El presidente de la caja de previsión, Carlos Iommi, destacó la buena disposición del municipio de Ushuaia para acortar la cantidad de cuotas correspondientes al pago de deudas históricas certificadas. La misma tarea se está realizando con otros organismos y la semana próxima se firmaría el convenio con el gobierno provincial. Sobre el régimen jubilatorio docente, dijo que presentaron alternativas a la propuesta del sindicato, que tendrá que evaluar la Legislatura, para que el régimen siga siendo sustentable.
Río Grande.- El presidente de la caja de previsión, Carlos Iommi, hizo referencia por Radio Nacional Ushuaia a la firma del acuerdo con la municipalidad de Ushuaia para comenzar a cancelar la deuda histórica. “El convenio se firmó en el marco de la ley 302. A partir de la buena predisposición de la municipalidad y de todos los organismos que se encontraban con deuda certificada, se han ido celebrando distintos convenios. El municipio no tiene deuda a la fecha acumulada, lo que tenía una deuda certificada y se celebró un convenio con menor cantidad de cuotas de lo que preveía la ley, por eso destaco la buena predisposición. Con todos los organismos donde el Tribunal de Cuentas certificó deuda en su momento se está haciendo lo mismo y estimo que esta semana o a principios de la próxima estaremos firmando el convenio con el gobierno de la provincia”, adelantó.
Sobre la situación de la caja, dijo que “se trata de trabajar de manera conjunta con el gobierno para sostener el sistema previsional. Estamos tratando de buscar financiación externa y, mientras podamos mantenernos como hasta ahora, no es la panacea pero estamos bien, más allá de los cambios en la contribución de los beneficiarios que se está analizando”.
Respecto de retrotraer el sistema previsional docente a la situación previa a la sanción del paquete de leyes de 2016, señaló que “se están evaluando distintas alternativas. El trabajo mancomunado nos va a permitir no hacer ningún tipo de locuras. Hemos remitido a la comisión 1 una evaluación de informes actuariales realizados el año pasado y sería ideal que esto se debata en el seno de la comisión, para tomar una decisión a partir de ese análisis. Nosotros planteamos alternativas que se podrían modificar respecto del proyecto remitido por el gremio. La idea es que no haya un impacto sustancial en la caja para que se mantenga la sustentabilidad del régimen”, expresó.
Fallos en contra
Por otra parte, se lo consultó sobre fallos judiciales adversos a la caja que obligarán al pago de sumas millonarias. “Hay una sentencia de mediados de abril y desde la justicia se adoptó un criterio respecto del beneficio jubilatorio otorgado en su momento. El beneficiario hizo una presentación y solicitó la aplicación de unos fallos que habían sentado jurisprudencia con anterioridad. Cuando se otorga el beneficio, se hace de acuerdo a la ley vigente, pero muchas veces el criterio de la justicia puede variar respecto del nuestro. Hay que evaluar cuál será el impacto, porque hay un montón de fallos en contra que se hacen relevantes, pero no se cuentan los fallos a favor que tenemos. Tenemos un equipo de profesionales que saben defender los derechos de la caja y también de los beneficiarios. Son muy pocos los fallos que salen a favor del beneficiario. Acá no se trata de ganar o perder, porque el único que termina perdiendo es el beneficiario, que debe realizar un gasto extra cuando el asesoramiento que se brinda en la caja es a conciencia”, aseguró.
Agilización de procesos jubilatorios
Finalmente dio cuenta de avances para agilizar el trámite jubilatorio. “Seguimos trabajando en esto, yo estaba convencido de que era un proceso más fácil, pero dependemos mucho de los organismos. La información que nos brindan es la que vamos a poder procesar. Estamos con falta de personal y tratamos de resolverlo en el plazo más corto posible para poder encarar con toda la fuerza y exigir a los organismos la presentación de la historia laboral. El que se quiera jubilar va a tener más agilidad en el trámite porque su historia laboral va a estar cargada. Vamos a ver la movilidad de su haber de manera más ágil y nos va a permitir saber cuántas personas se estarán jubilando porque ya están en condiciones”, dijo.
“Hoy la demora desde el inicio del trámite depende del organismo del que viene y la documentación que trae, pero estamos entre los cinco y seis meses siempre que esté bien presentada la certificación de servicios. A partir de la implementación de la historia laboral se puede reducir sustancialmente, pero esto no depende solamente de la caja sino de la colaboración de los organismos, por eso necesito de gente especializada para trabajar con los organismos”, concluyó.
