El Dr. Armando Mirabelli, responsable legal de la Aduana de Río Grande, dio detalles de los hechos que involucran a la firma KMG y a una oficina de despachantes de aduana, ambos allanados el pasado viernes por orden de la justicia federal, en una causa de presunto contrabando y fraude al fisco. Curiosamente reveló que la sospecha partió de la sobrefacturación de las placas de video, dado que la Aduana cuenta con valores de referencia y las primeras marcas del mercado costaban entre 400 y 500 dólares, cuando la empresa había facturado 1.780 dólares por cada una. Al no encontrar ninguna placa con ese valor se pidió la intervención del CENTEC que, al abrirlas, se encontró con carcasas vacías. Ahora deben esperar la resolución de la justicia y, de haber condena, además de la pena de prisión que prevé el código penal, la Aduana tiene un sistema de multas que van de cuatro a veinte veces el valor involucrado. Se están investigando otras operaciones donde la mercadería ya fue entregada y hay un énfasis en los controles a partir de la crisis cambiaria y el intento de sacar dólares a valor oficial a firmas presuntamente vinculadas con empresas argentinas.
Río Grande.- El Dr. Armando Mirabelli, responsable legal de la Aduana de Río Grande, dio detalles por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 de los hechos que involucran a la firma KMG y a una oficina de despachantes de aduana, ambos allanados el pasado viernes por orden de la justicia federal, en una causa de presunto contrabando y fraude al fisco.
“Esto partió de una denuncia de la Aduana a la fiscalía federal, a cargo de la Dra. Borruto, que llevará a cabo las investigaciones pertinentes para corroborar lo que la Aduana de Río Grande elevó el día jueves, por la presunción de delito de contrabando. Nosotros entendemos que fue una simulación de importación con la clara intención de girar divisas en forma indebida al exterior”, dijo.
Explicó que “la Aduana tiene una función esencial de contralor y hay dos tareas ineludible propias del personal aduanero, que es la clasificación de la mercadería y la valoración. Hay una directiva general de poner énfasis en las operaciones de importación, siguiendo algunos perfiles de riesgo que se vienen estableciendo, como puede ser mercaderías no habituales u operadores poco frecuentes. A esas operaciones se le pone un énfasis especial, en función de lo ocurrido a nivel nacional con la sobrefacturación de importaciones, y medidas cautelares que se han trasladado a otros importadores. En el marco de estas operaciones, esta empresa -KMG Fueguina- documentó tres despachos de importación, aduciendo que importaba placas de video. Si bien la operación proviene de una empresa radicada hace varios años que trabaja al amparo de la 19640 con procesos productivos aprobados, esta era una operación no habitual que despertó algún grado de sospecha”, manifestó.
Primer indicio, el sobreprecio
Curiosamente, la ambición al sobrefacturar las placas de video derivó en el control exhaustivo. “El punto de partida fue la sobrefacturación del valor de la placa de video que, de haber sido tal y no basura, ya tenía asignado un costo excesivo. El agente verificador vio que las placas estaban documentadas por un valor unitario de 1.780 dólares, cuando en el mercado se pueden conseguir placas de marcas reconocidas internacionalmente por 400 ó 500 dólares. Se buscaron antecedentes de la marca que se había documentado y no se encontraron. La Aduana tiene un sistema de valores referenciales para determinadas mercaderías y, al no encontrarse la marca, se informa al administrador y esa importación que era un canal verde se pasa a un canal rojo, que significa control documental obligatorio y verificación física”, dijo.
“En el control documental se verificó que las facturas que habían aportado en los tres despachos de importación habían sido emitidas por una empresa de Estados Unidos en 2020. Es decir, que esa empresa compró las placas de video en China y las mandó para acá, pero fueron re-facturadas desde Estados Unidos. Esto terminó de configurar una situación atípica, que se puso a consideración de las áreas jerárquicas del organismo, las cuales pidieron que se llevara a cabo un estudio de valor. La valoración es una de las funciones esenciales que tiene el servicio aduanero y, en este marco, se detuvieron los despachos de importación preventivamente y se citó a la empresa para que aportara características técnicas de las placas, a efectos de justificar ese valor tan elevado”, detalló del procedimiento.
