Con los votos de Más Ushuaia, el convencional Fernando Oyarzún de Unidos por Ushuaia y la presidente de la convención Mónica Urquiza, se logró el jueves un dictamen de mayoría para el artículo 93 que trata sobre la eficiencia y racionalización del gasto del presupuesto municipal. El convencional Javier Branca expuso la falta de respuesta de los funcionarios de Economía que fueron invitados y cifró expectativas en revisar el texto en la comisión de debate ciudadano y en la sesión, si bien en caso de empate la presidencia puede ejercer el doble voto. Afirmó que todavía no logran conocer la cantidad de personal de planta política y permanente, los contratados, y cuánto cobra cada uno. Además manifestó que el oficialismo municipal pretende quitar de la carta orgánica la obligatoriedad de presentar la plantilla de personal en cada proyecto de presupuesto.
Río Grande.- El convencional Javier Branca se refirió al extenso debate del pasado jueves vinculado con la nueva redacción del artículo relacionado con la eficiencia y racionalización del gasto del presupuesto municipal.
De la reunión participaron los funcionarios de la Secretaría de Economía y Finanzas Luisina Giovanelli y José Labroca, que fueron consultados sobre los pedidos de informe que hasta el momento no habían sido respondidos. El mismo día ingresó un escrito que, a criterio del convencional Branca, no tuvo tiempo de ser analizado por su extensión y falta de claridad.
Se logró un dictamen de mayoría para el artículo 97 referido a la eficiencia y racionalización del gasto, que firmaron los convencionales de Más Ushuaia, con el acompañamiento de Fernando Oyarzún de Unidos por el Cambio y de Mónica Urquiza por el MPF. Hubo un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio y Republicanos Unidos, y otro del bloque Somos Fueguinos.
Se discutieron recursos, topes y porcentajes, el convencional Juan Carlos Pino intentó consensuar un proyecto en común en un cuarto intermedio, y ValterTavarone -de Somos Fueguinos- planteó posponer el tratamiento hasta tener más claro los números del municipio y poder analizar las 193 páginas de la respuesta al pedido de informes que había solicitado Juntos por el Cambio sobre la ejecución presupuestaria de 2021 y del ejercicio en curso.
No obstante Ramiro Requejado, autor del pedido de informes, no acompañó la propuesta de posponer el tratamiento, considerando que la discusión no requería de “datos duros”, centrándose en la necesidad de establecer un tope a los gastos del Concejo Deliberante. Con la negativa de Somos Fueguinos y del bloque Sí Ushuaia, se terminó dictaminando con votación dividida.
Por Radio Provincia, Branca manifestó que “todo lo que sea dinero público, La Cámpora lo maneja como si fuese su patrimonio privado y nadie puede tener conocimiento del destino de ese dinero. Los organismos de control están bastante ajenos, el Concejo Deliberante no tiene idea y la sindicatura municipal manifestó cuando estuvo en el Concejo que no contaba con personal suficiente para auditar el universo de ingresos y egresos del municipio. El personal para la sindicatura estaba presupuestado, pero dijeron que no lo tenían, y que si entraban 10 pesos podían controlar 6; y si salían 8 pesos podían controlar 4. Es decir que lo que se hace con el dinero público no lo sabe nadie más que no sea La Cámpora, Vuoto y sus más allegados”, cuestionó.
Sin los datos pedidos
Afirmó que todavía “no se sabe cuánto cobran los políticos, cuántos son de planta política, incluso han propuesto en un proyecto para modificar el artículo 108 de la carta orgánica, para que no figure más la plantilla de personal de la municipalidad en los presupuestos.Es decir que esto que vengo reclamando desde el Concejo Deliberante y ahora desde la convención constituyente, sin tener jamás respuesta, directamente se sacaría de la carta orgánica para que no figure más en los presupuestos”, alertó.
Según Branca no hubo fundamento para proponer esta reforma de parte del oficialismo municipal. “El fundamento es que, para La Cámpora, el dinero público no es público sino parte de su patrimonio, y necesitan dinero evidentemente para la campaña del año que viene. Es una especulación la que estoy haciendo, pero no hay argumentos para proponer esta reforma y no muestran los sueldos ni el personal”, remarcó.
“En la convención se hizo un pedido de informes y un mes después llegó una respuesta, que se entregó el mismo día del tratamiento de los artículos que requerían de esa información previa. Entregaron un archivo con 193 páginas, las páginas 52 y 60 son exactamente iguales, y en esas páginas figura cuántas hamburguesas vendieron los chicos de los colegios en La Noche Más Larga, también cuántas gaseosas vendieron. Lo que se preguntaba era cuánto era el personal de la municipalidad, cuánta la planta permanente, la planta política, cuánta gente hay de planes, cuánta está contratada, cuánto cobra cada funcionario político; y respondieron sobre la venta de hamburguesas de los chicos en La Noche Más Larga”, contrastó.
