué modo podemos acompañar a las pymes para generar empleo. Estas decisiones hay que tomarlas en conjunto con las distribuidoras y generadoras de la provincia”, subrayó.
Sin tarifazos
Solorza diferenció este esquema del que se aplicó en la gestión anterior. “No se trata, como en el gobierno de Macri donde lamentablemente acompañó la provincia, de implementar tarifazos impagables que le compliquen la vida a la gente. Por eso estamos trabajando en generar instrumentos que nos den una visión clara de lo que necesita Tierra del Fuego en materia energética. En el Consejo Federal de Energía Eléctrica estoy proponiendo una forma más ágil de entrecruzar datos, para no caer en el error de hacer una segmentación que no sea representativa y simplemente tome el poder adquisitivo de cada una de las familias. Mi postura fue que se le ceda a los gobiernos provinciales la potestad de hacer un estudio de campo, apoyado por el gobierno nacional, con entrecruzamiento de datos con ANSES, para que la base de datos sea representativa y que no tengamos errores insalvables en esta quita progresiva de subsidios. En esta etapa post pandemia tenemos que acompañar el crecimiento nacional y no creo que un aumento generalizado sea la solución inmediata, porque se suma al nivel de pobreza que tenemos en la Argentina, a un proceso inflacionario muy grande, y mi criterio es esperar hasta que la recomposición salarial en los segmentos de todo el país le gane a la inflación, antes de pensar en un aumento tarifario”, planteó.
Aseguró que esta propuesta “cayó muy bien y se va a elevar al comité ejecutivo y a la Secretaría de Energía de la Nación. Creo que vamos a tener éxito porque en todas las jurisdicciones tenemos un desfasaje en el criterio que se utiliza para la implementación de la tarifa social. Ese criterio habría que unificarlo, porque hablamos de un servicio público que debe garantizar el Estado a un precio justo y razonable”.
Para el gas natural por redes ya están dados los porcentajes y para la tarifa social “va a haber cero aumento. Para residenciales, dependiendo de los consumos, estaría entre el 9 y el 21%, también para los industriales. Hay un proyecto de ley que se descartó en el macrismo y plantea un concepto basado en el índice de variación salarial. Queremos ver si se puede implementar esta herramienta y esto llevaría el mayor aumento al 20 ó 23% para la tarifa residencial de gas. Para la luz esperamos el incremento que va a proponer el Estado nacional, pero el traslado a Tierra del Fuego no es igual al que sufre el AMBA”, concluyó.