“Como la empresa no lo pudo justificar, procedimos a hacer un análisis técnico con la intervención del CENTEC, que aportó su conocimiento y elaboró un informe. Esas placas tenían unos conectores que no se consiguen en el mercado local y no podían ser probadas. Pedimos a la empresa KMG que aportara los conectores pero no lo hizo, y eso terminó de confirmar la situación anómala, porque quien compró las placas por un millón y medio de dólares no tenía los conectores para probar si funcionaba su propia mercadería”, planteó.
“El CENTEC procedió a abrir las placas y ahí nos encontramos con que eran una maqueta y no tenían ningún componente para ser clasificadas como placas de video. Eran solamente una carcasa que no cuesta más de 30 ó 40 dólares cada una, y habían sido documentadas en los despachos de importación con un valor de 1.780 dólares por unidad”, señaló.
Sin antecedentes
Se le preguntó si había sospechas de esta empresa con anterioridad o registraba antecedentes similares y respondió que “no, por eso despertó una alerta, porque esta operación salía del giro común de la empresa. A nivel nacional todos sabemos que hay serios problemas cambiarios y una brecha muy grande entre el dólar oficial y el paralelo, por eso se pueden producir este tipo de situaciones. Hace poco salió a la luz una maniobra de sobrefacturación en la zona franca de La Plata, y la Aduana tiene bajo estudio un sinfín de operaciones luego del libramiento a plaza de las mercaderías, a efectos de determinar si hay o no sobrefacturación”.
“Esto no es exclusivo de la provincia, lo que ocurre es que acá, al no tributar impuestos nacionales por estar al amparo de la 19640, se genera la posibilidad de que el perjuicio sea mayor, porque por un lado no se tributa y por el otro se hace esta maniobra para sacar dólares a valor oficial a una cuenta del extranjero. El juzgado deberá investigar quiénes son sus directivos”, dijo, ante las sospechas de vinculación directa con KMG de la empresa de Estados Unidos.
Más casos en investigación
Mirabelli aclaró que “es normal el control posterior a la liberación de mercadería. Si bien hay un control previo, el código aduanero da un plazo para revisar posteriormente las operaciones. Dentro de esta facultad que tiene la Aduana se están realizando algunas revisiones, porque se han detectado algunas maniobras de sobrefacturación de mercaderías. No necesariamente todos los casos implican una conducta delictiva que amerite una denuncia en el juzgado federal. Pueden quedar en la esfera federal, o bien en el ámbito administrativo y labrarse infracciones, se puede formular algún cargo tributario en caso de que lo hayan eludido, y son todas investigaciones que se están llevando a cabo sobre un universo de mercaderías”, advirtió.
“En este momento la denuncia se radicó con la clara intención de que el juzgado investigue el delito de contrabando, agravado por la participación de tres o más personas -asociación ilícita-; también por el monto, porque se agravan las penas si la mercadería supera los tres millones de pesos; y también por la simulación de la operación, donde se trajo una mercadería por otra”, enumeró.
Despachante investigado
En cuanto a la investigación del despachante de aduana que intervino en el proceso y también fue allanado el viernes, dijo que “en principio siempre queda enganchado el despachante de aduana, porque es quien documenta. No solamente es un auxiliar del comercio sino un auxiliar del servicio aduanero, es una persona especializada, técnica en la materia, y a priori le cabe una responsabilidad. Después se verá en la investigación hasta dónde puede llegar esa responsabilidad o si realmente no tuvo nada que ver y fue pasible de esta maniobra de la empresa”.
“El despachante no es el que compra la mercadería y solamente la ve si presencia el acto de verificación que hace el servicio aduanero. Nunca tiene la disponibilidad jurídica, por eso es tarea investigativa ver hasta dónde le cabe o no una responsabilidad delictual como auxiliar del servicio aduanero”, expresó.