“En tres páginas de esa respuesta se podían llegar a localizar datos de algunos funcionarios, pero está todo desmembrado y con escasez informativa. Evidentemente no quieren transparentar nada, y el que no transparenta, por algo es”, deslizó.
Observó que “a su vez en la carta orgánica quieren meter nuevas tasas, que son nuevos impuestos para el común del oyente, en este caso para el turismo. No les interesa si eso desalienta el turismo en un contexto como el actual, donde más hace falta que se reactive la economía de la ciudad. Lo único que les importa es recaudar para la campaña del año que viene”.
Si bien hubo dictamen de mayoría con el apoyo al oficialismo municipal de Oyarzún y Urquiza, que en caso de empate tiene doble voto, recordó que “todavía falta la reunión de la comisión de debate ciudadano y la sesión, donde se terminan de definir cada una de las modificaciones”.
Labroca sin respuesta
El convencional Branca aseveró que José Labroca, como Subsecretario de Finanzas, no pudo dar respuesta a las consultas de los convencionales. “Le hicimos preguntas y Labroca no podía responder nada. En la municipalidad de Ushuaia está hace poco tiempo, pero lleva años como funcionario de economía, estuvo en el gobierno de la provincia, en la municipalidad de Río Grande y no es un improvisado. No hubo argumentos de por qué la información no era pública como indica la carta orgánica y la Constitución Provincial, además de la legislación nacional y los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina para la lucha contra la corrupción. Si no hay transparencia, dan lugar a que uno piense que hay corrupción, que hay malversación de fondos, porque no dicen qué hacen con el dinero. No tengo elementos para decir que hay malversación de fondos, que hay corrupción o cohecho, porque para afirmar cualquiera de esas cosas deberíamos tener información. No podemos decir que eso ocurre en la gestión de Walter Vuoto, pero Labroca no pudo dar respuesta a las preguntas que se le hicieron y, respecto de la obligatoriedad de publicar la información en la página web, dijo que la pandemia generó inconvenientes, cuando todos sabemos que desde la casa se puede subir información a una página web. El virus del COVID no afectó a las computadoras, así que fueron todas excusas”, fustigó.
“Cuando le quisimos seguir preguntando, el concejal Juan Carlos Pino, protegiendo su espacio político, nos censuró diciendo que ya habíamos preguntado suficiente y no podíamos seguir preguntando. Esto no fue una reunión de amigos donde no había que poner incómodo a uno de los invitados y por eso no se podía preguntar más. Estamos reformando la constitución de la ciudad, solicitamos información por escrito y no la brindan, va el funcionario, le preguntamos y no tiene respuestas, y el convencional Pino protege sus intereses y dice basta de preguntas porque fueron suficientes”, lamentó, mostrando disconformidad por “cómo se está llevando adelante el tratamiento de las cuentas públicas de la ciudad” en la convención.
Asesores cesanteados
Por otra parte se lo consultó sobre los asesores de su bloque cuyos contratos fueron dados de baja por Juan Carlos Pino el mismo día que prestaron juramento como convencionales. Oficialmente se atribuye la caída de estos contratos a la suspensión de actividades del Concejo Deliberante mientras dure la convención, pero Branca aclaró que “esos contratos no se dieron de baja por la suspensión de actividades. De haber sido así, los otros concejales también tendrían que haber visto afectado los contratos de su personal”.
“La gente que trabaja conmigo fue dada de baja el 7 de julio y nunca más les renovaron el contrato. Hubo un ofrecimiento del presidente Juan Carlos Pino de que sean gradualmente tomados para prestar servicios a la presidencia, pero eso no me daba ninguna seguridad, porque cada concejal tiene la potestad de dar el alta o la baja a sus asesores. Si están por presidencia, cuando el presidente quiera les puede dar la baja. Es decir que, si el concejal Branca no levanta la mano en un sentido, me dan de baja todo el personal”, barajó.
“Me junté con mi grupo de colaboradores, les comenté de esta alternativa que planteó Pino y coincidieron en que no les daba garantía. Es muy difícil confiar en Juan Carlos Pino, porque habla de los derechos de los trabajadores, de la justicia social, de los derechos de las mujeres, pero la mayoría son mujeres y sin previo aviso dio de baja todos los contratos. Esto ocurrió solamente con los asesores del bloque del concejal Branca, que es el que marca la diferencia con la gestión de La Cámpora. Utilizan estos mecanismos perversos para coartar la libertad de un sector de la población que me ha votado para ser una voz disidente de lo que viene haciendo el intendente Walter Vuoto”, expresó.
