La jueza federal Mariel Borruto informó sobre los primeros detalles de la causa iniciada a raíz de la denuncia de la Aduana del ingreso de basura tecnológica, que se importaba como placas de video para la producción de la firma KMG Fueguina. El viernes hubo un allanamiento a la empresa y a los despachantes de aduana involucrados en las operaciones, y se busca cerrar el circuito de la maniobra. Por un lado se apunta al contrabando, al no coincidir la declaración con la mercadería; y también constituye un ilícito la importación de basura, advirtió la jueza. La causa de fondo tendría relación con el intento de hacerse de dólares a valor oficial para la importación de insumos, y negociarlos posteriormente mediante una triangulación con una firma extranjera vinculada con la electrónica.
Río Grande.- La jueza Federal Mariel Borruto dio algunos detalles de las primeras medidas dispuestas tras la denuncia de la Aduana de presunto contrabando y fraude al fisco por parte de la electrónica KMG Fueguina. El hecho se conoció el viernes y la causa está en plena investigación.
Por FM Aire Libre, la jueza relató que “el jueves la Aduana de Río Grande presentó una denuncia y por lo tanto era obligación de la justicia juntar pruebas para acreditar que fuera o no viable. La medida de allanamiento -a la empresa y la firma de despachantes de Aduana que se encargó de la documentación- se dictó para recopilar pruebas, no buscamos imputados en ese caso. Cuando es un presunto contrabando, necesitamos documentación, más allá de que la Aduana aportó su parte. Esa fue la primera medida y hay muchas para seguir avanzando y ver qué ocurrió efectivamente. Hoy no puedo decir cómo fue la maniobra completa y todavía necesito información de otras instituciones para completar este circuito”, indicó.
De acuerdo a la denuncia de la Aduana, se documentó la mercadería en una posición arancelaria distinta. “La posición arancelaria es una serie de dígitos que mundialmente identifican la mercadería. Ante el simple cambio de posición arancelaria se presume un ardid o engaño hacia el servicio aduanero y se empieza a investigar el delito de contrabando”, expuso.
Si bien en este caso se abrió la carga para verificar el contenido, la jueza aclaró que “la Aduana no tiene por qué controlar cada cosa que ingresa, porque hay una reglamentación que está en el código aduanero. La gente ha escuchado del canal verde, el canal rojo, el canal naranja, y a veces pasa en Ezeiza cuando llega un vuelo internacional. Hay controles que son obligatorios, por ejemplo, si entran explosivos para dinamitar una montaña; pero puede haber mercadería que ingresa a nuestra área aduanera especial que no se revista, porque tenemos un flujo de comercialización tan ágil que controlar mercadería y documentación minuciosamente nos llevaría a un atraso en el sistema de comercialización. Esto tiene un canal verde y hay cierta confianza”, diferenció.
“La Aduana desconfió en este caso, porque detectó que la posición arancelaria era diferente, y procedió a la apertura de este tipo de expediente o investigación”, sostuvo.
Sobre los trascendidos de que había cajas vacías, scrap tecnológico, que no superaba los 30 mil dólares de valor, pero fue declarado por un millón y medio, dijo que “todo está bajo sospecha de contrabando. La mercadería fue secuestrada, está en un depósito y bajo análisis. A partir de este primer puntapié nosotros seguimos avanzando”.
“Este tipo de mercadería, como son las placas -de video en este caso según la declaración- requieren de expertos que digan qué hay o no hay dentro de esa placa. En esto todavía estamos trabajando. La mercadería, según las fotografías que vimos, dice que es de origen China. Son placas que tienen un formato especial y las requieren algunas computadoras para funcionar. Realmente yo lo que miro es la posición arancelaria y, si la Aduana que es el órgano de control absoluto dice que está cambiada, ahí se empieza a investigar», manifestó.
Confirmó que “en su denuncia la Aduana manifiesta que la mercadería fue declarada por un millón y medio de dólares cuando no superaba los 30 mil, por el valor residual del plástico y aluminio de los equipos simulados. Así está en la denuncia, pero todavía estamos evaluando todo eso. Nosotros no podemos importar basura, porque tenemos una ley de residuos y hay una prohibición de importar basura de cualquier país para ponerla en cualquier territorio argentino. Algún elemento se puede trasladar de un lado a otro para ser reciclado, pero eso es otra cosa. Importar basura es un ilícito y es otra de las aristas que también se va a investigar”, adelantó.
Trascendencia nacional
Los medios nacionales dieron cobertura a este hecho, que implica un duro golpe a la promoción fueguina, dado que viene siendo cuestionada desde hace tiempo y en nada colabora descubrir maniobras delictivas, presuntamente para hacerse de dólares a valor oficial y negociarlos posteriormente.
INFOBAE publicó que se simuló esta importación de insumos de placas, que fueron sobrefacturadas al tratarse en realidad de “basura tecnológica” de escaso valor. Fecha la denuncia de la Aduana el 21 de julio y precisa que, al abrirse el contenedor, había carcasas, coolers -ventiladores para computadoras-, importados por KMG Fueguina S.A. a través de una empresa despachante de Río Grande de larga trayectoria.
Si bien el origen de la mercadería es China, como confirmó la jueza, la facturación fue realizada por una empresa con sede en Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020, pero las facturas habían sido emitidas en marzo de ese año, antes de que se creara la empresa, y dos años antes de la salida de la mercadería desde China. La detección de irregularidades en la documentación encendió el alerta, y derivó en la decisión de abrir el contenedor.
La causa de fondo de la maniobra se plantea como un intento de negociar dólares a valor oficial y obtener ganancias a partir de la brecha que existe con el contado con Liqui o el Mep que usan las empresas. De hecho, así lo comunicó la Aduana, al señalar que “si se considera la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD 1.5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de 300 millones de pesos”.
Se presume una vinculación directa de la electrónica local con la firma estadounidense y, de confirmarse, habría una triangulación para lograr acopiar dólares a valor oficial que luego pueden ser negociados a más del doble.
“Las reservas las debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, y evitar que se destinen a maniobras irregulares con el simple objetivo de sacarle dólares al valor oficial al Estado”, expresó el director General de Aduanas, Guillermo Michel.
Según trascendió, no había circuitos integrados, microprocesadores, memorias ni drivers en la mercadería, sino que eran “simples simulaciones de tecnología, una especie de cajas vacías cuyo valor por unidad no superaba los 40 dólares (equivalente al valor de los plásticos y el aluminio)”. Al cambiar la posición arancelaria, se declaró ese valor unitario por 1.780 dólares.
La intervención del CENTEC
El mismo medio nacional menciona la intervención del Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego a pedido de la Aduana, para verificar las características técnicas de supuestas placas de video, y los expertos detectaron que “la mercadería correspondía a simulaciones de placas de video vacías, carentes de cualquier tipo de valor y/o utilidad residual, más que el peso de los metales que las constituía”.
Además, da cuenta de la avidez por hacerse de placas de video de parte de las empresas criptomineras, otro tema a regular dado que hay emprendimientos caseros para minar desde un hogar con un conjunto de placas de video diseñado para este fin. Ya en junio del año pasado se detectó una maniobra de sobrefacturación de estas placas, de origen chino pero facturadas por una empresa de Estados Unidos, a un valor superior que el mercado, y en este caso la empresa era una importadora de la zona franca de La Plata.
