Tras una sesión maratónica, en la Cámara de Diputados se aprobó en general el proyecto oficial de Presupuesto 2023 y fueron varios los aspectos que requirieron una votación especial, dos de ellos claves para la provincia de Tierra del Fuego como la incorporación del nuevo puente hacia la Margen Sur y los cambios tributarios que dispone la suba del impuesto interno para los productos electrónicos. Tras más de 15 horas de debate, y con apoyo de sectores de la oposición, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto de Presupuesto 2023 en general con 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas se pronunciaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa. En este sentido las disputadas Caparrós, Yutrovic y Bertone aprobaron la iniciativa, mientras que los diputados Stefani y Frigerio se abstuvieron.
Buenos Aires.- La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles 26 de octubre el proyecto de Presupuesto 2023, tras más de 15 horas de debate en los que expusieron más de 120 oradores, que fijaron sus diferentes posiciones en relación a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa, siendo que la aprobación se dio a las 5:13 y con el aplauso de los presentes, incluidos el ministro de Economía, Sergio Massa.
Acto seguido, comenzó a votarse punto por punto el proyecto y a la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.
La aprobación en general del texto fue interpretada como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.
El Frente de Todos logró el quórum gracias a un puñado de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner, por su parte, fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada.
El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.
Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.
Y agregaron: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”.
Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el año pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.
A pesar de que durante los últimos días se repitieron las reuniones entre los miembros de la coalición opositora, no se llegó a un acuerdo para unificar criterios. Según pudo saber Infobae, uno de los que más presión ejerció para aprobar el Presupuesto fue el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.
El radical Hugo Romero señaló que “ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023, para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral”.
Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.
Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.
Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.
Al promediar la jornada, en la bancada del Frente de Todos reconocían que no contaban con los votos suficientes para aprobar uno de los artículos que mayores resistencias generó: el cobro de Ganancias a todos los integrantes del Poder Judicial. Finalmente fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor.
La izquierda adelantó que no acompañaría la iniciativa porque incluía, además de los jueces, a los trabajadores de los juzgados. “El trabajo no es ganancia”, repitieron. En la misma línea, la diputada oficialista Vanesa Siley, que también se desempeña como Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju), adelantó que votará en contra.
“Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y creyente en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. No podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores”, dijo.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso los diputados que defendían el artículo estaban dispuestos a ir al recinto a votar para “dejar en claro quién defiende los privilegios”. Confiaban en que la derrota legislativa podría luego transformarse en una victoria política y discursiva.
En cuanto a las retenciones, el oficialismo optó por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller. En el oficialismo confiaban en que las cosas “seguirán tal cual están ahora” aún sin la aprobación del artículo.
Nuevo impuesto para volar
Por 123 votos afirmativos a 122 negativos, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto.
La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.
“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.
Cuánto hay que pagarle al fisco cada vez que se compra un pasaje de avión
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Presupuesto para el 2023 y, en ese marco, incluyó una modificación de última hora del proyecto de ley que agregó una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales. El nuevo cargo es menor en comparación con otros que ya estaban siendo aplicados a los pasajes aéreos, pero con la nueva incorporación el 49% del valor un pasaje al exterior se explica por impuestos y tasas.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto que tratan hoy los diputados.
La norma estableció un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.
Un análisis muestra que más del 49% del valor de un pasaje son tasas e impuestos. Por ejemplo, en un pasaje a Miami para enero próximo que cuesta $675.907,00, $331.863,25 corresponden a cargos impuestos por el fisco. Los impuestos de Estados Unidos que aplican al mismo ticket, mientras tanto, explican el 1,6% del valor total que paga el usuario. El resto se reparte entre la aerolínea y la agencia de turismo que expende el viaje.
¿Qué impuestos se aplican?
Hasta ahora, en la Argentina se pagaban diferentes tasas e impuestos sobre los boletos aéreos dependiendo la categoría del vuelo, a saber:
– En caso de pasajes Internacionales, se deberá pagar la Tasa de uso aeroportuario (57 dólares en los aeropuertos de AA2000, en el Aeropuerto de El Calafate, en el Aeropuerto de Neuquén y en los no concesionados, USD 51 en el Aeropuerto de Bahía Blanca o USD 49 en los aeropuertos de Ushuaia y Trelew); la Tasa de migraciones y aduana (10 dólares); la Tasa de Seguridad (8 dólares); la Percepción al Impuesto a las Ganancias (45%); el Impuesto PAIS (30 por ciento); la Percepción a cuenta de Bienes Personales (25%); y el Impuesto de la Dirección Nacional de Turismo (7 por ciento). Por último, en caso de pago en efectivo se aplica otro 5% de Retención al Impuesto a las Ganancias pero los pagos en efectivo no son relevantes en el sector.
