El edil del Frente de Todos Hugo Martínez valoró el trabajo de la Sala Acusadora que finalmente resolvió por unanimidad de los cuatro bloques políticos del Concejo Deliberante de que no existe responsabilidad del intendente Martín Pérez en los hechos que el propio jefe comunal denunció ante la justicia. “La causa debe seguir el proceso administrativo que establece la administración pública con el sumario administrativo correspondiente o a través de la justicia en virtud de la denuncia oportunamente realizada”, observó el concejal peronista. Cabe acotar que los concejales brindaron una recomendación al Ejecutivo de que extremen los controles “para evitar que se vuelvan a producir hechos como este”, dijo el edil.
Río Grande.- El concejal Hugo Martínez, integrante de la Sala Acusadora, fue entrevistado por Info3Noticias sobre la determinación que tomó el Concejo Deliberante en el marco de un pedido de juicio político contra el intendente Martín Pérez, por no existir responsabilidad de su parte que pueda encuadrar como causal de juicio político. “Nosotros hemos tomado la denuncia y hemos citado al denunciante; ha ampliado la denuncia, hemos requerido toda la información correspondiente, la hemos estudiado la hemos analizado y la Sala Acusadora ha concluido en el día de hoy (por este miércoles) de que no existe responsabilidad del intendente en los hechos que el propio Ejecutivo municipal denunció ante la justicia”, explicó el edil.
Hugo Martínez agregó “este dato (la denuncia del propio Intendente ante la justicia) es un hecho importante, no es menor porque (Martín Pérez) no solo se puso a disposición de la Justicia, sino también ante el Concejo Deliberante ante la Sala Acusadora y la Comisión Investigadora y el Municipio ha aportado documentación que le hemos requerido nosotros y por unanimidad hemos concluido en esta resolución en el día de hoy”.
El concejal observó que este fue un proceso político, pero que la causa debe continuar en los estrados judiciales contra quien está imputado en esta estafa al erario municipal, el ex director de Juventudes, César Segovia. “El artículo 140 de nuestra Carta Orgánica (el estatuto de la ciudad de Río Grande) establece una manda donde señala quiénes son pasibles de que se les inicie un juicio político y entre ellos está el Intendente, el Juez de Faltas -en este caso es una jueza- y los integrantes del Tribunal de Cuentas, el resto de los funcionarios no son pasibles de un juicio político, por lo tanto nuestro trabajo de investigación se focalizó en este tipo de responsabilidades (la denuncia de un vecino contra el Intendente), pero esto no quiere decir de que las irregularidades que se han cometido se deje sin efecto, sino todo lo contrario, deben seguir el proceso administrativo que establece la administración pública (Ley de Procedimiento Administrativo 141) con el sumario administrativo correspondiente o a través de la justicia en virtud de la denuncia oportunamente realizada”.
Martínez recordó que se le pidió información a los bancos “y es claro que solo existe una sola tarjeta institucional en el Banco Macro y los otros bancos han expresado que no tienen tarjetas institucionales del Municipio de Río Grande y también el Municipio de Río Grande que aportó datos, resúmenes y actuaciones de las distintas áreas participantes a raíz de lo cual hemos visualizado y hemos comprobado que el Ejecutivo municipal, el Intendente especialmente, no ha sido partícipe en ninguna parte de este proceso que se está investigando, en términos políticos, me refiero”.
Finalmente aclaró “para evitar suspicacias que siempre existen. Sabemos que se ha planteado el monto que ronda los tres millones ochocientos ochenta y tres mil pesos, monto que hemos corroborado a través de los distintos aportes con los que nos han colaborado las distintas instancias y que la Sala Acusadora está integrada por los cuatro bloques el cuerpo legislativo de la ciudad y esto también es importante decirlo y hemos firmado esta resolución por unanimidad”.
