El secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó el decreto que establece la segmentación en base a la cual pierden el subsidio en parte o en total aquellos que tengan ingresos superiores a la canasta básica. El valor de referencia que se toma es en base a una media nacional, que no responde al costo de vida de Tierra del Fuego ni de la Patagonia en general. Además, advirtió sobre la falta de claridad del decreto, porque se desconoce si perderían el subsidio para el gas de generación, con el impacto que esto tendría no sólo en la tarifa de gas, sino en la de electricidad. “Yo soy coherente con lo que siempre he pensado, he militado contra los tarifazos y no creo que este sea el camino”, dijo, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que vive el país y el estrés que agregarían tarifazos de este tipo, no sólo al usuario común sino a los sectores productivos. Para Solorza debió discutirse en un ámbito federal, atendiendo las particularidades de cada provincia, y hubo “una urgencia del Ministro de Economía” en sacar una herramienta que “es más complaciente con el FMI con una visión recaudatoria que tampoco resuelve el 2,1% de quita de subsidios propuesto. Esto es más por un compromiso que por una cuestión necesaria en el país”, fustigó.
Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza expresó su rechazo al decreto del Gobierno nacional que establece la segmentación a partir de junio, con la quita de subsidios a los ingresos medios y altos, por la falta de una mirada federal, dado que se toma como referencia la canasta básica de Buenos Aires, muy diferente de la de Tierra del Fuego.
Por Radio Nacional Ushuaia sostuvo que “es un decreto nacional que tiene alcance a todas las jurisdicciones del país, y Tierra del Fuego no escapa a eso, más allá de que estamos en una zona fría y ya recibimos subsidios a la electricidad por parte de CAMMESA y al gas por parte de Camuzzi Gas del Sur. Aun habiéndose ampliado el régimen de zona fría para más de tres millones de argentinos en las zonas cordilleranas y del norte, la segmentación de tarifas alcanza a todo el país”, señaló.
“La zona fría está determinada por ley y justamente estamos planteando las contradicciones que se están viendo en el decreto, que no puede ir por encima de una ley. Hemos pedido que se clarifique específicamente si los alcances del decreto son los que estamos interpretando. Estamos haciendo consultas a nivel nacional, porque tener este tipo de instrumentos sin las respuestas necesarias al alcance de los usuarios, los vecinos y vecinas, no agrega tranquilidad sino todo lo contrario”, advirtió.
Cálculo no representativo
“La base de cálculo de la segmentación se queda un poco corta y no es representativa de cada una de las localidades del interior del país, porque se aplica un índice en base a un promedio nacional que no se fija específicamente en los costos de vida y las canastas familiares de Tierra del Fuego y de la Patagonia en general. En AMBA, para no ser pobre, una familia debe tener un ingreso de 100 mil pesos por mes, en base al costo de la canasta básica. Con 344.300 pesos ya sos rico, porque quedan comprendidos dentro de ingresos altos. Cuando cuestionábamos a Mauricio Macri porque decía que hay que pagar el costo de la energía de acuerdo a lo que vale, me parece que esto no se condice con un gobierno peronista, porque todavía no sabemos cuál es el costo de la energía del país. No sabemos cuánto cuesta producir el millón de BTU en boca de pozo, como para tomar una decisión de estas características, con una economía bi-monetaria en la Argentina”, planteó.
“Los subsidios son estímulos cuando se habla de las petroleras que sacan nuestro gas y petróleo, pero cuando se habla de la clase media o trabajadora, se los llama subsidios. Pareciera que hay cuestiones semánticas en medio, y claramente en este período inflacionario no estamos en condiciones de afrontar estos valores. Me parece desacertada la medida y el punto de referencia para hacer los cálculos”, remarcó.
“Yo soy coherente con lo que siempre he pensado, he militado contra los tarifazos y no creo que este sea el camino. Yo propongo un ámbito más amplio y consultivo de parte del gobierno central con las jurisdicciones. Están invirtiendo la carga de la prueba, porque somos todos subsidiados hasta que alguien demuestre lo contrario y hasta que te inscriban. Además, existe una brecha digital entre los adultos mayores y gente que no tiene acceso a internet, y tiene que completar ese registro. Ni hablar si pensamos que las prestadoras de servicio todavía no tienen plena atención personal como para resolver el trámite. Me parece que este esquema que se ha planteado no considera las canastas familiares y los índices locales. Este decreto salió sin mayores reglamentaciones y, si bien es necesario trabajar sobre las tarifas, todavía no está resuelto el trabajo sobre los costos de la energía, sobre lo que se han llevado las empresas durante los cuatro años de Mauricio Macri, y sobre la inflación que tenemos, porque no es justo que todos los usuarios de la Patagonia y de nuestra provincia paguen una tarifa plena, siendo provincias productoras. No me parece la herramienta adecuada”, reiteró el funcionario.