– Para los pasajes aéreos regionales (aquellos que se dirigen a destinos de América del Sur) se incluirán en el precio final la Tasa de uso aeroportuario (25,16 dólares en todos los aeropuertos); la Tasa de migraciones y aduana (10 dólares); la Tasa de Seguridad (8 dólares); la Percepción al Impuesto a las Ganancias (45%); el Impuesto PAIS (30 por ciento); la Percepción a cuenta de Bienes Personales (25%); y el Impuesto de la Dirección Nacional de Turismo (7 por ciento). En caso de pago en efectivo, aplica además la Retención al Impuesto a las Ganancias (5%).
El oficialismo retiró artículo sobre retenciones y la oposición frenó cobro de Ganancias al Poder Judicial
La oposición tenía los votos para rechazar la iniciativa que permitía modificar los derechos de exportaciones. Por eso el Frente de Todos decidió dar marcha atrás y removerlo del dictamen. La eliminación de la exención fiscal para jueces fue rechazada por 134 a 116
A la hora de la votación en particular, no pudo avanzar con el artículo 95 del dictamen, que permitía al Poder Ejecutivo recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro. Ante la posibilidad de que fuera rechazada, el oficialismo optó por retirar el artículo.
La iniciativa contemplaba que se prorrogue dicha facultad hasta el 31 de diciembre del año próximo. La misma le permitiría al Gobierno fijar retenciones con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios.
“La presión impositiva que sufre el campo es récord, perdimos la oportunidad de tener una discusión racional sobre esta cuestión”, señaló el diputado del PRO, Luciano Laspina.
Durante la sesión, el ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que el Gobierno se comprometía a no aumentar las retenciones y que buscaría incluir una cláusula para que quede garantizado. Con este agregado al texto oficial, en Economía consideraban que parte de la oposición podría acompañar. También contribuirían a evitar la judicialización de más casos de ruralistas que acuden a tribunales para que se declare inconstitucional que el Gobierno cobre derechos de exportación al sector.
Sin embargo, no hubo acuerdo con la oposición y el oficialismo optó por retirar el artículo. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller.
Cobro de Ganancias al Poder Judicial
Otro de los artículos que generó controversias fue el que proponía el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa había sido incluida sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue duramente criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados.
El artículo fue rechazado por 134 votos negativos y 116 afirmativos. Entre los votos en contra se destacaron los oficialistas Vanesa Siley y Sergio Palazzo, ambos de extracción sindical.
Durante el debate, desde el oficialismo remarcaron que el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces será de $237.850 millones para 2023. “Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, había planteado el diputado Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, detalló el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.
Casaretto también explicó que, si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.
“No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”, había planteado ayer el PRO al inicio del debate a través de un comunicado.
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016. Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. La Corte Suprema revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 -no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial-, debían pagar el gravamen.
No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por Ganancias los ítems salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.
Llegando al final del debate el oficialismo sabía que no tenía los votos para aprobar el artículo en la votación en particular. Sin embargo, insistían en que llevarían la propuesta a votación. “Vamos a suerte y verdad”, dijo un diputado del Frente de Todos. Muchos de ellos señalaban que la oposición quedaría expuesta y debería justificar su defensa de los “privilegios de los jueces”. Confiaban en que la derrota legislativa podría convertirse luego en una victoria política y discursiva.
Puntos centrales del Presupuesto 2023
El proyecto que ingresó el pasado 15 de septiembre a la Cámara baja con la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, prevé para el año que viene un déficit fiscal de 1,9%, 0,6% menos de lo que se espera para 2022, y una inflación del 60%. En este escenario, el 70% del gasto público estará destinado a contener la situación social.
Además, se facultará al Gobierno Nacional a poder actualizar los valores de las retenciones agropecuarias, uno de los puntos que más ruido causa en la oposición. Y se sumó un artículo que permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el impuesto a las ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida.
Por otro lado, se destinarán 85 mil millones de pesos al Transporte de Pasajeros del interior del país, en conceptos de subsidios, uno de los reclamos de las últimas semanas de los gobernadores del Norte Grande. Además, se va a analizar la posibilidad de implementar el sistema Sube, algo que muchas provincias reniegan.
