En una sesión maratónica que comenzó al mediodía y terminará durante la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados, que comanda Cecilia Moreau, buscará aprobar y girar al Senado el proyecto de Presupuesto 2023, tras más de un mes de debate en la comisión de Hacienda. Al cierre de esta edición aún hay varios artículos en puja y la principal oposición de Juntos por el Cambio votará dividida, ante indefiniciones en un interbloque que no tiene, desde hace casi un año, una jefatura consolidada. Por otro lado un artículo agregado al dictamen de comisión que va a ser tratado hoy crea una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se va a aplicar tanto a vuelos de cabotaje como internacionales. Serán 250 pesos de tope por ticket.
Buenos Aires.- Hay un artículo que presenta máxima tensión para el oficialismo, que es el que prorroga hasta finales de 2023 la potestad de tocar retenciones. El interbloque federal, que maneja Alejandro “Topo” Rodríguez, ya anticipó su rechazo pleno y se espera que se una todo Juntos por el Cambio -que pretende modificarlo- y los liberales -se prestará atención a ausencias en recinto- para eliminarlo. Otro tema importante de preocupación en las últimas horas se dio por un eventual pago de Ganancias en todo el Poder Judicial.
Un punto clave está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Las provincias volverán a esquilmar, como siempre -y sin importar el signo político- a cualquier gestión nacional. Por caso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.
En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Ayer, el tigrense avanzó con una solución provisoria para desactivar paros varios por la situación del último trimestre del corriente año.
Está vigente el pedido de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca, para que los viajes aéreos sean más caros y que una tasa nueva sea direccionada a fondear la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En comparación con la iniciativa original, el oficialismo aumentó las partidas por más de $320.000 millones. De allí la disputa por Ganancias en el Poder Judicial, que significarían -según el oficialismo- $237.000 millones. También se subirán impuestos internos para sostener el cada vez más discutido régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.
El debate en el recinto
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo: «El crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan».
El oficialista y representante de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, remarcó: «Este es un Presupuesto que marca el crecimiento de la Argentina, ese era uno de los desafíos. El otro era crear empleos y bajar la inflación hacia 2023. Proyectamos un déficit fiscal del 1,9% y una disminución gradual de la emisión monetaria».
Desde Juntos por el Cambio, el legislador y economista Luciano Laspina expresó que «este Presupuesto se queda a mitad de camino». A su criterio, «no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado».
El diputado del Pro Martín Tetaz hizo hincapié en eliminar los impuestos a las exportaciones, considerando la falta de dólares suele haber en el país: «Argentina tiene crisis en la balanza de pagos, una cada cinco años. Ha tenido 15 en los últimos 75 años. Somos el único país de la región que sistemáticamente se queda sin dólares. Porque le ponemos impuesto a los dólares. Es tan ridículo ponerle impuesto a los dólares, en un país que no tiene dólares, como ponerle impuesto a las vacunas en el medio de la pandemia».
Hugo Romero, representando a Córdoba por la UCR, dijo que el proyecto «no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo de Argentina».
Una de las exposiciones más llamativas fue la del líder La Libertad Avanza, Javier Milei, quien visualizó una inflación del 200% y rechazó el Presupuesto 2023, tildándolo de «mamarracho». También sostuvo que «el déficit fiscal es inmoral».
Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), criticó: «Tenemos un Presupuesto que está claro que es una estafa para la población, el ajuste es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda que no se termina de resolver». En sintonía, Myriam Bregman señaló que el proyecto es «un ataque escandaloso al pueblo trabajador».
En cuanto al Impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, sostuvo: «Bravuconadas, no». En concreto, recordó que ya pagan Ganancias: «Fue en el Gobierno de Cambiemos que se aprobó una ley que obligó a partir del 1 de enero del 2017 a pagar Ganancias a todos los miembros del Poder Judicial que se incorporaran a partir de esa fecha». Para la legisladora, la actual iniciativa sería una jugada para generar «malestar» en la sociedad, por una eventual decisión que podría adoptar la Justicia, en clara alusión a la causa «Vialidad», donde se acusa a Cristina Fernández de Kirchner. También lamentó un «ajuste en educación» y otras áreas sensibles.
Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, repasó que el debate por el Impuesto a las Ganancias sobre funcionarios del Poder Judicial lleva muchos años, y que no se trata de «una revancha» del oficialismo por algún tipo de determinación en casos que involucren a funcionarios. Así, recordó la Ley 24.631, votada en 1996, «incluyendo a legisladores y magistrados» en esa carga tributaria. «Y me podría ir más atrás, a la Ley de Emergencia del 89», sumó. A su vez, repasó que la legislación del 96 fue modificada por la propia Corte Suprema, que se excluyó al Poder Judicial de pagar el impuesto. Y finalizó: «Le pido al Congreso que no demos el espectáculo de ser débiles con los fuertes».
Principales puntos del Presupuesto 2023
El proyecto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9% [cumpliendo las metas del FMI], una inflación proyectada en el 60% y destinar el 70% de los recursos a áreas sociales.
Los 25 puntos más importantes del Presupuesto 2023 son:
El gasto global será de 28,9 billones de pesos.
Los recursos previstos para el próximo año son 22,5 billones pesos.
Se busca reducir el déficit del 2,5% de 2022 al 1,9 por ciento en 2023.
La pauta inflacionaria se estima en un 60%.
Se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en un 10% al 31 de agosto próximo.
Se incorporó un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial, con el objetivo de sumar 237.000 millones de pesos a las arcas públicas.
Los recursos para la Administración Gubernamental serán de 1,6 billones de pesos en 2023.
Se destinarán a servicios de Defensa y Seguridad 1,2 billones.
Los fondos destinados a fondos sociales serán de 18,6 billones de pesos.
Los servicios económicos serán de 4, 5 billones.
Para el pago de la deuda se destinarán 2,9 billones.
Se facultará al Gobierno a poder actualizar los valores de las retenciones agropecuarias.
Un artículo permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el Impuestos a las Ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida.
Las universidades nacionales recibirán 752.000 millones de pesos.
Se destinarán 10.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Desempleo.
Se asignarán al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos a la Protección de Bosques Nativos.
Será de 3.000 millones de pesos el cupo fiscal para cumplir con la ley de Fomento de Innovación Tecnológica y de 700 millones de pesos para biotecnología y de 70.000 millones para la ley de Economía del Conocimiento.
El dictamen asigna 153.000 millones de pesos para el pago de sentencias previsionales con fallo firme.
Se destinarán 85.000 millones de pesos al transporte de pasajeros del interior del país en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema Sube.
Se establece un pago de 47.000 millones de pesos a la provincia de La Rioja que se pagarán en 12 cuotas.
Se prorroga hasta 2025 la emergencia alimentaria nacional.
El dictamen fija que las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Cammesa y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos.
Se permitirá descontar del impuesto a las ganancias hasta el 40% de los gastos destinados a educación.
Se crea un régimen de regularización tributaria para provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las Obras Sociales y ART.
El dictamen introduce un cambio para que el aporte a las obras sociales se realice de acuerdo a cada categoría, que en la actualidad es un monto fijo de 1.778 pesos. Con este cambio la categoría más alta pagará 10.505 pesos.
Introducen a último momento un impuesto en los pasajes aéreos
Poco antes de que comenzara la sesión especial en la Cámara de Diputados, se conoció que el oficialismo introdujo a último momento en la redacción del proyecto de Presupuesto 2023 un nuevo artículo que crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
«Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria», reza el artículo 121 del Presupuesto.
El agregado, propuesto e impulsado por la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Paula Penacca, dispone un monto fijo que será determinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá exceder el 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA.
Nueva fórmula
De acuerdo a esta fórmula, el nuevo impuesto tendrá un valor muy bajo ya que ese salario de referencia se ubica en la actualidad en torno a los 100.000 pesos mensuales, lo cual supondría una tasa máxima de apenas 250 pesos.
El artículo señala que la nueva tasa deberá ser «equitativa y proporcional al servicio prestado» y deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y de cabotaje, de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina.
Según se especifica, las compañías aéreas o agencias que tengan a cargo la comercialización de los pasajes aéreos actuarán en carácter de agentes de percepción.
Antecedente
No será esta la primera vez que se incorpore una tasa de estas características: hasta el 2005 se cobraba para financiar la Policía Aeronáutica Nacional, el antecedente inmediato a la PSA, creada ese año. Esta extinta fuerza dependía del Ministerio de Defensa y en particular de la Fuerza Aérea Argentina.
