El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, planteó la preocupación del sector por los inconvenientes con la logística marítima y terrestre y el aumento de la presión de AFIP, que aumentó la tasa de financiación para obligaciones tributarias. La caída de la actividad se percibe con menos circulante y baja en las ventas y, de no remontar en los próximos dos meses, anticipó serios problemas. También se expresó sobre el atentado a la vicepresidente Cristina Fernández y afirmó que la preocupación es unánime, porque afecta la “toda la institucionalidad de la república”. El viernes estuvieron presentes en Los Yaganes para acompañar el repudio como sector empresario, junto a las organizaciones sindicales y fuerzas políticas.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, expresó por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la sensación del sector tras el atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández, y destacó la participación de distintos sectores en el ex hotel Los Yaganes para manifestar el repudio a estos hechos.
“Hay una preocupación unánime por repudiar el ataque contra la vicepresidente de la nación porque este tema afecta toda la institucionalidad de la república. Abogamos para que la justicia actúe con celeridad para que se esclarezca el hecho, se encuentren los responsables y sobre todo que se entienda que no se puede seguir con este tipo de cosas y hay que reafirmar la búsqueda de la paz social”, dijo.
“Estamos en una coyuntura muy delicada y casi todos los sectores están en pugna en función de sus propios intereses. Parece que el interés común fuera dejado de lado. Hay que respetar las instituciones y el diálogo, porque las instituciones deben dialogar sobre una base de respeto. Uno puede tener una idea determinada, pero cuando se personalizan los ataques y no se cuidan las formas, no es bueno porque en lugar de acordar se manifiestan más las diferencias”, sostuvo ‘Gigi’ Iglesias.
“El viernes participamos en Los Yaganes de la conferencia de prensa, acompañamos las instituciones tanto gremiales como empresarias y el clima fue de consenso, tratando de buscar lo mejor. Tenemos que anteponer proyectos, discutir ideas y después quién las va a llevar a cabo es decisión del pueblo argentino. Hay que marcar las diferencias, pero con respeto y cuidando la paz social, que hay que mantener a ultranza”, remarcó.
Caída de actividad
Respecto del impacto en el comercio de la caída de la actividad por pérdida de poder adquisitivo, dijo que “lo estamos viendo con preocupación y vemos el mapa nacional de la situación. Hay sectores donde la gastronomía y el turismo andan bien, y otros están preocupados porque no ven facturación. En agosto la recaudación cayó y ese es un índice de la falta de actividad. Es la primera vez que no hay superávit fiscal a nivel nacional y esto es el correlato de que en algún lado decreció el poder adquisitivo y la capacidad de compra. Uno esboza lo que piensa que está pasando, pero no tenemos todos los elementos para hacer una evaluación”.
Revalúo inmobiliario
El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata consideró posible que se aplique un revalúo del impuesto inmobiliario rural y, en ese caso, se prevé convocar a los sectores interesados. Sobre este tema aclaró que “a nuestra cámara no nos llegó formalmente la invitación a comisión todavía y por supuesto nos gustaría participar, porque tenemos personas adecuadas para dar una opinión responsable”.
“Esperemos que el gobierno atienda los reclamos de todos los sectores, y en general la gestión Melella está embarcada en resolver el problema del conjunto. Tenemos una situación crítica por la inflación del país, y además los privados tenemos otras variables con el abastecimiento, la logística y tenemos mucha incertidumbre”, señaló.
Transporte marítimo y terrestre
Iglesias se centró en las dificultades para traer mercadería, las demoras, y el perjuicio que esto ocasiona en un contexto inflacionario. “La pandemia nos dejó con un solo barco para traer mercadería y tenemos déficit de posibilidad de carga por vía marítima. Entra un barco mensual y la descarga que se podría hacer en tres días siempre tarda cinco, pero al tener un solo barco sin posibilidad cierta de que se resuelva la situación, tenemos un problema de logística”, dijo.
“La logística de los camiones también es complicada y estamos preocupados porque no tenemos lugares en los depósitos fiscales para que los camiones puedan cerrar su trabajo y volver en el corto plazo. Hay camiones que están muchos días parados esperando descargar y también esto tiene que ver con la falta de un barco”, aseveró.