Falta de una mirada federal
Solorza recordó que es representante de la provincia en el Consejo Federal de Energía Eléctrica y “me parece que ese hubiera sido un buen ámbito para discutir de manera federal los alcances de la quita de los mal llamados subsidios, porque para las petroleras son estímulos. Es plata que se paga de la misma caja, pero para unos son estímulos y para los vecinos son subsidios. Esos subsidios están destinados por ley y afectan combustibles, biodiesel, que forman una caja para financiar el fondo compensador tarifario, y quedan absolutamente desvirtuados con este decreto, porque no tienen aplicación efectiva y por un decreto se altera la ecuación. Van a tener que salir a quitar los subsidios a las prestadoras de servicios, que obviamente van a facturar a todos los vecinos por igual. Ni hablar si no hay un método por el cual se puedan efectuar los reclamos, porque después viene el famoso primero pague y después reclame. Esa es una lógica neoliberal y no es el momento indicado ni la herramienta adecuada”, fustigó.
Guzmán responsable
Para el secretario hubo una urgencia del Ministro de Economía en sacar el decreto que responde más a los compromisos con el FMI que a las necesidades del país. “No me cabe ninguna duda de que esto proviene del Ministro Guzmán. Estamos haciendo cálculos de cómo se van a afectar distintas regiones del país, hablando en diferentes grupos y estamos realmente preocupados por esta segmentación. Estamos viendo una urgencia de parte del Ministerio de Economía y no está saliendo la Secretaría de Energía de la Nación a explicar este decreto. No hay un funcionario de la Secretaría que explique el decreto, cuánto es el costo de la energía y que por lo tanto van a tomar esta medida”, observó.
“Hay un número estimativo del costo de la energía, pero no es el real, y eso se hizo a principio de año, luego vino el aumento y la segmentación. El ENARGAS hizo un descargo absolutamente judicializable, si uno lo mira con lupa, porque deja en claro cuáles fueron las exigencias del Ministerio de Economía para decidir un nuevo aumento, cuando habían dicho que iba a ser uno solo en el año y rondaba el 22 ó 23%. Ya estamos en el orden del 40% y ahora tenemos esta segmentación. Me parece que hay exigencias externas que están alterando la economía nacional y nos llevan a períodos inflacionarios de las características que tenemos, cuando el salario no está acompañando la inflación. Esta herramienta es más complaciente con el FMI y con una cuestión recaudatoria, porque tampoco resuelve el 2,1% de quita de subsidios propuesto al FMI, porque no llega a un punto del PBI. Esto es más por un compromiso que por una cuestión necesaria en el país, más en el contexto en que se vive a nivel global y nacional”, afirmó.
Hacer el trámite
Dado que la quita de subsidios rige a partir de este mes, Solorza recomendó que se haga el trámite de registro igualmente, una vez que se habilite por la página de internet. “El que pueda hacerlo, recomiendo que lo haga, independientemente de la reglamentación, porque después empieza la letra chica y miles de dudas, que ojalá se puedan resolver en el corto plazo. Es parte de nuestra función tener la coherencia que hemos tenido siempre en el reclamo de este tipo de instrumentos, en cualquier gobierno, y debe haber una revisión de esta base de cálculo que se está tomando, que son los datos del INDEC. Debe ser un ámbito más consultivo con las jurisdicciones, viendo cómo puede afectar a cada una de las provincias. Esto no se dio, se sacó el decreto, se venía hablando de una segmentación y yo no voy a defender a la clase más poderosa de la Argentina, que es el 10% de la población, pero tampoco es justo que, si la energía tiene un valor, se estigmatice a alguien porque tiene un auto más, o porque tiene una bicicleta más o gana 350 mil pesos -que son poco más de tres canastas básicas-. Si sale la página para anotarse, los vecinos deben hacerlo, pero además tenemos que pedirle al gobierno nacional que explique los alcances del decreto, porque se genera incertidumbre y tensión, con los aumentos tarifarios que se viven y en un proceso inflacionario como el que tenemos. Ya sabemos lo que hacen los supermercados y cómo aumenta la canasta básica, y me parece que esto no acompaña el crecimiento económico de las familias, sino que le agrega más estrés a las cuentas familiares. No me parece correcto”, sentenció.
Patagonia perjudicada
Expuso que “las provincias patagónicas no tenemos los consumos de Buenos Aires, donde hay una tarifa social de gas por red. En Tierra del Fuego es inaplicable y me parece que el número que se busca es injusto con las provincias que estamos por encima de la canasta básica media nacional y tenemos un costo de vida mucho más elevado que la media nacional. Es importante que se tomen decisiones de manera más federal, porque este centralismo no me parece el adecuado”.
