El legislador del MPF, que preside la comisión de seguridad, sentó postura respecto de la intención del gobierno de construir una unidad carcelaria “al lado de un basural a cielo abierto”, como calificó al relleno sanitario, en función del tratamiento inadecuado que se daría a los residuos. Se esperaba debatir el tema en la reunión del miércoles pero, ante la ausencia de la Ministra de Gobierno y el Jefe de Policía, volverán a ser citados la semana próxima y se sumaría la convocatoria al Secretario de Medio Ambiente. Villegas afirmó que “en el aire circulan partículas altamente cancerígenas y no me parece buena idea construir la cárcel al lado de un basural”. También se citará a las Cámaras de Turismo, de Comercio, de Hotelería y Gastronomía, que se habían opuesto a la elección del lugar. Aclaró que está “a favor de la construcción de la unidad carcelaria”, pero no en ese sitio y recordó el pedido de los vecinos que reunieron más de mil firmas en diciembre pasado, pero hasta ahora no fueron recibidos por las autoridades. “Hay legitimidad social en este reclamo y es deber de cualquier funcionario rendir cuentas. Uno lo hace como legislador y creo que los funcionarios del Ejecutivo también lo deberían hacer”, sentenció.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas expuso por Radio Provincia los motivos de la reunión de comisión desarrollada este miércoles, que no se pudieron debatir por ausencia de los funcionarios provinciales. “Estuvieron ausentes la Ministra de Gobierno y el Jefe de Policía, que estaban citados, y seguramente van a ser citados la semana que viene nuevamente. No pudimos trabajar dos proyectos de ley, uno referido a la creación del Tribunal de Disciplina Policial, que es un proyecto del bloque justicialista provincial; y otro proyecto sobre la creación del Consejo Director Policial, como ámbito institucional donde los trabajadores policiales pueden discutir sus condiciones laborales, salariales, que presentó el MPF. No los pudimos tratar por la ausencia de las autoridades políticas del gobierno de la provincia”, subrayó.
“Tratamos otro tema que estaba en la agenda, referido a los distintos planteos de vecinos de la zona del Mirador de Los Andes, de las 640 Viviendas. Ellos presentaron una nota a fines de diciembre con varias firmas de distintos vecinos donde ponían serios reparos a la posible construcción de una cárcel en cercanías del barrio. En enero, durante el receso legislativo, yo estuve reunido con ellos y les dije que, si no los recibían las autoridades del Poder Ejecutivo lo iba a hacer la comisión 6, y eso ocurrió, porque hasta el día de la comisión no fueron recibidos por el gobierno”, cuestionó Villegas.
“Los escuchamos y volvieron a ratificar las objeciones que tienen y lo que manifestamos fue que hay una necesidad objetiva de construir una unidad carcelaria en la zona sur de la provincia, porque tenemos una falencia en la estructura del servicio penitenciario. En términos personales comparto las objeciones, tanto de los vecinos de las 640 Viviendas como los de la zona de Goleta Florencia y Arturo Andrade, porque de manera extraoficial se habla del retiro de las oficinas de la policía de ese lugar para ser destinadas exclusivamente al servicio penitenciario provincial”, dijo.
“Yo destaco la iniciativa institucional del gobierno de la provincia de dar una solución al problema estructural del servicio penitenciario, pero no estamos de acuerdo algunos legisladores y los vecinos con el lugar. Hay reparos y serias objeciones a que se construya en cercanías del barrio 640 Viviendas, y uno lo que hace es ser intermediario entre ese reclamo y las autoridades del Ejecutivo, que son los que van a definir dónde y cuándo se va a construir una cárcel”, planteó.
Consideró que el pedido de los vecinos “es un reclamo legítimo y uno tiene la obligación de generar el espacio institucional para recibir ese reclamo y de ponernos en contacto con las autoridades del Ejecutivo, para que expliquen los fundamentos para construir una cárcel en esa zona. En lo personal creo que no es un lugar apto para construir una cárcel, porque está al lado de un basural a cielo abierto como el que tenemos hoy en el ingreso de la ciudad”, dijo del relleno sanitario.
“Hay cuestiones ambientales y de salud, no solamente de los futuros internos sino del personal penitenciario que va a trabajar cerca de un basural a cielo abierto. El sistema de tratamiento que se le da a los residuos sólidos permite que se disparen los líquidos exiliados porque no se están tratando debidamente. En el aire circulan partículas altamente cancerígenas y no me parece buena idea construir al lado de un basural la cárcel”, remarcó.