Los cambios introducidos en el presupuesto 2023 que afectan al bolsillo
Se creó una nueva tasa que deberán pagar aquellos que compren pasajes de vuelos domésticos e internacionales y se aumentaron los impuestos a la importación y fabricación de celulares y televisores
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de presupuesto 2023, que llega con varias novedades económicas de impacto en el bolsillo. Por un lado, se creó una nueva tasa que deberán pagan aquellos que compren pasajes de vuelos domésticos e internacionales, y se aumentaron los impuestos a la importación y fabricación de celulares y televisores. Por otro, se aumentó la deducción que se podrá hacer del impuesto a las Ganancias por gastos en educación, como cuotas de colegios privados y útiles escolares.
El proyecto aprobado también trajo varias perlas políticas: si bien el Gobierno no logró avanzar en ampliar el alcance de Ganancias para todo el Poder Judicial, le dio un guiño al sindicato de Camioneros al aumentar las deducciones de Ganancias por “gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas”.
A continuación, los nueve puntos más destacados del presupuesto 2023, que explica el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
Se crea la Tasa de Seguridad de Aviación
Por apenas un voto a favor, la Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de una tasa de Seguridad de la Aviación, por el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales y de cabotaje.
La ley delega en el Ministerio de Seguridad la facultad de fijar la tasa siempre que no supere el 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA.
Al momento, la tasa tope fijada sería de $250 por pasajero, pero se actualizará a medida que aumenta el salario del personal de la PSA.
Deducción por gastos de educación en Ganancias
Diputados aprobó también la deducción por gastos de educación en el impuesto a las Ganancias, con vigencia a partir de este año 2022, inclusive.
“Una vez que el Senado de la otra media sanción, los contribuyentes podrán deducir determinados gastos vinculados a la educación de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras menores de dieciocho 18 años o incapacitados para el trabajo, y por los mayores de 18 años y hasta los 24 años inclusive (en este último caso en la medida que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse), siempre que revistan la condición de carga de familia para los mismos”, explica el tributarista Sebastián Domínguez
“Para revestir el carácter de cargas de familia, deberán estar a cargo del contribuyente y no tener ingresos superiores a la ganancia mínima no imponible del año que corresponda. Por ejemplo, en 2022 ese importe es de $252.564,84. Los conceptos de gastos a deducir, sujetos a las formas y condiciones que establezca la reglamentación, son servicios educativos y la compra de herramientas destinadas a la educación”, agrega.
A su vez, aclara que el proyecto de ley establece que el monto máximo a deducir tiene un límite que es el 40% del monto de la ganancia mínima no imponible que corresponda al período fiscal.
El importe máximo a deducir en 2022 será de $101.025,94 (252.564,84/12), es decir, un promedio mensual de $8418,83 (101.025,94/12), calcula Domínguez. “Esto implica que el ahorro máximo que tendría un contribuyente sería de $2946,59 mensuales o $35359,08 anuales, si es que está tributando en la escala del 35% del impuesto a las Ganancias. A menor escala, menor ahorro”, indicó.
Aumento de Impuestos Internos
Diputados aprobó el incremento de impuestos internos para determinados productos electrónicos, que sube de 6,55% a 9,5% para la fabricación en Tierra del Fuego. A la vez, el arancel para los productos importados –la competencia de los productos fueguinos– aumentará de 17% a 19%.
Este aumento de la presión tributaria alcanza a celulares, televisores, monitores, proyectores y aires acondicionados, entre otros, lo que podría ser trasladado a precios, encareciendo más estos productos.
Gravabilidad de las remuneraciones de los jueces
La oposición logró el voto negativo a la propuesta de aumentar el alcance del impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial. El Ministerio de Economía esperaba recaudar $237.850 millones en 2023 (0,16% del PBI) con esta medida.
Beneficios para Camioneros
El oficialismo logró aprobar el beneficio para “camioneros” que incrementa las deducciones por “gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas”
“Hasta ahora la deducción generaba un beneficio de evitar el pago del impuesto a las ganancias por aproximadamente $90.000. Cuando el Senado dé la otra media sanción, el beneficio de bolsillo de los camioneros será de aproximadamente $350.000″, explicó Domínguez.
Incremento de los aportes de monotributistas en obras sociales
Diputados aprobó también el incremento de los aportes de las categorías D a K, manteniéndose los valores para las categorías A a la C. “Este incremento tendría como objetivo evitar que las obras sociales que están en el listado de las que aceptan monotributistas, rechacen a los mismos, aun cuando no puedan hacerlo legalmente”, indicó el tributarista.
Diferimiento del ajuste por inflación
La Cámara Baja aprobó que se pueda diferir el ajuste por inflación impositivo positivo en tercios, siempre que se hayan realizado inversiones en bienes de uso de más de $30.000 millones.
