El vicepresidente del STJ, Dr. Gonzalo Sagastume, prestó juramento como integrante del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. La Comisión está integrada además por los legisladores Pablo Villegas y Federico Greve; el Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y referentes de organizaciones de derechos humanos, José Luis Piñeiro, Analía Castonjauregui y Florencia Villarreal.
Ushuaia.- En el marco de la Ley Provincial N° 857, el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume prestó juramento este miércoles 8 de junio, como integrante del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La toma de juramento la realizó la presidenta del Parlamento fueguino Mónica Urquiza.
La Comisión está integrada además por los legisladores Pablo Villegas y Federico Greve; el Dr. Gonzalo Carrillo Herrera y referentes de organizaciones de derechos humanos, José Luis Piñeiro y Analía Castonjauregui. También lo integra María Florencia Villarreal.
La Ley provincial N° 857 fue sancionada en octubre de 2011 y promulgada en noviembre del mismo año. Establece la creación del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Comité orientará sus actividades según los estándares establecidos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las normas, principios y reglas referidas al trato de las personas privadas de la libertad adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. El Comité tendrá competencia y jurisdicción sobre todo el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La integración del comité abarca a tres representantes de organizaciones de Derechos Humanos que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hayan desempeñado como funcionarios políticos en el curso de los últimos dos años; dos miembros del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial.
Todos sus integrantes deben poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los Derechos Humanos. Durarán dos años en sus funciones y podrán ser renovables.
