Fabián Recabal, director Previsional de la Caja de Jubilaciones de Tierra del Fuego, en un informe técnico del organismo sobre el proyecto de FORJA y el SUTEF sobre un régimen especial docente, cuestionó varios puntos del mismo tachándolo de inconstitucional. En este sentido dijo que tomar el cálculo del haber a 60 meses y no a 120 es una cuestión de privilegio sobre los demás sectores, también se mostró partidario de seguir con las 21 horas cátedra en vez de una sola frente a grado para este cálculo. Tampoco comparte que el 82 por ciento móvil se tome con menos años de aporte previsional ni permitir la baja de la edad jubilatoria más allá de lo que ya establecen los regímenes diferenciales (para el sector docente, salud e insalubridad). Entendió que el 2 por ciento que quieren generar a través de los aportes patronales (el propio Estado) no es genuino y asimismo se mostró sorprendido de quieran aprobar el proyecto de manera express sin considerar de dónde y cómo van a generar los recursos antes de la sanción. Aseguró que el déficit, cómo está el régimen ahora sería para el año 2024, si lo modifican como está en el proyecto, sería a partir del 2022 y 2023. Hoy el régimen docente es superavitario pero el año próximo comienza ya con déficit. A los casi 2 mil jubilados, se le sumarán unos 1.400 entre cinco y diez años al bajar la edad jubilatoria.
Río Grande.- Por Radio Provincia el Director Previsional de la Caja de Jubilaciones de Tierra del Fuego, Fabián Recabal, se refirió a la revisión del proyecto enviado por el poder político con inicio en el sindicato docente.
“Desde hace un tiempo se viene trabajando un proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo Provincial, acá en la Caja y que fue originado en el SUTEF. En un primer momento enviaron el proyecto para que lo intervengamos y diéramos una opinión al respecto y si bien nosotros no estábamos de acuerdo en algunas cuestiones, sí coincidimos en otras y elaboramos algunas sugerencias que luego a la postre fueron simuladas en su impacto y finalmente fue reenviada al Poder Ejecutivo para su análisis en la Legislatura y a raíz de eso se generó otro proyecto que se presentó ahora último y que tuvo trascendencia mediática”, introdujo Recabal.
La Legislatura provincial, a través del bloque de FORJA, incorporó un artículo a este proyecto bajo análisis “con el cual estábamos en un principio en desacuerdo acá en la Caja; nosotros, de acuerdo a lo que habíamos conversado, hablado, medido y entendido que correspondía, son principalmente tres cuestiones: primero, desde el ‘deber ser’ y no a la cuestión técnica del déficit, sino cómo debería ser el régimen y entendemos que los regímenes diferenciales como el régimen docente, el de los profesionales de la salud y el de insalubridad que permiten jubilarse a una persona a menor edad porque se entiende que debido a la naturaleza de sus tareas les genera un desgaste y por ende un envejecimiento prematuro; es decir, tienen una esperanza de vida menor a la general y por eso el sistema y por eso el sistema debe jubilarlos antes”, dijo.
Agregó en este sentido que “es por eso que se piden menos años de edad y menos años de servicio para poder obtener un beneficio de jubilación; pero a la vez se exige por este motivo porque en menos años tienen que aportar lo mismo que el régimen común, se les exige un aporte diferencial y en esos casos el sistema no les debería permitir jubilarse antes pero sí de hacerlo, con un porcentaje menos de haber. Entonces, lo que sostenemos nosotros es que en estos tres regímenes diferenciales (el régimen docente, el de los profesionales de la salud y el de insalubridad) deberían cobrar el 82 por ciento móvil en su totalidad, cumpliendo los requisitos para jubilarse a diferencia del régimen general que para cobrar el 82 por ciento móvil, tienen que tener 30 años como mínimo de los cuales 25 sean con aportes a la Caja”.
Contrastó que “en la práctica, los regímenes diferenciales piden 25 años de aportes en total de los cuales 20 años tienen que ser con aportes a la Caja y entendimos que estos aportantes al régimen diferencial deben cobrar el 82 por ciento móvil”, insistió el funcionario.
Añadió que “así mismo incorporamos algunas cuestiones que no estaban analizadas en el proyecto de ley del SUTEF y que nos parecían oportunas para poder modificarlas porque en base a la experiencia de todos estos años, hemos tenido algunos inconvenientes que creemos que no son justos”.