El decreto se conoció el jueves pasado, y Solorza ya tomó contacto con el gobernador Melella “para expresar mi preocupación. Estamos analizando los alcances de este decreto, también con la Dirección Provincial de Energía, para empezar a calcular si hay quita de subsidios generalizado qué va a pasar con el gas de generación, porque es una de las variables que se puede manejar. Al no estar escrito, uno tiene que plantear distintos escenarios y en el ámbito de las especulaciones todas las alternativas son posibles. Hay que analizar una por una para ver el costo de la energía que se va a entregar desde la DPE, que depende de la provincia, y estar atento a lo que haga Camuzzi Gas del Sur con los cuadros tarifarios vigentes y el posible incremento por la quita de subsidios”, alertó.
“Mi recomendación a los vecinos es que estén atentos a la apertura del registro para que se inscriban, independientemente de que después no los alcance la quita. El decreto tiene un índice de variación salarial, una base de cálculo de 3.5 canastas básicas, y hay uno de mayores ingresos, uno de menores ingresos, y los ingresos medios. Si se pierde el subsidio, más o menos va a implicar un aumento del 50% en la boleta en el caso del gas. Si la DPE o la Cooperativa pierden el subsidio para el gas de generación, hay que ver cómo se va a trasladar a la tarifa eléctrica. Nosotros estamos atravesando un proceso de incremento de tarifa eléctrica, porque está atrasada. Venimos de dos años de acompañamiento a las pymes, producto de la pandemia, pero es cierto que hay que recomponer la tarifa para no desfinanciar al sistema, que bastante deteriorado está en Ushuaia. En Río Grande ya hubo un reacomodamiento y debemos trabajar en esa transición de manera responsable para no afectar con un tarifazo impagable a las familias, la industria, las pymes, el turismo, etc.”, dijo.
“Tenemos que buscar tarifas justas y razonables para todos los segmentos, y también elaborar una tarifa social eléctrica que no existe en Tierra del Fuego. Lo he propuesto a las dos distribuidoras y estamos trabajando en eso. Para segmentar la tarifa eléctrica en la provincia hay que hacer un trabajo estadístico. Yo estuve en contra de cargar a la distribuidora un monto por el seguro solidario de sepelio, porque tampoco ayuda a la situación económica que estamos viviendo. Para la segmentación tenemos que hacer un trabajo de campo que sea representativo de todos los sectores de nuestra economía y ver el costo total de la energía para distribuir los subsidios y que haya mayor aporte del que tiene más capacidad de pago. Nunca se hizo en Tierra del Fuego una revisión tarifaria integral para identificar los segmentos de mayor consumo y mayor poder adquisitivo, para que puedan aportar un poco más de tarifa plena. Esto ya lo estamos haciendo con la quita de subsidios a la criptominería”, indicó.
“Los incrementos tienen que ser razonables y es imprescindible un trabajo de campo, que está avanzado porque estamos haciendo las simulaciones en la DPE. La tarifa hay que actualizarla, pero de manera responsable, para cuidar el bolsillo y no desfinanciar a la DPE. Estamos en esta etapa de búsqueda de equilibrio, mirando los sectores de mayores ingresos que durante estos dos años y medio no tuvieron aumento”, concluyó.
La segmentación
Respecto de lo que pudo conocer hasta ahora del decreto, establece lo que denomina “nuevo régimen de ordenamiento de subsidios a la luz y el gas de red”, y rige a partir de junio de 2022. En la segmentación se establecen tres grupos: el segmento de ingresos altos, para los que tengan ingresos mensuales totales del hogar por un monto superior al equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, posean tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tres o más inmuebles, una embarcación o aeronave o sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. En este caso pierden por completo el subsidio a fin de año. El segundo segmento, de ingresos medios, alcanza a los ingresos mensuales totales del hogar entre $100.000 y $350.000 pesos, a quien posea hasta dos inmuebles y hasta dos vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Finalmente el segmento de menores ingresos, que va a mantener el subsidio, está referido a los hogares con ingresos netos menores a la canasta básica de 100 mil pesos, integrantes del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM, hogares donde al menos una o un integrante posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, hogares donde al menos un integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los integrantes del hogar en conjunto tengan un ingreso neto menor a una canasta básica y media -150 mil pesos-. No podrán formar parte de este segmento aquellos que sean propietarios de dos inmuebles, o tengan un vehículo de hasta tres años antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad.
El gobierno nacional asegura que “el 90% de los usuarios y usuarias del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto, van a continuar recibiendo el subsidio y no tendrán modificaciones en sus facturas en lo que resta del año 2022”, en tanto el segmento de ingresos altos “tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022”.