“El ajuste por inflación impositivo positivo es aquel que arroja ganancia por el efecto de la inflación. Esto se produce, por ejemplo, en empresas altamente endeudadas. Este diferimiento es una distorsión en la determinación del impuesto a las Ganancias, ya que no se tributa por el efecto pleno de la inflación. Dado que sólo se aplica sobre el ajuste por inflación positivo y no sobre el negativo, implica un beneficio para las empresas que cumplan con el requisito indicado”, indicó Domínguez.
Flexibilización del blanqueo de la Construcción
Diputados aprobó una flexibilización para el blanqueo de la Construcción, donde se amplía las posibilidades de destino de los fondos regularizados. Ahora, por ejemplo, se podrá comprar un inmueble usado para ser destinado a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia.
“Se establece que el valor de adquisición del inmueble no deba superar dos veces al mínimo no imponible de bienes personales para inmuebles con destino casa-habitación al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la adquisición. De esta forma, encuadrarán gran cantidad de inmuebles en la posibilidad de ser adquiridos”, dice Domínguez.
“Una cuestión que llama la atención del proyecto es que si la compra del inmueble usado es para alquilar con destino a casa-habitación, se exigen mantenerlo por lo menos por 10 años con ese destino. En cambio, no hay un plazo temporal para quien lo destine a ir a vivir con su familia. Esto podría generar que alguien blanquee, compre el inmueble y vaya a vivir por seis meses dado ese destino y luego lo venda. Sería una situación muy asimétrica con quien lo destina a alquiler”, agrega.
Nuevo Blanqueo vinculado a la Inversión y Producción
En línea con los pedidos de empresarios, se contempla un nuevo blanqueo de fondos para ser afectados al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos, no siendo aplicable en estos casos el Sistema de Capacidad Económica Financiera, que opera la AFIP.
“Las alícuotas serían del 5%, 10% y 20%, según las fechas del blanqueo. Esto es positivo para el sector porque podría generar divisas para poder continuar produciendo ante la escasez de las mismas. No obstante, otros actores de la economía podrán comenzar a pedir que se instrumenten blanqueos para solucionar sus problemas particulares de sus actividades. En consecuencia, si la idea es permitir estos blanqueos, se debería establecer una general y no específicamente para dos actividades”, indicó el tributarista.
Fueron aprobadas obras para Tierra del Fuego y nuevos impuestos a los productos electrónicos
Tras una sesión maratónica, en la Cámara de Diputados se aprobó en general el proyecto oficial de Presupuesto 2023 y fueron varios los aspectos que requirieron una votación especial, dos de ellos claves para la provincia de Tierra del Fuego como la incorporación del nuevo puente hacia la margen sur y los cambios tributarios que dispone la suba del impuesto interno para los productos electrónicos.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles 26 de octubre el proyecto de Presupuesto 2023, tras más de 15 horas de debate en los que expusieron más de 120 oradores, que fijaron sus diferentes posiciones en relación a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El resultado de la votación arrojó 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones, en su gran mayoría del Frente PRO como ya lo habían adelantado. La aprobación se dio a las 5:13 y con el aplauso de los presentes, incluidos el ministro de Economía, Sergio Massa.
Ahora la iniciativa será girada a la Cámara de Senadores para que finalmente aprueben la Ley madre del país.
Durante la aprobación del proyecto fueron varios los aspectos que requirieron una votación especial como fue el anexo de obras para la provincia y también la norma que modifica los impuestos internos en Tierra del Fuego.
Aumento de los impuestos internos
La Cámara Baja dio luz verde a un apartado que dispone el aumento de la alícuota de impuestos internos para productos electrónicos, los cuales pasaran del 17% al 19% para los importados, mientras que para los electrodomésticos que tengan su origen en Tierra del Fuego la suba será del 6,55% al 9,5%, salvo una excepción que queda gravada al 0%.
Los productos afectados serán celulares, televisores, monitores y proyectores, entre otros. Este aumento tributario, revelaron, puede tener impacto no solo en las inversiones que se realicen en este tipo de productos sino también en los precios finales de los electrodomésticos.
A pesar de que los diputados del Frente de Todos coincidían en que esto brindaba “un esquema beneficioso para la industria”, los diputados de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego se abstuvieron en la votación, que de todos modos fue aprobada.
Obras Públicas
El anexo de obras que proyecta el Ministerio de Obras Públicas para el año entrante recibió el visto bueno y dentro de ese documento adjunto figura una en particular como lo es el nuevo puente a la Margen Sur, que comenzaría a planificarse el próximo año con los estudios para definir qué tipo de obra se realizará en nuestra ciudad y el llamado a licitación pertinente.
El Gobierno Nacional estima que la obra costaría alrededor de $6.555.000.000 y que la misma demoraría unos 4 años para su finalización.