Sobre este punto puso como ejemplo aquellos docentes que realizan tareas y residían en escuelas (como San Sebastián o Lago Escondido) encasillados en el ítem Educación Desfavorable, “el régimen actual les pide que además de impartir clases en alguna escuela de educación desfavorable, también sea con residencia permanente; o sea, que estén viviendo en esa localidad. Nosotros observamos que el requisito de residencia permanente que era lógico pedirlo en aquellos años cuando se creó el régimen (1985) hoy ya no es razonable porque hoy los docentes, en virtud de la modernización, pueden ir y volver en el mismo día, sin embargo el sacrificio de ir y volver no es lo mismo que dar clases en una escuela de la ciudad. Entonces, sugerimos eliminar el requisito de que tengan residencia permanente”, observó.
“Otro tema es el de los docentes que prestan por un año servicios en la Antártida; el régimen nacional reconoce dos años por cada año de servicios en el continente blanco y la provincia no lo hace; entonces sugerimos que se implemente la misma modalidad”, dijo Recabal.
Otra de las modificaciones sugeridas por la Caja al proyecto de marras, es sobre la modalidad frente a grado. “El régimen docente actual pide que tengan 25 años de servicio docente de los cuales 20 tienen que ser con aportes a la Caja y 10 frente a grado y que el actual régimen dice que esos 10 años tienen que ser prestados en escuelas públicas de la provincia; nosotros sugerimos que también contemplen a los docentes de escuelas públicas de gestión privada ya que es el mismo desgaste que se genera en las escuelas públicas. Estos aspectos no estaban contemplados en el proyecto del SUTEF pero nosotros entendimos que deben ser incorporados”.
Propuesta inconstitucional
Recabal cuestionó el artículo del proyecto del SUTEF donde piden que “su forma de determinar el haber sea diferente a las de los demás de la administración pública provincial. Allí es donde envió el informe desde la Caja que decía básicamente que no estábamos de acuerdo y no por la forma en que lo pedían, sino que no se puede establecer una forma diferente de determinar el haber de un sector con relación a otro. Nosotros entendemos que esta es una cuestión de privilegio y no estamos diciendo que el régimen propuesto es de privilegio, sino que es un régimen diferencial”, entendió.
En síntesis, el proyecto del SUTEF, avalado por FORJA y el Gobierno provincial, permitiría que el docente se jubile cinco años antes que un médico, un enfermero o un agente que preste un servicio bajo condición insalubre, además, los diez años frente a grado lo pueden justificar con una sola hora cátedra, cuando debería ser de 21 horas.
“Nosotros también rechazamos la posibilidad de que se computen servicios docentes con una hora cátedra y planteamos la necesidad de que se contemplen las 21 horas, como mínimo y que se pueda reconocer cualquier tarea docente como tal. Lo que ellos plantean es que cualquier docente que intervenga en el sistema de educación, según la ley provincial, no solo debe ser reconocido como docente, sino también como frente a grado, eliminando este requisito de 10 años frente a grado con 21 horas cátedra como lo establece la ley y que nosotros mantenemos en nuestras sugerencias, en términos de accesibilidad a la jubilación”.
Un régimen de privilegio
Volviendo al “deber ser”, Fabián Recabal dijo que “no es lo mismo jubilar una persona hoy que dentro de cinco años como tampoco es lo mismo jubilarla a los 50 años de edad que a los 55. Si bien la forma de determinar el haber es la misma, el tener que jubilarlo antes, el gasto previsional; es decir, el mantenimiento de la jubilación es por más años, entonces obviamente se genera un gasto mayor. La diferencia entre el régimen general y el régimen diferencial, en este caso docente, es bastante más amplio de lo que aparenta ser porque en la práctica hoy el promedio de edad jubilatoria, en el caso del varón es de 61 años y en el caso del docente varón es de 50; allí claramente hay una diferencia de 11 años y es bastante notoria. El régimen anterior (antes del año 2016) planteaba una diferencia promedio de cinco años entre las tareas comunes y las tareas docentes y hoy la estamos estirando a 11 años a esa diferencia, entonces, hay que analizarlo”.
Agregó Recabal que el proyecto en cuestión “también quiere eliminar el límite de edad de 50 años, en lo que tampoco estamos de acuerdo, no coincidimos”.