“Del punto de vista aéreo se está dando respuesta y en Río Grande estamos recuperando los dos vuelos. Desde la parte privada hacemos énfasis en la logística y en otras áreas harán énfasis en otros temas, como la capacitación para el desarrollo de la economía del conocimiento. Nosotros estamos abocados a colaborar con todas las áreas, tenemos buena relación con el municipio, con el gobierno de la provincia, y en la Legislatura estamos mejor con algunos sectores que con otros. El fin de nuestra cámara es dejar un futuro posible y en este momento lo vemos difícil por el contexto nacional”, lamentó.
“Tenemos cosas buenas, porque después de la pandemia hemos aprendido el valor de la vida, pero también tuvo su costo económico al estar casi dos años sin hacer nada. Ahora hay reclamos porque no hay recursos en el país como tenían pensado, porque no creo que ningún gobernante haga algo para perjudicar a la gente. Como le dan a un sector –en el caso de los dólares para importar energía- va en desmedro de otros. Nosotros estamos luchando para tener un puerto en Río Grande y poder desarrollar nuestros recursos, ver si se puede hacer el cruce por aguas argentinas, porque lo que quedan son las obras”, expresó.
Contratos en la industria
En cuanto al impacto de la baja de contratos en la industria, consideró que el sector “está haciendo esfuerzos para mantener activo el sector, pero faltan insumos y está pasando lo mismo con las automotrices en Córdoba. El circulante ha disminuido por la baja de actividad y tenemos números preocupantes. El plazo fijo está casi en un 70% y esto también resta a la circulación. Sinceramente con la caída de contratos nos preocupa más la parte social, porque es un poco más o un poco menos de dinero circulante y uno se adecúa, pero la incertidumbre de la falta de trabajo es lo más preocupante y hay que ver cómo se puede ayudar. Las respuestas sociales nunca alcanzan, tanto los planes como los bolsones, y nadie va a resolver con 50 mil pesos el problema de un comercio”, dijo.
Más presión de AFIP
Otro factor que complica el panorama es la presión fiscal. “Estamos enfrentando una gran dureza de la AFIP en el reclamo de sus deudas y ya subió el 5,35% la tasa cuando uno se atrasa en los pagos de los aportes, y esto afecta la capacidad de renegociar o refinanciar las deudas, porque no se llega a pagar todo con la facturación. Si la situación no remonta en septiembre u octubre, vamos a tener problemas de endeudamiento fuerte, porque esas tasas son imposibles de pagar en un esquema normal, y menos ahora. La mercadería tarda entre 6 y 15 días en llegar a la isla y tenemos una tasa mensual del 8% de costo, ya se lleva parte de la financiación de la mercadería en curso. Esto en algún momento va a hacer crisis porque, o no hay plata para levantar los cheques, o para pagar a la AFIP”, advirtió.
Showrooms sin control
También se le preguntó sobre el perjuicio que generan los comercios que cerraron en pandemia y se reconvirtieron en showrooms que atienden en domicilios particulares. En materia de controles “las respuestas son insatisfactorias”, pero viéndolo desde el lugar del comerciante que no se pudo sostener, dijo que “son salidas aisladas para paliar la realidad, porque bajan los costos. A lo que apuntamos más es a la falsificación, a las marcas truchas y la falta de responsabilidad. Hemos visto a nivel nacional juguetes que se han vendido y estaban prohibidos, porque después los chicos tienen problemas de alergias y son materiales nocivos para la salud. Hay otras cosas que la gente no se da cuenta hasta que aparece con los pies deformados por calzado que no responde a los estándares exigibles. También hay adulteración de medicamentos y eso es lo que hay que combatir a fondo. Con lo demás, cada uno hace lo que puede, y hay áreas del gobierno que deben estar abocadas a dar solución a estas cosas y avisarles que ese tipo de venta no está permitida. Se manejan en las redes de forma muy burda y ha habido un montón de estafas, pero la gente no puede reclamar porque ya sabía dónde estaba comprando. Uno no está de acuerdo con esto, pero también es entendible la situación. No es el enemigo el que tiene un showroom, el reproche tiene que venir por la falta de contribución al erario público, porque no se pagan Ingresos Brutos. Hay que controlar esta situación y cada cual tiene la responsabilidad que le cabe por su función. El juicio de valor lo tiene que hacer la sociedad”, concluyó.