“Por el momento la gente que trabajaba conmigo decidió seguir por la vía judicial, se presentó un amparo y la justicia lo rechazó en primera instancia. Se apeló y ya esa apelación pasó a la Cámara”, informó sobre el curso de la causa.
Denuncia de la funcionaria municipal
Respecto de la denuncia de la funcionaria del municipio Yanira Martínez Ortiz, que ocupa la Subsecretaría de Vivienda de la gestión Vuoto, no hubo más novedades. “Fue un estallido mediático para tratar de desprestigiar la imagen de un concejal que señala que no hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, tampoco en la entrega de tierras porque se adjudican en forma irregular a amigos, parientes y entenados; también he dicho que la modificación del presupuesto no pasa por el Concejo Deliberante como debería ser, para que cumpla su función de contralor. Por señalar todo esto, todas las semanas aparecía una denuncia mediática en mi contra, y una fue la de esta funcionaria que llegó a la justicia. Hasta ahora no me han llamado a declarar y ya pasaron un par de meses”, dijo.
“Los titulares de los portales anónimos decían un montón de cosas, pero lo cierto es que me denunciaron por extorsión política con perspectiva de género, pero en la propia denuncia dicen que yo no estaba. La denunciante es funcionaria de planta política de la gestión de Vuoto y me denunció porque alguien le dijo que yo lo había mandado y, ya que estaba, denunció que tenía una rueda del auto floja y dedujo que yo se la había aflojado. Eso aparece también en la denuncia, pero no hay fotos, no hay filmaciones, no hay nada, y es bastante raro que un concejal le vaya a aflojar la rueda de un auto a una persona. Es todo muy ridículo, pero eso no importó, porque el tema era ensuciar y ensuciar, para que quedara desprestigiado”, insistió.
“La Cámpora y Vuoto no están acostumbrados al debate y por eso quieren que sea lo más chato posible. Si hay debate, queda en evidencia que están haciendo las cosas de forma irregular y es una complicación. Por eso buscan la chatura y, cuando alguien los cuestiona en cumplimiento de la función para la cual fue electo, hay que sacarlo del escenario. Intentaron destituirme de la convención constituyente y no lo lograron; quisieron que en el dictamen de la convención se pusiera que no había irregularidad en la convención, pero sí en el Concejo Deliberante y tampoco lo lograron. La convención simplemente decidió que no había ninguna irregularidad y ninguna conducta para reprochar de mi parte”, remarcó.
Cabe recordar que esa decisión la tomó la mayoría de los convencionales y quedó solo Juan Carlos Pino con un dictamen de minoría, en el que plantea derivar al Concejo las actuaciones.
“Ahora está la amenaza de juicio político en el Concejo Deliberante y es una posibilidad. Es algo que se está haciendo circular y tiene que ver también con atemorizarme, generarme miedo para que vuelva sobre mis pasos, me quede callado y no cuestione nada más.Lo que yo señalo no es un tema menor, porque quieren crear una tasa para seguir recaudando y no muestran en qué usan el dinero”, sentenció.
A modo de ejemplo, citó que “el año pasado se votaron 260 millones para construir la terminal de ómnibus y, al momento de tratar el presupuesto cuando fue la Secretaria de Hábitat, le pregunté si el terreno donde se iba a construir la terminal lo tenía la municipalidad. Me dijo que sí, pero yo pasé por ahí, está cercado y dice que es propiedad privada. Le pregunté si estaban seguros de que iban a tener ese terreno y me respondió que sí, y que ella era la Secretaria de Hábitat, como garantizando que ese terreno iba a pasar al municipio. En definitiva, el terreno no lo tiene la municipalidad y un año después sigue siendo de CatalánMagni, pero lo más increíble es que se aprobaron los 260 millones para la terminal y no sabemos dónde está ese dinero”, enfatizó.
“El intendente Walter Vuoto en cada apertura de sesiones o en cada acto anuncia que se ha firmado el convenio, pero confunden los videos de los actos con las acciones que le hacen falta a la ciudad. Claramente hace falta una terminal de ómnibus y por eso acompañé la construcción en su momento, pero también hace falta saber el destino del dinero que evidentemente no se empleó para la terminal.Así es todo. Uno no puede consensuar con quienes manejan el dinero público como si fuese su patrimonio”, concluyó.