“En lo que respecta a la determinación del haber, no es lo mismo hacerlo con 120 meses (diez años) que con 60. Lo que se llama la Tasa de Sustitución; es decir, qué es lo que vamos a sustituir cuando una persona pasa de la actividad a la pasividad o, cómo vamos a sustituir ese ingreso que tenían en actividad, es una definición más bien política, que técnica. 120 meses me parece muy representativo de la historia laboral de las personas porque menos tiempo comienza a generar deformaciones en ese sentido. Supongamos un cargo político que dura cuatro años, si lo tomamos va a influir notoriamente en su jubilación; me parece que 60 meses es poca la franja necesaria o conveniente para determinar un haber porque permite distorsiones de las remuneraciones de toda su historia laboral”.
Admitió que “no se puede evaluar un régimen general para todos que determine los haberes con 60 meses. Hay que medir el impacto y ver como se financia, pero lo más controversial acá, nos es si es 120 meses o 60, sino que es 120 para todos, menos para los docentes que son 60. Ahí es donde no existe motivo razón, circunstancia ni fundamento alguno que justifique que algunas personas, en este caso un sector de la administración pública, merezcan o tengan derecho a un mejor haber que los demás. No estamos hablando de un antes, sino de un cuando de este régimen diferencial al sector docente, al personal de salud o a los que hagan tareas insalubres, que generan una esperanza de vida menor; sino que de aprobarse estaríamos creando un régimen de privilegio y esto nos preocupa porque se ha hablado en las diferentes reuniones que hemos tenido acá en la Caja de Jubilaciones con los diferentes actores políticos y los propios representantes del sindicato y esto fue analizado y respondido en los dos informes que ya enviamos a la Legislatura”, recordó.
Aseguró que “esto no pasaría el filtro de constitucionalidad y también generaría costos extras a futuro para la Caja de Jubilaciones si pierde juicios. Supongamos que se establezca que los jueces de la provincia van a cobrar, teniendo en cuenta, el mejor sueldo, pero solamente ellos. Qué diría la gente, qué diríamos todos, porque es un sistema solidario que soportamos todos. Sería un privilegio. Pongamos otro ejemplo, que pasaría si sacáramos una ley que dijera que los empleados de la Caja de Previsión se jubilarán con los 24 mejores meses de los últimos 120, sería una cuestión totalmente irrazonable”, observó.
Camino al déficit
Recabal se mostró sorprendido de que a pesar de las recomendaciones elevadas, el proyecto siguió vigente incluso con un artículo controversial agregado por el bloque oficialista, “artículo que generaría un déficit mayor, teniendo en cuenta que el propio régimen actual, que el sector docente dice que es superavitario y es verdad en el caso docente, pero hay que mirarlo a mediano y largo plazo para ver cuál va a ser la situación. Va a ser uno de los más deficitarios porque hay mucha cantidad de docentes que está en una edad media que en diez o quince años se van a jubilar todos juntos y ahí está el desequilibrio que va a ser mucho más negativo”.
Agregó que “si uno observa las estadísticas nacionales y se cuenta a través del último censo del INDEC, se observa que en la provincia no ha aumentado la cantidad de población como para poder decir las expectativas a futuro de planificar una mayor cantidad de escuelas y por ende una mayor cantidad de docentes y la expectativa no es muy positiva que digamos”.
Reveló que “actualmente hay casi dos mil docentes jubilados y alrededor de 7.200 activos y con el actual régimen en los próximos diez años se estarían jubilando unos mil docentes más; es decir, aumentará en un 50 por ciento más de los jubilados que hay actualmente y con la modificación propuesta del régimen, se estarían jubilando casi 1.400 docentes y con un haber superior al de hoy porque se estarían tomando el cálculo de 60 meses y no los 120.
Aseguró que el déficit, cómo está el régimen ahora sería para el año 2024, si lo modifican como está en el proyecto, sería a partir del 2022 y 2023. Hoy el régimen docente es superavitario pero el año próximo comienza ya con déficit. A los casi 2 mil jubilados, se le sumarán unos 1.400 entre cinco y diez años al bajar la edad jubilatoria.
“Nunca hubo una determinación diferente para un sector sobre otro, porque básicamente la Constitución provincial establece que el régimen previsional para el sector público debe ser uniforme lo que traducido es igualdad entre los iguales; es decir, en determinación del haber, somos todos iguales, no puede haber un régimen diferente y nunca lo hubo, salvo ahora si se aprobara este proyecto”, observó.