Recordó que “la Ministra de Gobierno tiene a cargo el servicio penitenciario y seguramente la semana que viene nos podremos reunir. Los legisladores plantearon la necesidad de convocar también al Director del Servicio Penitenciario y a representantes de la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y la Cámara Hotelera y Gastronómica, que también presentaron una nota a fines del año pasado con objeciones a la construcción de una cárcel en esa zona”.
“De acuerdo a lo que conversamos con los legisladores seguramente van a ser citadas también las autoridades de Medio Ambiente de la provincia, porque hay objeciones planteadas desde 2017 por la Secretaría de Ambiente de la provincia por ese basural y queremos saber qué decisiones se han tomado al respecto. Trabajaremos esa temática de la mejor manera posible”, garantizó.
Fuera del ejido
El legislador aclaró que ese basural no es competencia del municipio. “El municipio tiene como competencia retirar la basura de los domicilios y darle el destino final, pero la instalación de este basural está fuera del ejido municipal y la Secretaría de Ambiente de la provincia tiene competencia en la materia. Debe definir si ese basural se está manejando de acuerdo a las reglas de buenas prácticas en materia ambiental”, consideró.
“Yo fui hace poco al lugar y ese relleno sanitario que era modelo en la gestión de Jorge Garramuño, pasó a tener un sistema de tratamiento parecido a un basural a cielo abierto. Tengo entendido que no es ejido urbano y justamente el legislador Sciurano, que fue intendente y es una voz autorizada en la materia, dijo que estaba fuera del ejido”, sostuvo.
“Lo importante es dejar en claro que estamos a favor de la construcción de la unidad carcelaria, pero compartimos las objeciones sobre el lugar. Cuando hay un planteo de los vecinos, respaldado por más de mil firmas, hay que escucharlo. Hay legitimidad social en este reclamo y es deber de cualquier funcionario rendir cuentas. Uno lo hace como legislador y creo que los funcionarios del Ejecutivo también lo deberían hacer”, recomendó.
Además observó que “la cuestión ambiental es competencia de la comisión 3, que preside la legisladora Mónica Acosta pero, como surge la posibilidad de una unidad carcelaria al lado del relleno sanitario, aparece esta inquietud. Oscar Rubinos ha dado a conocer por las redes sociales un estudio muy detallado, que nos sirvió de base para el análisis en comisión y para ver la posibilidad de convocar a las autoridades ambientales de la provincia. El foco lo tenemos puesto en la cárcel pero, si me acompañan los legisladores, también vamos a tratar la cuestión ambiental”, adelantó.
Comité contra la tortura
Por otra parte el legislador estuvo presente el miércoles por la tarde en el acto de asunción de los miembros del comité contra la tortura. “Tomamos juramento quienes vamos a integrar el comité provincial de evaluación y seguimiento de la aplicación de la convención contra la tortura, tratos crueles o degradantes, en el ámbito provincial. Esto tiene que ver con una ley sancionada hace más de once años y nunca se pudo constituir este comité. Desde la comisión 6, de seguridad, justicia y derechos humanos, pusimos en práctica el año pasado el procedimiento para que esto fuera una realidad, abrimos el registro de inscripción de organizaciones con experiencia en derechos humanos, para que nombraran a sus representantes en el comité. A principios de este año la comisión aprobó la incorporación de estos integrantes y el miércoles tomamos juramento los representantes por el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Legislatura y de las ONG. Esto marca un antes y un después en el cambio institucional en la provincia, porque el año pasado habíamos tenido la presencia de funcionarios del comité nacional y ellos habían hecho un informe sobre Tierra del Fuego, con observaciones ante la morosidad de la provincia para aplicar la ley. Una tenía que ver con la constitución del comité, y esto fue salvado”, destacó.
“En términos personales representa una carga pública y uno va a tratar de ejecutarla con la mayor responsabilidad posible. Este comité tiene como función velar por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad o en situación de encierro”, informó el legislador.
Agregó que “el informe del comité nacional también planteaba serias objeciones respecto de los edictos policiales que se aplicaban en la provincia y esa observación también fue salvada, porque a partir de febrero de este año se encuentra vigente el código contravencional provincial. Es absolutamente respetuoso de las reglas del debido proceso legal, con participación en el juzgamiento de autoridades judiciales. Yo estoy convencido de que es necesario dar saltos cualitativos de mejora en términos institucionales y es una satisfacción personal que las observaciones se vayan corrigiendo, poniendo en práctica el código contravencional y el comité”.
“Nos vamos a reunir la primera semana de julio y el compromiso es juntarnos al menos una vez al mes. Es un gran desafío de todo punto de vista, porque hay una falencia estructural del servicio penitenciario a nivel provincial. El comité tiene una constitución heterogénea y esto hace que haya una mirada más abierta y una cuota de realismo más marcada”, concluyó.