Sistemas de control
En cuanto a los sistemas de control aduanero, dijo que “la Aduana cuenta con una variedad de sistemas de información que entrecruzan un sinfín de datos. De ese entrecruzamiento es de donde salen los perfiles de riesgo y la posibilidad de que la Aduana ahonde en determinado tipo de control. Es mucha la mercadería que se despacha y es muy difícil que un cuerpo de investigación como el de la Aduana de Río Grande pueda determinar fehacientemente si todo ese plexo de mercadería es igual a la que declararon. Lo hace en su gran mayoría, y para los casos donde hay dudas contamos con asesoramiento externo. En este caso recurrimos al CENTEC para que ellos nos elaboren un informe técnico preciso de las características técnicas de estas placas”.
Además se le preguntó si esta empresa denunciada podría volver a importar insumos. “Por un lado corre la sanción pecuniaria por el delito de contrabando, que tiene una doble esfera de juzgamiento, por un lado la penal que tramita en el juzgado y en forma paralela se sustancia un sumario administrativo a efectos de poner penas accesorias, entre ellas las penas de multas, en caso de que se establezca una condena. La Aduana tiene que esperar el resultado de la investigación judicial y, si la condena queda firme, la Aduana puede poner una multa de entre cuatro y veinte veces el valor de la mercadería que fue efecto de contrabando. Previo a las importaciones, todas las empresas hacen una DEJAI, que es una declaración jurada anticipada de importación, que después fue transformada en SIMI, el sistema informático de monitoreo de importaciones. Las empresas tienen que obtener ese aval previo de importación para después documentar ante la Aduana los despachos de importación. No es la Aduana la que determina si corresponde o no otorgarle a la empresa nuevos permisos para importar mercadería”, observó.
Respecto de los responsables directos de la empresa KMG, indicó que “en los sistemas registrales vimos cuatro personas que figuran como directivos y una que figura con una responsabilidad mayor”.
Contrabando de cigarrillos
Por otra parte se le consultó sobre el contrabando de cigarrillos y expuso que “todo aquel que realiza una conducta fuera de la ley busca un fin pecuniario. Hace unos veinte años el problema de los cigarrillos era vox populi en la ciudad y todo el mundo intentaba sacarlos por la gran diferencia económica que había con el continente. Desde esa época hay infinidad de procedimientos, la diferencia monetaria ahora está con la República de Chile, y hay alguna anuencia o contubernio con personas del país limítrofe. Por más que la Aduana y Gendarmería hagan procedimientos y confisquen cigarrillos, hay que estar en alerta, porque se sabe que sucede permanentemente. Es como la droga, se agarra alguno, pero no deja de pasar la droga porque las ganancias son exorbitantes”, comparó.
“Trabajamos bien con los perros y, respecto del escáner, no depende de la Aduana. Había un convenio firmado con la provincia y lo opera Gendarmería. Tenemos un cuerpo de dos binomios que trabajan en forma permanente, relacionados con las otras fuerzas, con las que tenemos muy buena relación. Los perros han sido de gran ayuda sobre todo en hallazgos de droga que encontramos en el paso fronterizo. La Aduana no realiza investigación previa sino que trabaja in situ, en el momento, y es muy difícil controlar un camión o un auto cuando la persona que quiere hacer una maniobra delictual tuvo plata, tiempo y ganas de realizar algún compartimiento oculto para que la Aduana no lo pueda detectar, por eso los perros son de muy gran ayuda”, destacó.
Cambio de política
Finalmente informó que “en la dirección general volvió a asumir Guillermo Michel, que ya había estado y bajó con una impronta con un plan de acción más intenso, precisamente por la coyuntura económica, fiscal y cambiaria que vive nuestro país, que hace necesario que desde varias estructuras del gobierno se incrementen los controles. Los productos importados son necesarios, porque integran la cadena de producción de muchísimas líneas, hay productos automotrices, veterinarios, médicos, y estamos tratando de minimizar estas operaciones que se filtran entre todas las importaciones que llegan al país, con la finalidad de girar divisas en forma indebida al exterior. Ante una restricción tan grande como la que hay y la necesidad que tiene el país, nosotros tenemos que ser la primera barrera de control”, concluyó.