También advirtió que cabría la posibilidad de que docentes que se hayan jubilado con otro régimen accionen judicialmente para equipararse con este nuevo sistema. “Teniendo en cuenta que hubo fallos judiciales que han salido últimamente que no tienen mucho que ver con la seguridad social, hasta podríamos decir incluso que todos los beneficios favorables aprobados en este tiempo, deberían ser redeterminados. En realidad podrían pasar muchas cosas cuando se generan estos proyectos sin discusión, sin análisis, sin evaluación de ningún tipo, simplemente sancionados por una decisión política infundada, nos genera después mucha problemática. Por lo menos en este proyecto tuvimos la posibilidad de intervenir y decir cuáles eran los inconvenientes”.
Añadió que “en todas las demás leyes, salvo en la 1.210, no habíamos tenido ni siquiera esa posibilidad; pero en términos generales, todas las demás leyes salieron así sin discusiones”.
También reparó que “primero hay que tener los recursos antes de aprobar una ley y no al revés como ocurrió con la Ley Provincial 1.285 porque como siempre decimos, de qué vale tener un derecho si después no se puede pagar y esto nos pasó desde el año 2011 hasta el año 2013 y recuerdo que en esos tiempos tuvimos demoras de hasta 70 días para poder generar los pagos a los beneficiarios previsionales”.
Incomprensible premura
Otro aspecto que sorprendió a los analistas del proyecto en la Caja de Previsión es la premura con la que quieren aprobar el proyecto sin esperar al informe sobre cómo generar los recursos para afrontar las nuevas jubilaciones.
“Lo que corresponde antes de aprobar el proyecto, es que se mida cómo va a ser el impacto económico para sostenerlo, de dónde se va a sacar el dinero para poder buscar los recursos. En ese sentido también nos sorprendió que se vaya a elevar este proyecto a la Legislatura porque justamente en ese proyecto está el informe que nosotros habíamos adjuntado y claramente en los últimos párrafos habla que todo lo que nosotros estábamos proponiendo va a ser viable siempre y cuando se aprueben los recursos necesarios y para esto estamos analizando en este momento, dos posibles caminos. Pero para analizar esos caminos, recién lo podemos hacer ahora porque habíamos solicitado cierta información al Ministerio de Educación que no nos la daban y nos demoramos en poder llegar a los resultados que todavía están en trámite, pero siempre dijimos que estas modificaciones se podían realizar siempre y cuando se tengan los recursos y eso tampoco fue esperado, de que nosotros podamos hacer esta evaluación de posibles caminos de conseguir recursos y proponer un proyecto de ley adicional”.
Entendió que “evidentemente hay una decisión de avanzar políticamente con esta situación y si bien no puedo hablar por los legisladores, si uno se remite a los hechos ellos no esperaron a saber de dónde podría salir el dinero. Lo único que pusieron en el proyecto fue aumentar las contribuciones patronales del 16 al 18 por ciento que recordemos que aumentar en este 2 por ciento no es un recurso genuino, sino plata de todos los ciudadanos porque el Gobierno es el garante del sistema pero el patrón a la vez y si la plata sale del mismo lado, es absurdo. Nosotros proponíamos un recurso genuino generado en el sector docente privado como en Buenos Aires y Córdoba donde los docentes de gestión privada aportan no solo al ámbito nacional sino también al sector provincial y estamos analizando si esos aportes que se van a la ANSES de docentes que aportan a ambos sistemas, se terminan generalmente jubilando por esta caja y generalmente también terminan usando la obra social de la Provincia y no la obra social de Nación y proponemos que esos recursos vengan al sistema provincial, eso sería un recurso genuino, sin aumentar las obligaciones ni los impuestos de los ciudadanos fueguinos”, expuso como alternativa de financiación.
Sustentabilidad del sistema
“Hay tres caminos para financiar ese aumento de la contribución patronal, una es a través de impuestos para sostener un mayor gasto del Gobierno de la provincia, el segundo es disminuir otros gastos provinciales y el tercer camino es ampliar el presupuesto para poder tener más recursos, a través del endeudamiento, cualquiera de estos tres caminos no son beneficiosos para la provincia ni sus habitantes y por eso no se lo que se piensa a la hora de elaborar estos proyectos”, dijo Recabal.
